- Son 53 indígenas acusados por delitos que no cometieron porque no existen pruebas que los incriminen, afirma el abogado de IDL.
- Según registros oficiales, 33 personas murieron durante el enfrentamiento (10 policías y 23 civiles).
- El conflicto se dio a la altura del km 201 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región de Amazonas.
- La minera Afrodita es la empresa extractiva que opera en el distrito de El Cenepa, región de Amazonas, en el territorio indígena awajún.
El 5 de junio se produjo uno de los conflictos ambientales más importantea en el Perú, conocido como “El Baguazo”. La protesta indígena movilizó a cientos de pobladores wampis y awajún del norte del Perú, quienes demandaban la derogación de dos decretos legales que establecían nuevas formas de administración del territorio indígena. La protesta ocasionó la muerte de 10 policías y 23 civiles en un enfrentamiento en la zona conocida como la “Curva del Diablo”. Hoy, siete años después, se dictará sentencia contra los 53 indígenas acusados por los delitos de homicidio calificado, desorden público y obstaculización a los servicios públicos. La sentencia estará a cargo de la Sala de Apelaciones de Bagua.
Sin embargo, es importante volver sobre algunos puntos para entender este proceso judicial.
- ¿Por qué se desató el conflicto?
En 2009 más de 2000 indígenas wampis y awajún se reunieron en la zona de la Cordillera del Cóndor (‘Curva del Diablo’) en protesta por dos decretos legislativos promulgados por el Gobierno de Alan García Pérez y elaborados en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. “El primero decretaba que solo la mitad de la población de una comunidad nativa podía decidir si se podía vender o no el territorio comunal a terceros como una empresa privada, cuando en un comienzo debía decidirlo toda la comunidad. El otro decreto legislativo decía que podía haber una inversión extractiva (petrolera o minera) solo con la decisión del Estado, sin consultar a la población nativa o campesina”, explica a Mongabay Latam, el abogado de IDL, Juan José Quispe.
Ante la protesta, el Gobierno envió a 369 efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operativos Especiales (Dinoes) para desalojar a los manifestantes indígenas. En medio del conflicto, el líder awajún Santiago Manuin fue herido de bala por la policía, este hecho exacerbó a los manifestantes. Como represalia por lo ocurrido, un grupo de pobladores indígenas tomó como rehén al Mayor PNP Felipe Bazán, cuyo cadáver hasta el día de hoy no ha sido hallado.
Durante el conflicto, los medios de comunicación informaban sobre el asesinato de algunos indígenas, lo que motivó a que un grupo de manifestantes tomara la subestación de bombeo #6 de Petroperú en protesta. Más tarde, en dicho lugar, se encontraron los cadáveres de 10 policías.
- Las pruebas de la defensa
Tanto el abogado Juan José Quispe como la abogada Katia Pinedo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), encargados de la defensa de los 53 indígenas, sostuvieron que existe una serie de pruebas que confirma la inocencia de los acusados. Además denunciaron que si todo este tiempo sus defendidos permanecieron presos fue por “presión política”. “Es una presión política-mediática. Lo que querían demostrar con la detención de los 53 acusados era decir estos son los que detuvimos, estos deben ser condenados. Y eso han hecho creer al Poder judicial y al público. La pericia es clave en ese sentido, no hay homicidio calificado si la causa de muerte es arma de fuego porque la prueba de absorción atómica realizada, que demuestra si uno accionó un arma de fuego, ha dado negativo en todos los acusados”, dice Quispe de IDL.
- La presencia de la fiscalía durante el ‘Baguazo’
Según la ley peruana, un proceso de desalojo debe proceder con el acompañamiento de la fiscalía (autoridad judicial peruana), sin embargo, según información de los abogados, su presencia se dio 48 minutos tarde. Mientras que la policía llegó a la ‘Curva del Diablo’ a las 5:00 de la mañana del 5 de junio, la fiscalía llegó 5:48 de la mañana. “Ni siquiera llegaron a la zona específica del conflicto, sino al caserío Siempre Viva, ellos llegaron a la Curva cuando todo había terminado”, apunta Quispe.
- ¿Guerra o manifestación?
La abogada Katia Pinedo del CEAS cuestiona el proceder de la policía peruana. “No hubo una guerra. Por qué la policía fue al desalojo con unas metralletas AKM. Todas las armas encontradas luego del ‘Baguazo’ eran de la policía, está comprobado. No olvidemos que hay también muertes de civiles, entre los que encontramos a niños y adultos”, enfatiza Pinedo. Asimismo, Quispe de IDL, señala que los peritos antropológicos también han comprobado que la protesta era pacífica y no con una intención beligerante. “Hubo presencia de niños, ancianos y mujeres entre las filas de los protestantes. Eso determina que era una manifestación, nada más, no iban a luchar contra nadie”.
- ¿Quiénes instigaron a los líderes indígenas?
De los 53 acusados, existen siete, entre los que está el antiguo apu de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, a quienes la fiscalía acusa de homicidio calificado y por el azuzamiento de los más de 2000 indígenas que participaron en el ‘Baguazo’.
“El ministerio público no ha logrado comprobar cómo los líderes indígenas han podido convencer a más de 2000 pobladores para que ataquen y maten a los policías. La instigación es personal, no se instiga a una masa, dice el código penal. No hay video, una carta, ni testigos, nada que lo certifique”, agrega Quispe.
- Daños a los bienes del Estado
Otro de los acontecimientos que se dieron durante el ‘Baguazo’ fue la quema de dos autos: uno del Ministerio Público y el otro de los bomberos, de acuerdo a Quispe de IDL. La fiscalía atribuye esta responsabilidad a los manifestantes, sin embargo, no existen pruebas, dice Quispe. “Los mismos tripulantes de los vehículos públicos han sido interrogados y no reconocen a los indígenas como los culpables. Incluso, los testigos describen a otras personas vestidas con polo negro y encapuchados. A ellos los acusan de ocasionar los destrozos. Si recuerdas bien, así es como se visten los militares”.
- ¿Falta de garantías durante el proceso judicial?
Los abogados del CEAS e IDL apuntan que durante el proceso judicial llevado contra los 53 acusados no hubo garantías que aseguren un proceso judicial acorde a las circunstancias. “Señalan que en primer lugar, los acusados firmaron papeles que aseguran que los inculpan, eso se dio sin los traductores correspondientes, ellos hablan en lenguas indígenas, no entendían nada.
- La responsabilidad política
Si bien es otro proceso judicial que no está inmerso en el que se dictará sentencia hoy, la responsabilidad política por la orden de participación de la policía y el ejército durante el ‘Baguazo’ cae, según los abogados, en “La señora Mercedes Araoz (exministra de Comercio Exterior y Turismo), Yehude Simon (ex primer ministro), Mercedes Cabanillas (exministra del Interior) y el expresidente Alan García, todos, tienen un cuarto juicio oral, ese no pertenece a esta sentencia, pero es algo pendiente que también debemos darle seguimiento”.
- Congresistas apoyan a la población indígena
En una conferencia celebrada el 22 de setiembre en el Congreso de la República, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, María Elena Foronda, demostró su apoyo en la absolución de los 53 acusados. “No son solo los 53, son más de 15 mil indígenas de todos los territorios awajún y wampis los que esperan justicia. No hay evidencia que los vinculen a los actos criminales. Violencia es también dejar de lado a los pueblos indígenas en la toma de decisiones del Gobierno, como se dio previo al Baguazo”, dice la congresista.
Por su parte, el congresista Guido Lombardi de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), partido de Gobierno, también apoya la inocencia de los inculpados. “La protesta estuvo motivada por la falta de consulta previa. Es responsable el Gobierno de Alan García que denominó ‘perros’ a los awajún con su famosos artículo titulado ‘El perro del hortelano’, que los catalogaba como ciudadanos de segunda categoría”, agrega el parlamentario.
- ¿Qué pasará luego de la sentencia?
Según Juan José Quispe de IDL lo que se espera en la absolución total, pero también podría darse lo contrario. “Si la condena sucede fue porque los acusados fueron capturados cerca de la protesta, no por su culpabilidad. Quizá sean sentenciados por la obstaculización a los servicios públicos al protestar en la vía pública; por disturbios públicos porque también se les acusa de haber quemado autos del Estado, pese a que los choferes no los han reconocido como culpables.
La condenam por obstrucción a los servicios públicos y por desorden público equivale entre 4 a 5 años de pena privativa de libertad, dice el abogado, es decir, la cárcel. “En caso se diera la condena, apelaremos nuevamente y se llevará el juicio a la Corte Suprema de Lima”.