Otras regiones de Colombia enfrentan retos similares. Ayapel y La Mojana son dos depresiones ubicadas en la región Caribe que albergan ecosistemas acuáticos, los cuales son propensos a almacenar el mercurio disuelto en el agua. José Luis Marrugo realizó una investigación para determinar el impacto del consumo de peces en la población de Ayapel entre 2004 y 2005 y  encontró que las concentraciones más altas del metal se dieron durante la época de sequía, debido a que había menos agua disponible. Si se tiene en cuenta escenarios de cambio climático y posibles sequías, es posible afirmar que el riesgo de contaminación aumentaría en estas zonas.

Según el último Estudio Nacional de Agua publicado en 2014, 200 toneladas de mercurio son vertidas a los ríos y suelos en Colombia anualmente. Esto ha llevado a que el país se convierta en la nación con más contaminación por mercurio en América. Pero, mientras haya mercado y precios altos la producción de oro seguirá. Según cifras del Banco Mundial, en octubre de 2012 el precio de la onza de oro alcanzó el precio de 1746.58 dólares.

Colombia tiene un robusto marco legal sobre el tema de minería y, de hecho, el Gobierno del Presidente Santos ha hecho desde el 2010 de este un tema fundamental para el país. Sin embargo, el tema de intoxicación por mercurio y las consecuencias que el país afronta en regiones como Antioquia, Caldas, Chocó, Córdoba dan cuenta de la dificultad de encaminar este tema en el marco de una minería responsable, que sanciona a quien contamina.

Han pasado tres días sin llover en Río Quito. Uno de los pobladores de la región que ha recibido amenazas de grupos al margen de la ley nos concede una entrevista, pero nos pide mantener en reserva su identidad. Acaba de llegar a Quibdó, capital de Chocó, y luego de varios intentos hemos logrado comunicarnos con él. Se escucha lejos su voz. Habla despacio y la comunicación se pierde. Después de varios intentos empieza la conversación y nos deja saber que la minería arrasó con el río que alimentaba a 9000 personas. “No hay más alternativa que el oro. Ya no se puede hacer pesca o agricultura”.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Subcuenca del Río Quito, de la cuenca Atrato-Darién que se ubica a 30 kilómetros de Quibdó,  alberga el pueblo más pobre del país. Sus tres corregimientos, Villa Conto, San Isidro y Paimadó, registran un 98 % de necesidades básicas insatisfechas.

Según nuestro informante, el 90 % de los habitantes de Río Quito están intoxicados por mercurio y cuenta que no hay servicio de salud y que salir de Chocó, hasta Medellín (Antioquia), donde la gente podría tratar las enfermedades causadas por el metal, cuesta cerca de 700 000 pesos o 225 dólares. Cantidades que la mayor parte de la población no tiene. “Necesitamos otras alternativas a la minería. Necesitamos que el Estado haga algo y nos ayude”, afirma.  Su voz es un susurro en medio del sistema de explotación ilegal de oro con maquinaria pesada que se da en la región, como lo denunció la Defensoría del Pueblo el año pasado.

Chocó, un caso más

De acuerdo con un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el gobierno de Colombia en junio de este año, la pérdida total de coberturas de alto valor ambiental asociada a las actividades de explotación aluvial de oro fue de 24 450 hectáreas en el 2014, es decir, que entre 2001 y 2014, el país perdió aproximadamente 2038 hectáreas de cobertura boscosa por cuenta de esta actividad. Chocó, uno de los hotspots de biodiversidad mundial, concentró el 77 % de esta pérdida, particularmente en los territorios que tienen un manejo especial por parte de las comunidades afrodescendientes conocidos como consejos comunitarios. Estos fueron el consejo comunitario Mayor del Medio Atrato Acia, Mayor del municipio Condoto e Iró, Istmina y parte del medio San Juan, Mayor del Cantón San Pablo (ACISANP), Acadesán y Mayor de Nóvita.

Mientras tanto, el departamento del Chocó tiene el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas del país. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 79 %  de los habitantes de esta región presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que a nivel nacional este indicador se reduce al 27,6 %.  Adicionalmente, el uso del mercurio para la extracción del oro se ha establecido como un problema latente en la región y que desde hace años cobra la salud y vida de decenas de sus habitantes. Según el último censo minero en Chocó solo cuatro unidades mineras tienen título de las 527 que existen y  se identificó que el 99 % (514) de las unidades mineras del departamento utilizan como sistema de explotación el procedimiento a cielo abierto.

Un estudio realizado entre 2015 y 2016 por el Ministerio de Salud de Colombia, el Instituto Nacional de Salud y con el apoyo de otras instituciones como la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), buscaba determinar los niveles de mercurio en muestras biológicas (cabello, sangre, orina) y ambientales (agua y pescado), en algunos municipios priorizados por el departamento (Quibdó, Rio Quito, Catón de San Pablo, Itsminá y Codotó) por su exposición al metal. Los resultados revelaron que en todos los municipios analizados la media de los niveles de mercurio en sangre y orina superó los límites admitidos.

Además, las personas que expuestas por su trabajo tuvieron niveles de hasta 175,5 ug/l en sangre y la población expuesta ambientalmente presentó un máximo de 45,9 ug/l en sangre. En cuanto a orina, los mayores niveles se hallaron en la población ocupacionalmente expuesta, con valores entre 2 628 y 2 755.9 ug/l en orina. Estas cifras llaman la atención si se tiene en cuenta que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el límite de mercurio en sangre  y orina oscila entre 5 y 10 ug/l.

Algunas de las consecuencias del mercurio son acidez o ardor en el estómago, pérdida del apetito, trastornos del sueño, nerviosismo o ansiedad, temblor en las manos y dificultad para hablar. Igualmente, el mercurio se ha asociado con problemas motores, de visión, daño en la placenta de las mujeres embarazadas y en el sistema nervioso. El problema, como señala Luis Marrugo Negrete, es que “a pesar de la cantidad de noticias e información que hay, las poblaciones que viven cerca de los ríos, los mineros más pequeños aún desconocen los efectos del mercurio”.

En esto concuerda Claudia Gafner-Rojas, especialista en derecho ambiental internacional y colombiano, quien además ha liderado desde la Universidad Externado de Colombia diferentes investigaciones en este tema. Según Gafner-Rojas en la pequeña minería,  en general el minero no es consciente de las consecuencias porque no tiene acceso a la información y si lo es, sencillamente las ignora porque no tiene mejores alternativas. Esto  se acentúa debido a que las comunidades dedicadas a esta actividad habitan por lo general en regiones remotas, las extensas zonas del territorio nacional que presentan difícil acceso, como las áreas selváticas, muchas de las cuales han estado bajo el dominio de grupos insurgentes o al margen de la ley. Además, tienen poco o ningún acceso a otras oportunidades de empleo y el acceso a la educación o a la atención de salud es limitado o nulo.

No obstante, y como explica Gafner-Rojas, la solución al problema no está en promulgar más leyes. Como sucede con otros asuntos, en materia del uso de mercurio particularmente el Estado colombiano cuenta con normas expresamente dedicadas al tema, de las cuales se destaca la Ley de Mercurio. 

Concluye Gafner-Rojas que la raíz del problema puede estar en las deficiencias en la aplicación e implementación de la normativa y por otro lado, “en el fondo se trata de un problema social estructural de un Estado que no garantiza acceso adecuado a supervivencia y por supuesto, falta de educación y sensibilización”. El reto fundamental en este sentido consiste por tanto en “conciliar los intereses en conflicto que este tema suscita, es decir, los valores jurídicos de protección ambiental y de la salud pública en las zonas de explotación artesanal de oro, de una parte; y de otra, el derecho a la subsistencia de miles de personas que dependen de la minería de oro artesanal o en pequeña escala, también llamada pequeña minería de oro, empleando mercurio”.

Encontrando soluciones

En el año de 2013, Colombia adoptó la Ley del Mercurio que tiene como objetivo erradicar el uso del mercurio en todo el país y en todos los procesos industriales y productivos en un plazo no mayor a 10 años y para la minería en un plazo máximo de cinco años. Para lograrlo la ley contempla la transformación tecnológica como una salida eficaz.  En tres años de vigencia de la norma hay un par de iniciativas que están tratando de cambiar el uso de mercurio por otras alternativas

Una de ellas la lidera Marrugo quien trabaja con el Ministerio de Minas en un inventario nacional sobre dónde, cómo y quién utiliza mercurio en el país. Adicionalmente, el proyecto espera capacitar a decenas de mineros informales en el uso de otros métodos como la flotación para extraer el oro, sin necesidad de usar mercurio. No obstante, Marrugo es enfático en señalar que la educación del minero que está en el territorio es fundamental para hacerle contrapeso al problema.

Como enuncia Gafner-Rojas si bien lo ideal sería eliminar por completo y de inmediato el uso del mercurio en la minería artesanal, es necesario reducir los impactos, lo cual se puede conseguir mediante métodos simples y económicos, como el uso de retortas y campanas de ventilación para responder de manera inmediata, mientras se encuentran alternativas definitivas y sostenibles.

Así mismo, Alexis Rentería, jefe de laboratorio de Codechocó, señala que hay pilotos de extracción de oro, en el marco del proyecto Cero Mercurio, que a partir del uso de extractos vegetales que son originarios de las selvas chocoanas podrían disminuir el uso de mercurio en la región. No obstante, para Rentería el reto está en el proceso de transferencia tecnológica y en hacer a las comunidades participantes activos de los procesos que se quieren implementar.

La economía del país depende en gran medida de los recursos minero-energéticos. Pero, si el país quiere desarrollar todo su potencial en esta materia necesita hacer un esfuerzo por proteger a las poblaciones, así como la flora y fauna que viven cerca a los lugares de explotación de mercurio, este es uno de los llamados que hacen los expertos para consolidar un modelo más integral.

Artículo publicado por Alexa
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