La CGC enterró 1460 kilogramos de un explosivo de alto poder conocido como ‘pentolita’, durante la fase de exploración sísmica realizada en 2002.
De 135 000 hectáreas que componen el territorio Sarayaku, alrededor de 18 000 están afectadas por la presencia de pentolita en sus suelos.
La CGC dio por terminado el contrato con el Gobierno Ecuatoriano, en el 2004, aludiendo a ‘causas de fuerza mayor’ y abandonó sus intentos por extraer petróleo localizado en territorio Sarayaku.
Hoy el 14 % del territorio Sarayaku ha sido declarado en cuarentena y se ha prohibido el ingreso de la comunidad a la zona.
Hace 14 años el pueblo indígena de Sarayaku se refugió en el bosque y se preparó para librar una dura batalla dentro de la selva amazónica ecuatoriana. La comunidad había decidido enfrentarse a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), que buscaba empezar sus actividades extractivistas en el bloque 23, ubicado en territorio Sarayaku, al este de la Amazonía Ecuatoriana.
“Fueron tiempos de mucho estrés, mucha preocupación y mucha tristeza”, recuerda Patricia Gualinga, dirigente de Relaciones Internacionales del Pueblo Sarayaku. “Sarayaku se transformó totalmente. No había paz”.
En un intento por organizarse, la comunidad decidió enviar un grupo a buscar apoyo en oficinas públicas y organizaciones no gubernamentales mientras que otros se enfrentaban a la militarización de la selva. “Fueron momentos de mucha persecución”, asegura Gualinga. “Sarayaku no estaba preparado para permitir esta actividad”.
Vista aérea del territorio Sarayaku, ubicado en la provincia ecuatoriana de Pastaza. Foto: Carlos Mazabanda
Sin embargo, la CGC logró entrar en territorio Sarayaku en el 2002 para empezar la fase de exploración y estimar cuánto petróleo yacía bajo tierra. Para ello, la empresa argentina enterró 1433 kilogramos de un explosivo de alto poder conocido como ‘pentolita’, como consta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al ser detonado generaba movimientos sísmicos que amenazaban tanto la seguridad de la comunidad como la del medio ambiente.
Han pasado diez años y el pueblo Sarayaku aún vive con el temor de que la pentolita enterrada en una extensión de 18 000 hectáreas de su territorio pueda estallar. Estamos hablando del 14 % de un total de 135 000 hectáreas que le pertenecen a esta comunidad.
El pueblo de Sarayaku vive a las orillas del río Bobonaza, en el centro sur de la provincia de Pastaza. El territorio colinda al norte con la nacionalidad Sápara y al sur con la nacionalidad Achuar. Según el último censo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se registran 1200 Sarayaku que habitan cinco comunas dentro del territorio.
“Sarayaku es un pueblo alegre, pacífico y tranquilo”, describe Gualinga. Sin embargo, cree que su comunidad está siempre a la defensiva y en la lucha por lograr que el estado ecuatoriano se responsabilice por quitar la pentolita enterrada en su territorio.
La comunidad de Sarayaku festejando el Uyantza, su gran fiesta ancestral donde celebran, entre otras cosas, su relación armónica con la naturaleza. Foto: Carlos Mazaban.
“Hay una idea equivocada de que las concesiones petroleras no son afectantes al medio ambiente mientras no haya explotación”, explica Mario Melo, abogado del Pueblo Sarayaku. Los microsismos que provocan las detonaciones de pentolita durante la fase de exploración, dice Melo, rompen los acuíferos y además, el ruido de los temblores hace que los animales huyan por muchos años. “Son impactos reales. La exploración es un proceso muy afectante”.
Durante estos últimos años, la comunidad Sarayaku ha mapeado su territorio para identificar aquellas zonas densas en dinamita y así declararlas en cuarentena, es decir áreas que ahora son inaccesibles a la comunidad. “Para evitar desgracias”, explica Gualinga. Ubicadas en la cuenca del río Oso, las zonas en cuarentena reúnen un espacio de selva primaria donde habita fauna y flora abundante y sobre todo que es básica para la supervivencia de la comunidad. Esta área inaccesible representa el 14 % del territorio.
La comunidad Sarayaku usualmente visitaba la cuenca del río Oso para ir a cazar y pescar, o recabar medicinas tradicionales, lianas y cortezas de árboles que usaban para realizar utensilios de casa. Sin embargo, ahora la seguridad y soberanía alimenticia del pueblo Sarayaku están amenazadas. “Las zonas de cuarentena son zonas que ellos identifican como zonas de cacería intensiva. Además son zonas que quedaban relativamente cerca de los centros poblados”, dice Melo. “Ahora estas zonas no las utilizan y deben desplazarse para realizar sus actividades de caza y pesca”.
Hoy este pueblo de cazadores se desplaza al suroriente de su territorio, hacia un área conocida como Rotuno, llamada así por la cuenca de río que lleva este nombre.
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso el retiro del material explosivo enterrado durante la campaña de exploración sísmica de la CGC, tras aceptar las medidas cautelares presentadas por el Pueblo de Sarayaku a la CIDH. Pero no fue hasta dos años después que el gobierno ecuatoriano, encabezado por el Ministerio de Minas, llegó a un acuerdo con la comunidad para integrar un equipo de trabajo y así concretar el retiro de la pentolita.
El Gobierno Ecuatoriano cumplió con lo sentenciado por la CIDH y pidió disculpas públicas al Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku tras la concesión del bloque 23 a la empresa CGC, en 1996, sin consulta previa a la comunidad. Foto: Carlos Mazabanda.
“Sarayaku ha querido participar activamente dentro del proceso [de retiro de dinamita] teniendo en cuenta que es su territorio, que tienen los conocimientos adecuados de cómo comportarse en la selva y cuidando de que haya el menor impacto posible en esta búsqueda”, explica Carlos Mazabanda, técnico que trabaja junto a Mario Melo.
Para realizar el trabajo, los líderes de la comunidad pidieron al ministerio que se establezcan cronogramas de trabajo que incluyan la participación de gente local en la búsqueda. Además, solicitaron que no se trabaje a través de helipuertos, sino que se llegue a los puntos de búsqueda por el río, realizando caminatas por las trochas que ellos ya tenían definidas sin que un grupo grande de técnicos ingrese a su territorio.
Sin embargo, el Grupo de Intervenciones y Rescate (GIR), creado por el gobierno ecuatoriano y encargado del trabajo, pudo sacar solo 14 kilogramos de dinamita, entre 2009 y 2010. Es decir, lograron extraer menos del 1 % de pentolita del territorio Sarayaku. “Fue una época de mucha fricción”, recuerda Melo.
A pesar de haber ganado un juicio internacional, el Pueblo de Sarayaku enfrenta una nueva amenaza petrolera.
“En noviembre de 2011, el Estado ecuatoriano realiza un nuevo catastro petrolero”, explica Mazabanda, técnico que trabaja junto a Mario Melo, que incluye 21 bloques y que abarcan alrededor de 3 millones de hectáreas.
“En este caso, Sarayaku está ubicado en lo que hoy se conoce como bloque 74. Ya se realizó la licitación de estos bloques petroleros y el Estado da el bloque 74 y 75 a PetroAmazonas”.
El territorio de Sarayaku está afectado en casi un 100 % por esta nueva licitación, explica Mazabanda. En febrero de este año, la empresa Andes Petroleum adquirió los bloques 79 y 83, que también colindan con territorio Sarayaku. Con esto, el territorio Sarayaku “está afectado en un 100 % de su territorio”, dice Mazabanda.
Según Melo y Mazabanda, PetroAmazonas tiene un plazo de cuatro años para cumplir con la etapa de exploración sísmica en los bloques 74 y 75. “Ahora quieren utilizar la técnica conocida como 3D, donde los puntos de dinamita son mucho más densos alrededor del territorio”, explica Mazabanda.
Mongabay se comunicó en cuatro ocasiones, vía telefónica, tanto con el Ministerio del Ambiente como el de Hidrocarburos y envió los correos requeridos para concretar una entrevista, pero hasta el cierre de este artículo no recibió respuestas de ninguna de estas instituciones.
“El pueblo de Sarayaku tiene una relación muy especial con su territorio”, explica Melo. “Para ellos es el “kausa sacha”, un ser viviente. El territorio es sagrado y es hábitat de lo sagrado”.
Gualinga cree que no hay una voluntad política por escuchar al Pueblo de Sarayaku y dejar el petróleo bajo tierra. “Nunca una actividad petrolera ha beneficiado a un pueblo indígena”, dice Gualinga. “Quieren sacar el petróleo a como de lugar”.
Sin embargo, para Gualinga y los Sarayaku la lucha continúa. “No han logrado destruir la unidad”.
Cronología de un conflicto vigente
Julio de 1996: El Estado Ecuatoriano concesiona el bloque 23, ubicado en territorio Sarayaku, a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC).
Noviembre 2002: La CGC empieza la fase de prospección sísmica dentro de territorio Sarayaku.
28 de Noviembre 2002: La Organización de Pueblo Indígenas de Pastaza (OPIP), representante de las 11 asociaciones del pueblo Kichwa, presenta un recurso de Amparo Constitucional ante el Juez Primero de lo Civil de Pastaza, en contra de la CGC.
29 de Noviembre 2002: Como medida precautoria, el Juez ordena “suspender cualquier acción actual o inminente que afecte o amenace los derechos que son materia del reclamo”.
24 de abril del2003: La comunidad Sarayaku presentó una solicitud de Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , para lograr la precautelación de los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku.
5 de mayo de 2003: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las Medidas Cautelares al Pueblo de Sarayaku.
19 de diciembre del 2004: El pueblo Sarayaku demanda al Estado ecuatoriano argumentando violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
26 de enero de 2010: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su Informe de Fondo sobre el caso, declara responsable al Estado Ecuatoriano por la violación de los derechos humanos del Pueblo de Sarayaku y ordena medidas de reparación.
6 y 7 de junio de 2011: la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza la audiencia pública del Caso Sarayaku en San José de Costa Rica.
21 de abril de 2012: la Corte Interamericana realiza una visita a la Comunidad de Sarayaku para recibir testimonios antes de dictar sentencia.
27 de junio de 2012: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia en favor del Pueblo Sarayaku.
2 de Octubre de 2014: una delegación de altos funcionarios del Estado Ecuatoriano visitan la comunidad de Sarayaku para ofrecer disculpas públicas al pueblo, en cumplimiento de la sentencia del Caso Sarayaku.