- El objetivo de Brasil según el Acuerdo de París pide una reducción del 37 por ciento para 2025 y el 43 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2005. Esas reducciones dependen de la capacidad del país de alcanzar sus objetivos forestales. Los amplios bosques de Brasil son vitales para almacenar carbono y reducir los peores efectos del cambio climático.
- Sin embargo, el gobierno de Brasil trabaja para relajar las regulaciones de licenciamiento ambiental para avanzar rápidamente con proyectos de infraestructura, entre ellos vías navegables industriales, presas, carreteras y vías de tren; además, pretende alcanzar la expansión agrícola, y todo eso podría aumentar las emisiones de carbono.
- Además, nuevos estudios muestran que Brasil se quedará muy lejos de los miles de millones de financiación que se necesitan para cumplir los ambiciosos objetivos ambientales que se declararon en 2015, justo antes de la Cumbre del Clima de París.
- La continua reducción de la deforestación es clave para que Brasil consiga sus objetivos de reducción de carbono, pero las últimas noticias que llegan del Amazonas no son buenas: después de años de reducción en las tasas de deforestación, la pérdida forestal en el Amazonas vuelve a aumentar.
Con la aprobación parlamentaria de la Unión Europea hace unos días y la ratificación de 74 países responsables de más del 55 por ciento de las emisiones globales de carbono, el histórico Acuerdo de París sobre el clima entrará en vigor el 4 de noviembre de 2016.
Entre los signatarios se encuentra Brasil, que ratificó el acuerdo en septiembre. Sin embargo, aunque se llevan a cabo importantes discusiones y estudios para determinar cómo va a conseguir exactamente sus objetivos de reducción de las emisiones de carbono, los acontecimientos políticos podrían estar avanzando rápidamente en la dirección contraria.
La administración de Temer (que solidificó su poder después de la destitución de la presidenta Rousseff) y el Congreso conservador pretenden aprobar leyes para avanzar de forma rápida la licencia de futuros proyectos de infraestructura que —aunque posiblemente beneficiarían la economía de Brasil— podrían aumentar la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Mientras tanto, nuevos estudios han mostrado que Brasil podría no tener los miles de millones de dólares que necesita para conseguir los objetivos forestales que estableció en noviembre de 2015 y que le permitirían cumplir con los compromisos de reducción de carbono que aceptó en París.
Aun así, los ecologistas esperan que el Acuerdo de París ayude al país a centrarse en conseguir una transición exitosa hacia la economía baja en carbono.
Cada uno de los países que ratificaron el Acuerdo de París ha establecido un objetivo de reducción de carbono para sí mismo, conocido como Contribuciones Previstas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés). El objetivo de las INDC de Brasil es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 37 por ciento para 2025 y un 43 por ciento para 2030 en comparación con los niveles de 2005.
Brasil se compromete a reducir las emisiones de carbono
“Con la adhesión oficial del país [al Acuerdo de Brasil], el siguiente paso es crear una estrategia nacional que facilite nuestros objetivos y que consistirá en dialogar con los estados, los municipios y la sociedad civil”, dijo Everton Lucero a Mongabay. Es el secretario por el cambio climático y calidad ambiental del Ministerio del Ambiente. “En la actualidad estamos preparando —junto con los ministerios de Agricultura, Finanzas y Minas y Energía— los primeros borradores para guiar este debate, en particular en el áreas de agricultura, energía y bosques”.
Según el secretario, Brasil presentará las directrices del plan en la 22ª sesión de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (conocida como COP22), que se celebrará del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, Marruecos.
“Ese mismo mes, promocionaremos una consulta nacional para entender las preocupaciones de la población en el área, en la segunda mitad de 2017, tendremos una definición de los instrumentos económicos [necesarios] para una economía de bajo carbono”, dijo Lucero.
“El gobierno de Temer debería de ser felicitado por mantener los compromisos de Brasil con el cambio climático”, dijo el científico Tom Lovejoy a Mongabay. Es profesor de ciencia ambiental y política en la Universidad George Mason, investigador en la Fundación de las Naciones Unidas, y reconocido investigador sobre el Amazonas. Lovejoy también avisó: “los esfuerzos contra una economía de bajo carbono, sin embargo, son incompatibles con la ratificación [del Acuerdo de París]. Cuanto antes empiece la transición, antes se acumularán los beneficios de los nuevos enfoques pioneros a la energía para Brasil”.
El trabajo del Congreso
En la actualidad hay al menos 14 proyectos de ley en estudio en el Congreso brasileño que pretender debilitar las leyes ambientales, algunas de las cuales, si se aprobaran, obstaculizarían la capacidad de Brasil de alcanzar sus objetivos de reducción de carbono.
La PEC 65/2012 es una de las más significativas. Es una enmienda constitucional que agilizaría drásticamente el proceso de licenciamiento ambiental para proyectos de obras públicas importantes. Si se aprobara, la PEC 65 aboliría el riguroso proceso de licenciamiento que tiene Brasil en la actualidad, que evalúa y aprueba los impactos de obras de gran infraestructura en varias etapas. La PEC 65 dice que una vez el contratista de un proyecto haya entregado una simple Evaluación de Impacto Ambiental (AIA por sus siglas en portugués) al gobierno, el proyecto no se puede suspender ni cancelar. La enmienda sigue avanzando en el Congreso.
Otro proyecto, PLS 6/2016, propuesto por la senadora de Rio Grande do Sul Ana Amélia, dice que las áreas plantadas con especies exóticas pueden contarse como Reservas Forestales Legales. Además de ir en contra del Código Forestal Brasileño, que exige que se mantengan los bosques nativos en las Reservas Legales, si se aprobara la medida y se convirtiera en ley, se facilitarían la deforestación y la creación de plantaciones de monocultivos no nativos. Los científicos han descubierto que las plantaciones de monocultivos no son, ni de cerca, sumideros de carbono tan efectivos como la diversidad de los bosques nativos.
Otra nueva regulación fue presentada por José Sarney Filho en forma de borrador en mayo de este año cuando se convirtió en ministro de Medio Ambiente en el gobierno provisional del presidente Michel Temer. La propuesta de Sarney Filho, que está desarrollando IBAMA (la agencia ambiental de Brasil) y otras oficinas y agencias dentro de la administración de Temer, crearía la llamada “ley general de licenciamiento ambiental”.
Según el ministerio, la nueva ley reduciría la burocracia sin disminuir las protecciones ambientales. El borrador de la normativa sigue considerando el tamaño y ubicación de un proyecto como criterios fundamentales para su evaluación ante una licencia ambiental, a la vez que se hacen algunas concesiones importantes a los sectores de la agricultura y la industria.
Un ejemplo de cómo la “ley general de licenciamiento ambiental” funcionaría: las empresas agrícolas que en la actualidad deben entregar una solicitud de licencia de producción que se evalúa y actualiza cada año, en el futuro solo tendrían que pedir esa licencia una vez, ya que el gobierno consideraría las actividades agrícolas repetidas de forma regular en la misma zona como una sola acción. Esa medida reduciría claramente la supervisión continua del cumplimiento de la ley ambiental por parte del gobierno. Los cambios propuestos en el proceso de licenciamiento también eliminarían la obligación que tienen las agencias de promover la consulta pública en internet.
Con la nueva norma, las agencias ambientales solo tendrían un periodo de 90 días para aceptar una solicitud de licencia, y si no cumplen con el plazo, el proyecto puede avanzar. Las agencias también tendrían menos tiempo para emitir o denegar una licencia: 12 meses para una licencia provisional que requiere un AIA y seis meses para una licencia de instalación. Los ecologistas señalan que estas estrictas limitaciones temporales serían probablemente insuficientes para llevar a cabo AIA exhaustivos sobre proyectos de obras públicas complejos.
Un cambio en la Evaluación Ambiental Estratégica
Si la legislación se aprueba, el nuevo proceso de licenciamiento requeriría una Evaluación Ambiental Estratégica (AAE por sus siglas en portugués) como instrumento obligatorio que supuestamente desempeñaría parte de la función de un AIA. Para explicarlo de forma simple, la distinción entre un AAE y un AIA es que el primero analiza los impactos ambientales de un plan, programa o política del gobierno, mientras que el segundo evalúa los impactos ambientales de un proyecto específico (presa o carretera) que, si se aprueba permite que un empresario avance en la construcción del proyecto.
“El AAE es una herramienta de planificación [y políticas gubernamentales] de una importancia fundamental y es necesario reflexionar sobre por qué aún no se ha implementado en Brasil”, dijo Luis Enrique Sánchez, profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo (Poli/UPS). “Estoy a favor de su requisito, pero no debería estar limitado a los planes o programas de sectores cuyos proyectos ya están sujetos a licenciamiento ambiental. El AAE debería estar dirigido a las políticas públicas cuyas consecuencias sociales y ambientales han sido claramente ignoradas hasta ahora, como las políticas macroeconómicas”.
Sánchez, especialista en gestión ambiental, ve valor en un AAE que evalúe las políticas del gobierno por su seguridad ambiental, pero le preocupa que un AAE débil pueda ser problemático: “¿Ayuda a [institucionalizar] los planes, programas y políticas, o es [simplemente] un informe que acordar con una agencia del gobierno como prueba de aprobación [para un proyecto de infraestructura en lugar de un AIA exhaustivo?”.
Defiende que relacionar el AAE al proceso de licenciamiento ambiental plantea un riesgo, especialmente en Brasil, donde existe una sólida cultura burocrática. El empresario puede realizar el siguiente razonamiento: “Si sigo todo el proceso [de la política del AAE] y lo hago todo bien, tengo derecho a una licencia [para avanzar con mi proyecto].”
“Si el AAE se implementara para facilitar el licenciamiento de proyectos con altos impactos ambientales, nuestra experiencia en el sector eléctrico sugiere que existe una gran posibilidad de que no cumpla con su cometido [de salvaguardar el medio ambiente]. Han pasado más de dos décadas desde que esta industria incorporara —bien o mal— la llamada ‘dimensión ambiental’. Incluso así, se han presentado y aprobado proyectos muy polémicos que han comportado enormes problemas judiciales y conflictos sociales”.
En lugar de utilizarse para diluir potencialmente el proceso de licenciamiento, a Sánchez le gustaría que el AAE se utilizara en un contexto de políticas más amplio. Como antiguo presidente y miembro de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, dirige la atención a ciertas políticas públicas importantes que no se presentan para ningún tipo de revisión ambiental, pero que deberían hacerlo:
“¿Acaso conceder fondos a la industria de los automóviles no causa daños ambientales y sanitarios?”, pregunta. “¿Y qué pasa con las políticas de créditos a la agricultura, que fomentan la deforestación y una considerable cría de ganado? Nadie evalúa las consecuencias potenciales de las acciones [de las políticas] del gobierno antes de aplicarlas, y ese es el tipo de AAE que necesitamos. No solo se ignoran esos impactos [de las políticas], sino [también] sus ramificaciones. La poca consideración general [de los impactos de las políticas en el medioambiente] permite que múltiples agentes, públicos o privados, contribuyan a la degradación ambiental. El AAE [si fuera] ligado al licenciamiento ambiental se saltaría ese problema”.
Reducir la deforestación: ¿de dónde saldrá el dinero?
Uno de los papeles más importantes que puede desempeñar Brasil en la reducción global de emisiones de carbono, y por lo tanto en los impactos del creciente cambio climático, será preservar y mejorar de forma activa sus extraordinarios recursos forestales, especialmente en el Amazonas, que es uno de los sumideros de carbono más críticos del mundo.
La inmensidad de los bosques de Brasil, con su potencial de almacenamiento de carbono, implica que “no hay ningún país que se acerque a la importancia de Brasil en la revisión de la tendencia de pérdida de bosque tropical”, señalaba un informe reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Por eso, a finales de 2015, justo antes de la Cumbre Climática de París, Brasil anunció una serie de objetivos ambiciosos para 2030 sobre la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para alcanzar esos objetivos, aumentaría su porcentaje de producción de energía renovable (incluyendo la energía hidroeléctrica) a un 45 por ciento en la matriz energética (en la actualidad, es un 42 por ciento); conseguir que no haya deforestación ilegal; reforestar 12 millones de hectáreas (46 332 millas cuadradas) de bosque, y recuperar 15 millones de hectáreas (57 915 millas cuadradas) de pastos degradados mientras se integran 5 millones de hectáreas (19 305 millas cuadradas) de cultivos-ganadería-bosque.
Sin embargo, la cantidad de dinero que se necesita para conseguir ese objetivo tan ambicioso, o el lugar de dónde obtenerlo, era hasta hace poco algo desconocido. De modo que la Coalición sobre el Clima, los Bosques y la Agricultura de Brasil decidió hacer cuentas en torno a los objetivos forestales de Brasil para crear un cálculo aproximado de la financiación y para determinar cómo se podrían generar esos fondos. Hace poco se entregaron esas cifras al gobierno.
En su web, la Coalición, que inició sus actividades hace solo dos años, se describe como un movimiento formado por entidades del sector agrícola, organizaciones civiles centradas en el medio ambiente y el clima, académicos, asociaciones industriales y empresas de los sectores de la madera, la cosmética, el acero, el papel y la celulosa, “que se han unido para abordar los asuntos que se desprenden del cambio climático a través de la perspectiva de una economía de emisiones baja en carbono”.
La coalición cuenta con miembros diversos, entre ellos organizaciones preocupadas por el medioambiente como WWF-Brasil, SOS Atlantic forest, the Climate Observatory, Imazon, y el Instituto de Recursos Mundiales, y empresas y grupos comerciales como Cargill, Unilever, BASF, Monsanto y la Asociación de la Industria del Azúcar de Caña de Brasil (UNICA).
El BCCFA encargó tres estudios económicos sobre la reforestación a dos instituciones de investigación económica (miembros de la coalición): el Choices Institute y el Centro para Estudios de Sostenibilidad de la Fundación Getúlio Vargas (GVCes).
El Choices Institute proporcionó un informe que calculaba el capital necesario para reforestar 12 millones de hectáreas en el Bosque Atlántico y los biomas del Amazonas. El GVCes realizó dos informes: uno que determinaba lo que hacía flota para aumentar en diez veces el área de gestión forestal sostenible en el Amazonas, y otro sobre qué se necesitaría para desplegar tecnologías de bajo carbono para la ganadería en el Cerrado (la región de sabana de Brasil).
Los costes de la reforestación
El objetivo del Plan Nacional para Recuperar la Vegetación Nativa (Planaveg) —con el que restaurarían un mínimo de 12,5 millones de hectáreas de bosque para 2020— fue adoptado en el estudio del Choices Institute (redondeado a la baja en 0.5 millones de hectáreas).
Por desgracia, es complicado calcular la financiación necesaria para reforestar las áreas de Reserva Legal rurales y de propiedad privada, puesto que no está claro, precisamente, lo bien que los propietarios delimitan y mantienen esas áreas.
“Nadie sabe seguro cuál es la deuda [de las áreas de Reserva Legal] del bosque del país. Cuando se estableció el Código Forestal en 2012, varios estudios intentaron calcular el déficit, y los resultados iban de 17 millones a 25 millones de hectáreas”, explicó Shigueo Watanabe Jr., uno de los coordinadores del estudio del Choices Institute.
El Código Forestal de Brasil exige que todas las propiedades rurales privadas mantengan un porcentaje de tierra clasificado como Reserva Legal, que debe estar cubierto por vegetación natural y solo puede ser explotada con prácticas de gestión forestal sostenible. Según el bioma en el que esté la propiedad rural, el tamaño de la Reserva Legal puede variar del 20 al 80 por ciento del total de la finca.
Según el Instituto Nacional para la Colonización y Reforma Agraria (INCRA), Brasil cuenta con 5,4 millones de propiedades rurales, pero 4 millones no siguen del todo las normas de las Reservas Legales. (Una propiedad, por ejemplo, podría contar con 10 hectáreas de Reserva Legal cuando se le exigen 100 hectáreas).
Para determinar el déficit de las áreas de Reserva Legal, es vital que Brasil complete todos los Registros Ambientales Rurales (CAR), el registro obligatorio de propiedades rurales. Cuando se completen los CAR, integrarán todos los datos sobre las propiedades de los terratenientes, contando las áreas de preservación permanente, las áreas de Reserva Legal y las áreas de uso restringido (como los humedales), y registrará zonas de vegetación nativa y lugares donde sea necesaria la recuperación forestal.
“Todavía hay un 20 por ciento de tierras [rurales privadas] por evaluar y [también debemos] comprobar la exactitud de los cálculos que han presentado los propietarios. Lo que retrasa el trabajo es la gente que no deja que los técnicos entren en su propiedad, habitualmente en la región del sur, y quienes registran porciones de parques nacionales y reservas indígenas como parte de su propiedad”, dijo Watanabe a Mongabay.
A pesar de estas incertidumbres y obstáculos, el consultor del Choices Institute cree que el objetivo de reforestar 12 millones de hectáreas es factible pero complicado: “Es casi el tamaño de Inglaterra, que cubre algo más de 13 millones de hectáreas”, dijo Watanabe. “Según el modelo de reforestación que se adopte, podríamos alcanzar 8.5 mil millones de nuevos árboles”.
Según el estudio del Choices Institute, los costes de la inversión en reforestación podrían alcanzar los 9,6 mil millones de dólares, 13 mil millones de dólares o 16 mil millones de dólares según si se restaurara un 10, un 20 o un 30 por ciento de las áreas deforestadas designadas para 2030, respectivamente.
Los beneficios potenciales producidos por la venta sostenible de Madera en estos territorios restaurados para 2030, podrían ser considerablemente inferiores a los costes de la reforestación: 4 mil millones, 5,6 mil millones y 7 millones de dólares respectivamente. La recaudación de impuestos podría añadir 1,2 mil millones, 1,6 mil millones o 2 mil millones de dólares a los fondos necesarios para la reforestación, y este gran proyecto de plantación de árboles crearía de 138 000 a 215 000 empleos directos.
Si se suman los ingresos y las cifras de los impuestos, se puede ver que, incluso así, el gasto de la reforestación superaría los fondos disponibles de Brasil en 4,4 mil millones, 5,8 mil millones o 4 mil millones con esos índices del 10, 20 o 30 por ciento de reforestación. Así que, claramente, haría falta inversión extranjera para compensar esa diferencia.
Conseguir un aumento de diez veces en los bosques gestionados de forma sostenible
El Segundo estudio de la Coalición proponía un aumento de diez veces en las áreas gestionadas de forma sostenible situadas en bosques nativos públicos del Amazonas —algo difícil de conseguir. Los datos ofrecidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indica que un asombroso 80 por ciento de la producción de madera en Brasil es ilegal, y la mayor parte de esa madera se destina al mercado nacional, sobre todo en al estado de São Paulo.
El otro 20 por ciento, se colecta de forma legal e incluye madera “legal con certificado” y “legal sin certificado”. La madera certificada, que representa un 3 por ciento de la producción total, se destina al mercado internacional, especialmente al norte de Europa, con Holanda como comprador principal.
“El producto legal sin certificado tiene problemas para ser económicamente viable porque apenas se exporta”, explicó Annelise Vendramini, coordinadora de investigación para el clima y la economía sostenible en GVCes. “Los mercados [europeos] están dispuestos a pagar un precio más alto por la madera certificada”.
Obviamente si Brasil quiere conseguir sus objetivos de las emisiones de carbono, debe abordar la tala ilegal de frente, lo cual requiere un gasto significativo en monitoreo y cumplimiento de las normas. Sobre todo, debe cambiar los porcentajes: debe reducir la cifra de un 80 por ciento de tala ilegal y aumentar considerablemente la cifra del 3 por ciento de madera certificada.
Recuperar los pastos degradados
El tercer estudio evaluaba el potencial para la recuperación de 30 millones de hectáreas de pastos degradados y para el desarrollo de sistemas integrados para ganadería y bosques en 9 millones de hectáreas restringidas al bioma del Cerrado, en el medio oeste de Brasil.
Alrededor de un 20 por ciento del territorio de Brasil (180 millones de hectáreas) está ocupado por pastos y más de la mitad muestran signos de degradación (y el 25 por ciento de esas tierras tienen índices bajos de ocupación).
Si el ambicioso plan de recuperación de los pastos se aplicara, podría reforestar 45 millones de hectáreas y evitaría unas emisiones de carbono de 66 millones de toneladas hasta 2030 según el estudio de la Coalición.
Al observar los retos relacionados, Vendramini de GVCes observa que: “los números muestran que tendremos dificultades para adoptar un sistema sostenible a gran escala, a menos que el gobierno conceda subvenciones e incentivos fiscales a los agricultores para que adopten las nuevas tecnologías.
“[Pero] si Brasil descubriera una manera de financiar esta actividad, generaría una contribución de 45 mil millones de dólares al PIB en 2030, además de 3,7 millones en impuestos y 9 millones de empleos.
El aumento de la deforestación frente a la reducción del carbono
Aunque producir esos nuevos informes forestales es un ejercicio importante — que muestra por ejemplo cuánta inversión se necesitaría para cumplir con los objetivos de reforestación de Brasil— la realidad causa problemas adicionales. El país, que llevaba años reduciendo su tasa de deforestación, ha visto últimamente un aumento.
Entre 2004 y 2012, Brasil redujo su índice de deforestación anual en un 83 por ciento, de 27 772 a 4571 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la media anual de deforestación en los tres últimos años en la Amazonía brasileña ha aumentado. Se deforestaron 6207 kilómetros cuadrados en el año que acabó el 31 de julio de 2015, la cifra más alta desde 2011.
Además, en verano de 2016, el ministro de agricultura y ganadería de Brasil, Blairo Maggi, estuvo en Washington D.C. donde presentó oportunidades de inversión en la agricultura a posibles financieros. Pregonó los planes actuales de Brasil de expandir su infraestructura drásticamente con la construcción de vías navegables industriales, carreteras, vías de tren y puertos.
Es difícil imaginar cómo la visión industrial de Maggi para Brasil, además del actual aumento en la deforestación, junto con los elevados costes de la reforestación y los avances del gobierno hacia regulaciones ambientales más débiles van a ayudar a Brasil a conseguir sus compromisos de reducción de carbono según el Acuerdo de París.
Por desgracia para el mundo, las Naciones Unidas apuntan que aunque Brasil y otras naciones mantengan las promesas actuales derivadas del Acuerdo de París, estas seguirán siendo demasiado débiles para limitar el aumento de las temperaturas medias globales en 2 grados Celsius (3.6 grados Fahrenheit) y evitar un calentamiento global desastroso con efectos que podrían ser catastróficos para Brasil y el Amazonas.