Noticias ambientales

Derrames de petróleo en Perú: los acuerdos que deberán cumplirse en el 2017

  • Tres ministros del Gabinete encabezaron las sesiones de negociación en el pueblo de Saramurillo, en la región Loreto, las cuales finalizaron la noche del 15 de diciembre.
  • Líderes indígenas exigieron la compensación por la contaminación causada a lo largo de 40 años por las operaciones petroleras en los dos yacimientos amazónicos más antiguos del Perú y el oleoducto operado por la empresa estatal Petroperú.
  • Funcionarios del gobierno sostienen que los acuerdos no entran en conflicto con los pactados en los últimos años con otras federaciones indígenas en las cuencas afectadas.

Líderes indígenas que protestaban en contra de la contaminación por petróleo en la región amazónica del norte de Perú firmaron una serie de acuerdos con funcionarios del gobierno el 15 de diciembre. Los acuerdos tratan temas que van desde la inspección de oleoductos envejecidos hasta la remediación de sitios contaminados y la indemnización por daños y perjuicios.

Los acuerdos pusieron fin a un impase de tres meses y medio durante el cual los manifestantes bloquearon el transporte fluvial del río Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas y una ruta crucial de transporte de pasajeros y de carga.

Para que las negociaciones arriben a buen puerto, tres ministros viajaron a esta pequeña comunidad indígena flanqueada por una importante estación de bombeo de petróleo operada por la empresa estatal Petroperú. Dos de esos ministros volvieron días después, el 19 de diciembre, pero acompañados por el primer ministro Fernando Zavala, jefe del Gabinete del Perú, para confirmar el apoyo gubernamental en los acuerdos.

“Ahora empieza el trabajo”, dijo Wilmer Chávez, presidente de la Organización Inter Étnica del Alto Pastaza (ORIAP), una de las organizaciones que participaron en la protesta, señalando que los representantes indígenas participarán en varias comisiones para abordar los problemas.

Los acuerdos buscan atender los daños causados por la contaminación en los dos campos de petróleo amazónicos más antiguos del país: el Bloque 192 (antes llamado 1AB) y el Bloque 8, donde cuatro décadas de operaciones mal reguladas dejaron varios miles de sitios contaminados con petróleo y otros desechos.

También se han considerado los problemas ambientales causados por los derrames registrados en varios tramos del Oleoducto Norperuano, operado por la petrolera estatal Petroperú que transporta crudo de los campos petroleros de los Andes a la costa del Pacífico, que desencadenaron las protestas en Saramurillo.

Algunos de los nuevos acuerdos se superponen con los ya alcanzados en los últimos años entre el gobierno y las federaciones indígenas de las cuencas de Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, más conocidas como las “cuatro cuencas”.

Esas federaciones, que han liderado varias protestas durante la última década, no estaban entre las organizaciones que protestaban en Saramurillo. Sin embargo, los líderes de la protesta de Saramurillo se quejaron de que los acuerdos anteriores estaban avanzando lentamente y señalaron que sus organizaciones querían una mayor participación en las acciones previstas para las zonas afectadas.

Los funcionarios del gobierno dijeron que los dos procesos, el de cuatro cuencas y el que comenzó en Saramurillo, pueden continuar por caminos separados por el momento.

De todas formas, cualquier acuerdo alcanzado se aplicará en todas las comunidades de esas cuencas hidrográficas, así como en los pueblos de la cuenca del río Chambira, que participaron en la protesta de Saramurillo, según Rolando Luque, que dirige la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.

Los acuerdos

Uno de los compromisos más importantes que ha asumido el gobierno y que pondrá en marcha en  la  primera mitad de 2017 es la minuciosa inspección del oleoducto de Petroperú, así como de otros oleoductos que entrecruzan los bloques 192 y 8. Los representantes indígenas participarán en la redacción de los términos de referencia para la inspección y el mantenimiento de la tubería subsiguiente.

La remediación de los sitios contaminados también comenzará en el 2017. Se cuenta para ello con un fondo que bordea los 15 millones de dólares, monto que fue establecido en el 2015. Este fondo fue creado como parte de un acuerdo previo con las federaciones de las “cuatro cuencas”. Las organizaciones representadas en Saramurillo tendrán voz en las reuniones de la junta directiva del fondo de remediación.

En virtud de los acuerdos de Saramurillo, la Comisión del Congreso de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología acordó presentar un proyecto de ley sobre monitoreo ambiental comunitario y también promover discusiones a nivel nacional sobre el futuro energético del Perú, tomando en cuenta si el país debería continuar produciendo petróleo en una región amazónica ecológicamente sensible.

El gobierno y las organizaciones indígenas también formarán una comisión para investigar los impactos de las más de cuatro décadas de operaciones petroleras en los Bloques 192 y 8. Ese acuerdo podría obtener un impulso a principios del 2017, cuando representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las sustancias tóxicas visiten el Perú.

Cuatro de los acuerdos requieren inversiones gubernamentales en educación, salud, agua y saneamiento, y proyectos generadores de ingresos en comunidades afectadas por los derrames de petróleo, como compensación por daños y perjuicios. Algunos manifestantes que asistieron a las conversaciones dijeron que pensaban que la compensación debería ir más allá, ya que esos programas son servicios básicos que el gobierno debe proporcionar independientemente de la contaminación.

Los manifestantes también pidieron que se ponga fin a la “criminalización de la protesta”, lo cual se refleja especialmente en una ley que manda que la retención de vehículos en los controles de carreteras —o en este caso el bloqueo del río— equivalgan a secuestros. El gobierno y Petroperú acordaron no presentar cargos contra los manifestantes por el bloqueo, a pesar de que los ciudadanos privados podrían presentar una demanda.

El bloqueo fue uno de los pasos más controversiales de los manifestantes; detuvieron a decenas de barcos fluviales transportando pasajeros y carga, así como nueve barcazas de petróleo que permanecieron atadas a Saramurillo hasta el 27 de noviembre.

A excepción de las barcazas, a la mayoría de los botes se les permitió continuar su viaje después de un retraso de 24 horas si les ofrecían a los manifestantes alimentos o dinero en efectivo. Mientras que los manifestantes dijeron que esos pagos eran voluntarios, los operadores de los botes y los pasajeros lo llamaron extorsión. Los dirigentes de algunas comunidades que no se unieron a la protesta, a pesar de haber sido afectados por derrames de petróleo, citaron el manejo del bloqueo como una de las razones por las que no participaron.

Varios temas, incluyendo la titulación de comunidades dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que incluye pozos petroleros del Bloque 8, y pagos por servidumbres relacionadas con el oleoducto de Petroperú quedaron sin resolver.

Algunos de los acuerdos, como la inspección de tuberías, tienen plazos específicos. Otros, incluidos los relacionados con la compensación, carecen de fechas precisas.

Un largo camino

La protesta, a veces tensa, se prolongó durante 40 días antes de que los funcionarios del gobierno llegaran por primera vez a las reuniones. Los manifestantes se habían negado a enviar representantes a Lima para negociar, insistiendo, al contrario, que los funcionarios gubernamentales de alto nivel se debían reunir con ellos en su territorio —“de apu a apu”— como lo llaman, usando el término local para un jefe indígena. [https://news.mongabay.com/2016/11/new-talks-on-oil-pollution-could-end-indigenous-blockade-of-amazonian-river-in-peru/]

El Ministerio de Defensa transportó a más de 80 manifestantes a Lima —un día de viaje por río y luego un vuelo de dos horas— durante la semana del 14 de noviembre, en un acuerdo negociado por un excomandante del Ejército que ganó la confianza de los líderes de la protesta.

El viaje parecía orquestado como una forma de que el gobierno se asegurara de que cese el bloqueo del río, mientras Perú recibía a los líderes mundiales esa semana para El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Después de una primera reunión con funcionarios del gobierno y de una aparición en una sesión de la comisión del Congreso, los manifestantes pasaron cuatro días en un hotel en el centro de Lima sin ninguna agenda aparente.

Pero en la noche del 19 de noviembre, en una reunión con los ministros de Justicia y Defensa y otros funcionarios del gobierno, los manifestantes acordaron liberar nueve barcazas de petróleo que estaban siendo retenidas en Saramurillo y permitir que Petroperú regresara a la estación de bombeo que había evacuado cuando comenzó la protesta.

A cambio, el gobierno acordó que un ministro de gabinete conduciría las negociaciones y Zavala viajaría a Saramurillo para cerrar el acuerdo final.

Las conversaciones continuaron en Saramurillo entre el 27 y 29 de noviembre con la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Continuaron el 6 y 7 de diciembre con el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, —pero esa sesión solo condujo a un acuerdo sobre la primera de las siete demandas de los manifestantes.

El ministro de Producción, Bruno Giuffra, terminó la tarea en dos sesiones del 14 y 15 de diciembre, logrando el último acuerdo firmado poco después de la medianoche.

Durante las conversaciones, los presidentes de seis organizaciones indígenas representadas en Saramurillo se turnaron para presentar sus argumentos. Como líderes y residentes de varias comunidades escucharon y ocasionalmente gritaron ‘apoyo’ u ‘oposición’.

Varias veces, dos mujeres Kichwa de la cuenca alta del río Tigre hablaron enfáticamente en su lengua materna, describiendo el impacto de la contaminación en sus familias.

Sus comentarios, que no siempre fueron traducidos para los funcionarios no indígenas de Lima, estaban salpicados de términos en español para conceptos que no existen en sus idiomas nativos —palabras como “contaminación”, “petróleo”, “abogado”, “policía” y “prisión”.

Julia Chuje Ruíz —cuyo hijo, José Fachín, estudiante de derecho, fue uno de los principales asesores de los líderes indígenas de Saramurillo— le contó a una periodista que recordaba haber visto de niña el agua limpia en los arroyos y lagos cercanos al río Tigre, pero que este escenario cambió y que hoy el agua es negra por el aceite vertido tras las perforaciones que comenzaron en los años 70.

Chuje narra que ahora agita el agua aceitosa con sus manos para limpiar el lugar en el que suele bañarse en el río. Cuenta que esta sigue siendo la fuente principal de agua para beber, cocinar y lavar.

“No sabíamos lo que era”, dijo sobre el petróleo. “La compañía no nos decía nada”.

Chuje dijo que se dio cuenta del peligro que representaba la contaminación en el 2008, cuando los residentes locales se apoderaron de la pista de aterrizaje en Andoas, en el río Pastaza. Ese fue el cuartel general de Pluspetrol, la empresa argentina que operó el Bloque 192 hasta el año pasado y que aún opera el Bloque 8.

Ese año un policía fue asesinado durante las protestas y Fachín fue uno de los 20 manifestantes arrestados y encarcelados. Todos fueron posteriormente puestos en libertad, pero Chuje no ha olvidado la ansiedad que sintió al viajar a la prisión para ver a su hijo.

Tampoco ha olvidado la muerte de su hijo adolescente y de sus dos hermanos, o de los niños de la aldea enterrados en Vista Alegre, donde vivía, que murieron vomitando sangre. Ella culpa a la contaminación, aunque las muertes también podrían haber sido causadas por las enfermedades que llegaron con los trabajadores de la compañía petrolera.

A lo largo de los años, Chuje ha visto varias protestas, seguidas de negociaciones y la firma de promesas, solo espera que esta vez sea diferente.

“¿Cuántos meses hemos esperado para firmar?”, se pregunta. “Cuando vea las cosas cambiar, es cuando voy a celebrar.”

 

Notas:

Foto de portada: Copyright Barbara Fraser

Categorías: Sin categoría