- Es necesaria una nueva ley forestal que concilie los intereses de las comunidades nativas y campesinas en el aprovechamiento de madera, según el investigador forestal boliviano Walter Cano.
- Según la investigación “Aprovechamiento y mercados de madera en el norte amazónico de Bolivia”, este país ha pasado por una serie de modificaciones de normativa que poco a poco han ido reconociendo la importancia de los pequeños productores.
- El estudio se centra en la región del norte amazónico del departamento de Pando.
En Bolivia, 9.8 millones de hectáreas son aprovechadas en concesiones forestales de madera, y la mitad (48 %) son de propiedad de comunidades indígenas y campesinas, según datos de Rafael Venegas, coordinador nacional de Perú de la Red Global de Manejo y Comercio Forestal de WWF. Pese a ello, la ley forestal nacional boliviana no reconoce gran parte de ellas y las mantiene al margen de la legalidad, señala el estudio denominado “Aprovechamiento y mercados de madera en el norte amazónico de Bolivia”, presentado en el marco del Simposio Internacional de investigación forestal: estrategias para el desarrollo local realizado por Cifor en Lima, Perú.
“El estudio se centra en lo que ha ido sucediendo en los bosques del norte del departamento de Pando respecto de los cambios en la normativa y la regulación forestal para entregar derechos a productores locales [pequeña escala] que tradicionalmente han estado excluidos de estos beneficios. Uno de los casos más representativos es el de aprovechamiento de recursos maderables”, explica el investigador forestal Walter Cano a Mongabay Latam.
La investigación se centra en tres zonas: en el límite con Brasil, en la frontera interdepartamental con La Paz y en la frontera con Perú. Se escogió el departamento de Pando, dice el experto forestal Cano, porque hay potencial maderable de cedro y roble con una amplia distribución al resto del país por la extensión de bosques en el área.
“Entre Perú y Bolivia existe un intercambio de madera constante, ya que por el tipo de cambio a los bolivianos les conviene vender su madera a su país vecino. Sin embargo, lo que deben tratar de replicar son las alianzas entre comunidades con empresas con concesiones forestales. Por ejemplo, en Perú está la comunidad nativa de Nueva Esperanza en Ucayali, que hizo un convenio con concesionarios que disponen de maquinaria y personal especializado para extraer la madera de su territorio. La comunidad recibía una ganancia que supo invertir en un centro médico, local comunal y capacitación forestal para su pueblo”, explica a Mongabay Latam Rafael Venegas, coordinador nacional de Perú de la Red Global de Manejo y Comercio Forestal de WWF.
Al estar al margen del mercado interno, para los pequeños productores son más atractivos los mercados alternativos en las zonas limítrofes con poca regulación, dice Cano. “Las comunidades que se encuentran en la frontera con Perú ganan mucho más porque los compradores peruanos ofrecen mejores precios, lo que origina que los productores prefieran este mercado. Se debe tener una nueva ley forestal que incluya todos los hallazgos obtenidos en este estudio, es de vital importancia”. De la misma forma opinó Rolando Vargas Nina, asesor técnico de la Asociación Forestal Indígena Nacional-AFIN- de Bolivia, quien también estuvo durante el Simposio.
Evolución del sector forestal boliviano
Según el investigador forestal Walter Cano, en la mayoría de países de América Latina las reformas agrarias sufren de debilidades a la hora de su implementación en las comunidades campesinas e indígenas. Esto sucede porque les exigen una serie de cargas económicas y administrativas, como planes generales de manejo forestal y otros instrumentos que complican su acceso al aprovechamiento maderero de forma legal.
Existen, según el estudio de Cano, tres momentos en los que se han dado cambios considerables en la normativa forestal boliviana ante protestas sociales que exigían un mayor reconocimiento jurídico. El primero fue un período previo a la Ley Forestal 1700 de 1996, en donde la gestión forestal era altamente ineficiente porque no incluía a los pequeños productores ─como los campesinos e indígenas─ ni regulaba de forma eficaz a los grandes productores, es decir, había un desorden en la fiscalización maderera.
Hay otro periodo después de esta Ley que permitió una regulación forestal, pero “estricta y no equitativa” (según Cano) con los pequeños productores, ya que no les brindaba el mismo acceso a beneficios cuando sí se los daba a los grandes. Por ejemplo, el acceso a permisos estatales les era muy difícil por los altos costos que se exigían a las comunidades.
Es en 2008 cuando recién se da una flexibilización de regulaciones forestales, que continúa hasta la actualidad, y es donde el estudio centra su análisis. Entre las medidas que se implementaron están el permiso rápido de tala en áreas menores a 200 hectáreas (ha); la autorización de tala a pequeños productores solo con la una licencia estatal básica; y el permiso de la tala de bosques en áreas menores a 3 hectáreas para campesinos que posean la propiedad de parcelas menores de 50 hectáreas. “Esto favoreció mucho a los campesinos ya que son los que tienen en propiedad pequeñas parcelas que se volvieron legales”, explica Cano.
También se aceptó por vez primera el uso de motosierra en pequeña escala, se reconoció a los aserraderos y carpinterías de pequeños productores (indígenas y campesinos), y se permitió por vez primera el aprovechamiento de madera de forma comunitaria. “Se llegó a aprobar hasta la extracción de 42 metros cúbicos por año por familia, lo que ha mejorado la economía familiar”, manifiesta Cano.
Esta serie de reformas permitieron que para el 2013 se incrementara la producción de madera de volúmenes menores hasta en más de 10 000 metros cúbicos.
Principales hallazgos
Si bien desde finales del siglo pasado existieron numerosos cambios en la normativa forestal boliviana, aún hay defectos que no han permitido que el sector maderero se desarrolle plenamente en los dos mercados encontrados en el norte amazónico por la investigación de Cano: el doméstico y el de exportación.
Entre los principales defectos hallados en la normativa forestal de Bolivia encontramos, según Cano, que no se ha sabido reconocer los vínculos de cooperación productiva entre campesinos e indígenas en el departamento de Pando al no terminar de entender cuál es su proceso de tala de la madera, con eso, no se pueden crear normas que favorezcan este tipo de aprovechamiento; tampoco se ha logrado ingresar a la legalidad a todas las comunidades indígena-campesinas que aprovechen el recurso maderero por muchas trabas que existen en el Estado. Por ejemplo, dice Cano, existen comunidades, que no ingresan a la legalidad porque no están capacitadas para obtener certificaciones del Gobierno, además que tardan demasiado.
“El presente estudio debe ayudar a las autoridades a entender cómo la flexibilización forestal ha influido en que más comunidades indígena-campesinas ingresen al mercado formal, lo que incrementa sus ganancias y da una mejor calidad de vida a sus familias. Los cambios en las leyes forestales deben continuar”, apunta el autor del estudio.
La investigación sobre aprovechamiento maderero en el norte boliviano señala que se debe acrecentar el trabajo con comunidades campesinas e indígenas porque, además de solicitar una inversión de menor costo, también hay un valor agregado del cuidado del medio ambiente.
“Las comunidades indígena-campesinas conocen bien los recursos que le rodean, en este caso, la madera, y saben aprovecharla sin impactar de forma negativa en el medio ambiente con deforestación”, explica a Mongabay Latam, Rafael Venegas de WWF Perú.
¿Qué falta hacer?
Por otro lado, de acuerdo al estudio de Cano, debe haber mayor acceso a la información por parte de las comunidades a la normativa forestal, que incluye el valor de la patente de la madera y el costo de obtención de una certificación de la madera. Así los productores a pequeña escala podrán ingresar en mayor cantidad al mercado formal de Bolivia.