- En el Perú existen 1376 comunidades nativas de la Amazonía que esperan que se reconozcan, amplíen o titulen sus territorios.
- En Colombia son 70 000 los desplazados indígenas producto del conflicto interno.
- Hay un índice de analfabetismo de hasta un 92.2 % en la población indígena ecuatoriana, según información del 2009.
- En los tres países los problemas constantes de los pueblos indígenas son el enfrentamiento con industrias extractivas, la falta de atención estatal y la violación de derechos indígenas.
El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en ese contexto, líderes de Colombia, Perú y Ecuador, así como especialistas en el tema, nos presentan un panorama de los alcances y retos relacionados con los pueblos originarios. “Para comenzar debemos entender que la presencia de los pueblos indígenas en América Latina y el mundo obliga a cambiar la lógica de administración de un Estado monocultural a intercultural, lo cual desestabiliza la versión tradicional del Estado. Es necesaria una transformación del mismo”, explica a Mongabay Latam el abogado en derecho indígena e investigador de la Universidad Católica (PUCP) Gustavo Zambrano.
Ante la falta de un Estado intercultural, se han originado con el paso de los años problemas que, en el caso de América Latina, han ido creciendo cada vez más, y el producto de esto son los conflictos socioambientales, dice el especialista. Testimonios de dirigentes indígenas peruanos, colombianos y ecuatorianos nos revelan que no hay mucho que celebrar en esta fecha.
Colombia: el olvido histórico
Son 102 los pueblos indígenas en Colombia, según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). Uno de los casos que representa el drama que viven los pueblos originarios colombianos es el de los Huitoto. “Nuestra historia de sufrimiento comenzó con las caucherías hace más de un siglo, nos esclavizaron. Luego vinieron los traficantes de pieles de animales y la Iglesia Católica con sus evangelizadores a ‘socorrernos’. Todos nos hicieron daño intentado imponer su voluntad. Mi pueblo, que vive en las riberas de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, lo sabe bien. Ahora lo mismo pasa con la consulta previa, que no se respeta”, cuenta a Mongabay Latam la lideresa Huitoto y representante de la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos de Colombia (Opiac), Clemencia Herrera Nemerayuna.
Son más de 1 300 000 los indígenas en Colombia, según el Censo General de 2005, de los cuales 70 000 han sido desplazados por el conflicto armado con organizaciones guerrilleras y paramilitares. Solo entre los años de 1998 y 2008, la ONIC reportó el asesinato de 1980 indígenas. Sin embargo, ahora que se está llevando el proceso de paz, se revelan otros problemas, entre ellos el conflicto con industrias extractivas de recursos naturales, por ejemplo las petroleras. “Es la obligación del Gobierno respetar la consulta indígenas en cualquier actividad, pero lo que se cumple es el interés del Estado. Hemos llegado a ciertos acuerdos, pero luego los reconsideran”, enfatiza Herrera.
Así sucedió con los más de 300 indígenas U’wa que tomaron las instalaciones de la planta de gas de Gibraltar en protesta por el incumplimiento de unos compromisos acordados con las autoridades colombianas en el 2014, recuerda la lideresa Huitoto, quien también es dirigente en la Escuela de Formación de la Amazonía Colombiana, donde enseña a niños indígenas sobre el respeto a la biodiversidad y la autonomía indígena. “Necesitamos seguridad para nuestros pueblos y nuestras tierras”, afirma.
En Colombia es la Corte Constitucional la que vela por el cumplimiento de la consulta previa y el Ministerio del Interior el que está a cargo de los temas indígenas, según el abogado Gustavo Zambrano. Los pueblos indígenas se reúnen en 710 colectivos denominados “resguardos”, donde las mismas poblaciones velan por la seguridad territorial.
Las comunidades indígenas colombianas son vulnerables, por habitar extensos territorios que son ricos en recursos naturales (biocombustibles, petróleo, madera), localizados en lugares próximos a las fronteras o propicios para el cultivo de la coca, señalan en un documento la ONG ‘ACNUR’ de Holanda. La población Huitoto, por ejemplo, se ubica entre las fronteras de Brasil, Colombia y Perú, y es en este último donde la situación de los pueblos indígenas se vuelve aún más complicada.
Perú: la necesidad de una transformación
Según el Ministerio de Cultura peruano existen 55 pueblos indígenas reconocidos en todo el territorio. Además, de acuerdo al Censo Nacional de 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INEI), 4 100 000 de los 30 000 000 de peruanos admiten hablar una lengua indígena. La población indígena en el Perú es bastante extensa, así como los problemas que sufren.
Según el Ministerio de Educación, 8 de cada 10 niños indígenas estudia en una escuela con un solo profesor, donde solo se instruye la educación primaria y existe un solo grado de educación, independientemente de la edad que tenga el menor, informa la procuradora adjunta en pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.
En cuanto al sector sanitario, 1 de cada 2 comunidades nativas de la Amazonía no tiene cerca un centro médico. “Hay un constante abandono de las poblaciones indígenas en el Perú, a lo que sumamos la inexistente representatividad indígena en el poder político y los constantes enfrentamientos con el Estado y empresas extractivas, que en muchos casos, producen muertes”, sostiene la procuradora.
El abandono del Estado peruano a las poblaciones indígenas se han traducido en los 212 conflictos sociales, registrados por la Defensoría del Pueblo hasta junio del presente año, de los cuales 152 (71 %) son de carácter socioambiental. “Esto está relacionado con el proceso de consulta previa que no se respeta, además de la poca titulación de tierras que brinda una condición de asimetría a las comunidades cuando quieren negociar con las empresas que van a explotar los recursos del lugar donde viven”, dice Abanto.
Asimismo, Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), señala que falta desarrollar un enfoque de género en el tratamiento de los desafíos de los pueblos indígenas. «Falta que consideren a la mujer como agente importante en la población indígena, de nosotros depende la alimentación familiar del país por la soberanía alimentaria. Deben escuchar nuestra voz», agrega.
El presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, informa que son 1376 comunidades nativas en toda la Amazonía peruana las que esperan la titulación territorial. “Hay de por medio 40 millones de dólares abonados por el Banco Interamericano de Desarrollo y más de 5 millones de dólares de Noruega para la titulación indígena, cuyos inicios se dan este año”, explica. Además, agrega que “no debemos olvidar a los cientos de niños con anemia y desnutrición crónica. No podemos permitir que los niños se sigan muriendo”.
Respecto a la consulta previa indígena, admite que hubo avances como con la participación de Aidesep en la elaboración de la Ley Forestal, pero aún falta en los casos de proyectos de grandes infraestructuras y extractivos. “Quieren establecer una hidrovía en los ríos amazónicos y la extracción de petróleo, pero nos llaman como observadores, como en el Lote 192, y no consideran nuestras propuestas. Falta un diálogo de buena fe”, manifiesta Rengifo.
Al cierre de esta nota, el Poder Judicial peruano declaró fundada la primera acción de amparo por consulta previa en minería, presentada por la Comunidad Nativa de Supayacu y la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (Orfac) contra el Ministerio de Energía y Minas. La demanda se produjo porque se dio permiso de autorización a Exploradora Águila Dorada SAC para explorar minerales por encima del permiso de la comunidad nativa awajún de Los Naranjos.
Ecuador: respeto en la teoría
En Ecuador existen configurados en la Constitución los derechos colectivos y los de la naturaleza, que resguardan la seguridad territorial y el respeto a la biodiversidad, sin embargo, esto no se cumple en la práctica, según testimonio de Juan Carlos Jintiach, dirigente de la población indígena Shuar, ubicada en la provincia de Morona-Santiago.
“Si bien en nuestros territorios al sur no hay explotación petrolera ni minera, la negamos porque hemos visto sus efectos al norte, por ejemplo lo que ha sucedido con la contaminación de la petrolera Chevron. Hay rechazo a la explotación minera porque no queremos muertes”, dice a Mongabay Latam el líder Shuar.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador (INEC) al 2006 hay más de 830 000 indígenas en el país (6.8 % de la población total), aunque las organizaciones indígenas señalan que la cifra aumenta al 30 %, según un documento de la Cooperación Internacional de Ayuda alemana (GIZ). Son 13 las nacionalidades indígenas reconocidas por el Estado, pero dentro de cada una de ella hay una serie de pueblos indígenas (comunidades) localizados a lo largo del Ecuador.
Jintiach afirma que generalmente las industrias extractivas explotan los recursos “en fuentes de agua y en zonas sensibles para la cosmovisión indígena, como las áreas de caza”. Asimismo, denuncia que la consulta previa no se respeta. “Necesitamos toda la información posible para que se sepa quién, cómo y cuánto debe remediar aquel que dañe el medio ambiente. En cuanto a la titulación de tierras, no vamos a negar que desde 1990 hay un avance, pero faltan aquellos pueblos que se encuentran en áreas protegidas. Ellos no tienen seguridad territorial”, dice.
El dirigente sostiene que son más de 130 000 indígenas Shuar y miles de personas del resto de pueblos indígenas ecuatorianos los que viven un enfrentamiento diario por su autonomía. “La lucha es diaria. Debemos reencontrar nuestros orígenes. Hay que trabajar desde las familias y comunidades en la seguridad alimentaria, una economía solidaria y la seguridad territorial. Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Debemos ser partícipes del beneficio de los proyectos. No podemos destruir el mundo, es el único que tenemos, debemos respetar el derecho de la naturaleza y el derecho colectivo”, enfatiza.
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