- Luiz Alberto Araújo, jefe del departamento medioambiental del gobierno municipal de Altamira en el estado de Pará, fue abatido a tiros en un asesinato con estilo de ejecución el pasado jueves. 448 ecologistas fueron asesinados en Brasil entre 2002 y 2013 —la mitad del total de los asesinados en todo el mundo.
- Araújo proporcionó información este año que ayudó a conducir a la detención de una importante operación de tala ilegal dirigida por Antonio José Junqueira Vilela Filho, conocido como AJJ.
- AJJ dirigió su operación cerca de Altamira durante diez años, a menudo cortando solo valiosos árboles del sotobosque y dejando los más altos sin cortar para engañar a los satélites y evitar la detección. Su operación mantuvo a los madereros en condiciones similares a la esclavitud. AJJ fue multado con 37 millones de dólares, la mayor multa jamás impuesta en la Amazonía.
- El febrero pasado, el equipo de Araújo recogió toneladas de peces muertos, secretamente enterrados cerca de la recién terminada megapresa de Belo Monte, cerca de Altamira. Norte Energia, la empresa que opera la presa, fue multada con 11 millones de dólares por las 16,2 toneladas de peces que murieron ilegalmente durante la inundación del embalse de la presa.
El jueves 13 de octubre, Luiz Alberto Araújo, de 54 años, que se dirigía al departamento medioambiental del gobierno municipal de la ciudad de Altamira, en el estado amazónico de Pará, fue asesinado por dos hombres armados. Ellos se acercaron hacia su vehículo y le dispararon nueve veces delante de su mujer y sus dos hijastros. No robaron nada y se cree que esto ha sido un asesinato político.
En sus esfuerzos por hacer cumplir la legislación ambiental en la región amazónica ampliamente sin ley, Araújo se ganó poderosos enemigos. Él, junto con otros, proporcionó información a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), una rama independiente del gobierno, lo que les permitió lanzar la Operaçāo Rios Voadores (Operación Ríos Voladores) a principios de este año.
Esta investigación de tala ilegal, una de las más grandes de la Amazonía en los últimos tiempos, dio lugar a 24 arrestos, entre ellos el del cabecilla, Antonio José Junqueira Vilela Filho, conocido como AJJ. Él y su hijo fueron acusados de invadir ilegalmente la selva tropical amazónica, extraer valiosa madera dura, cortar y quemar el bosque restante y convertirlo en pastos para el ganado.
Según Luciano Evaristo, Director de Protección Ambiental de la agencia ambiental de Brasil, Ibama, AJJ desarrolló un nuevo método para despejar el bosque. “Empleó técnicas de geoprocesamiento para organizar numerosas operaciones a pequeña escala”, dijo.
Los técnicos se aseguraron de que los árboles más altos quedaran en pie para que los satélites operados por el INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial) no detectaran la tala a gran escala que estaba pasando por debajo del dosel.
Según la policía, los trabajadores que despejaban el bosque se mantenían “en condiciones análogas a la esclavitud”.
El grupo de AJJ despejó 294 kilómetros cuadrados (113 millas cuadradas) de bosque alrededor de Altamira. AJJ recibió una multa de 119,8 millones de reales (37 millones de dólares), la mayor multa jamás impuesta en la Amazonía brasileña, por diez años de tala ilegal de bosques.
Luis Alberto Araújo también contribuyó a la Operação Castanheira (Operación Nuez de Brasil) en 2014, que descubrió la tala ilegal de bosque a gran escala alrededor de la ciudad de Novo Progresso, en el suroeste de Pará.
Recientemente, en febrero de este año, el equipo de Araújo recogió toneladas de peces muertos secretamente enterrados cerca de la gigantesca presa hidroeléctrica de Belo Monte, localizada a las afueras de Altamira, que comenzó a funcionar a principios de este año.
Como resultado, Norte Energia, la empresa encargada de Belo Monte, fue multada con 35,3 millones de reales (11 millones de dólares) por las 16,2 toneladas de peces muertos ilegalmente durante la inundación del embalse de la presa.
Araújo es el último de una larga lista de los ecologistas asesinados en Brasil. De acuerdo con la ONG Global Witness, 448 ambientalistas fueron asesinados en Brasil entre 2002 y 2013. Esta cifra equivale a la mitad del total de los asesinados en todo el mundo.