- ¿Cuáles son los proyectos mineros que representan una amenaza para el Macizo del Cajas y su parque nacional?
- ¿Cuál son los ecosistemas que podrían ser afectados por la actividad minera?
Paúl Jarrín ha caminado el Macizo del Cajas incontables veces y cada vez que lo hace, vuelve a sentirse libre, completamente en sintonía con la naturaleza. No por nada cuenta, entre risas, que su padre siempre bromea al decir que su hijo antes de dormir en la playa, ya dormía en la montaña, y antes de cumplir un año, ya iba al Cajas a relacionarse con el agua y los páramos de ese macizo. Es por eso que él se identifica como un caminante del Macizo del Cajas. “Bastaría más de una vida para explorar el Cajas en su totalidad”, aseguró Jarrín.
Este macizo, ubicado al suroccidente del Ecuador, en la provincia del Azuay, forma parte de la Red Mundial de Reservas de Biósfera desde el 28 de mayo del 2013, y está integrada por el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Su extensa área incluye las vertientes Pacífica y Atlántica de la Cordillera de los Andes, así como territorios de las provincias del Azuay, Cañar, El Oro y Guayas, “es decir, posee páramos, humedales, manglares y ecosistemas marinos”, según información oficial de la declaratoria del Macizo del Cajas. Su zona núcleo incluye al Parque Nacional Cajas donde existen 71 especies endémicas —16 de ellas únicas de la zona— y más de 700 ojos de agua.
Además, dentro del macizo se ubica el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que abarca 3217 hectáreas y en donde nacen los ríos Bermejos y Tarqui, que alimentan a las comunidades de las parroquias de Victoria de Portete y de Tarqui.
A pesar de esta riqueza natural, el gobierno ha permitido el inicio de las operaciones de tres proyectos mineros conocidos como Río Blanco, Loma Grande y Rutas del Cobre, que interceptan con el Macizo del Cajas y su parque nacional. En un intento por frenar las actividades mineras a gran escala en su territorio, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó con 12 votos a favor y cuatro en contra, el pasado 22 de enero, una declaratoria que convierte al cantón en un lugar libre de minería, apoyada en 12 resoluciones para proteger sus fuentes de agua. Sin embargo, puede que esto no sea suficiente.
Según Iván Granda, Concejal por el Distrito Sur del Cantón Cuenca, con las concesiones de Río Blanco, Loma Grande y Rutas del Cobre el número de hectáreas entregadas por el gobierno ecuatoriano a mineras chinas y canadienses asciende a 16 000, es decir, tres veces el tamaño del área urbana de Cuenca. “En el Catastro Minero hay áreas que están pendientes de concesionar, dentro del Macizo del Cajas, y que representan 75 000 hectáreas más, aparte de las ya concesionadas”, aseguró Granda. “Eso llegaría a una superficie 11 veces mayor al área urbana de Cuenca”.
El gobierno ecuatoriano estima que estas tres concesiones generarían, en un lapso de 11 años, alrededor de 191 millones de dólares de ganancias al Estado y Cuenca recibiría 25 millones de dólares en regalías. Esto no representa ni el 5 % del presupuesto conjunto del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) y de las empresas públicas del cantón, explicó el concejal. “Si cada cuencano aporta 1,70 dólares por año, durante el mismo período, llegaríamos a más de 25 millones”.
El proyecto Río Blanco, localizado en la parroquia Molleturo, se encuentra dentro de un bosque protector e intercepta al Parque Nacional Cajas. Según información publicada por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, en el área se planea extraer más de 600 000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata, en un lapso de 11 años. La concesionaria a cargo de la empresa, Junefield Ressources Ecuador, de capital chino en su mayoría, empezó la explotación en agosto 2016.
Durante una caminata nocturna, Paúl Jarrín recordó una conversación que sostuvo con un comunero que vive frente al proyecto Río Blanco, quien indignado le contó que había visto las declaraciones oficiales del gobierno en las que sostenían que no existen personas viviendo en cinco kilómetros a la redonda de los proyectos mineros. El comunero molesto le dijo “yo no existo, mi madre no existe, mis plantas no existen, mis animales no existen”. Y no es el único testimonio que activistas como Paúl han recogido.
Cati Vallejo del colectivo Yasunidos —iniciativa formada por organizaciones ambientales, artistas y sobre todo jóvenes, que nace como respuesta frente a la decisión del presidente Rafael Correa de terminar con el proyecto Yasuní-ITT— también visitó esta misma comunidad localizada en la parroquia de Molleturo, a más de 3500 metros de altura. Vallejo narró que las personas de la localidad están preocupadas porque la minera ha colocado un polvorín, es decir, un cuarto con explosivos justo encima de un ojo de agua y muy cerca de la escuela de Río Blanco. También recordó que Río Blanco ha vivido una larga y complicada relación con el proceso minero, y que ya son cuatro las empresas que han pasado por ahí. “Hay muchos problemas allá porque están relegados de los beneficios que pueda dar el gobierno central o las municipalidades”, dijo Vallejo. Además, según Cati Vallejo, lo complicado es que la actividad minera ha dividido a los habitantes de las comunidades: “Ellos dicen que quieren una minería responsable y también a veces quieren que se vayan”. Algunos comuneros trabajan para los proyectos, cinco días al mes, realizando pequeñas tareas que les permiten ganar un ingreso. “Son unas comunidades que están viviendo en el páramo. Hace un montón de frío y el tema de la productividad es difícil por el clima”, explicó así Vallejo como la falta de oportunidades y el clima han obligado a algunos pobladores a buscar trabajo en las empresas mineras.
El proyecto Loma Grande, antes conocido como Quimsacocha, se encuentra dentro del Macizo del Cajas, en una caldera volcánica inactiva, ubicada a 30 kilómetros al occidente de la ciudad de Cuenca. Este proyecto minero, situado a 3750 metros de altura, está asentado en las parroquias de Baños, Tarqui, Victoria de Portete, Chumblín y San Gerardo (en los cantones de Cuenca, San Fernando y Girón), y afecta a los ríos Tarqui, Portete, Tutupali e Irquis, aseguró el Concejal Granda, en un área predominantemente agrícola, productora de queso y leche. Loma Grande, concesionado a la empresa canadiense I am Gold y en etapa de explotación, estima que las reservas de oro superan las 3,3 millones de onzas.
Ambas concesiones amenazan los bosques de vegetación protectora, que mantienen los ecosistemas y redes hídricas de la zona del Cajas, y donde hay una abundancia de esponjas de agua que alimentan los ríos Yanuncay y Tarqui. El primero de ellos es el que abastece la planta de tratamiento de Sustag, que capta 464 litros de agua por segundo que son distribuidos en Cuenca. “Si no conservamos y protegemos el agua, Cuenca tendrá problemas con el líquido vital para el año 2030, ya que no habrá suficientes fuentes de agua conservadas”, explicó Granda, citando a un estudio realizado en 2012 por ETAPA EP, empresa municipal de agua de Cuenca, para “verificar la gestión ambiental de los ecosistemas acuáticos y la calidad de agua de los ríos de Cuenca”, señala el documento.
Por su parte Catalina Albán, directora de la Comisión de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cuenca, expresó su preocupación por preservar las aguas subterráneas del sector, en especial porque estudios hechos en el 2015 determinaron que se debe establecer cuál es la calidad y cantidad de estas aguas subterráneas, dijo la directora. Además aseguró que el Ministerio de Minería ha entregado información incompleta, que no incluye detalles sobre el estado de las aguas subterráneas, contaminación, calidad del agua de estas fuentes, entre otros detalles.
Mongabay Latam contactó al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y al Ministerio de Minería para una entrevista, tanto por email como por teléfono. Sin embargo, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos redireccionó el pedido al Ministerio de Minería, quien por su parte explicó no tener, por momento, tiempo en su agenda para comentar al respecto del tema.
Una lucha que empieza en el campo
La lucha en contra de la minería empezó 15 años atrás en el cantón Cuenca, cuando las comunidades de Tarqui y Victoria de Portete alertaron sobre gente que ingresaba a la laguna y las montañas a hacer operaciones. Ellos son los que dan la voz de alerta sobre las actividades de minería.
Con el paso de los años, comunidades, como la de San Gerardo, se han cansado de protestar e incluso sus habitantes se han desmovilizado. “Están desgastados después de tantos años. Han sido encarcelados, insultados”, dijo la activista de Yasunidos, detallando que Victoria de Portete es la comunidad que más ha resistido. Sin embargo en Girón se llevó a cabo una consulta popular, estancada en la Corte Constitucional, y hoy la gente está dividida sobre el tema.
“Lastimosamente durante los últimos años, el gobierno y las mineras han ido comprando las conciencias”, asegura Paúl Jarrín. Para él, los comuneros vieron en la minería esa oportunidad económica que nunca antes tuvieron, luego de años de ser olvidados por los gobiernos locales y centrales. “Hoy en día la perspectiva está cambiando porque la gente ve como va pasando el tiempo y no ha pasado nada. Ven como los ojos de agua se han secado”, aseguró.
A pesar de esto, Jarrín y Vallejo creen que en Cuenca hay una pasividad enorme incluso luego de aprobada la declaratoria que ha transformado al cantón Cuenca una zona libre de minería. Paúl Jarrín lo atribuye a la falta de conocimiento de los cuencanos sobre el Macizo del Cajas, de su historia y su riqueza, esto a pesar de que el 70 % de los ciudadanos le ha dicho no a la minería en una encuesta, llevada a cabo por un consultor argentino entre enero y febrero de este año. “Uno defiende lo que ama y uno ama lo que conoce”, sentenció, sin dejar de repetir que Cuenca está hecha de agua y que no por nada los españoles la nombraron Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Las caminatas que realiza con el colectivo “Caminando con las Estrellas” son, para él, un arma de enseñanza a su comunidad sobre la importancia del Macizo del Cajas.
Granda continúa presionando para conseguir declarar la nulidad de las tres concesiones mineras, tanto en el país como en cortes extranjeras, sin embargo los procesos no han tenido éxito aún. El concejal argumenta que el cantón tiene derecho sobre el control de sus suelos, y que el Estado debe precautelar la conservación de las fuentes hídricas de la zona, es decir, ambas figuras deben compartir la responsabilidad de protección. Por su parte el Concejo Cantonal también planea contratar ayuda jurídica para presentar sus acciones legales.
Sin embargo, explica que el gobierno ha seguido adelante con estas concesiones, anclándose en el hecho de que la Constitución le da competencias exclusivas en los sectores estratégicos, en este caso la minería. “Pero la constitución no es un solo artículo, uno tiene que leerla en su conjunto y ver que las competencias del suelo están en el municipio, que las competencias ambientales están en las prefecturas”, argumentó Vallejo, coincidiendo con el concejal.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) detalla en el artículo 4 que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen competencia sobre “la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable”, y en su artículo 55 que estos tienen el derecho de “ejercer el control del uso y ocupación del suelo del cantón”.
“El uso del suelo nos pertenece”, insiste Granda.
Mientras tanto Paúl Jarrín sigue insistiendo en la importancia de crear alternativas a la minería para que así cada comunidad pueda desarrollar actividades sostenibles en el tiempo. “Hay un corazón latente de necesidades no resueltas”, aseguró. “La clave de este proceso es la organización social”.
Cuenca quiere seguir siendo sinónimo de agua. Y todo indica que sus pobladores y autoridades no están dispuestos a rendirse.
Foto de portada: Fabián Rodas.
