Juegos Olímpicos 2016: Líderes indígenas cuestionan la “armonía multiétnica” promovida por los organizadores

Brasil acaba de inaugurar los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro y es el centro de atención a nivel mundial por ser la casa de la mayor fiesta deportiva de la historia. Sin embargo, para los defensores ambientales no hay fiesta que celebrar porque viven en un país en donde no se respeta el territorio ni la vida de dirigentes campesinos e indígenas. Es por eso que los principales líderes indígenas se han reunido en Río de Janeiro para cuestionar la “armonía multiétnica” promovida por los organizadores de la jornada olímpica.

“Brasil es el país más peligroso para ser ambientalista en el mundo. Lo comprueba las 50 muertes de defensores de la tierra durante el año pasado. Ese es el mayor saldo de asesinatos de ambientalistas por año a nivel mundial”, dijo en conversación con Mongabay Latam desde Londres, el líder de campaña para dirigentes ambientales y de la tierra de Global Witness, Billy Kyte.

El especialista  explica que la razón por la que los pueblos indígenas y comunidades campesinas resultan afectadas es el avance de la frontera agrícola de empresas agroindustriales dedicadas a la soya, a la palma aceitera, el eucalipto o a la crianza de vacas. Las empresas expropian los territorios ajenos para sus cultivos. Además en la Amazonía abundan los taladores ilegales que no dudan en invadir territorios de los pueblos originarios.

“Hay una larga historia de marginalización de los pueblos indígenas en Brasil. Además que su visión de vida y desarrollo se enfrenta con el modelo de desarrollo de los empresarios y el Gobierno, que quieren aprovecharse de los recursos naturales amazónicos que los indígenas defienden”, dice Kyte.

Enfrentamientos mortales

El atentado más reciente contra defensores del ambiente fue en junio del presente año, cuando un grupo de personas armadas se enfrentó a un grupo de indígenas Guaraní-Kaiowa que estaban protestando por la defensa de sus territorios del Estado de Mato Grosso Do Sul, ubicada en la frontera de Brasil con Paraguay. El ataque acabó con la vida de un indígena e hirió a otros seis, incluyendo a un niño. “Nuestro pueblo ha sufrido más de 30 años de masacre. Siempre estamos en la lucha para que se reconozca nuestro territorio, pero siempre en oposición a los dueños de las haciendas que se enriquecen con el cultivo de soya y la cría de vacas. Con su plata se compran  servicios de paramilitares que vienen tras nosotros con armas porque saben que defenderemos nuestras tierras”, sostiene Elizeu Lopes, líder Guaraní-Kaiowa.

Desde que comenzó el enfrentamiento, el líder Lopes señala que han muerto más de 100 indígenas de su pueblo. “Pero otros casos no los podemos probar. Hay uno de nuestros líderes al que mataron y después se llevaron su cuerpo para decir que mentimos cuando los denunciamos”, manifiesta.

Según Kyte de Global Witness, de los 26 estados federales de Brasil, son tres los que registran el mayor número de defensores de la tierra y el ambiente asesinados: Maranhao, Rondonia y Pará, los cuales se localizan a lo largo de la Amazonía brasileña.

Es en el Estado de Pará donde se vivió uno de los conflictos ambientales más representativos en los últimos años de Brasil. El del pueblo Mundurukú contra la megarepresa hidroeléctrica São Luiz do Tapajós. Sin embargo, según últimas informaciones de Global Witness, el proyecto ya fue rechazado por el gobierno brasileño. “Me siento feliz porque nos acabamos de enterar que el gobierno ha negado la licencia para la represa de San Luiz, la que iba a acabar con nuestra comunidad.  Pero esta victoria es solamente el primer desafío. Tenemos más contra quien luchar. No podemos parar. Hay más proyectos, como una gran rodovía  y también quieren una hidrovía en nuestro río”, afirma el Cacique Celso Tawé, del pueblo Mundurukú.

El Gobierno no los defiende

Según Billy Kyte de Global Witness, hace 10 años se creó el Programa Nacional para Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa único en todo el mundo que garantiza la integridad de activistas, abogados, líderes indígenas, entre otros, que se dediquen a defender el territorio, pero no ha sido eficiente. “Ya van 10 años desde que se creó este programa, pero no funciona bien, de los 26 estados de Brasil, solo 4 lo están operando y son  Pernambuco, Espíritu Santo, Minas Gerais y Ceará”, revela Kyte.

Asimismo, Kyte denuncia que se ha aprobado un proyecto de Ley denominado “PEC 65”, promovido por el exsenador y ahora ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, el cual debilitaría la fiscalización ambiental en casos de construcción de grandes infraestructuras. “Se quiere reducir la regulación ambiental para obtener una licencia rápida con proyectos de gran infraestructura. Si esto se da, habrá más conflictos  ambientales. Todavía falta que lo rectifique el Senado”, dice el especialista.

Maggi es conocido en Brasil como el “Rey de la Soya” porque es un empresario dedicado a la producción industrial de este producto. “Siendo productor de soya se aprovechará de la Ley para su negocio al tener menos estándares ambientales en su producto”, explica Kyte.

Sin embargo, no todos los casos de conflictos ambientales suceden en la Amazonía, sino también cerca de las grandes ciudades como Sao Paulo. A una hora y cincuenta minutos al oeste de la ciudad se encuentra una aldea de 2000 indígenas Guarani MBYA que exigen al gobierno brasileño que no les arrebate su territorio de 532 hectáreas para entregarlas a empresas que pretenden construir un parque privado.

“Nuestro territorio fue reconocido en 2013 por el gobierno federal. Pero el año pasado el Estado decidió ofrecer esta tierra a una entidad privada para hacer un parque para turistas, siendo este uno de los territorios indígenas más chicos del Brasil, y que además la misma Fundación Nacional del Indio ha reconocido. Aquí tenemos los últimos bosques de la Mata Atlántica en la ciudad, pero van acabar con todo este bosque si abren un parque de turismo”, reclama el líder Guarani MBYA, Ivandro Tupã.

¿Cómo se puede cambiar esta situación?

De acuerdo a Kyte, hay varios factores que han llevado a que Brasil se convierta en el país más peligroso para los defensores ambientales y del territorio. Existe una falta de cumplimiento de la Ley de Protección de los Defensores de los Pueblos Indígenas, la cual se debe extender especialmente a Maranhao, Rondonia y Pará, los tres estados con más muertes en el país. El nivel de corrupción es alto, es muy difícil que los activistas tengan acceso a la justicia, eso debe cambiar, señala. Se está reduciendo el poder de las leyes ambientales con la propuesta del ‘PEC 65’ del Congreso, la cual debe deshacerse. Y por último, precisa Kyte, se debe investigar a todos los responsables de las muertes de ambientalistas en la Amazonía brasileña.

“Hoy en la inauguración de los Juegos Olímpicos el tema también es el del cambio climático y del medio ambiente. Pero por un lado el Gobierno promueve la idea de que Brasil cumple con sus obligaciones ambientales frente al mundo, pero por otro, se está matando a los ambientalistas que están en el medio del problema. Es un discurso contradictorio”, puntualiza el experto internacional.