- En 2011, la empresa concesionaria Norte Energia acordó pagar, en un acuerdo vinculante con el gobierno federal de Brasil, la suma de USD 1000 millones a los habitantes de Altamira, incluidos nueve grupos indígenas, como compensación por la represa de Belo Monte. Pero según el Instituto Socioambiental (ISA), ONG de vigilancia, solo una pequeña parte de esa suma se concedió hasta ahora, a pesar de que la empresa argumenta que está cumpliendo con sus obligaciones.
- La represa de Belo Monte tuvo un impacto importante en la región y los pobladores de Altamira. Forzó un desvío de 20 km del río Xingú, redujo su caudal en un 80 % en un tramo de 100 km y desplazó a grupos indígenas y otros residentes del área. Se estima que 8000 familias tuvieron que trasladarse.
- Los críticos del proyecto dicen que hasta ahora solo se pagó un 15 % de la compensación exigida para proteger las tierras indígenas, y que Norte Energia no ha podido asegurar por completo los territorios indígenas (algo que fue establecido en el acuerdo); falla que ha posibilitado que madereros ilegales ingresen a esas tierras para talar gran cantidad de árboles.
- También falta instalar todavía la infraestructura de recolección de residuos en Altamira que prometieron. Y a pesar de que la empresa concesionaria instaló una red de cloacas y de distribución de agua, esta no fue conectada a los hogares. Para Norte Energia, es responsabilidad de la ciudad hacer esas conexiones.
A comienzos de este año, la empresa concesionaria Norte Energia finalizó la construcción del gigantesco proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, ubicado en el municipio de Altamira, en el estado de Pará, corazón de la Amazonía. Es el tercero más grande del mundo.
A pesar de que la controvertida represa ya está en funcionamiento, los detractores dicen que Norte Energia todavía no otorgó los USD 1000 millones en compensación a los residentes de Altamira —entre ellos, a nueve grupos indígenas—, un compromiso que fue condición para haber obtenido el contrato de parte del gobierno federal de Brasil en 2011.
El proyecto tuvo impactos gravísimos en la región y sus pobladores. Forzó el desvío del curso principal del río Xingú y redujo el caudal en un 80 % en un tramo de 100 km. El proyecto también obligó a parte de la población de Altamira, entre los que se encuentran grupos indígenas, a desplazarse hacia otros lugares.
Según la ONG Instituto Socioambiental (ISA), solo un 15 % del monto de compensación exigido para proteger las tierras indígenas fue pagado hasta ahora.
ISA ha estado vigilando la degradación ambiental generada en Belo Monte desde 2011 mediante el análisis de imágenes satelitales, vuelos aéreos y trabajo de campo. A partir de lo que pudieron observar, resulta evidente que Norte Energia no ha asegurado en forma adecuada los territorios indígenas, tal como había prometido. Solamente siete puestos de seguridad de eficacia dudosa fueron establecidos. ISA sostiene que madereros ilegales han estado invadiendo las áreas indígenas demarcadas y la deforestación creció en las zonas aledañas al río Xingú; actividades que continuaron aun cuando la construcción de la represa de Belo Monte hubo terminado.
Solamente en el año 2014, se taló una cantidad de madera valuada en casi USD 100 millones del territorio indígena Cachoeira Seca, perteneciente al pueblo Arara, que está destinada a mercados del sur y sudeste de Brasil. ISA cree que los árboles talados también abastecían el boom de la industria de la construcción en Altamira, una ciudad cuya población creció un 50 % desde que comenzó la construcción de la represa. Hoy en día tiene 150 000 habitantes.
“Esos territorios indígenas y unidades de conservación [abarcan] grandes extensiones de bosque, muy ricos en biodiversidad, [que están sufriendo] una presión enorme a causa de Belo Monte. Las medidas de seguridad [destinadas a] estos territorios tendrían que [haber sido] preventivas [e implementadas] antes de que empezaran a verse los impactos proyectados”, comentó Bivany Rojas, abogada de ISA. Y agregó: “Esperar a que la represa estuviera terminada para aplicar las medidas de protección y de control y supervisión territorial fue irresponsable y de poca efectividad”.
Norte Energia tampoco cumplió otras promesas que había hecho a los ciudadanos de Altamira, y según ISA 8000 familias (40 000 personas, aproximadamente) fueron desplazadas de sus hogares para que se construyera la represa.
Incluso todavía falta instalar la infraestructura de recolección y eliminación de residuos que prometieron para Altamira. Y aunque sí se construyeron redes subterráneas de cloacas y de distribución de agua, no se han conectado a los hogares. Quienes critican el proyecto dicen que la falta de una infraestructura de agua y saneamiento representa un serio problema de salud pública latente.
“Servicios básicos de saneamiento, agua corriente, cloacas… Todo esto tendría que haberse hecho antes de que la represa entrara en operación. Eran parte de las condiciones para permitir la construcción, establecidas por el gobierno”, dijo Luiz Claudio Pereira, secretario de Planificación de Altamira, en una entrevista con el sitio web Colabora.
La respuesta de Norte Energia fue que era responsabilidad de la ciudad conectar las casas al sistema de cloacas, y agregó que la infraestructura de los cinco Reasentamientos Urbanos Colectivos —barrios creados por la empresa para reubicar a las familias desplazadas— estaba en funcionamiento. Según Norte Energia, todas las familias que tuvieron que mudarse “obtuvieron o bien compensación en dinero, un alquiler social o una casa nueva”.
La empresa también se había comprometido a construir 378 aulas en escuelas locales, y si bien eso lo cumplió, muchas de esas escuelas, en las zonas rurales de Altamira, permanecen cerradas o no tienen maestros para dar clases. Al mismo tiempo, la demanda de escuelas ha ido creciendo sobre todo debido al flujo de población que llegó para construir la represa. En el año 2012, en la ciudad concurrían a clases 24 791 niños y adolescentes. Hacia 2015, esa cantidad había aumentado a 27 486, y las escuelas estaban superpobladas. La empresa se justifica diciendo que ya cumplió su obligación de construir las instalaciones necesarias, y que ahora le corresponde al gobierno ubicar a los niños y maestros en las escuelas y mantener los edificios. La empresa no tiene un programa o política específica para alentar a los niños a que concurran a clases.
Todos estos factores —infraestructura deficiente, aulas superpobladas, servicios públicos inapropiados y falta de servidores públicos bien remunerados— han resultado en un marcado declive de la calidad de vida de Altamira, como comentan los detractores. El hecho de que la construcción de la represa haya finalizado a comienzos del 2016 también generó un aumento del desempleo.
Una forma de medir el declive de los niveles de vida durante la construcción de Belo Monte es observar las estadísticas de delincuencia. La cantidad de adolescentes que fueron detenidos por la policía en Altamira subió exponencialmente: en 2010, el año anterior a que comenzaran las obras, solo se produjeron 27 arrestos, mientras que en 2011 hubo 66; en 2012, 175; en 2013, 189 y 182 en 2014, año del último recuento. Esas cifras implican un aumento de casi siete veces de la cantidad de arrestos de adolescentes en solo cuatro años, además de que hubo otros delitos en alza durante ese período.
Ahora que la construcción de la represa terminó, algunas personas ya han comenzado a trasladarse a otros lugares en busca de trabajo. Pero en Altamira, la controversia y el debate acerca del cumplimiento de los muchos compromisos que asumió la empresa concesionaria Norte Energia probablemente continuarán en el futuro.
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