- Están construyéndose cuatro represas en el río Teles Pires (un afluente importante del río Tapajós) para dotar a Brasil de energía hidroeléctrica y, posiblemente, para que sea el primer paso hacia la construcción de una vía navegable industrial para transportar soya y otras materias primas desde el estado de Mato Grosso, en el interior, hasta la costa atlántica.
- Dichas represas se construyen casi sin consultar a los pueblos indígenas afectados, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un acuerdo al que Brasil suscribió.
- Un rápido sagrado, conocido como Sete Quedas —el Cielo Munduruku— fue dinamitado en 2013 para construir la represa Teles Pires. Una serie de objetos sagrados ocultos en la zona también fue embargada por la empresa constructora y el Estado brasileño.
- Los indígenas consideran ambos sucesos como ataques despiadados a sus lugares sagrados y sostienen que esas profanaciones provocarán la destrucción de los Munduruku como pueblo (13 000 indígenas Munduruku viven en 112 aldeas, muchas de las cuales están a lo largo de la cuenca alta del río Tapajós y de sus afluentes en el corazón de la Amazonía).
La cuenca del río Tapajós se encuentra en el corazón de la Amazonía y en el centro de una controversia explosiva: construir más de 40 represas grandes, una vía férrea y rutas, y así transformar la cuenca en un corredor enorme de exportación de productos industrializados, o evitar este impulso de desarrollo y conservar una de las regiones más ricas biológica y culturalmente del planeta.
Aquellos que luchan por darle forma al destino de la cuenca tienen opiniones opuestas pero, como el Tapajós se encuentra en una región aislada, pocas de estas opiniones salen en los medios de comunicación. La periodista Sue Branford y el científico social Mauricio Torres viajaron hasta allí hace poco para Mongabay y, en las próximas semanas, esperan echar luz sobre el debate intenso que definirá el futuro de la Amazonía.
“Es tiempo de muerte. Los Munduruku comenzarán a morir. Tendrán accidentes. Hasta los accidentes simples llevarán a la muerte. Caerá un rayo y matará a un indígena. Caerá la rama de un árbol y matará a un indígena. No es casualidad. Todo se debe a que el Gobierno interfirió con un lugar sagrado”, afirmó Valmira Krixi Biwūn con autoridad.
Valmira Krixi Munduruku, como ha sido bautizada, es una guerrera indígena Munduruku que vive en la aldea de Teles Pires, junto al río del mismo nombre, en la frontera entre los estados brasileños de Mato Grosso y Pará. Como líder y mujer sabia, habla con gran seguridad sobre una variedad de temas, desde historias antiguas de su pueblo hasta los menjunjes a base de plantas en los que las jóvenes deben bañarse para transformarse en guerreras.
El lugar sagrado al que se refiere es una serie de rápidos conocidos como Sete Quedas, en el río Teles Pires. En 2013, el consorcio responsable de la construcción de una planta hidroeléctrica grande obtuvo una autorización judicial para dinamitar los rápidos a fin de abrir camino para la represa Teles Pires.
En 2013, las empresas participantes hicieron explotar Sete Quedas y, al hacerlo, destruyeron (según la cosmología de los pueblos indígenas de la región) el equivalente al Cielo cristiano, el santuario sagrado habitado por espíritus después de la muerte. Conocido como Paribixexe, Sete Quedas es un lugar sagrado para todos los Munduruku.
Dinamitar el Cielo
La destrucción de los rápidos sagrados fue un golpe mortal para los indígenas: “La destrucción con dinamita de un lugar sagrado es el fin de la religión y el fin de la cultura. Es el fin del pueblo Munduruku. Cuando dinamitaron la cascada, dinamitaron la Madre de los Peces y la Madre de los Animales que cazamos. Entonces, esos peces y esos animales morirán. Todo lo que se relaciona con nosotros morirá. Entonces, este el fin de los Munduruku”, explicó Eurico Krixi Munduruku, un anciano indígena apenado.
El mensaje de Valmira Krixi es igual de escalofriante: “Llegaremos a nuestro fin, y nuestros espíritus, también”. Es una doble aniquilación: en vida y en muerte.
En la actualidad, más de 13 000 indígenas Munduruku viven en 112 aldeas, muchas de las cuales están a lo largo de la cuenca alta del río Tapajós y de sus afluentes, incluido el río Teles Pires. Antiguamente, este grupo indígena ocupaba y dominaba completamente una región amazónica tan extensa que “en el Brasil colonial, toda la cuenca del río Tapajós era conocida por los europeos como Mundurukânia”, según explica Bruna Rocha, una profesora de Arqueología en la Universidad Federal del Oeste de Pará.
La repentina aparición de la explotación de caucho en toda la zona amazónica durante la segunda mitad del siglo XIX destrozó el poder de “Mundurukânia” y les quitó la mayoría del territorio a los Munduruku. “Solo se quedaron con fragmentos en la zona baja del Tapajós y una zona más extensa en la cuenca alta del río pero, aun así, era solo una fracción de lo que habían ocupado en el pasado”, comentó Rocha.
Ahora, hasta esos fragmentos se ven afectados seriamente por la planta hidroeléctrica que se construye a su alrededor. De las 40 represas propuestas para la Cuenca del Tapajós, cuatro ya están en marcha o se han terminado en el río Teles Pires. Estas represas son esenciales para una vía navegable industrial que transportaría soya desde el estado de Mato Grosso hacia el norte por los ríos Teles Pires y Tapajós, y luego hacia el este por la Amazonía hasta la costa para su exportación.
Tiempos pasados
Las 90 familias de la aldea Teles Pires, que visitamos, adoran hablar sobre el pasado, una época —según cuentan— en la que podían vagar a voluntad por el territorio inmenso para cazar y recolectar alimentos del bosque. En parte, estos recuerdos nostálgicos son imaginarios ya que, por al menos dos siglos (y quizás más), el pueblo ha vivido en comunidades fijas. Pero continúan recolectando muchos productos del bosque (semillas, corteza de árbol, fibras, madera, frutas y otros) para construir sus casas, alimentarse, fabricar puntas de lanza, preparar brebajes medicinales, etcétera.
Su territorio —el Territorio Indígena de Kayabi, que comparten (no siempre con alegría) con los pueblos Apiaká y Kayabi— fue creado en 2004. Extrañamente, el sitio sagrado de Sete Quedas quedó justo fuera de sus límites legales, un descuido que tendría consecuencias trágicas para los indígenas.
Con el correr de los siglos, los Munduruku se han adaptado bien a los cambios del mundo que los rodea, cambios que se han intensificado desde que tomaron contacto con el hombre blanco en el siglo XVIII. En algunas ocasiones, el pueblo incorporó fácilmente tecnología y elementos sociales nuevos a su cultura para aprovechar sus ventajas. El Museo Británico exhibe una pretina Munduruku “muy tradicional”, probablemente fabricada en el siglo XIX, hecha de algodón importado de Europa. Los indígenas notaron que el algodón era mucho más resistente que las telas que fabricaban con productos del bosque y lo incorporaron alegremente a sus prendas decorativas.
En la actualidad, esa costumbre continúa. Casi todos los jóvenes tienen celulares y valoran su utilidad. Pero, a veces, los Munduruku descubren (como muchos de nosotros en nuestras vidas citadinas) que la tecnología moderna puede fallar, lo que genera resultados frustrantes. Por ejemplo, los Munduruku instalaron un pozo artesanal en la aldea de Teles Pires y ahora tienen agua corriente en sus casas. Ese avance hace la vida más fácil, excepto cuando el sistema se rompe, que no es algo poco frecuente. Durante los cuatro días de nuestra visita, por ejemplo, no hubo agua porque la bomba había dejado de funcionar.
De forma similar, su religión también ha cambiado, al menos de manera superficial. Los frailes franciscanos tuvieron una misión (Missão Cururu) en el corazón del territorio Munduruku durante más de un siglo, y el catolicismo dejó su huella. Los Munduruku afirman, por ejemplo, que el creador del mundo —el guerrero Karosakaybu— formó a todos y a todo “a su imagen y semejanza”, tal como dice la Biblia.
Aun así, los indígenas tienen una identidad étnica fuerte, que protegen con vehemencia. Cuando les preguntamos si podíamos filmarlos, aceptaron, pero muchos insistieron en hablar en su propia lengua frente a cámara, a pesar de que podían hablar portugués mucho mejor que nuestro intérprete.
Además, su cosmología es sólida: cada indígena con el que hablamos compartía la creencia de Krixi Biwūn en el más allá y en la suma importancia de los lugares sagrados para garantizar la vida después de la muerte. Esta creencia es la base de su cosmología y es esencial para su existencia. Fue esta creencia fundamental la que ha estallado, lo que hace casi imposible una adaptación.
Las represas que el pueblo no quería
Los gobiernos nacionales están obligados a consultar directamente con los grupos indígenas antes de lanzar un proyecto que afectará su bienestar, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Brasil es signatario del acuerdo, por tanto, ¿cómo es posible que los lugares sagrados de los indígenas pudieran ser demolidos en el río Teles Pires para abrir paso a las represas amazónicas?
La respuesta es clara, según Brent Millikan, director del programa amazónico de International Rivers. Después de la aprobación de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu —uno de los mayores afluentes del río Amazonas— en 2011, el siguiente objetivo hidroeléctrico del Gobierno en la Amazonía fue el río Teles Pires. “Se están construyendo cuatro represas al mismo tiempo [allí]. Dos están cerca de los pueblos indígenas: Teles Pires y Sāo Manoel. La represa São Manoel está a 300 m del límite demarcado federalmente de una reserva indígena donde viven los Munduruku, los Kayabi y los Apiaká”, explicó Millikan a Mongabay. El lugar sagrado de Sete Quedas, fuera de los límites del territorio indígena, estaba en el camino de la represa São Manoel.
A diferencia de la construcción de la megarrepresa de Belo Monte, que fue cubierta ampliamente por la prensa brasileña e internacional, los “proyectos de Teles Pires fueron ignorados”, según sostiene Millikan. “Esto se debió a varios factores: el aislamiento geográfico, el hecho de que fuera menos ʻimpresionanteʼ que Belo Monte, y la poca participación de grupos de la sociedad civil, quienes suelen ayudar a grupos [indígenas] amenazados”.
Aun así, el Gobierno llevó a cabo una especie de consulta con la población indígena y con otros habitantes locales. El 6 de octubre de 2010, anunció en el boletín oficial que había recibido el informe de impacto ambiental para la represa Teles Pires por parte de la agencia medioambiental Ibama y que el público tenía 45 días para solicitar una audiencia pública durante la cual se podrían hacer preguntas sobre la represa.
La audiencia se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2010 en el pueblo de Jacareacanga. Si bien el evento fue organizado de manera muy formal, algo desconocido para la cultura indígena, se permitió la colaboración de 24 personas (casi todas indígenas). Según el Ministerio Público Federal (MPF), un órgano independiente de fiscales federales dentro del Estado brasileño, todos los oradores expresaron su oposición a la represa. Aun así, el proyecto siguió adelante. Con el tiempo, los Munduruku estaban cada vez más reacios a participar de estas consultas, ya que decían que sus opiniones eran simplemente ignoradas.
Aunque los Munduruku siempre se habían opuesto a las represas, no estaban preparados para el nivel de daño que han sufrido.
El cacique Disma Muõ nos dijo: “El Gobierno no nos informó. El Gobierno siempre habló de las cosas buenas que sucederían. No nos contaron las cosas malas”. Cuando los Munduruku protestaron, les respondieron: “El terreno pertenece al Gobierno, no a los indígenas. No hay forma de que los indígenas puedan evitar las represas”.
Esto es una verdad a medias. Si bien el territorio indígena pertenece al Estado brasileño, los pueblos indígenas tienen derecho al uso “exclusivo” y “perpetuo” de la tierra, según la Constitución brasileña.
Además, el Convenio 169 de la OIT establece que los grupos indígenas deben ser consultados en caso de sufrir algún impacto, aun si la causa del impacto está ubicada más allá de su territorio. Rodrigo Oliveira, asesor del MPF en Santarém lo dejó muy claro en una entrevista con Mongabay: “Como antes de que se autorizaran las represas ya era evidente que afectarían a los Munduruku y a otras comunidades, el Gobierno brasileño tenía la obligación de consultar a estos grupos de forma completa e informada en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”.
El Gobierno brasileño sostuvo repetidamente que sus audiencias públicas equivalían a la consulta “completa, informada y previa” requerida por la OIT, pero el MPF puso en duda esa afirmación. Demandó al Gobierno brasileño y, en varias ocasiones, los tribunales federales detuvieron los trabajos en la represa. Sin embargo, lamentablemente para los Munduruku y para otros grupos indígenas locales, cada vez que el MPF ganaba en un tribunal de primera instancia, los intereses poderosos del sector energético (tanto dentro como fuera del Gobierno) lograban revertir el fallo en una instancia superior.
Esto se debió en gran parte a que el Partido de los Trabajadores (que gobernó entre 2003 y 2016) había reinstituido un instrumento legal conocido como Suspensão de Segurança (Suspensión de Seguridad), que había sido instituido y utilizado ampliamente por la dictadura militar brasileña (1964-1985). La Suspensión de Seguridad permite que cualquier fallo judicial —incluso los basados en principios legales sólidos— pueda ser revertido en un tribunal superior sin más argumentos legales que una simple mención de “seguridad nacional”, “orden público” o “economía nacional”.
El fiscal Luís de Camões Lima Boaventura dijo a Mongabay: “Según los datos del MPF, solo respecto de las represas hidroeléctricas de la cuenca Teles Pires-Tapajós, logramos la victoria en el 80 % de las demandas, pero todos los fallos fueron revertidos por suspensiones”.
Según el fiscal Boaventura, la raíz del problema es que las autoridades brasileñas siempre han adoptado una mentalidad colonialista respecto de la Amazonía: “Diría que la Amazonía no ha sido considerada un territorio para ser conquistado. En su lugar, ha sido considerada un territorio para ser saqueado. La depredación es la norma”.
En lugar de incluir democráticamente a los Munduruku y de debatir las diferentes opciones para el futuro de la región del Tapajós, las autoridades federales impusieron las represas sin discusión alguna. La represa Teles Pires fue construida en tiempo récord (41 meses) y ya está funcionando. Según una entrevista reciente la represa São Manoel, programada para entrar en funcionamiento en mayo de 2018, también está en camino a completarse antes de lo previsto.
Casi todas las semanas, las aldeas indígenas locales sienten otro impacto proveniente de los proyectos grandes de construcción. Los indígenas señalan que la construcción de la represa São Manoel ha hecho que el río esté más sucio, turbio y sedimentoso. Aunque sus reclamos puedan ser exagerados, parece no haber mucha duda de que la vida acuática sufrirá un daño grave y a largo plazo. Esto es grave para un pueblo cuya alimentación se basa casi por completo en el pescado.
En noviembre, la crisis se desató en la forma de un derrame de petróleo en el río, posiblemente originado en el lugar donde se construye la represa, que privó a algunas aldeas de agua potable.
“Deberemos pagar el precio”
La destrucción de los rápidos sagrados Sete Quedas no fue el único golpe asestado a los Munduruku por parte del consorcio que construye la represa Sao Manoel. Los trabajadores también removieron 12 urnas funerarias y objetos arqueológicos de un lugar cercano, una violación directa a la tradición sagrada, que causó más daño espiritual. El cacique o líder Munduruku, Disma Mou, quien también es el chamán, explica: “Allí guardamos flechas, garrotes, cerámica, todo enterrado en urnas, todo sagrado. Muchos eran trofeos de guerra, colocados allí cuando estábamos en guerra y viajábamos de región en región. Nuestros ancestros eligieron este lugar para que sea sagrado y ahora se destruye por la represa”.
Francisco Pugliese, un arqueólogo de la Universidad de São Paulo, comentó a Mongabay que se había horrorizado con la conducta del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), el organismo encargado de la protección de lugares arqueológicos. Afirmó que el instituto había quebrantado la ley al eximir a la empresa hidroeléctrica de la obligación de trabajar con los Munduruku para determinar la mejor manera de proteger su lugar sagrado. Lo que es peor, el IPHAN había decidido que, como las urnas y del demás objetos habían sido encontrados fuera de los límites de la reserva indígena, eran propiedad del Gobierno y deberían enviarse a un museo.
“Imaginen lo que significa para un pueblo tradicional ver cómo se llevan a sus ancestros a un lugar con el que no tienen ningún vínculo emocional y al que ni siquiera conocen —señaló—. Es dentro de esta lógica perversa de desahucio que se lleva a cabo la investigación arqueológica en el contexto de la implementación de la represa. Exacerba el proceso de expropiación y la destrucción de las referencias culturales del pueblo, y refuerza el proceso de genocidio de los habitantes originales de la cuenca del Amazonas”, concluyó. Mongabay solicitó una entrevista con el IPHAN, pero no fue concedida.
Al anciano Eurico Krixi Munduruku le duele describir lo que significa este sacrilegio para el pueblo: “Nunca deberían haber tocado esas urnas. Y no será el hombre blanco quien pague por esto. Seremos nosotros, los Munduruku vivos, los que pagaremos en forma de accidentes, en forma de muertes… Nuestros ancestros los dejaron allí para que nosotros los protegiéramos. Era nuestra responsabilidad y hemos fallado. Ahora nosotros, los Munduruku, deberemos pagar el precio”.
El daño causado a la psiquis Munduruku por estas profanaciones tocó una fibra sensible como consecuencia de un operativo policial federal en 2012, denominado Operação Eldorado, durante el que murió un indígena. Krixi Biwun, hermana del hombre fallecido, nos contó sobre el espíritu de su hermano, que no descansa en paz: “Él se fue a Sete Quedas porque, cuando las personas mueren, allí es adonde nuestros ancestros las llevan para que puedan vivir. Pero ahora Sete Quedas está destruido, y él sufre”.
“El etnocidio continúa”
¿Hay alguna manera de seguir adelante para el pueblo Munduruku, una manera de revertir la blasfemia percibida por parte de la empresa y del Gobierno federal? Todos aquellos con quienes hablamos en la aldea están seguros de que, mientras las urnas y los demás objetos descansen fuera del lugar sagrado, habrá una catástrofe detrás de otra; hasta las heridas más pequeñas causarán la muerte.
Pero no es tan simple como devolverles las urnas a los indígenas para que puedan volver a enterrarlas. “No pueden devolvernos las urnas —explica Krixi Biwun—. Nosotros no podemos tocarlas. Deben encontrar una forma de devolverlas al sitio sagrado [sin nosotros]”.
Esto parece poco probable. En la actualidad, las urnas están en manos de la empresa Teles Pires, en la ciudad de Alta Floresta, a la espera de ser trasladadas a un museo por pedido del IPHAN. Mongabay solicitó ver los objetos, pero nuestro pedido fue rechazado.
Aun si las reliquias sagradas fueran devueltas a su lugar sagrado en uno de los rápidos a lo largo del río Teles Pires, ese alivio sería efímero. El siguiente paso en la apertura de la región a la industria agropecuaria y a la minería es convertir al Teles Pires en una vía navegable industrial con represas, embalses, canales y esclusas. Esto significará la destrucción de todos los rápidos del río, lo que no dejará ningún lugar sagrado.
El incansable MPF ha continuado con la lucha. En diciembre, ganó otra victoria en los tribunales, cuando un juez determinó que la licencia para la instalación de la represa Teles Pires —otorgada por la agencia medioambiental, Ibama— era inválida, ya que no se había consultado con los indígenas.
Una vez más, sin embargo, es posible que este fallo judicial sea revertido en una instancia superior mediante la “Suspensión de Seguridad”. Ciertamente, es probable que ningún fallo judicial sea respetado por el Gobierno hasta que el caso sea juzgado por el Tribunal Federal Supremo, lo que posiblemente lleve décadas. En términos prácticos, lo que decida el Tribunal será irrelevante, debido a que la represa Teles Pires ya está operativa, y la represa São Manoel comenzará a funcionar este año.
Los indígenas están indignados por la falta de respeto con la que los tratan. Una declaración hecha en conjunto por los Munduruku, los Kayabi y los Apiaká en 2011, y citada en el informe Ocekadi, plantea: “¿Qué diría el hombre blanco si construyéramos nuestras aldeas encima de sus edificios, de sus lugares sagrados y de sus cementerios?”. Según dicen los Munduruku, es el equivalente a demoler San Pedro en Roma para construir una planta nuclear o excavar la tumba de la abuela para construir un estacionamiento.
La investigadora, Rosamaria Loures, quien ha estado estudiando la oposición de los Munduruku a los proyectos hidroeléctricos, comentó a Mongabay que la experiencia de ellos revela uno de los puntos débiles de la sociedad brasileña: “El Estado-nación ha establecido una jerarquía de valores basados en criterios como clase, color y origen étnico. En esta clasificación, algunos grupos ʻcuentan menosʼ y pueden ser aplastados”, explicó.
Un indígena Munduruku, Marcelo, con quien hablamos dentro del territorio indígena, cerca del pueblo de Juara, expresó la misma idea en los términos gráficos de alguien que experimenta la discriminación todos los días de su vida.
“El etnocidio continúa en la forma en que las personas nos miran, en el modo en que quieren que seamos como ellas (dominando nuestras organizaciones), en el modo en que nos dicen que nuestra religión no vale nada (que la suya es la que importa), en el modo en que nos dicen que nuestra conducta es incorrecta. Están destruyendo la identidad del indígena como ser humano”.
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