- ¿Podrá el Estado doblegar a los infractores que se niegan a acatar la normatividad ambiental al interior del área natural protegida más importante de la cuenca alta del río Mayo?
- ¿Son los Acuerdos de Conservación y los negocios REDD garantía suficiente para detener la deforestación y degradación ambiental?
Toledín, le dicen Toledín. Lo encontré en su pequeña finca junto a la carretera que cruza uno de los sectores más frágiles y biodiversos del fantástico Bosque de Protección Alto Mayo, un área natural protegida de vital importancia para 250 000 habitantes de San Martín.
Toledín ─así le dicen desde que llegó hace más de 15 años a El Afluente, un caserío en medio de un bosque de nubes poblado por árboles gigantescos y una acumulación de helechos, bromelias, orquídeas de todas las formas y tamaños─ nos pide que lo llamemos por sus generales de ley: Joel Huamán Aguirre, de Celendín, Cajamarca, treinta y tantos años, flamante Secretario de Organización de las Rondas Campesinas de El Afluente, cultivador de orquídeas, hombre de monte.
La finca de Joel, paradojas del destino, se halla a pocos metros de la IIRSA Norte, vía de 955 kilómetros construida y concesionada por 25 años por la millonaria empresa fundada en 1944 por el patriarca Norberto Odebrecht, que hasta antes de su desplome internacional fuera dirigida por Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más ricos e influyentes de Brasil, actualmente en prisión por corrupción.
Joel es pobre, como pobres son los campesinos que viven dentro del Bosque de Protección Alto Mayo.
La conquista del Perú por los peruanos
Fue durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde (1963-1968) cuando se produjo la avalancha migratoria que convirtió a San Martín, una geografía caracterizada hasta entonces por sus esplendidos bosques nubosos y aguajales casi infinitos, en un archipiélago cubierto de campos de cultivos de maíz, arroz y otros productos de panllevar.
Para Marc Dourojeanni, analista en temas amazónicos y duro impugnador de las carreteras que se siguen construyendo en los bosques tropicales del planeta, fue la llamada Marginal de la Selva (actual IIRSA Norte) el detonante que impulsó la llegada de los miles de campesinos pobres provenientes de las provincias de Celendín, Cutervo, Chota y Jaén, en Cajamarca; Bagua, en Amazonas; y Huancabamba, en Piura, que, literalmente, transformaron el bosque sanmartiniense en un valle agrícola sumamente productivo.
Precisamente para proteger las cabeceras de la cuencas donde nacen los ríos que alimentan la zona de Alto Mayo y detener la ocupación a la mala del territorio, es que el Estado peruano creó, en julio de 1987, el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), un área natural de 182 000 hectáreas que pretendía proteger también la vegetación boscosa, la vida silvestre y el paisaje de uno de los bosques tropicales a mayor altura del mundo. “Un Bosque de Protección que existió por lo menos hasta el año 2000 solo en el papel ─me comentó en Rioja el biólogo Gustavo Montoya, jefe del área a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)─, un Bosque de Protección que nos ha tomado mucho trabajo construir”.
Los primeros años de “funcionamiento” del BPAM coincidieron con el arribo de una segunda oleada migratoria que se precipitó sobre San Martín durante las violentas décadas de los años ochenta y noventa. Con esos nuevos inquilinos, cargando seguramente todos sus sueños de progreso, debió llegar desde el lejano Celendín Joel Huamán. Lamentablemente para ellos, las tierras llanas y las laderas de la cuenca habían sido ocupadas por los campesinos que los antecedieron; no les quedó otra opción que tomar por asalto las pocas franjas marginales de ríos y quebradas que quedaban y los bosques primarios del Bosque de Protección Alto Mayo.
En otras palabras, tuvieron que pasar de ser campesinos pobres a invasores de tierras del Estado. Ese paso también lo dio Joel.
Allí empezó la pugna que enfrenta en estos días a los agricultores asentados dentro del BPAM y el Estado que no los reconoce como propietarios de los predios que ocupan y los acusa de ser los causantes de la intensa deforestación que se puede apreciar en el área. Según la periodista Nelly Luna, “el 22 % de lo deforestado en la Amazonía del Perú en la última década se concentra en San Martín. La superficie de bosques destruidos es equivalente a cinco veces el tamaño de Singapur”. Algo así como dos millones de hectáreas, si es que nos ceñimos a las cifras que propone Dourojeanni en su libro “Crónica forestal del Perú”. Para el estudioso el rango de deforestación en la región amazónica alcanzaría, en el mejor de los casos, los 8 millones de hectáreas impactadas. Y en el peor, los 20 millones. En otras palabras el 30 % de lo que alguna vez fue la “infinita” selva peruana ha sido deforestado.
Territorio ronderil
Para Segundo Calle Castillo, Sheguito, un contador público vecino de Nueva Cajamarca, ciudad de significativo nombre que se empezó a poblar en 1967 y ahora ocupa la segunda posición en el ránking económico de la región, muy por encima de Moyobamba, la capital de San Martín, los agricultores que viven dentro del BPAM son infractores que deben ponerse a derecho. Es decir, aceptar su condición de invasores y someterse a lo que indica el Plan de Manejo del área protegida: buenas prácticas agrícolas, deforestación cero y cuidado ambiental.
Calle es el presidente del Comité de Gestión del BPAM y desde ese puesto viene batallando para que las diversas instituciones del estado –SERNANP, Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público─ retomen el principio de autoridad perdido y se detenga el caos. “Los invasores ─dice con enfado─ están destruyendo el Bosque de Protección. Bajo el pretexto de la pobreza se dedican al tráfico de madera ilegal y a la venta de tierras”. Para el aguerrido defensor del BPAM se trata de un grupo de familias con mucha influencia sobre las rondas campesinas, la organización popular que ordena la vida social en estos territorios, cuya intención no es otra que apoderarse de lo que no ha sido bien administrado. “Estamos perdiendo el área a manos de traficantes de tierras y de cultivos ilícitos, calculo que el 40 % del Bosque de Protección Alto Mayo es tierra liberada, territorio en manos de la ronda campesina”, agrega a Mongabay Latam.
De las palabras, Calle ha pasado a los hechos. En la revista Datos Reales de Nueva Cajamarca ha declarado que algunas familias “estarían protegiendo con su accionar delictivo el cultivo y tráfico de alguna especie de estupefaciente” según lo manifestado por el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior en una reunión en las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para él esa es la razón por la que se oponen al ingreso de la fuerza pública y le han declarado la guerra a los guardaparques del SERNANP.
En efecto, desde que en septiembre del año pasado un grupo de 16 policías, 12 guardaparques y tres fiscales fuera retenido por una turba de más de 200 ronderos en el caserío El Carmen para ser golpeados a mansalva, ningún representante del Estado ha podido ingresar a la zona. “Se trata en la práctica ─agrega Calle─ de lo que ellos llaman sin ninguna vergüenza: ‘territorio ronderil’, un pedazo del Perú sometido a sus caprichos”.
“¿Qué esconden, por qué no quieren que ingresen a los territorios que dominan personas ajenas a las rondas?”, se pregunta Calle mientras va mostrando las imágenes en video que detallan la marcha durante cuatro horas de los guardaparques retenidos a la fuerza por la ronda, descalzos y maniatados, castigados por tratar de restablecer el orden en el área natural protegida. “¿Qué es lo que quieren que no se descubra?”, se pregunta con indignación.
Conservar para todos
“Los sacaron del BPAM en fila india mientras los iban azotando con sus pencas”, me dice el ingeniero Braulio Andrade, gerente del Contrato de Administración que la ONG Conservación Internacional (CI) firmó con el Estado peruano para coadministrar el Bosque de Protección Alto Mayo, una figura legal amparada por nuestra legislación ambiental. Los ronderos interceptaron a las autoridades cuando realizaban un patrullaje dentro del BPAM y en los forcejeos fue herida una campesina, lo que motivó la respuesta violenta de la población organizada. “El objetivo, hay que ser claros, era humillarlos”, enfatiza.
Andrade dirige un interesante proyecto de conservación en el área que ha permitido, entre otras cosas, captar fondos de Corporación Disney para ejecutar acciones que están evitando la deforestación del bosque. Lo que en la jerga técnica se denomina un negocio REDD+. Según datos de Conservación Internacional, el año 2008 hasta el 2014 las acciones que realiza el SERNANP, gracias al apoyo de la ONG, han podido detener la deforestación y reducir 4.4 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono, un volumen equivalente a retirar de nuestras polucionadas ciudades 926 000 autos durante un año.
El proyecto REDD+ en el Alto Mayo, el más eficiente en el sistema nacional de áreas protegidas, según el biólogo Gustavo Montoya, jefe del BPAM, ha generado ingresos anuales de 5 millones de soles que se utilizan para financiar las actividades de conservación en el área protegida y en su zona de amortiguamiento. Una de ellas es, precisamente, la firma y puesta en marcha de los exitosos Acuerdos de Conservación, un mecanismo por el cual los agricultores, la mayoría asentados al interior del ANP, se comprometen a cuidar el bosque a cambio de recibir la asistencia técnica que requieren para mejorar sus prácticas productivas.
Con Andrade y Montoya asistí al cierre de actividades anuales de la Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Alto Mayo Ltda. – COOPBAM, una asociación compuesta por 200 firmantes de Acuerdos de Conservación que logró exportar en el año 2015 un primer lote de café a Dinamarca y que al poco tiempo, gracias al apoyo de los técnicos del proyecto, obtuvo una importante certificación que los acredita como los primeros productores de café orgánico en un área natural protegida del Perú. Tamaño esfuerzo asociativo se ha traducido a la fecha en contratos con tostadores de café en Europa como Neumann Kaffee o compradores especializados como Joffreys Coffee and Tea.
Los agricultores asociados a la COOPBAM que conocí ese día se veían radiantes, con sus mejores trajes, jubilosos. Uno de ellos, Rosendo Becerra, del comité Juan Velasco Alvarado, uno de los 15 que conforman la cooperativa, sintetizó mejor que nadie el sentir colectivo: “Antes no teníamos oportunidades, no podíamos cumplir nuestros sueños. Por eso aceptamos ser capacitados y conservar el Bosque de Protección.
Vivir a salto de mata en el paraíso
“Estamos protegiendo el bosque ─prosiguió Becerra─ por eso nos quieren callar, por eso es que nos están golpeando, intimidando, quieren que nos rindamos”. El testimonio de muchos de los agricultores que entrevisté ese día fue el mismo: los campesinos que accedieron a firmar Acuerdos de Conservación son hostilizados por dirigentes y miembros de la ronda campesina. Segundo Calle mostró las copias de las denuncias policiales que los agredidos han hecho. “Es increíble ─contó─ la ronda primero te sanciona; si persistes te pasan por la cadena ronderil donde te dan de alma, a chicotazos. Si eres terco y continúas te llegan a multar hasta con 1500 soles, al final o te botan de tu casa o te tienes que ir solito”.
Por ellos me entero que Joel Huamán, dirigente en la actualidad de la ronda de El Afluente, fue uno de los primeros firmantes de estos acuerdos de conservación; el muchacho aficionado a las orquídeas accedió a cuidar el bosque (“no quería hacer cosas fuera de la ley”, declaró alguna vez) a cambio de la ayuda técnica requerida para implementar su orquideario y recibir turistas.
Cuando me vuelvo a encontrar con él le pregunto si es que no era uno de esos agricultores que, amenazados por su organización, abandonaron los acuerdos. No me responde, prefiere cambiar de tema. Insisto, “¿Te pegaron, Toledín?”. En eso llega Antonio Avellaneda Alva, presidente de la Ronda Campesina del caserío El Afluente, un agricultor de mirada grave y brazos de leñador. O de cafetalero del Bosque de Protección Alto Mayo.
Habla la ronda
“Queremos que nos excluyan del Bosque de Protección Alto Mayo ─dice en su relato Avellaneda, ocho veces demandado por la justicia por cargos vinculados al área protegida─ queremos recuperar nuestro territorio”. En el caserío El Afluente, me lo había comentado Joel, los vecinos más antiguos se instalaron a inicios de los años 80, antes de la creación del BPAM, cuando solo había una trocha. Algunos de ellos llegaron a pie desde Celendín o Cutervo. “Pedimos que se nos escuche, prosigue. Los periodistas y los ingenieros del SERNANP nos calumnian: ustedes son terroristas, narcotraficantes, delincuentes, de todo nos han dicho. Lo que quieren es aburrirnos para que abandonemos el bosque para entregárselo a una ONG extranjera. Ese es el plan, todo lo demás es cuento. Aquí no hay nada que ocultar, quien quiera venir a ver si hay amapola que venga, nosotros los vamos a dejar entrar y si encuentran a algún compañero metido en esas tonterías que lo detengan y lo juzguen. La ronda no protege a ningún delincuente”.
Y casi a dúo, Joel, el cultivador de orquídeas, y Antonio Avellaneda, el agricultor del bosque de nubes, me van contando su sueño mientras vuelvo a respirar con calma. Hoy nadie me va a devolver a tierra firme a punta de latigazos: “¿Sabe cuánta gente vive dentro del BPAM? Aquí somos más de 10 000 agricultores agrupados en más de 20 caseríos. Somos mayoría. No es como dice el SERNANP, ellos dan cifras falsas. Dicen que hay 1500 familias y que todas han empezado a firmar acuerdos, mentira. Le digo más: si esto fuera nuestro, como algún día tendrá que ser, aquí va a haber agricultura sostenible, con una hectárea tecnificada no habría necesidad de abrir más monte. Habría turismo, la ronda se encargaría de cuidar a los visitantes, lógicamente pagando lo justo por entrar a esta zona llena de vida. Si fuéramos, como dicen, traficantes de madera y de tierras este bosque que usted ve no existiría. Son más bien ellos los que apoyan a los infractores. Vaya usted a Aguas Verdes y verá la carretera que se ha hecho ilegalmente para llevar y traer no sé qué cosas del Candamo, allí sí que hay destrucción del bosque”.
Salvar el otro Candamo
Fuimos entonces a Aguas Verdes, la localidad dentro de la zona de amortiguamiento donde en el 2011 cientos de colonos del sector de Candamo del BPAM construyeron una trocha carrozable que fue imposible detener. La recorrí, muy bien afirmada, durante varios minutos. En los pueblos que existen en esa zona del BPAM, según el testimonio de Segundo Calle, el presidente del Comité de Gestión, no hay presencia del Estado por lo menos desde hace dos años. Es tierra de nadie. “Por esa carretera ilegal se llega al Candamo, una zona donde se sabe hay amapola. Para trasladar desde allá un quintal de café hasta la carretera un agricultor debe pagar por lo menos 240 soles”. Calle es clarísimo en sus denuncias: “vender café con esos sobreprecios es imposible, no tiene ninguna lógica”.
La carretera debe tener siete kilómetros de recorrido, por ella ingresan y salen los pobladores de San Pablo del Alto Mayo, Perla del Mayo, Triunfo y Paraíso, una seguidilla de caseríos dentro del BPAM donde impera la ley de las rondas. Llegar a esos lugares es cosa de intrépidos.
Según el contador Segundo Calle la situación es de tal gravedad que es urgente tomar decisiones radicales, una de ellas la declaración del estado de emergencia en el área, pedido que ha hecho en las últimas semanas a nombre del Comité de Gestión. “El Estado debe actuar de manera diferenciada en cada una de las zonas donde se han producido las invasiones; sobre todo en Candamo y en la zona media que incluye a los asentamientos de El Afluente, El Carmen y Jorge Chávez. Y no solo eso: se debe hacer vigilancia permanente en el puente Serranoyacu, en la carretera IIRSA de la que tanto se habla, ese puente los domingos es un mercado por donde pasan todo tipo de productos y madera en cantidad”, acota.
¿Qué hacer?
Definitivamente la situación podría seguir escalando en conflictividad si es que no se actúa con ponderación y en resguardo de la ley. Para el biólogo Gustavo Montoya, jefe del BPAM, la pelota está en la cancha de los infractores: “El tema para nosotros es claro: los campesinos que viven dentro del BPAM tendrían que hacer valer sus derechos con títulos de propiedad legítimos, se los hemos pedido. Obviamente, somos conscientes que muchos llegaron antes de la creación del ANP y eso les otorga derechos de posesión, pueden realizar sus actividades siempre y cuando estas sean armoniosas con la conservación de la naturaleza. El Estado reconoce los derechos adquiridos pero actúa en salvaguarda del ANP”. Para Montoya si los agricultores que se han puesto al margen de la ley y reclaman un territorio ronderil vuelven a firmar los compromisos que asumieron en el 2012 y aceptan lo que indica el Plan de Manejo del Bosque de Protección, SERNANP los recibirá con los brazos abiertos. “El Estado tiene la predisposición de dialogar y llegar a acuerdos con todos los pueblos que viven dentro del área protegida”, acotó.
Para el periodista Lenin Quevedo, director del influyente diario Voces, se trata de una bomba de tiempo creada por la falta de interés que tiene el cuidado del medio ambiente en la región. “Para la población de Tarapoto y Moyobamba, los problemas del día a día son otros; el BPAM no está en la agenda regional”.
La alcaldesa de Rioja, Mercedes Torres, no quiso ahondar en el problema cuando la buscamos en su despacho. Su ciudad vivía con intensidad los primeros días de su carnaval de febrero y prefirió evitar pronunciarse. Para el congresista César Villanueva de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), declarar el estado de emergencia no es lo más apropiado: “En San Martín hemos vivido 20 años en emergencia, pensar que la medida va a solucionar los problemas inmediatamente no es saludable”, comentó al inaugurar las discusiones de la Mesa Interinstitucional de Aguas Verdes, reunida en Rioja justamente para atender los problemas en el BPAM.
Ese día se volvieron a ver las caras Calle y los dirigentes de las rondas campesinas de El Afluente, Jorge Chávez y Paraíso del Alto Mayo. Los colonos dijeron que no había ninguna restricción para movilizarse por sus localidades y como muestra de los buenos deseos de todos la mesa acordó el ingreso del personal de salud a los poblados dentro del BPAM para realizar una campaña. Obviamente, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad.
Durante nuestro último día en Moyobamba buscamos al Dr. Manuel Noriega, gobernador regional de San Martín, un médico muy carismático acusado por Joel Huamán y los dirigentes de la ronda de El Afluente de haberles prometido durante la campaña electoral el oro y el moro, incluso un seguro ronderil. “Queremos solucionar el problema del BPAM, me dijo, el SERNANP ha querido desentenderse de sus obligaciones, ellos son los que están administrando esa zona, nosotros como Gobierno Regional estamos interesados en que se resuelvan las diferencias, pero que no nos trasladen la responsabilidad de un problema que hemos heredado”.
Quizás ese sea el camino. Restablecer el diálogo, volver a creer en la otra parte. Finalmente se trata de salvar un refugio de vida silvestre que viene resistiendo una ocupación salvaje y que, a pesar del olvido estatal, sigue siendo la despensa hídrica ─la fábrica de agua, al decir del jefe del BPAM─ para los miles de pobladores establecidos en toda la cuenca del río Mayo. “En el BPAM y en el resto del Alto Mayo ─terminó de decirnos Braulio Andrade, el gerente del Contrato de Administración CI-SERNANP─ se puede restaurar lo que se perdió. Hacerlo implica retomar el principio de autoridad y demostrar a los infractores que es posible iniciar una revolución productiva que mejore el nivel de vida de la población y garantice la salud del bosque. Muchos de ellos lo han entendido así”.
“¿Sabes cuál es mi sueño? ─me voy despidiendo de Joel Huamán, Toledín─ que mi Tony pueda vivir en estos bosques sin tener que esconderse de nadie. Nosotros no nos consideramos ilegales, somos posesionarios. Cuando ingresamos a estas tierras no había un letrero diciendo que aquí no se podía entrar. Estamos luchando para que se reconozcan nuestros derechos y no se destruya el bosque”.
Pienso: construir desarrollo en la Amazonía sin destruir los bosques parece una misión imposible. Décadas de proyectos fallidos, pobreza y deforestación galopante abonan a favor del pesimismo y la confrontación. Toledín, sin embargo, aprendió a valorar, en medio del conflicto, la belleza de las orquídeas del Bosque de Protección ─“mire esta foto, me dijo, es la Kovachi, la más bella del mundo, por aquí hay a montones”─ y a pesar de la radicalidad de la ronda y la actitud firme, y a veces incomprendida del SERNANP, sigue esperando que se solucionen las diferencias. Es momento de volver a hilar fino y poner en la agenda nacional el tema de los derechos de posesión de quienes se instalaron dentro de las áreas naturales protegidas de todo el país, ese bastión de biodiversidad y servicios ecosistémicos que todavía nos queda. Convertir a esos infractores en guardianes del bosque es el único camino que queda.
