- Caquetá es el departamento con más deforestación: 19.2 %, en el año 2015.
- “En el momento hay 43 bloques [petroleros] en explotación, en exploración, en evaluación técnica, áreas reservadas y áreas asignadas”, explica Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio.
- La Agencia Nacional de Minería (ANM) reporta el 9 de junio solicitudes de licencias mineras en Morelia, Belén de los Andaquíes, Valparaíso, Curillo, Puerto Rico, Doncello, San Vicente del Caguán y Solano.
Caquetá es uno de los diez departamentos que integran la Amazonía colombiana. Caquetá, Vaupés, Amazonas, Guainía, Guaviare, y Putumayo tienen su área total en ella; mientras que Cauca, Nariño, Meta y Vichada tienen un área parcial de su territorio en la Amazonía.
La Amazonía representa el 42 % del territorio colombiano. La región amazónica representa también el 46 % de la superficie deforestada en el país y Caquetá es el departamento con mayor deforestación: 19.2 % en el 2015, según las estadísticas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
“Hay una serie de actividades humanas que están generando presión para cambiar o afectar la integralidad ambiental de la Amazonía colombiana. En tal sentido se pueden tomar como amenazas. La ampliación de la frontera agropecuaria es el proceso que más transforma los bosques amazónicos con todas las consecuencias ambientales que genera esta pérdida”, explica Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi).
La ampliación de esta frontera se genera por el cambio de coberturas de la tierra. La minería, la explotación de hidrocarburos, la ampliación de la red vial y la extracción de maderas y fauna silvestre también generan afectaciones en la Amazonía, explica Luz Marina a Mongabay Latam.
En Caquetá los movimientos sociales se organizaron para rechazar las actividades extractivas y las hidroeléctricas. Los caqueteños defienden el agua, los bosques y la biodiversidad del Amazonas, considerado el pulmón del mundo.
Luz Mery Panche, indígena del Pueblo Nasa, quien vive en el Resguardo Altamira en San Vicente del Caguán (Caquetá), considera que la política minero energética amenaza la existencia no solo de los pueblos indígenas, sino de la humanidad.
“Generar extractivismos en ese sistema frágil es correr el riesgo de no tener oxígeno y el pulmón funcionando en perfectas condiciones. La extracción en este territorio es más grave que en cualquier parte del país. El territorio son nuestros espíritus que viven en el subsuelo, donde estamos nosotros y el espacio aéreo donde están nuestros espíritus mayores. El extractivismo afecta el equilibrio no solo natural, sino también espiritual de los pueblos indígenas”, dice Luz Mery.
José Antonio Saldarriaga vive en Valparaíso, uno de los municipios con solicitudes de licencias mineras vigentes para explotar oro y platino, según información de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de junio de este año. Él forma parte de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio. (Meddat). Se unió a este movimiento porque está consciente de la importancia del agua como bien común de la humanidad.
“Estamos en riesgo de perder el derecho a vivir con dignidad porque con el agua contaminada y los recursos naturales acabados no tendremos derecho a vivir. Si vivimos, viviremos una vida indigna como la viven algunos niños de la Guajira y otras regiones de Colombia”, señala.
Por eso, explica José, en Caquetá adelantan movilizaciones y resistencias pacíficas. “Las multinacionales vienen con el sofisma de que tengamos desarrollo, eso es mentira porque ellos van a tener muchísima plata, pero se la llevan a sus países de origen. Como amazónicos que somos esperamos que haya eco a nuestras demandas a nivel nacional e internacional”, añade.
Impactos nocivos
La ANM reporta el 9 de junio solicitudes de licencias mineras en Morelia, Belén de los Andaquíes, Valparaíso, Curillo, Puerto Rico, Doncello, San Vicente del Caguán, Solano.
Las solicitudes mineras vigentes fueron hechas por compañías como Building and mining contractors SAS, Fortunian Mining SAS, Anglo American Colombia Explorations SA y Quinoro S.A, entre otras.
Algunas de las compañías con contratos petroleros suscritos en Caquetá son, según información del 31 de octubre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): Pacific Stratus Energy Colombia Corp., Platino Energy Barbados Corp, y Emerald Energy Sucursal Colombia, que patrocinó una maratón para recaudar fondos a favor del ejército en Florencia (Caquetá) el pasado domingo 5 de noviembre, entre otras.
En opinión de Luz Mery Panche, el gobierno tiene posturas incoherentes respecto del Amazonas colombiano. “Por un lado promueve Visión Amazonía, para proteger los bosques en la Amazonía y asegurar la captura de CO2 y, por otro, entrega a las multinacionales otras áreas”.
Tan solo en Caquetá la deforestación del año 2015 fue del 19.2 %, la más alta del país, y en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Región del Amazonas (Corpoamazonia) se concentra el 27.7 % de la deforestación nacional.
Teniendo en cuenta esta situación la lideresa indígena insiste en su solicitud: “Le decimos al gobierno que debe sacar a la región amazónica de la política minero energética para avanzar realmente en un proyecto de la recuperación, fortalecimiento, protección y cuidado del Amazonas para que siga siendo un pulmón, productor de oxígeno y captador de CO2”.
Otro tema preocupante son las hidroeléctricas en este departamento. Una de ellas es la hidroeléctrica sobre el Río San Pedro en Florencia Caquetá. Otras dos están proyectadas en Puerto Rico (Caquetá) según lo indica el Instituto de Planeación Minero Energética (UPME).
“Las hidroeléctricas son proyectos tulpas sobre el río San Pedro entre los municipios de Florencia y Montañita, el de San Pedro ya tiene licencia ambiental. Otros proyectos son Guayas 1 y Guayas 2 en el municipio de Puerto Rico sobre el Río Guayas”, explica Mercedes Mejía, coordinadora de la Meddat.
La minería, sin embargo, es la mayor preocupación de la comunidad. Martín Trujillo explica que la capa vegetal en Caquetá es joven. “La tierra en este momento está destinada a la ganadería, que tiene su impacto ambiental, pero podemos hacerla amigable con el ambiente si dejamos de hacerla de manera extensiva. Pero una vez contaminado el territorio con minería, en 20 años no podemos recuperarlo para hacerlo selvático otra vez”, señala.
De igual manera piensa Mercedes Mejía. “La minería legal e ilegal traen como consecuencia la división de las comunidades por la forma de ingreso al territorio ya que tienen prácticas engañosas. Por ejemplo, cuando socializaron el proyecto petrolero en El Nogal le decían a los campesinos que utilizarían Sismigel para hacer sísmica y que no era un explosivo, que era como hacerle una ecografía a una mujer embarazada. Pero a una mujer embarazada no se le pone un explosivo en el estómago para ver cómo está el bebé”.
Para Mejía los bloques petroleros son una gran preocupación y así lo expresa a Mongabay Latam: “En el momento hay 43 bloques en explotación, en exploración, en evaluación técnica, áreas reservadas y áreas asignadas”.
Entre tanto en San José del Fragua, María Alis Ramírez se moviliza para proteger el territorio. “Las petroleras llegan, la minería, y no les importa nada. Llegan a descomponer los territorios. Es un atentado a todos los ecosistemas perforar el territorio con sísmica sin importar quiénes estemos. Por ese sentido de daño económico y cultural decimos que no queremos esas actividades y hacemos resistencia. Esto no es desarrollo, es dañar”.
Según Alejandra Ciro, del Colectivo A la Orilla del Río, antes de la incursión de nuevas petroleras la población pide que se garantice que no haya afectación en el agua y el medio ambiente, pero las autoridades no han tomado en cuenta estas solicitudes.
La población caqueteña defiende el territorio amazónico del que hacen parte. Para hacerlo utilizan diversas estrategias, divulgan información sobre el incremento de los precios donde hay estos proyectos, las expectativas de empleo que se generan y no siempre se cumplen, el impacto en los ciclos hídricos. Además se capacitan en temas como herramientas organizativas y legales para enfrentar la incursión minero-energética con talleres ofrecidos por organizaciones como Dejusticia.
También organizan eventos, reuniones y marchas como la del 3 de junio de 2016, en la cual se movilizaron más de 20 mil personas en Paujil, Solano, Curillo, Cartagena del Chairá, entre otros municipios donde los proyectos mineros e hidroeléctricos están y/o estarán presentes. Otras tácticas usadas son las protestas y plantones para decirle no a la locomotora minero-energética en Colombia.
Caquetá es Amazonía
María Alis, habitante caqueteña, asegura que “en cada municipio hay una comisión municipal en defensa del agua y territorio. Me he empoderado para acompañar a cada comunidad y defendernos del extractivismo que quiere devorar la Amazonía”. Los mensajes usados son sencillos pero contundentes: Caquetá es Amazonía, la Amazonía es patrimonio de la humanidad, el patrimonio hídrico del departamento es invaluable, el futuro de las nuevas generaciones está en riesgo y el derecho al consentimiento previo, libre e informado debe exigirse e incluir a los campesinos.
La Meddat se estableció el 11 de noviembre del año 2015. A ella pertenecen organizaciones y procesos municipales y regionales. Su objetivo es tener una mayor representación, en espacios locales y nacionales para incidir en las políticas públicas minero energéticas.
Hasta ahora uno de los retos más grandes, según Ximena Lombana, Secretaria Técnica de la Meddat, ha sido abrir los espacios de interlocución efectivos con el gobierno, la efectividad en los mecanismos de participación ciudadana y legales para la exigibilidad de derechos, mantener la cohesión de una mesa tan amplia y evitar la tendencia a “politizar” el espacio. “También las presiones del gobierno nacional y procuraduría contra servidores y funcionarios públicos que apoyan procesos de defensa del territorio”, agrega.
Un grupo de activistas de la Mesa espera establecer acuerdos con el gobierno. “Tenemos una comisión de caqueteños con representantes de los municipios, pues en reunión con el director de la ANH, Orlando Velandia, se informó que se conformará una comisión de alto nivel del gobierno y de gente del Caquetá para trabajar el tema de hidrocarburos” añade Mercedes Mejía.
Los caqueteños están a la espera de la interlocución en su departamento. Mientras tanto continúan visibilizando los problemas que trae la industria minero-energética.
Paradójicamente, la eventual implementación del acuerdo de paz con las FARC preocupa en Caquetá. Así lo explica Alejandra Ciro a Mongabay Latam: “La posibilidad de un proceso de paz con las FARC ha hecho que el territorio del Caquetá sea codiciado por todo tipo de multinacionales mineras, tanto de oro como de petróleo”.
El futuro parece desalentador cuando se piensa en todos los proyectos funcionando al mismo tiempo. “Si actualmente el Caquetá ocupa los primeros niveles de deforestación, con la implementación de esta actividad, los problemas ambientales que sufre el departamento se intensificarán y serían irreversibles. Pérdida de la biodiversidad, del patrimonio hídrico del departamento, afectaría el ciclo hídrico y climático de la Panamazonia. El panorama sería desolador, de nuevos desplazamientos, esta vez por violencia derivada de la implantación forzada de proyectos minero energéticos, lo que constituye una revictimización del territorio y su gente”, enfatiza Ximena Lombana.
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