Uno de ellos fue Julio Ticona Medina, un minero ilegal de la zona conocida como La Pampa que operaba sin ningún permiso junto a miles de personas, la mayoría provenientes de regiones de la sierra sur. Otro fue Carlos Lancy Yumbato, un comerciante del mercado de Puerto Maldonado que integraba ese bolsón de la población favorecido indirectamente por la fiebre del oro. El tercero fue Francisco Areque Jipa, un indígena de la comunidad nativa San José de Karene, que trabajaba como pequeño minero artesanal y que recibió un balazo en la frente disparado por un policía desde un patrullero; la imagen de Areque desparramado en el piso con la cabeza abierta y hundida en un charco de sangre dio la vuelta al mundo. Este desenlace fatal obligó a las partes a sentarse y dialogar.

 

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La muerte de Areque devino en una pregunta: ¿qué hacía un indígena participando de una protesta de mineros informales e ilegales?

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La muerte de Areque devino en una pregunta: ¿qué hacía un indígena participando de una protesta de mineros informales e ilegales? Para cierto sector de la opinión pública centralizada en Lima, los indígenas de Madre de Dios se dedican únicamente a la agricultura de autoconsumo y a la artesanía. Lo cierto es que, desde hace décadas, las poblaciones nativas también extraen oro pero de manera artesanal, a muy pequeña escala y con herramientas que no van más allá de picos y palas. Jaime Corisepa, en ese entonces presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), explicaba que la participación de algunos indígenas en la protesta era para reclamar al Estado por la superposición de concesiones mineras en territorios de las comunidades Puerto Luz, San José, Boca Inambari, Barranco Chico, Kotsimba, Shiringayoc, Tres Islas, San Jacinto y El Pilar, entre otras. Incluso en la comunidad donde Corisepa había nacido, Puerto Azul, la presencia de mineros ilegales foráneos había modificado el paisaje social, entre otras cosas porque circulaba dinero y porque el dinero había atraído a comerciantes de productos tan citadinos como bebidas energizantes y celulares con internet.

“Hay una ruptura del sistema de autogobierno. Ahora tenemos necesidades de la cultura occidental”, dijo Corisepa en una entrevista. También aclaró que no ondeaban las mismas banderas de la Fedemin, que en ese entonces presidía el ahora gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka. “Los mineros no tienen claro qué buscan”, dijo el dirigente indígena. Protestaban juntos, pero cada uno tenía su propio pliego de demandas.

 

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Los indígenas de Madre de Dios todavía no imaginaban que, pocos años después, el vertiginoso sistema económico de la minería no formal los iba a absorber irreversiblemente, pero también sus ineludibles traumas.

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Una noche de diciembre del 2012, cuando ya el humo de las protestas en Madre de Dios se había disipado, el local de la Fenamad en Puerto Maldonado lucía repleto y no precisamente en calma. Era un momento clave: en medio de un calor irritante y de la presencia de mosquitos atraídos por la luz de los fluorescentes del techo, decenas de indígenas permanecían sentados escuchando atentamente a los abogados que los asesoraban en asuntos ambientales; al mismo tiempo, un grupo de niños revoloteaba por los pasillos. El grupo reunido quería tomar decisiones definitivas sobre cómo enfrentar el problema de la minería: no querían mineros foráneos en sus comunidades, y en cambio sí querían extraer oro ellos mismos, pero con ciertas normas. Querían formalizarse. “¿Por qué se hacen ricos en nuestros territorios?”, dijo en voz alta Corisepa. “¿Por qué nosotros no podemos desarrollarnos? ¿Tenemos que quedarnos mirando?”.

Aquella noche, ya en privado, el líder harakmbut lamentó que la vorágine económica que vivía la región estuviera afectando la vida de las comunidades indígenas, y lo dijo repitiendo las palabras ‘antes’ y ‘ahora’ con evidente fastidio: “Antes todas nuestras decisiones eran por consenso, ahora deciden los que tienen más poder económico. Antes se designaba a los líderes porque sabían cazar, luchar y curar, pero ahora el líder tiene celular y llama a los políticos. Antes en mi comunidad se tomaba el agua del río directamente, ahora los mineros nos han dicho que hay que tomar mercurio para ser más fuertes”. Cuando terminó de hablar miró a los niños que correteaban en círculos por el local y masculló algo sobre la siguiente generación y los problemas que vendrían.

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La reunión con los abogados continuó durante varias horas. Los indígenas de Madre de Dios todavía no imaginaban que, pocos años después, el vertiginoso sistema económico de la minería no formal los iba a absorber irreversiblemente, con sus aparentes beneficios, pero también sus ineludibles traumas.

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El ornitólogo y ecologista estadounidense John Terborgh calcula que el último árbol del último bosque primario en el mundo será talado aproximadamente en el año 2045. La idea aparece en el libro que publicó con el título de “Requiem for Nature”, en el que responde algunas cuestiones sobre la importancia de los parques nacionales en el mundo. Su caso de estudio es el Manu. El libro no habla en tono romántico de las bondades biológicas de este prístino territorio protegido de Madre de Dios, sino sobre cómo todos los planes desplegados para defender la naturaleza virgen han fracasado o fracasarán. El apocalíptico título no es casual. Este célebre investigador ha estudiado el Manu con fruición desde la década de 1970 a través de incontables excursiones, con los respectivos riesgos que esto supone para alguien que ya cumplió 80 años. Pero nunca su trabajo se vio tan obstruido como la mañana del 23 de setiembre del 2015: Terborgh integraba el grupo de casi 40 visitantes que, cuando navegaba por el río a la altura de Boca Manu (una localidad del distrito de Fitzcarrald, en la provincia de Manu, en Madre de Dios), fue retenido por unos 300 indígenas de la zona.

 

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La minería en Madre de Dios está desarticulando lenta pero sostenidamente la identidad indígena en esta región.

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Los pobladores obligaron a los viajeros a bajar de los botes y a esperar en un albergue cercano; los motoristas fueron llevados a otro punto. “Estamos aislados, prácticamente. El único medio para movernos son botes, pero están retenidos en otro lugar. Tienen al motorista y su ayudante retenidos en la unión de los ríos Manu y Alto Madre de Dios […] Nos intervinieron al mediodía de ayer. Veníamos río abajo y nos cerraron unos ocho botes, íbamos siete personas en mi bote, entre ellos dos turistas norteamericanos. Son personas mayores, de más de 60 años…”, contó al diario El Comercio uno de los guías de la comitiva, por teléfono. Nadie entendía por qué un grupo de indígenas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri adoptaba una actitud tan hostil hacia los turistas, una de sus principales fuentes de ingresos económicos.

La presión de la policía, la Defensoría del Pueblo y funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) logró que, más de un día después de ser capturados, los visitantes fueran liberados en buen estado de salud, aunque preocupados. Para entonces ya estaba más o menos clara la motivación de los indígenas.

Un comunicado enviado por el Sernanp el 24 de setiembre indicó lo siguiente: “Esta medida de fuerza la han adoptado para exigir que el Sernanp retire la denuncia formulada contra las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios por la ilegal construcción de una carretera de Nuevo Edén a Puerto Shipiteari (…). La denuncia se sustenta en que la construcción de esta carretera no cuenta con la opinión técnica favorable ni estudio de impacto ambiental, requisitos indispensables para el desarrollo de obras de esta magnitud (…). Además, que el expediente técnico aprobado para dicha construcción es para el mejoramiento de un camino vecinal y no una carretera que en la actualidad tiene una extensión de 25 metros de ancho y 3 km de largo, que serviría para el desarrollo de actividades como tala y minería ilegal”.

El comunicado señalaba que el Gobierno Regional de Madre de Dios había hecho caso omiso a los continuos oficios de alerta de la Jefatura de la Reserva Comunal Amarakaeri, y que, en vez de enmendar la irregularidad, había continuado la construcción de la carretera, “azuzando a las comunidades”.

 

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Los grupos indígenas de Madre de Dios no pueden afrontar los cambios sociales causados por la minería. Los liderazgos se han dispersado y las visiones foráneas se han filtrado.

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En otras palabras, las personas que habían obstruido el paso a los visitantes extranjeros protestaban para que la carretera continuara en proceso de construcción a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, es decir, del gobernador Luis Otsuka. En el 2012, como recordamos líneas arriba, Otsuka era el principal organizador y promotor de los paros de protesta contra el Gobierno como presidente de la Fedemin; esta vez, en el 2015, él ya había sido elegido como máxima autoridad política de esta región, aunque mantenía su férrea oposición a los intentos del Ejecutivo por controlar la minería informal e ilegal.

Hijo de un migrante japonés y de una mujer indígena, Otsuka vivió sus primeros años en la comunidad nativa El Pilar (distrito de Tambopata). A él le gusta contar que, cuando niño, debía caminar varios kilómetros –a veces descalzo– para conseguir agua potable o para ir a la escuela, y que para solventar la magra canasta familiar aprendió de muy chico a trabajar en minería artesanal. “Yo no he nacido en cuna de oro, yo sé lo que es la necesidad, por eso entiendo a los mineros informales, porque fui uno de ellos”, dijo una vez. Cuando se le interpeló por el hecho de construir una carretera en una zona de alto riesgo biológico, apeló a los mismos argumentos: pobreza, atraso, sensibilidad social. Otsuka alega que esa carretera ayuda a interconectar a las comunidades indígenas circundantes para que puedan comercializar sus productos y tener un contacto más rápido con Puerto Maldonado.

Ante las advertencias reiteradas de que esta vía beneficia directamente a mineros y madereros ilegales, además de los comerciantes informales de combustible, él lo niega o minimiza la situación. A veces también se victimiza, como en una reciente entrevista concedida a OjoPúblico: “Por esa carretera soy denunciado en Cusco como un vulgar delincuente por depredación, delitos ambientales. Yo no entiendo cómo nosotros podemos desarrollar nuestros pueblos si no tenemos una carretera”.

 

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“Yo no he nacido en cuna de oro, yo sé lo que es la necesidad, por eso entiendo a los mineros informales, porque fui uno de ellos”.

Luis Otsuka, gobernador de Madre de Dios.

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Otsuka ya no es un dirigente de un gremio civil, sino una autoridad sujeta a los controles del Estado, y por lo tanto la situación jurídica es distinta. Desde mediados del 2015, cuando el gobierno regional inició los trabajos para extender la carretera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, hasta que se terminó la trocha, hubo seis modificaciones técnicas y los trabajos comenzaron sin el visto bueno del Ministerio del Ambiente. Tampoco se cumplió el proceso de consulta previa ante las comunidades que habitan la zona. Por tales razones, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio-Ambiental de Cusco ordenó que se paralizaran las obras por “depredación de bosques”, y la fiscalía de Madre de Dios inició una investigación por presuntos delitos ambientales. Otsuka no solo no acató las indicaciones y no se allanó a las investigaciones, sino que tuvo constantes enfrentamientos verbales con el anterior ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

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La muerte del nativo Francisco Areque en una protesta de mineros y la construcción forzosa de una carretera cerca de la Reserva Comunal Amarakaeri parecen hechos aislados, pero apuntan a una misma conclusión: la minería en Madre de Dios está desarticulando lenta pero sostenidamente la identidad indígena en esta región. Diversas personas consultadas para este reportaje, desde dirigentes indígenas actuales y anteriores hasta funcionarios del gobierno regional encargados de la vigilancia de las zonas comunales –quienes piden la reserva de sus nombres por temor a represalias de otros líderes o del propio Otsuka–, coinciden en que los indígenas manejan una agenda propia respecto de la actividad minera, y que no quieren ser vinculados a los gremios de mineros no nativos, pero están de acuerdo también en que cada comunidad afronta una situación particular. Algunas se oponen tajantemente a la presencia de cualquier foráneo que quiera extraer oro, pero otras en cambio permiten en cambio que trabajen en suelos comunales a cambio de regalías.

Los grupos indígenas de Madre de Dios, agrupados en la Fenamad, no pueden afrontar como un bloque los cambios sociales causados por los embates de la minería porque los liderazgos se han dispersado y las visiones foráneas se han filtrado.

En la comunidad de Puerto Luz la población está dividida entre quienes quieren trabajar minería artesanal (sin capacitaciones, sin herramientas, y por lo tanto sin mayores beneficios económicos) y los que prefieren percibir las regalías. En San José de Karene, la división es mayor, pues hay quienes rechazan cualquier tipo de actividad minera, los que aceptan la minería a pequeña escala (realizada por ellos mismos o por terceros que paguen regalías) y los que proponen abrir las puertas del territorio a la minería a gran escala, aquella que utiliza maquinaria pesada. La convivencia de indígenas y colonos en la misma comunidad ha derivado en estos enormes desacuerdos. En noviembre del 2015, una operación conjunta de la policía y el Sernanp detectó varias retroexcavadoras en la orilla de un río en Barranco Chico, con extensas porciones de tierra ya removida. El daño en este sector es muy severo.

A los perjuicios geográficos y paisajísticos se suma la presencia sensible del mercurio. En el 2013, la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios elaboró un estudio en pobladores de 24 comunidades de la región, con el apoyo del Instituto Carnegie para la Ciencia de la Universidad de Stanford. Aunque la cantidad máxima de mercurio en la sangre de una persona, aceptada por la Organización Mundial de la Salud, es de 1 parte por millón (ppm), el estudio amplió la valla y estableció el límite en 3 ppm. Las muestras de los pobladores de Diamante arrojaron entre 6 y 8 ppm.

Esta resumida historia de los encuentros y desencuentros entre indígenas y mineros, entre 2012 y 2016, ha corrido en paralelo a los cambios directivos en la Fenamad, lo que no ha cambiado son las ideas. Las gestiones de Jaime Corisepa y Klaus Quicque coincidieron con el gobierno de Ollanta Humala, que más allá de intentos esporádicos y agresivos no redujo los daños ambientales y sociales de la minería informal e ilegal en esta región. El actual presidente de Fenamad, Julio Cusurichi, tiene enfrente a un nuevo Gobierno Central, con las oportunidades y nuevos márgenes que sobre el papel esto supone. En una entrevista concedida a comienzos de agosto a Radio Madre de Dios, Cusurichi comentó el interés que tenía por reunirse con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para hablar del tema. “Pediremos una modificación para un régimen especial que vea el trabajo de minería responsable en comunidades. Son 10 comunidades nativas que trabajan la minería. Para eso vamos a plantear un régimen especial, responsable, ordenado”, dijo. El periodista radial le preguntó cuándo sería esa reunión, o si ya tenía una cita prevista. “Aún no sabemos la fecha, ojalá sea lo más pronto posible”, dijo el dirigente, casi en tono de súplica. Para los indígenas de Madre de Dios, por irónico que suene, el tiempo es oro.