Estas siete áreas protegidas sufren actualmente presiones y problemas medioambientales provocados por diversos tipos de actividad, principalmente por la minería, la caza indiscriminada de especies, la tala ilegal y los asentamientos cuya concepción no es la preservación del espacio, según el Sernap.

 

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7 de las 22 reservas naturales bolivianas son las más presionadas por la ampliación de la frontera petrolera

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Pero a esto se suman las amenazas legales o normativas que el Gobierno impulsa en su búsqueda de materia prima no renovable. “Están buscando más hidrocarburos y hay más presión, porque hay una coincidencia de potencialidad de hidrocarburos y minería en las áreas protegidas”, comenta la activista y experta en temas ambientales Cecilia Requena.

Los parques naturales y entre ellos el Aguaragüe son el “pulmón natural de Bolivia” frente a las irremediables consecuencias que tendrá el Cambio Climático, explica el técnico de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Pablo Ibañez.

El Parque Aguaragüe

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, ubicado al Sur del país en el departamento de Tarija, adquirió esta condición en el año 2000. Se trata de un ecosistema de serranía con formaciones boscosas y recursos hídricos, animales de diversas especies y posee una importante riqueza en árboles y flores.

El Aguaragüe tiene una superficie de 108 307 hectáreas, es un proveedor de servicios ambientales relacionados con la oferta de agua a las comunidades y ciudades cercanas a la serranía. Pero el área tiene también relación espacial y geológica con los principales megacampos gasíferos para la exportación: San Alberto, Itau, Sábalo, San Antonio y Margarita.

En su territorio fueron construidos 56 pozos petroleros. “El Parque ha sido desde hace muchos años de permanente exploración y explotación de yacimientos petrolíferos y hubo por lo menos 56 pozos de exploración desde la década del 60 y se han identificado 36 pasivos ambientales dentro del área protegida”, informó el director ejecutivo del Sernap, Félix Gonzáles.

En el año 2010, con la promulgación del Decreto Supremo 0676, se abrió la puerta a la exploración en más de un 75 % de la extensión del parque. Esta norma permitió ampliar de 33 a 56 las áreas de interés petrolero a favor de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las áreas protegidas no fueron excluidas.

En el Aguaragüe se superponen dos naciones indígenas, la Guaraní y la Weenhayek, las cuales aún no poseen la titularidad de su territorio. Hay 10 221 habitantes distribuidos en 30 comunidades y a pesar de ser un Área de Manejo Integrado, no cuenta con un plan para administrar la reserva.

 

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En el año 2010, con la promulgación del Decreto Supremo 0676, se abrió la puerta a la exploración en más de un 75 % de la extensión del parque.

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Una historia de explotaciones y pasivos ambientales

La actividad petrolera no es reciente en Bolivia, empezó hace muchos años. En Tarija, departamento que alberga al Parque Nacional Aguaragüe, se otorgaron las primeras concesiones en 1867 y se encontró petróleo en 1926. Los principales campos petroleros en la Serranía del Aguaragüe fueron: Sanandita, Los Monos, Camatindi y Caigua. Sanandita fue desmantelada en la década de los 70, según la publicación del Cedib.

A partir de 1990 se dio paso a las empresas extranjeras. Un diagnóstico realizado a la propuesta de creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe (PNANMI) ─elaborado por la prefectura de Tarija y el Sernap en 1999─ ya señalaba a la actividad hidrocarburífera como una de las principales amenazas a la estabilidad natural por la presencia de pasivos ambientales.

Pablo Ibáñez confiesa que el Aguaragüe donde nació y se crió ya no es el mismo. “Era un potencial en el tema hídrico, fauna y flora, su riqueza natural era intensa, porque tenía montes clasificados alto, bajo y llanura. Tenía bastante correntía”, cuenta el técnico indígena de la Asamblea del Pueblo Guaraní.

Hoy hay pozos abandonados, caminos que se abren entre la selva tupida, campamentos que llegan y se van después de abrir las entrañas de la tierra.

Los pasivos ambientales, aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente, preocupan a los líderes de la organización guaraní, porque a pesar de los años las empresas no han “sellado” y remediado el impacto de esos pasivos.  “Después de conocer y estudiar el tema medioambiental con relación a los impactos de las actividades petroleras, llámese exploración, explotación, sísmica, hemos hecho evaluaciones y son bastante duras”, expresa preocupado Ibañez.

El Sernap a través de su director informó que de los 36 pasivos ambientales en el Aguaragüe “tenemos en el campo Los Monos tres pozos sellados y uno con fuga de gas y eso nos preocupa”, dijo Gonzales.

 

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“Tenemos en el campo Los Monos tres pozos sellados y uno con fuga de gas y eso nos preocupa”.

Félix Gonzáles, director ejecutivo del Sernap.

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Tomás Araray es la autoridad originaria de los indígenas guaraníes en el departamento de Tarija y explica que han percibido que las aguas superficiales y las quebradas pierden su cauce natural producto de la intervención petrolera. “El ojo de agua también se puede perder por las actividades sísmicas y por el movimiento de tierras producto del uso de máquinas”, advierte.

Las principales empresas que han operado en la zona o en el área de influencia son Chaco (subsidiaria de YPFB corporación), Petroandina (constituida por YPFB y PDVSA), Eastern Petroleum and Gas, YPFB y Petrobras (brasileña).

En la Serranía quedan gasoductos y oleoductos para el transporte de gas de los campos San Antonio, Sábalo y Margarita, que atraviesan más de 2 km del Parque.

Estos tres campos petroleros son los más importantes para la administración del Gobierno boliviano, porque producen gas para la exportación dirigida a satisfacer los mercados de Argentina y Brasil.

¿Por qué es importante el gas?

Los ingresos que Bolivia percibió en el 2015 por la venta del gas representaron para el país el 43,3 % del total de sus exportaciones, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a pesar que la caída en el precio del gas en el 2014 redujo la renta percibida por la venta a los países de Argentina y brasil.

El presidente Evo Morales proyectó para este 2016 una renta de 2600 millones de dólares, lo que en 2015 alcanzó a 3768 millones de dólares y 5489 millones de dólares en 2014.

Las autoridades alientan la exploración de más pozos con el objetivo de encontrar petróleo y gas. Precisamente en esa idea, el director ejecutivo del Sernap informó que actualmente se construye la infraestructura para la “perforación de un pozo” en el Aguaragüe. Y anunció el ingreso de otras dos empresas en las áreas protegidas.

Félix Gonzales del Sernap reconoce que la actividad de las empresas petroleras causan una afectación a la flora, la fauna y causan contaminación en el agua de las quebradas, por estas razones anuncia que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, asumirá medidas más estrictas para evitar el mayor impacto.

Mientras tanto las comunidades indígenas que viven en ese territorio deben lidiar con estas actividades extractivas que amenazan la calidad del agua y los recursos naturales que necesitan para sobrevivir. “Las empresas transnacionales que vienen a hacer sus operaciones en territorios indígenas y cuando no encuentran resultados ellos levantan su campamento y se van ¿Pero quiénes pagan las consecuencias? Son los pueblos indígenas”, afirma Tomás Araray.

“Desde que empezaron las actividades hidrocaburíferas, lo que hace YPFB con las exploraciones ha ido cambiando el Aguaragûe en su forma paisajística, su estructura, su forma de ser por la entrada de YPFB, por la apertura de caminos, más la explotación maderable, más incendios. [Esto] no se veía [antes]”, refuerza Pablo Ibañez de la Asamblea del Pueblo Guaraní.

Mongabay Latam buscó a YPFB para conocer su posición respecto el impacto de las petroleras en el Aguaragüe, pero tras una semana de espera, no respondieron el cuestionario que se les hizo llegar.

El blindaje legal para la exploración en áreas protegidas

Para Bolivia, según resalta la Constitución Política del Estado, las áreas protegidas son un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural. Además, señala la misma, son espacios naturales que cumplen funciones ambientales, culturales, económicas y sociales para el desarrollo sustentable. A esto se suman normativas como la Ley de la Madre Tierra y la Ley del Medio Ambiente que promueven la conservación de la biodiversidad.

Los pueblos indígenas también están reconocidos por la Constitución. Estos deben ser consultados, por ejemplo, cuando las medidas ejecutivas o administrativas afecten a sus territorios, sin embargo, el panorama se complica cuando “las autoridades aducen que si no se dan las obras directamente en territorio titulado no es necesaria la consulta”, explica el investigador del Cedib, Marco Gandarillas.

 

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“las autoridades aducen que si no se dan las obras directamente en territorio titulado no es necesaria la consulta”.

Marco Gandarillas, investigador del Cedib.

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El principal argumento para ingresar a las áreas protegidas con actividad extractivista es el desarrollo de los pueblos. El vicepresidente, Álvaro García Linera, sostuvo al respecto: “Nosotros vamos a usar el extractivismo, vamos a utilizar el extractivismo todavía un par de décadas, sino de dónde vamos a sacar el dinero para mantener, ya no digo los bonos, sino las condiciones  de formación intelectual y humana de las personas”.

García Linera justifica esta visión bajo el argumento de promover la reducción de la extrema pobreza en las comunidades que habitan las áreas protegidas. Por eso en el 2015, el Gobierno puso en vigencia tres normas para facilitar el ingreso de las empresas petroleras, ya sean estatales o privadas, a las áreas protegidas y de esta manera alentar las inversiones.

Una de las normas es el decreto supremo 2298 de marzo de 2015, esta medida establece un procedimiento más expedito para la consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas para actividades hidrocarburíferas.

La Defensoría del Pueblo no tardó en observar tres artículos de esta norma e interponer una “Acción Abstracta de Inconstitucionalidad” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, argumentando que las entidades estatales no respetan el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación y a sus procedimientos de consulta propios. Respecto al tema el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, manifestó que se hará seguimiento al tema aunque esperan un fallo de la instancia que vele por la constitucionalidad de las normas.

El otro decreto supremo 2366 de mayo de 2015 tiene por objeto “establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el país” y considera la importancia de reducir la pobreza extrema en las comunidades que habitan las áreas protegidas. Además prevé que las empresas que desarrollen actividades en el área, destinarán el 1 % del monto de la inversión para compensar y fortalecer el área intervenida.

Finalmente, el decreto supremo 2400 de junio de 2015 modifica los límites máximos permisibles para las descargas líquidas en cuerpos de agua, las emisiones atmosféricas y los contaminantes en suelos para el sector hidrocarburífero.

Gandarillas del Centro Documental de Investigación Bolivia (Cedib) sostiene que este escenario pone en riesgo todo el sistema de la reserva de las áreas protegidas y del parque Aguaragüe, más si se trata de normas que amparan a las empresas petroleras. “Cualquier medida como estas leyes y decretos supremos del año pasado van a generar mayor vulnerabilidad”, sostiene el especialista.

“Estamos sumamente preocupados, qué será de aquí a 30 o 20 años que no vamos a tener agua, porque no hay una política de manejar el Aguaragüe como el pulmón hídrico para el Chaco para una serie de proyectos productivos”, afirma Ibañez.

Entre tanto, Ibañez y Araray, líderes del pueblo guaraní, insisten en que no están en contra de las actividades petroleras pero sí le exigen al gobierno boliviano que se respeten las normas que protegen la reserva natural y que se encargue de precautelar las áreas donde no debería permitirse el desarrollo de ninguna actividad extractiva.

Ambos coinciden en que la Constitución Política del Estado no se respeta. “Ya no se respeta la Constitución, mucho menos los derechos de los pueblos indígenas. Ahora son perseguidos políticamente solo por exigir que se cumplan las normas y las leyes”, señala el técnico Ibañez.

Mientras Araray dice “lo único que pedimos es que se respete los derechos de los pueblos indígenas y principalmente la categoría de la consulta en los territorios indígenas. La defensa del parque que sabemos que es la única fuente agua hídrica del chaco”.

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Alexa Editor/a

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