Comunidades que conservan el bosque local en El Salvador votan contra la minería

CINQUERA, El Salvador – No está lejos del pueblo, pero en medio de la estación seca, hay un paseo caluroso y polvoriento hasta el Parque Ecológico Bosque de Cinquera al norte de El Salvador. Los habitantes de Cinquera y sus alrededores se encargaron ellos mismos de proteger el bosque después del conflicto armado del país, que duró 12 años. A pesar de los continuos desafíos, sus esfuerzos son palpables incluso en la entrada del área de conservación de 19 millas gestionada de forma local, donde los árboles se alzan sobre un riachuelo.

“Somos tres guardaparques”, explicó Raquel Recinos, guardaparques de un pueblo cercano, a un grupo listo para hacer una visita. “Intentamos mantener las 5001 hectáreas [19 millas cuadradas]”.

Hay señales a lo largo de los caminos bien mantenidos que explican las diferentes vistas, pero no es un paseo ordinario por la naturaleza. Hay una lápida sin marcar al lado del punto donde se exhumaron restos humanos. Hay una zona de cocina exterior, donde los combatientes de la guerrilla utilizaban túneles para dispersar el humo y evitar alertar al ejército de su posición. Y también hay un campamento donde se trataba a los combatientes heridos y donde otros aprendían a leer y escribir.

En el pasado, todo estaba talado, dijo Recinos. Sin embargo, la población civil tuvo que huir de la región a principios de los 80, cuando las fuerzas armadas del estado llevaron a cabo masacres y bombardearon pueblos. Cuando la gente empezó a repoblar Cinquera en 1991, un año antes de que los acuerdos de paz detuvieran el conflicto, encontraron un bosque en recuperación que cubría las colinas. “Dijeron: ‘bueno, Cinquera es una nueva Cinquera’”, y decidieron conservar el bosque, explicó Recinos a Mongabay.

Los residentes del municipio de Cinquera se están encargando ellos mismos de proteger las tierras y los recursos de su pequeña zona de El Salvador ante la deforestación y las crisis de agua. Hace poco, el 26 de febrero, los residentes acudieron a las urnas en un referéndum municipal y lo votaron contra las actividades de la minería metálica.

El país más pequeño y con mayor densidad de población en Centroamérica, El Salvador, es también el más deforestado. Debido a su alta densidad de población y a las tierras volcánicas, gran parte de sus tierras se han dedicado a la agricultura, y las prácticas de roza y quema siguen siendo habituales, según informan los funcionarios del gobierno salvadoreño. La combinación de la deforestación y los cambiantes patrones de la lluvia, con más periodos de sequía últimamente, significan que cuando llega la lluvia, la tierra vegetal de los campos agrícolas se ve arrastrada hasta el océano Pacífico, según la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y la Restauración Ambiental, con sede en San Salvador.

“Debido a la demografía, incluso solo por eso, hay más presión sobre los recursos naturales”, dijo a Mongabay Ángel Ibarra, viceministro de ambiente y recursos naturales del país. “Tenemos un porcentaje más bajo de bosque y cubierta vegetal que los otros países [centroamericanos]”.

El país perdió el 6,2 por ciento de su cubierta forestal entre 2001 y 2015, según Global Forest Watch, y la cubierta forestal en el departamento de Cabañas, donde está Cinquera, se situó en un 8,6 por ciento durante el mismo periodo. Solo el dos por ciento de los bosques que existen en la nación son bosques primarios, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

“Pero lo importante de este asunto de la deforestación, que está relacionado con la pérdida de biodiversidad, relacionado con la pérdida de fertilidad de la tierra, y relacionado con las prácticas agrícolas no sostenibles empieza a ser tratado por el estado”, dijo Ibarra.

El año pasado, el gobierno salvadoreño lanzó una iniciativa ambiciosa para abordar la degradación ambiental de forma directa. El Plan Nacional para la Reforestación y la Restauración de los Ecosistemas y el Campo está empezando por centrarse en cinco áreas prioritarias, con un plan a largo plazo para reforestar o restaurar un millón de hectáreas para 2030.

“Eso es aproximadamente el 50 por ciento del territorio del país, así que no es una cosa pequeña”, dijo Ibarra. En el plan se incluye la plantación de árboles, pero no será reforestación pura, porque el 70 por ciento de las tierras del país ya se dedican a la agricultura, dijo. “Significa mejorar las prácticas agrícolas, significa agroecología, significa restauración de las cuencas y significa protección de la biodiversidad”.

Sin embargo, según Ibarra, el gobierno no será capaz de alcanzar sus objetivos solo —va a hacer falta un cambio en la cultura y la participación del gobierno municipal y las comunidades. “No tenemos una varita mágica para detener toda la deforestación”, dijo.

Ibarra y otros altos cargos estuvieron en Cinquera el 26 de febrero para observar y apoyar el referéndum sobre minería. A causa, en gran parte, de lo pequeño que es el país y de los desafíos ambientales, el brazo ejecutivo del gobierno cuenta con una moratoria que suspende todas las acciones administrativas en relación con la minería. No otorgan permisos ni licencias nuevas. A parte de minería de oro a pequeña escala en una región, en la actualidad no hay minas de metal activas en el país, y la moratoria y ha evitado que se pase de la fase de exploración a una de explotación.

La prohibición de la minería gana terreno

Después de años de acciones y campañas por parte de las comunidades y ONG organizadas en una Mesa Redonda Nacional contra la Minería Metálica, el antiguo presidente Antonio Saca, del partido de derechas ARENA, anunció una moratoria para nuevos proyectos de minería en 2008, hacia el final de su mandato. Los dos presidentes siguientes, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, actual presiente, mantuvieron las moratorias administrativas sobre las actividades de minería metálica por decreto ejecutivo.

Funes y Sánchez Cerén forman parte del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que debe su nombre a las fuerzas guerrilleras izquierdistas que formaron el partido después de los acuerdos de paz firmados hace 25 años. Debido a las acciones y campañas por todo el país, el FMLN incluyó una prohibición para la minería de metales en su plataforma, pero el partido no tuvo los votos necesarios para aprobar la ley con ese efecto hasta hace muy poco, después del referéndum en Cinquera.

El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dirigió una manifestación hasta la asamblea legislativa en la que se pedía a los legisladores que aprobaran una ley de forma permanente que prohibiera la minería de metales en el país. Los legisladores de GANA, ARENA y el FMLN —los tres partidos principales del país— recibieron a los protestantes y prometieron el apoyo de sus partidos. El 22 de marzo, el legislador Guillermo Mata del FMLN anunció que el comité ambiental multipartidista de la asamblea legislativa había aprobado el texto de una ley que prohibiría la minería metálica. El proyecto se votó y aprobó ayer, 29 de marzo.

Durante años, sin embargo, como las comunidades y las ONG no pudieron avanzar con los proyectos propuestos para prohibir la minería de forma nacional, se centraron en los mecanismos legales a nivel local. Si los residentes pueden conseguir firmas del 40 por ciento de los votantes registrados en su municipio sobre un tema que concierne a la localidad, las autoridades municipales deben convocar un referéndum municipal oficial, conocido como consulta popular en el Código Municipal de El Salvador.

Cinquera es el quinto municipio del país que celebra un referéndum sobre la minería. La iniciativa fue liderada por la Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal (ARDM), formada por miembros de la comunidad, en Cinquera, junto con otros grupos locales y nacionales. La ARDM también es la fuerza tras el Parque Ecológico Bosque de Cinquera y otros proyectos ambientales e iniciativas de desarrollo comunitario.

“Es un día histórico en nuestro municipio que se lleve a cabo este proceso de referéndum en Cinquera”, dijo Iván Hernández, presidente de ARDM, a Mongabay el 26 de febrero fuera de la oficina del alcalde, donde los residentes hacían cola para votar. Se establecieron otras tres mesas electorales en diferentes comunidades del municipio.

Al otro lado de la calle, Ibarra y otros altos cargos del gobierno hablaron en una rueda de prensa en el límite de la plaza central de Cinquera mientras se llevaba a cabo la votación. Algunos de los observadores nacionales e internacionales presentes para observar el proceso en el municipio se quedaron formando una línea detrás de ellos. Aunque la mayoría de observadores eran personas coordinadas por ONG, también estuvieron presentes algunos observadores gubernamentales de la Oficina del Defensor de Derechos Humanos en cada una de las mesas electorales.

“En mi capacidad de defensora del pueblo, estoy aquí para verificar el proceso del referéndum que los ciudadanos de esta región llevan hoy a cabo”, dijo a los reporteros Raquel Caballero, que dirige la oficina.

La oficina de Caballero apoya la participación local ciudadana para ayudar a la gente a decidir qué tipo de proyectos de desarrollo quieren en su municipio. Al mismo tiempo, su oficina y muchas otras oficinas del brazo ejecutivo y ministros del gabinete se oponen abiertamente a la minería metálica en el país.

“Los intereses económicos no se pueden poner por delante de la vida ni del medioambiente”, dijo Lourdes Palacios, vicesecretaria de participación ciudadana, transparencia y anticorrupción, en la rueda de prensa del 26 de febrero en Cinquera. “Los beneficios son lo único que interesa a algunas empresas que quieren convertir nuestro ambiente en El Salvador en nada más que una mercancía”.

Al final del día, más de la mitad de los votantes registrados habían participado en el referéndum en Cinquera, un municipio con una población total de menos de 2000 personas. Casi todos ellos votaron en contra de la minería. El alcalde de Cinquera, Pantaleón Carmelo Noyola, leyó los resultados con un sistema de sonido situado en el exterior de su oficina, y el recuento final provocó aplausos y algunos petardos de celebración.

En total, 526 de 997 votantes registrados votaron. Ocho personas votaron a favor de la minería, una papeleta fue nula y otra estaba en blanco. El otro 98,1 por ciento de los participantes votaron contra todas las actividades de minería metálica de exploración y explotación en el municipio de Cinquera.

“Me siento satisfecho y orgulloso porque es un compromiso bastante grande”, dijo Noyola a Mongabay poco después de anunciar los resultados del referéndum. “El proceso que sigue ahora es la preparación de una ordenanza [municipal]”, dijo. Su oficina enviará la ordenanza para que se publique en el boletín oficial del gobierno de El Salvador y la prohibición local de la minería se haga oficial.

Cinquera es el primer municipio del departamento de Cabañas que celebra un referéndum sobre minería. Los cuatro primeros que se han llevado a cabo desde septiembre de 2014 —en San José las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad, y Arcatao— fueron todos en el departamento vecino de Chalatenango. Noyola espera que sus colegas en los otros ocho municipios de Cabañas sigan su ejemplo.

“Es un ejercicio maravilloso, un ejercicio democrático”, dijo. “Insto a que [los otros alcaldes de Cabañas] trabajen en esto porque estarán trabajando para proteger la vida para las próximas generaciones”.

Vidalina Morales también espera que el proceso de referéndum se extienda en Cabañas. Ahora es presidenta de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) y ha participado en la lucha comunitaria contra la minería en la región durante más de una década.

“Hoy es un día especial para nosotros como residentes del departamento de Cabañas, ya que también es el departamento donde hemos iniciado la lucha por esta causa”, dijo Morales a Mongabay en Cinquera, a donde fue a apoyar el referéndum local.

Un árbitro internacional cambia las tornas para una empresa minera

Junto con comités ambientales comunitarios, Morales y ADES han estado en la primera línea de la batalla contra un proyecto minero en particular en Cabañas. Después de años de actividades de exploración, Pacific Rim, una empresa minera canadiense, planeaba avanzar con la mina El Dorado. Grupos nacionales y locales hicieron campaña activa contra los planes de la empresa y ejercieron presión sobre los funcionarios para que bloquearan el proyecto. En 2008, el gobierno salvadoreño negó los permisos ambientales y de exploración solicitados, citando preocupaciones ambientales y sanitarias.

En 2009, una de las filiales de Pacific Rim llevó el asunto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), presentando una demanda contra El Salvador. Desde entonces, Pacific Rim ha sido adquirida por una empresa minera australiano-canadiense, OceanaGold, pero la demanda ha seguido avanzando el el CIADI, un tribunal de arbitraje internacional radicado en el Grupo Banco Mundial en Washington, DC. Inicialmente, la empresa había pedido 77 millones de dólares, pero después aumentó su petición a 301 millones de dólares por los beneficios que alega habrían resultado de esa mina.

En octubre de 2016, el panel de arbitraje del CIADI tomó una decisión. Rechazó las alegaciones de la empresa y le ordenó pagar 8 millones de dólares a El Salvador por los costes legales en los que el país incurrió durante un caso que duró 7 años. En un comunicado de prensa del 14 de octubre de 2016, la empresa declaró que “OceanaGold revisaría el fallo del CIADI en detalle antes de evaluar los siguientes pasos en relación con su unidad comercial en El Salvador”.

El mes pasado, 280 uniones, centros de investigación, organizaciones ambientales y otros grupos de varios países enviaron una carta a la empresa exigiendo que “paguen y se vayan”. Exigieron a la empresa y sus filiales que dejaran El Salvador y cumplieran con los pagos establecidos por la sentencia del CIADI. Los costes y gastos legales del gobierno ascendían a más de 13 millones de dólares, señalaron.

OceanaGold tiene pensado cumplir la sentencia, según la propia empresa. “Seguimos comprometidos a seguir el proceso legal debido establecido por el CIADI y el Banco Mundial para estos asuntos y respetamos completamente la decisión anunciada por el CIADI en relación con los 8 millones de dólares en costes legales, eso no lo discutimos”, dijo un portavoz de la empresa a Mongabay por correo electrónico.

El retraso en el pago se debe a un asunto del CIADI, según OceanaGold. En diciembre de 2016, después de que se cerraran los principales procesos de arbitraje, el gobierno salvadoreño entregó otros documentos para una decisión suplementaria sobre la concesión. Ambas partes presentaron observaciones durante el mes de diciembre.

“El tribunal del CIADI está revisando esas consideraciones adicionales”, escribió el portavoz de OceanaGold. “Nos reservamos el derecho para la decisión del tribunal del CIADA sobre los documentos [del gobierno de El Salvador] y tomamos el tiempo permitido por el proceso del tribunal para la revisión”.

En su carta a la empresa, los 280 grupos también pidieron a Oceana Gold que atajara otros asuntos relacionados con la presencia de la empresa en el país: a lo largo de la última década, varios activistas locales contrarios a la minería han sido asesinados en Cabañas, entre ellos una mujer embarazada; otros informan de amenazas e intimidación. Las alegaciones de los activistas que dicen que la empresa y su predecesor están detrás de las amenazas y la violencia no han sido demostradas en un tribunal de justicia. Sin embargo, la mayoría de casos de amenazas y asesinatos no han derivado en ningún tipo de juicio.

“OceanaGold debería cooperar completamente en una investigación total e imparcial de los asesinatos y las amenazas que han tenido lugar en conexión con este conflicto a lo largo de los años”, decía la carta de las organizaciones escrita el 21 de febrero de 2017.

Morales dice que ha sufrido muchas amenazas a lo largo de los años y quiere que la empresa se vaya del país. “Esa es nuestra exigencia específica. Dos cosas: que [la empresa] pague los ocho millones y que haga las maletas y se vaya de El Salvador”, dijo.

Trabajar hacia un futuro sostenible

A menos de 30 millas al oeste del proyecto El Dorado de OceanaGold, los residentes trabajan para que la historia no se repita en sus tierras. Más allá del referéndum del 26 de febrero sobre la minería, trabajan por avanzar un tipo distinto de desarrollo a nivel local.

ARDM promueve prácticas de agricultura sostenible y dirige varios proyectos comunitarios, como un hotel, un museo de historia natural, una zona de protección y reproducción de iguanas y el parque ecológico forestal. Una de las principales prioridades del grupo es el medioambiente, según afirmó Hernández, presidente del grupo.

“Contribuimos a la protección de toda nuestra área natural”, explicó. El parque ecológico es un componente clave de los esfuerzos de conservación del grupo y ha tenido éxito en atraer visitantes salvadoreños e internacionales desde que abrió sus puertas al público en el año 2000. “Cada año el número de turistas que lo visitan aumenta”, dijo Hernández.

El parque también recibe visitas de incontables especies no humanas, y biólogos han llegado de San Salvador, la capital del país, para estudiar y documentar su vida silvestre. Raquel Recinos, guardaparques de la comunidad, se apresura a entrar en su pequeña oficina a la entrada para extraer las estadísticas de la biodiversidad del parque.

Según los estudios de los biólogos, explicó Recinos, hay 27 especies de mamíferos, 138 tipos de aves y más de 2000 especies de insectos, entre ellos 140 tipos de mariposas. Al preguntarle sobre los mamíferos, empieza a enumerar las especies, y un antiguo combatiente de la guerrilla que se está formando como guía para excursiones en el parque y escucha la entrevista añade otros. Su lista combinada incluye al ocelote (Leopardus pardalis), la paca común (Cuniculus paca), el pecarí de collar (Pecari tajacu), y muchas otras especies.

El Parque Ecológico Bosque de Cinquera está gestionado por lugareños, pero han tenido una buena relación laboral con el gobierno nacional en los últimos cuatro o cinco años, dijo Recinos. Ahora el gobierno financia una de las tres posiciones de guardaparques. No obstante, ARDM sigue siendo la principal fuerza detrás de la conservación local, dijo: “Intentamos hacer todo lo humanamente posible para proteger los bosques y la flora y la fauna”.

Citas:

• Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850–53. Data available on-line from:http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest. Accessed through Global Forest Watch on Marc 28, 2017. www.globalforestwatch.orgBanner image by Sandra Cuffe for Mongabay