Para la Corte Constitucional, seis meses después de emitirse el recurso legal, los 34 pueblos indígenas en riesgo debieron contar con el plan y las acciones acordadas por Instituciones como el Ministerio de Defensa Nacional, de Educación, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y El Ministerio del Interior.  Han pasado siete años y recién el plan que protegerá a los Nukak se encuentra en etapa de cierre, y el acuerdo con las instituciones que deben ejecutar acciones para la conservación física y cultural de este pueblo, aún no ha sido aprobado.

“Nosotros creemos que es el momento y que hay una perspectiva positiva porque toda la institucionalidad sabe la urgencia que hay frente a la necesidad de avanzar con el Plan de Salvaguarda”, señala Bernardo Pinilla, coordinador del Auto 004 del Ministerio del Interior. “Sin embargo la urgencia no puede convertirse en un factor de riesgo, muchas veces la oferta institucional si no es adecuada puede aumentar el peligro que tienen los Nukak de extinción física y cultural”.

Pinilla explicó que “los riesgos de los Nukak no están solamente asociados a los aspectos del conflicto armado y el desplazamiento, sino también a una intervención institucional. Y parte de adecuar esa oferta es acordar con la comunidad Nukak, a través de una ruta de diálogo y concertación, como único camino, para que los programas y proyectos que se implementen sean adecuados al contexto cultural”.

Y es justamente las dificultades para comunicarse con ellos, la falta de líderes validados por las comunidades y la carencia de traductores autorizados, lo que no ha permitido avanzar significativamente en el tiempo para llegar a ciertos acuerdos, según explican los funcionarios del Ministerio de Interior.

Para Robinson López, coordinador de derechos humanos y paz de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), los Nukak no han sido atendidos de manera diferencial. Por eso la Corte Constitucional profirió el Auto 196 como seguimiento a la sentencia y actuaciones del Estado, sobre los 34 pueblos indígenas que afrontan mayor riesgo en Colombia.

“Las instituciones locales, departamentales y  nacionales no han podido diseñar en conjunto con ellos un programa que los favorezca”, precisa el representante de la OPIAC.

Los peligros de una asistencia inadecuada

Pedro Posada, antiguo director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y actual defensor del pueblo para asuntos indígenas, le explicó a Mongabay Latam como las asistencias para los Nukak llegan por un componente humanitario. Los servicios institucionales en salud y alimentación, precisa Posada, no han tenido un enfoque diferencial y han aumentado la problemática al no ser los más adecuados para el contexto cultural de los Nukak.

“Comidas enlatadas, lentejas y frijoles es lo que les dan de comer y eso está totalmente alejado de sus costumbres. Algunas organizaciones los llevan a cazar y en ocasiones invaden fincas motivados por sus tradiciones, y eso les genera problemas con los colonos”, explica Robinson López.

La falta de agua potable, las enfermedades gastrointestinales como consecuencia de las nuevas costumbres impuestas, y la necesidad de ingesta de alimentos tradicionales, que hoy no consumen, está generando un alto impacto en esta población.

López considera además que no hay una política seria para el retorno de las comunidades a su territorio, lo que aumenta la pérdida de identidad y patrones culturales. “Hoy las mujeres se están prostituyendo en la capital del Guaviare presionadas por la necesidad de sobrevivir, los niños y familias enteras andan por las calles pidiendo limosnas, por lo que nos preguntamos ¿dónde están los programas efectivos del gobierno?”, precisa el representante de la OPIAC.

La  problemática territorial de los Nukak fue llevada a la mesa de negociaciones con las FARC y fue incluida en el Acuerdo de Paz firmado en la Habana. La reciente modificación ha sido refrendada por el Estado y el grupo guerrillero.

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El desminado que inició una nueva etapa en el país comprendería, según la Dirección Contra Minas de la Presidencia de la República, un proyecto en el Departamento de Guaviare que abarcaría el municipio de Miraflores, con acciones desarrolladas por la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH). Sin embargo, se esperan acciones directas sobre toda la zona de resguardo de los Nukak.

“La solución para el pueblo Nukak Makú es volver a su territorio, pero buena parte está sembrado en minas”, le explicó a Mongabay Latam Pedro Posada, defensor del pueblo para asuntos indígenas, quien vio el programa de desminado como una nueva oportunidad para la recuperación del territorio de la última tribu contactada en Colombia.

En total 12 asentamientos confirman que el 60 % de los Nukak se encuentran fuera de su zona de resguardo. Caño Makú, Charras, Puerto Flores y el casco urbano de San José de Guaviare son algunos de los lugares de permanencia de este pueblo desplazado por la violencia, que hoy lo único que espera es la paz definitiva, según lo explica el Ministerio de Interior.

El Plan de Salvaguarda que deberá ser entregado a la Corte Constitucional, en cumplimiento de la sentencia 025 de 2009 y el Auto 004 del mismo año, vela por el fortalecimiento organizativo y el gobierno propio, la salud, la etnoeducación y la seguridad alimentaria de 34 pueblos indígenas, todo dentro de distintos niveles de contacto cultural y contexto en el que se hallen los miembros de la comunidad.

Luego de 27 años, los Nukak siguen esperando volver a su territorio para recuperar esa relación perfecta de sostenibilidad que mantienen con la selva, lejos de la civilización, y esperan que la firma del Acuerdo de Paz les permita retornar a su territorio y recuperar lo que han perdido.

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Artículo publicado por Alexa
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