A cambio, el gobierno acordó que un ministro de gabinete conduciría las negociaciones y Zavala viajaría a Saramurillo para cerrar el acuerdo final.
Las conversaciones continuaron en Saramurillo entre el 27 y 29 de noviembre con la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Continuaron el 6 y 7 de diciembre con el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, —pero esa sesión solo condujo a un acuerdo sobre la primera de las siete demandas de los manifestantes.
El ministro de Producción, Bruno Giuffra, terminó la tarea en dos sesiones del 14 y 15 de diciembre, logrando el último acuerdo firmado poco después de la medianoche.
Durante las conversaciones, los presidentes de seis organizaciones indígenas representadas en Saramurillo se turnaron para presentar sus argumentos. Como líderes y residentes de varias comunidades escucharon y ocasionalmente gritaron ‘apoyo’ u ‘oposición’.
Varias veces, dos mujeres Kichwa de la cuenca alta del río Tigre hablaron enfáticamente en su lengua materna, describiendo el impacto de la contaminación en sus familias.
Sus comentarios, que no siempre fueron traducidos para los funcionarios no indígenas de Lima, estaban salpicados de términos en español para conceptos que no existen en sus idiomas nativos —palabras como “contaminación”, “petróleo”, “abogado”, “policía” y “prisión”.
Julia Chuje Ruíz —cuyo hijo, José Fachín, estudiante de derecho, fue uno de los principales asesores de los líderes indígenas de Saramurillo— le contó a una periodista que recordaba haber visto de niña el agua limpia en los arroyos y lagos cercanos al río Tigre, pero que este escenario cambió y que hoy el agua es negra por el aceite vertido tras las perforaciones que comenzaron en los años 70.
Chuje narra que ahora agita el agua aceitosa con sus manos para limpiar el lugar en el que suele bañarse en el río. Cuenta que esta sigue siendo la fuente principal de agua para beber, cocinar y lavar.
“No sabíamos lo que era”, dijo sobre el petróleo. “La compañía no nos decía nada”.
Chuje dijo que se dio cuenta del peligro que representaba la contaminación en el 2008, cuando los residentes locales se apoderaron de la pista de aterrizaje en Andoas, en el río Pastaza. Ese fue el cuartel general de Pluspetrol, la empresa argentina que operó el Bloque 192 hasta el año pasado y que aún opera el Bloque 8.
Ese año un policía fue asesinado durante las protestas y Fachín fue uno de los 20 manifestantes arrestados y encarcelados. Todos fueron posteriormente puestos en libertad, pero Chuje no ha olvidado la ansiedad que sintió al viajar a la prisión para ver a su hijo.
Tampoco ha olvidado la muerte de su hijo adolescente y de sus dos hermanos, o de los niños de la aldea enterrados en Vista Alegre, donde vivía, que murieron vomitando sangre. Ella culpa a la contaminación, aunque las muertes también podrían haber sido causadas por las enfermedades que llegaron con los trabajadores de la compañía petrolera.
A lo largo de los años, Chuje ha visto varias protestas, seguidas de negociaciones y la firma de promesas, solo espera que esta vez sea diferente.
“¿Cuántos meses hemos esperado para firmar?”, se pregunta. “Cuando vea las cosas cambiar, es cuando voy a celebrar.”
Notas:
Foto de portada: Copyright Barbara Fraser
