- Una investigación de la ONG Global Witness descubre que en Honduras se vive uno de los niveles más altos de violencia contra los activistas ambientales: más de 120 muertes desde 2010.
- Los investigadores dicen que la culpa es principalmente de la corrupción del gobierno que rodea a los proyectos de desarrollo como presas, minas y plantaciones de aceite de palma.
- Su informe también destaca que algunas instituciones financieras internacionales tienen su propio papel en los conflictos relacionados con proyectos hidroeléctricos, al igual que las ayudas estadounidenses al ejército hondureño y los cuerpos de policía, que se han visto implicados en numerosas violaciones de los derechos humanos en el país.
Global Witness, ONG con sede en Londres, publicó un informe en el que examina la implicación de funcionarios del gobierno y las ayudas internacionales en conflictos violentos en proyectos de minería, hidroenergía, turismo y aceite de palma en Honduras. El informe, resultado de una investigación de dos años, incluye varios ejemplos y una serie de recomendaciones para los gobiernos de Honduras y Estados Unidos.
“Realizamos un informe anual para documentar la situación mundial, y el per capita de Honduras ha encabezado la lista durante los últimos años. Más de 120 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras desde 2010, así que queríamos investigar las razones que se esconden detrás de ello”, dijo Ben Leather, militante de Global Witness, a Mongabay.
El tema saltó a primer plano mundial en marzo de 2016, cuando Berta Cáceres, conocida activista hondureña que luchaba por los derechos de los indígenas y ganadora del premio ambiental Goldman, fue asesinada a tiros en su casa. Había estado recibiendo amenazas relacionadas con su trabajo con las comunidades que se oponen a la construcción de la presa de energía hidroeléctrica Agua Zarca en la zona occidental de Honduras. Entre los sospechosos arrestados en conexión con su asesinato se encuentran personas con vínculos con el ejército hondureño y DESA, la empresa tras el proyecto de la presa.
El nuevo informe de Global Witness, Honduras: The deadliest place to defend the planet (Honduras: el sitio más peligroso para defender el planeta), examina el caso de Agua Zarca y otros proyectos de presas hidroeléctricas en el oeste de Honduras, el de un complejo turístico con hoteles y de pistas de golf en el territorio indígena Garifuna a lo largo de la costa norte, y las actividades de minería y tala. Independientemente del lugar en el que se encuentren los proyectos en este pequeño país centroamericano de ocho millones de personas, emergen patrones similares de violaciones de los derechos humanos y de los indígenas.
Denuncias de corrupción
“Lo que hemos desvelado es que hay una cantidad horrible de corrupción en torno a estos megaproyectos, estos grandes proyectos de inversión, ya sea minería, sea hidroenergía, sea tala o sean proyectos de hoteles de lujo”, dijo Leather.
“Estos proyectos se imponen a las comunidades, que es por lo que se movilizan para empezar. Y luego, al mismo tiempo, la corrupción implica que los activistas pueden ser asesinados sin impunidad”, afirmó.
En algunos casos, las denuncias de corrupción llegan a los escalones más altos del gobierno de Honduras. Global Witness destaca el caso de Gladis Aurora López, presidenta del Partido Nacional en el poder y vicepresidenta del Congreso. Su marido, Arnold Castro, es director de una empresa que gestiona dos proyectos de presas hidroeléctricas muy discutidos en el departamento de La Paz en Honduras a los que se otorgó la licencia cuando López era miembro del Congreso.
Los activistas de la comunidad local también implican a López en la manipulación de un proceso de consulta relacionado con la presa de Los Encinos y alegan que ordenó la intervención violenta de la policía en una comunidad que oponía resistencia a la presa, según Global Witness. Varios miembros del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPAH) que se han opuesto activamente a la presa han sido atacados y asesinados.
Global Witness ha pedido al gobierno de Honduras que investigue y sancione a López. “Pensamos que sancionar a algunas de las personas de más alto nivel relacionadas con estos abusos enviaría una señal contundente de que el gobierno de Honduras no va a tolerar la corrupción y no va a tolerar esta violencia contra los defensores”, dijo Leather.
Mongabay no logró contactar con López antes de la publicación de este artículo. Sin embargo, en una carta a Global Witness, negó cualquier relación con los ataques contra los líderes y las comunidades que se oponen a los proyectos de presas hidroeléctricas. Según Global Witness, el marido de López también negó cualquier actividad ilegal por parte de su empresa y cualquier relación con los ataques.
En el caso de la presa Los Encinos, el problema empezó poco después de que el Congreso de Honduras otorgara su licencia, según el presidente del MILPAH, Felipe Benítez. El alcalde del municipio de Santa Elena, también asociado al Partido Nacional, empezó a ofrecer todo tipo de pequeños proyectos y ayuda a los miembros locales del partido, creando división y enfrentándolos con los líderes comunitarios y activistas que se oponen a las presas, dijo.
“Desde entonces, ha habido un grave problema de persecución, amenazas, acoso y difamación y un problema de criminalización”, dijo Benítez a Mongabay. Decenas de líderes de consejos de comunidades indígenas y miembros del MILPAH se enfrentan a cargos criminales relacionados con conflictos de territorio y proyectos de recursos naturales, según afirma.
Global Witness hace referencia a los asesinatos de tres activistas locales que se oponían a la presa Los Encinos; dos de ellos fueron mutilados. El propio sobrino de Benítez fue encontrado muerto en diciembre de 2015.
Dos meses antes, en octubre de 2015, Ana Miriam Romero, declarada opositora a la presa y líder del MILPAH afirma que ella y su cuñada fueron golpeadas por un grupo de policías, soldados y civiles en su casa mientras estos apuntaban con pistolas a sus hijos. Las dos mujeres estaban embarazadas en aquel momento y la cuñada de Romero sufrió un aborto a causa de los golpes, según informes a los que hace referencia Global Witness. En enero de 2016, la casa de Romero fue, supuestamente, objetivo de un incendio provocado en el que perdió la mayoría de sus pertenencias.
“Nos han perseguido y criminalizado y la situación aquí es terrible”, dijo Benítez. “Un grave peligro al que nos enfrentamos como defensores es que los derechos humanos no se respetan. Por ejemplo, 14 miembros del MILPAH han recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no hace mucho la policía disparó a Víctor Vásquez”.
Vásquez, miembro del MILPAH y presidente de uno de los consejos indígenas locales, recibió un disparo de la policía en la pierna el 13 de enero de 2017 durante el desahucio de una comunidad en otro municipio del departamento de La Paz, según Benítez e informes de un grupo de derechos humanos. Sobre el papel, Vásquez es uno de los beneficiarios de la solicitud de medidas cautelares de la CIADH. Benítez dice que se enfrenta a tres meses de reposo y recuperación a causa del disparo de la policía.
Participación internacional
Los partidarios de proyectos de presas hidroeléctricas parecen haber ido más allá de empresas locales y funcionarios del gobierno hondureño. Global Witness apunta a instituciones financieras internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial, la Corporación Internacional de Finanzas (IFC), como grupos con un papel en el sector hidroeléctrico de Honduras. Las instituciones multilaterales también han apoyado otros proyectos polémicos relacionados con ataques y asesinatos.
En 2009, la IFC invirtió 30 millones de dólares en Corporación Dinant, una gran empresa hondureña de aceite de palma y alimentación controlada por el poderoso terrateniente y magnate de los negocios Miguel Facussé hasta su muerte en 2015. Las plantaciones de aceite de palma vinculadas con Dinant y otros propietarios en la región del Bajo Aguán del departamento de Colón han vivido años de conflictos territoriales. Global Witness confirma que al menos 82 activistas que luchaban por los derechos de territorio en el área fueron asesinados durante 2010 y 2013.
Los asesinatos han continuado en los años siguientes. Cuando Global Witness entrevistó al líder de un grupo de trabajo especial (anónimo en el informe) que investiga asesinatos en la región, este reveló que han sido asesinadas muchas más personas de las que se había documentado.
“Su equipo investiga 173 casos de asesinato entre 2010 y 2013, de los cuales 18 o 19 son guardas de seguridad privados y seis no están relacionados con el territorio. Se cree que el resto, al menos 48 muertes, fueron [campesinos] asesinados en la batalla por defender su tierra”, relata el autor del informe.
Los trabajadores agrícolas locales y grupos de derechos sobre el territorio acusan a Dinant, otros terratenientes y las fuerzas seguridad de Honduras de participar en escuadrones de la muerte y grupos paramilitares que operan en la región y perpetran muchos de los asesinatos. Dinant y el ejército de Honduras niegan las acusaciones.
A causa de la implicación de la IFC, las organizaciones locales llevaron sus preocupaciones a la Oficina Asesor en Cumplimiento/Ombudsman del Grupo del Banco Mundial (CAO), que determinó en diciembre de 2013 que la IFC había violado sus propias normas ambientales y sociales cuando decidió financiar a Dinant. Como respuesta, la IFC y Dinant desarrollaron un plan de acción continuo para abordar las revelaciones del informe del CAO.
“El IFC trabaja estrechamente con Dinant y sus expertos externos para apoyar medidas que reduzcan la tensión en las comunidades en las que la empresa opera y trabaja hacia una coexistencia pacífica”, dijo por correo electrónico a Mongabay un portavoz de la IFC. Dinant ha adoptado nuevas políticas y procedimientos relacionados con la gestión de la seguridad, de los derechos humanos y la participación comunitaria, según el portavoz de la IFC.
A pesar de las nuevas políticas, se siguen dando alarmantes violaciones de los derechos humanos en la región de Aguán, según las organizaciones de derechos humanos hondureñas que hacen un seguimiento a la situación en la región. El 19 de junio de 2016, los jóvenes agricultores Allan Martínez y Manuel Milla fueron asesinados delante de decenas de personas en el campo de fútbol de la comunidad de Panamá. El 18 de octubre de 2016, el presidente del Movimiento Unido Campesino de Aguán (MUCA), José Ángel Flores, y el miembro del MUCA Silmer George fueron asesinados a balazos. La Plataforma Agraria, un grupo de convergencia de campesinos locales y organizaciones de los derechos territoriales, afirmó que los grupos paramilitares que operan en la región eran responsables de los asesinatos de junio y octubre.
Tres meses después de que Flores y George fueran asesinados, la situación sigue siendo la misma, según la Plataforma Agraria.
“No se ha arrestado a los autores materiales a pesar de la existencia de órdenes de arresto, según un informe de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán, así que el grupo paramilitar sigue operando en el asentamiento de La Confianza, sembrando el terror y el miedo entre la población”, escribió la Plataforma Agraria en una declaración del 19 de enero de 2017.
EE.UU. es el mayor accionista de la IFC y es un accionista con influencia en el Banco de Desarrollo Interamericano, señala Global Witness en su nuevo informe.
“Creemos que estas instituciones financieras internacionales, y sus principales accionistas, como los Estados Unidos, tienen un papel vital a la hora de asegurar que su dinero no se invierta en proyectos que acaban silenciando a los activistas”, dijo Ben Leather, militante de Global Witness. Añadió que primero deben asegurar una consulta significativa y el consentimiento de las comunidades afectadas, y también congelar la financiación si los activistas son amenazados.
La Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero del gobierno de los Estados Unidos (OPIC) también ha invertido 22,5 millones de dólares en el Banco FICOHSA, que ha apoyado a Dinant y otras empresas polémicas, apunta Global Witness en su informe. El informe también destaca el apoyo de la embajada de EE.UU. en Honduras para inversores estadounidenses en sectores conflictivos como la minería de la industria, y las decenas de millones en ayuda estadounidense para el ejército y las fuerzas policiales hondureñas, que se han visto implicadas en numerosas violaciones de los derechos humanos en el país.
Una de las recomendaciones del informe al gobierno de EE.UU., sin embargo, de “aumentar los fondos dedicados a la protección de los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil en Honduras”, fue seguida antes de que el informe se hiciera público. Solo unos días antes de que se publicara el informe, el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, anunció que Estados Unidos contribuye con 2,9 millones de dólares al mecanismo hondureño de protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Según un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., el país habla constantemente de sus preocupaciones sobre los derechos humanos con el gobierno hondureño y trabaja con este para abordarlas. La impunidad y la corrupción plantean desafíos significativos a las instituciones del país, pero el gobierno de Honduras ha demostrado la voluntad política necesaria para atajar los desafíos de seguridad y desarrollo, explicó el portavoz a Mongabay.
Capacidad de cambio pero falta de voluntad política
La voluntad política del gobierno de Honduras es un punto clave de discusión. En septiembre de 2016, el Departamento de Estado de EE.UU. certificó que el gobierno de Honduras cumplía con las condiciones sobre los derechos humanos que se pusieron para ayudar al país en la Ley de Asignaciones para el año fiscal de 2016. Ese avance recibió críticas de ONG y miembros del Congreso de Estados Unidos a causa de los continuos asesinatos y la impunidad. Más de 40 miembros del Congreso han copatrocinado la Ley Berta Cáceres de los Derechos Humanos en Honduras (HR 5474), un proyecto de ley propuesto para suspender toda ayuda a la policía y las fuerzas militares hondureñas hasta que se cumplan cinco criterios definidos claramente sobre los derechos humanos y la justicia.
Se sabe que, en el famoso caso del asesinato de Cáceres en marzo del 2016, siete sospechosos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas de Honduras y personal de la empresa de una presa hidroeléctrica han sido arrestados. Los desarrollos arrojan algo de luz sobre la cuestión de la capacidad y la voluntad del gobierno de Honduras de abordar las violaciones de los derechos humanos de forma efectiva, según Leather.
“Creo que por una parte, eso muestra que el gobierno de Honduras tiene capacidad para enfrentarse a esto, lo cual significa que se trata más de una cuestión de voluntad política”, dijo.
“Más allá del caso de Berta Cáceres, hay varios ejemplos en los que las autoridades han realizado arrestos, o por ataques a los defensores o por abusos de leyes en torno a la consulta a las comunidades, por ejemplo. Así que sí que tienen capacidad, pero aún no han mostrado la voluntad política de utilizar esa capacidad de forma generalizada, y sobre todo, de arrestar a los autores intelectuales de esos delitos”, afirmó Leather. “Y estamos convencidos de que en el caso de Berta Cáceres los autores intelectuales –los que ordenaron el ataque– no han sido arrestados, aunque celebramos el hecho de que algunos de los que dispararon lo hayan sido”.
El informe de Global Witness publicado el 31 de enero se centra en Honduras, pero fuerzas similares están en juego en toda América Latina. Este año ya se han dado casos de asesinatos de activistas que se oponen a las presas hidroeléctricas, la minería y la tala en Colombia, Guatemala, y México.
Como Berta Cáceres, Isidro Baldenegro recibió el prestigioso premio ambiental Goldman. Es líder de la comunidad indígena Tarahumara y campesino, y se le premió por su trabajo en la organización para proteger las montañas Sierra Madre de México de la tala ilegal. Después de años de amenazas, fue asesinado a disparos el mes pasado.
“Estaba amenazado por gente asociada con los taladores, que talaban en su comunidad. Estaba amenazado por el crimen organizado. También fue encarcelado por el estado mexicano con acusaciones que al final resultaron ser falsas”, explicó Leather.
“Creo que muestra la misma colusión entre el estado, las empresas y los elementos criminales para silenciar a los que exigen sus derechos”, dijo. “Diría que es así en toda América, aunque Honduras tiene los peores niveles de violencia”.
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