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Brasil: especuladores del Amazonas a punto de controlar vastas tierras públicas

  • En la Amazonía brasileña, la pavimentación de carreteras hace que los bosques sean mucho más atractivos para los ladrones de tierras, lo cual tiene como resultado una importante deforestación. El Plan BR-163 Sostenible de 2006 creó amplias franjas de territorio protegido —ocho nuevas unidades de conservación— para evitar el acaparamiento de tierras y la deforestación cerca de la vulnerable carretera BR-163 en el estado de Pará.
  • Desde el principio, los especuladores de tierras quisieron hacerse con una de esas unidades, el Bosque Nacional de Jamanxim, conocido como “Flona Jamanxim”. Han ocupado grandes áreas del Flona, convirtiéndolo en una de las unidades de conservación de Brasil con los peores problemas de desmonte ilegal.
  • La toma de poder de la administración de Temer en agosto de 2016, favorable para la agroindustria, envalentonó a los acaparadores de tierras. Al trabajar con la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria, consiguieron que Temer aprobara medidas provisionales en diciembre de 2016, desmembrando el Flona Jamanxim.
  • Tienen otras unidades de conservación en su punto de mira: en enero de 2017, el gobierno anunció planes para reducir unidades de conservación en el estado de Amazonas —desmembrando la Reserva Biológica de Manicoré, el Parque Nacional de Acari y los Bosques Nacionales de Aripuanã y Urupadi, entre otros. Si se aprueban, un millón de hectáreas perderán su protección ambiental.
Uno de los supermercados de Novo Progresso en la cadena de Ezequiel Castanha. Se dio su nombre a una operación de arresto de acaparadores de tierras y taladores ilegales. Foto de Mauricio Torres

(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También puede leer la serie de Mongabay sobre la cuenca del Tapajós en portugués en The Intercept Brasil)

La cuenca del río Tapajós se encuentra en el corazón de la Amazonía y en el centro de una polémica disyuntiva: por un lado, construir más de cuarenta grandes presas, una vía férrea y rutas para convertir la cuenca en un vasto corredor industrial para la exportación de bienes de consumo, y por el otro, frenar el impulso desarrollista y conservar una de las regiones más ricas en términos biológicos y culturales.

Los interesados en el destino de la cuenca del Tapajós tienen opiniones en conflicto, pero dado que se trata de una región aislada, pocas de esas opiniones llegan a los medios de comunicación. La periodista Sue Branford y el sociólogo Maurício Torres visitaron recientemente el lugar en representación de Mongabay, y en las próximas semanas irán arrojando algo de luz sobre el acalorado debate que moldeará el futuro de la Amazonía. Este es su undécimo reportaje.

 

Novo Progresso es un pueblo fronterizo en el estado de Pará, al norte de Brasil. “Aquí no tenemos robos”, nos dijo un taxista con orgullo a nuestra llegada. “Todo el mundo va armado”. Las armas se suelen esconder pero, en efecto, la mayoría de ciudadanos llevan pistolas, una realidad que es representativa del largo historial de violencia y anarquía de la región.

Fundado en 1991, Novo Progresso surgió alrededor de una pista de aterrizaje clandestina que se construyó para ofrecer una forma rápida de entrar y salir de esta región remota e inaccesible a los que ganaban dinero —a menudo mucho— con la minería y la tala ilegales. Las familias de campesinos también llegaron, aunque viajaban más lentos por la carretera BR-163 aún sin pavimentar.

Hoy el comercio es animado, aunque algunos propietarios de supermercados y hoteles están libres bajo fianza esperando un juicio por tala ilegal, acaparamiento de tierras y conspiración para cometer delitos —todos descubiertos en la Operación Castanheira en 2014, una operación federal que se llamó así por Ezequiel Castanha, dueño de la cadena de supermercados Castanha, que, como se descubrió, había conseguido más dinero a través de sus operaciones ilícitas que de las legales.

Ahora la presión de los especuladores de tierras de Novo Progresso —que trabajan con el grupo de presión de la agroindustria en la administración Temer y el Congreso Nacional— han empezado a desmantelar la extensa red de unidades de conservación, exponiendo millones de hectáreas de selva amazónica que actualmente está protegida a un embate de deforestación y desarrollo.

Unidades de conservación creadas en 2006 cerca de la carretera BR-163 antes del desmembramiento. Mapa de Mauricio Torres. Fuente ISA/Prodes-Inpe

Una carretera que atraviesa el Amazonas

La carretera BR-163 también es la calle principal de Novo Progresso, y en el momento álgido de la cosecha de soya, el sonido de cientos de camiones enormes retumba por el pueblo, levantando nubes de polvo asfixiante. No obstante, algunos habitantes están contentos con el ruido y la contaminación, dicen que señala el progreso para una región que había estado aislada.

Después de casi 45 años de espera, la carretera está casi pavimentada por completo y gran parte del cultivo récord de soya de Mato Grosso circula por la nueva ruta del norte para camiones y por agua hasta la costa atlántica, en lugar de llevarse miles de kilómetros al sur a los puertos de Santos y Paranaguá.

Cuando hicimos nuestra visita en noviembre, el tema de discusión más popular era si el Bosque Nacional de Jamanxim, conocido como Flona Jamanxim, iba a ser desmembrado.

Esa unidad de conservación, que cubre 1.3 millones de hectáreas, el mismo tamaño que Puerto Rico, se extiende junto a la carretera BR-163 al oeste de Novo Progresso. Se creó con otras siete unidades de conservación en 2006 como parte de un conjunto de medidas innovadoras de protección ambiental llamadas Plan BR-163 Sostenible diseñado en 2003 cuando se anunció la pavimentación de la carretera.

Una vez se establecen los bosques nacionales no se permite que las tierras en su interior se registren en nombre de personas privadas. Como resultado, un acaparador de tierras del Amazonas no puede ocupar una parcela, talarla, utilizarla y venderla por una gran suma. De modo que la “deforestación especulativa” —que pasa siempre que una nueva carretera se adentra en el bosque brasileño— cae drásticamente cuando este tipo de unidad de conservación se establece a su lado, aunque a menudo las unidades existen más en papel que en la realidad.

Sin embargo, cuando se creó el Flona Jamanxim, ya había algunas familias de campesinos dentro de la unidad y, comprensiblemente, eran reacios a marcharse. Eso dio a los especuladores de tierras ricos de Novo Progresso un pretexto para rechazar el Flona, y reunieron un gran apoyo a favor de su posición. Los especuladores, ya activos en la región, habían esperado el típico boom de tierras que había acompañado a otras carreteras y no aceptaban que el gobierno los excluyera de conseguir una fortuna con la invasión, desmonte y venta de tierras cuyo valor estaba aumentando rápidamente gracias a la pavimentación de la BR-163.

Organizaron protestas, bloquearon la carretera y publicaron blogs en los que afirmaban que el Flona había “congelado la región y evitado que los agricultores produjeran”. Exigieron que la unidad de conservación se eliminara o que se redujera su tamaño.

Deforestación en unidades de conservación federal en hectáreas según datos de octubre de 2016. Fuente: ISA/ICMBio
El Flona Jamanaxim antes y después del desmembramiento. Mapa de Maurício Torres. Fuente de los datos: Instituto Brasileño de medioambiente (IBAMA)

Los acaparadores de tierras atacan

Esta presión política llevó a una evaluación del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), el organismo que administra las unidades de conservación federal.

El estudio de 2009 de la agencia evaluaba la demanda de los especuladores de reducir el Flona y descubrió que, en contra de lo que ellos afirmaban, el 67 por ciento de las propiedades dentro de la unidad se habían creado después de la creación del Flona en 2006, y que el 60 por ciento de nuevos “residentes” no vivía en sus chacras. En otras palabras, los acaparadores de tierras ricos habían estado trabajando duro para hacerse con tierras públicas, deforestarlas y desarrollarlas.

La conclusión del ICMBio: una reducción del Flona “llevaría a un serio retroceso en la estrategia de conservación del gobierno, que tendría consecuencias impredecibles, no solo para el área del Flona, sino para otras unidades de conservación en la Amazonía, que inevitablemente sufrirían la presión de los propietarios de tierras, invasiones e intereses políticos”.

Sin embargo, el informe sí que recomendaba pequeños ajustes para satisfacer los reclamos de las familias de campesinos que vivían allí antes de 2006. Recomendó que un área de 35 000 hectáreas —el 3,7 por ciento del total— se retirara del Flona para ellos.

Eso no era lo que los especuladores querían y siguieron presionando al gobierno mientras seguían ocupando ilegalmente grandes áreas del Flona.

IBAMA y el ICMBio también presionaron e intentaron recuperar el control de la unidad. En 2008 y 2009 llevaron a cabo grandes operaciones policiales, incluso confiscaron ganado que se había criado en el Flona. Como resultado la tala de bosque dentro de la unidad se redujo de forma pronunciada en 2010, 2011 y 2012.

Sin embargo, en 2013 el ICMBio sufrió grandes recortes de presupuesto; los periódicos describieron la situación del instituto como “penuria”. Tuvo que abandonar buena parte de su trabajo de campo, y los acaparadores de tierras y taladores volvieron a su actividad habitual. El Flona Jamaxin aparecía cerca de la cabeza en la lista de las unidades de conservación del país con más problemas de desmonte ilegal de bosque.

Agentes de IBAMA avanzando por la selva con la esperanza de encontrar infractores en 2014. Actuaban como parte de la operación Ola Verde, que pretendía arrestar a acaparadores de tierras que habían talado árboles de forma ilegal dentro del Flona. Los recortes presupuestarios del gobierno redujeron significativamente los esfuerzos policiales en la zona aunque esta unidad de conservación ha sufrido gran deforestación a causa del acaparamiento de tierras. Foto cortesía de IBAMA
Árboles talados de forma ilegal dentro del Flona, documentados en la operación Ola Verde en 2014. Los árboles se suelen cortar como preparación para transformar tierras federales en pasto para ganado en el Amazonas. Foto cortesía de IBAMA

IBAMA y el ICMBio continuaron llevando a cabo operaciones puntuales, pero no pudieron detener una oleada de delitos contra la tierra. Imazon, un instituto de investigación, mostró que para 2016, el tamaño medio de una propiedad privada en el Flona había saltado hasta las 1843 hectáreas, una propiedad mucho más grande que la ocuparía cualquier familia de campesinos.

Hubo muchos conflictos violentos. Por ejemplo, en junio de 2016, cuando un equipo de IBAMA fue al Flona para combatir la tala ilegal, un policía militar fue asesinado. Jair Shmitt, coordinador general de supervisión ambiental en IBAMA, describió el Flona Jamanxim como “una de las unidades de conservación más violentas de la Amazonía”, situada en una región que tenía “asesinos profesionales involucrados en tala ilegal y en el robo de tierras públicas”.

IBAMA y el ICMBio no respondieron a las preguntas enviadas para este artículo.

El desmembramiento del Flona Jamanxim

La destitución de la presidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016 y la toma de gobierno por parte de la administración Temer, favorable para la agroindustria, envalentonaron a los especuladores de Novo Progresso. Se reunían regularmente en Novo Progresso y organizaban viajes a Brasilia para hablar con la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria.

Nos reunimos con Agamenom da Silva Menezes, presidente del sindicato rural de Novo Progresso y portavoz de los propietarios de tierras, en su oficina en el centro del pueblo justo después de que volviera de uno de esos viajes a Brasilia.

De buen humor a pesar de un viaje largo y agotador en autobús, nos contó que el problema con el Flona Jamanxim era su planteamiento original: “Este Flona se creó a toda velocidad. Ordenaron que se firmara sin seguir las normas apropiadas”. Sonriente nos aseguró que todo se iba a resolver pronto, ahora que había “una atmósfera más positiva” en Brasilia.

También estuvo dispuesto a contarnos su opinión sobre el medioambiente: “Brasil es pobre porque no deforesta. La palabra, ‘deforestar’, es una provocación. De hecho, lo que está pasando es una ‘alteración’ del bosque. El área [deforestada] no se deja vacía. Se utiliza para los cultivos, para los pastizales, para algo. Un bosque plantado sustituye al bosque nativo”.

Agamenom da Silva Menezes delante del edificio del sindicato rural en Novo Progresso. Ha trabajado duro, asociándose con el grupo de presión de la agroindustria para garantizar “una atmósfera más positiva” en Brasilia. En diciembre de 2016, el presidente Temer aprobó medidas provisionales para desmembrar el Flona Jamanxim que reclasificaban y reducían protecciones para 305 000 hectáreas y permitían que los acaparadores de tierras se quedaran los terrenos que habían adquirido de forma ilegal. Foto de Thais Borges

No todo el mundo en Novo Progresso está de acuerdo con Agemenom: nos reunimos con Lincoln Brasil Queiroz en su pequeño jardín con bonitas flores tropicales, un oasis a la sombre en el caluroso pueblo gris. Es uno de los pocos agricultores de la zona que tiene títulos de tierras legítimos porque su padre compró la propiedad al instituto de reforma agraria del gobierno federal, INCRA, en los 70.

Estaba preocupado por las consecuencias políticas del posible desmembramiento del Flona: “Si los ladrones de tierras ganan, los que han organizado la campaña se verán fortalecidos”, dijo. Enviará un mensaje perjudicial: “los que han seguido talando el bosque, ocupando la tierra de forma ilegal, serán premiados. Para la sociedad local, parecerá que compensa cometer delitos”.

El Ministerio Público Federal (MPF), la fiscalía independiente de Brasil, comparte sus preocupaciones. Con los rumores sobre la inminente reducción del Flona, el MPF presentó una demanda en la que pedía que el proceso de desmembramiento se detuviera y que hubiera “una intensificación en la supervisión” de la Flona. También exigía que los mataderos de la región asumieran responsabilidades por procesar ganado criado en tierras públicas desmontadas de forma ilegal.

Agemenom permaneció imperturbable ante las acciones del MPF, posiblemente porque sabía lo que estaba por llegar. En diciembre, el presidente Temer, con el apoyo del ministro de medioambiente, José Sarney Filho, firmó las medidas provisionales MP 756 y MP 758. Las acciones eliminaban parte del Flona Jamanxim, reclasificando la zona exigida por los propietarios de tierras como Área de Protección Ambiental (APA), una forma de unidad de conservación mucho menos restrictiva, y que permitiría a los que han robado tierras federales quedarse allí.

El grupo de Agemenom, que dicta la línea editorial del periódico de Novo Progresso, O Progresso, estaba exultante con las “buenas noticias”: “Con esto, esperamos que la región oeste del estado tenga un mayor desarrollo económico con la llegada de grandes inversiones tanto del sector privado como del público”.

Las dos medidas provisionales ya tienen fuerza de ley, pero podrían ser revocadas por el Congreso. Sin embargo, es poco probable que eso pase. De hecho, los recortes del Flona podrían ser incluso más graves: se han presentado 15 correcciones, de las cuales 10 proponen más reducciones en el Flona. Dos diputados —Zé Geraldo y Francisco Chapadinha, ambos de Pará— han pedido la desaparición del Flona Jamanxim, algo que, básicamente, abriría todo el bosque a los especuladores.

Lincoln Brasil Queiroz en su casa en Novo Progresso: “Si los ladrones de tierras ganan, los que han organizado la campaña se verán fortalecidos… Los que han continuado con la tala del bosque, la ocupación ilegal de la tierra, serán premiados. Para la sociedad local, parecerá que compensa cometer delitos”. Foto de Thais Borges

El Plan BR-163 Sostenible: muerto por los recortes federales

El desmembramiento del Flona Jamanxim ha significado la sentencia de muerte para el Plan BR-163 Sostenible diseñado hace 15 años para demostrar que la pavimentación de carreteras y la protección forestal pueden ser compatibles en el Amazonas.

Pero en realidad, el debilitamiento había empezado mucho antes. Según Brent Millikan, director del programa del Amazonas en la ONG International Rivers, el Plan BR-163 Sostenible fue desbancado rápidamente por el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de 2007, un programa ambicioso del gobierno para grandes inversiones en infraestructura.

En aquel momento la prioridad principal del Partido de los Trabajadores (PT) era permanecer en el poder, dijo, y para conseguirlo “formaron alianzas con grupos políticos y económicos que estaban interesados, sobre todo, en conseguir bienes públicos —dinero público, recursos naturales y esas cosas— y eso era absolutamente incompatible con los objetivos de Plan BR-163 Sostenible”.

Incluso antes del desmembramiento del Flona, el Plan había fracasado claramente. Según Juan Doblas, que supervisa la deforestación de la región para el Laboratorio de Geoprocesamiento en la ONG Instituto Socioambiental (ISA), “diez años después de licenciar el trabajo, la deforestación acumulada había alcanzado las peores proyecciones” que se habían realizado sobre el impacto de la pavimentación de la carretera en el bosque.

Según Doblas, “la situación habría sido mucho peor de no ser por la creación de las unidades de conservación”, pero, incluso ahora, ese beneficio está siendo revertido.

Mapa que muestra la deforestación de 2004 a 2015 en la Amazonía Legal, una amplia región designada por el gobierno brasileño. Cabe destacar como se evitaba que la deforestación se extendiera a través de la barrera creada por las unidades de conservación y reservas indígenas. Fuente: ISA/Prodes-Inpe

Sentar un precedente de desastre ambiental

La presidenta Dilma Roussef creó el precedente de reducir el tamaño de las áreas protegidas con medidas provisionales (MP); anteriormente hacía falta un proceso largo y complejo en el Congreso para reducir el tamaño de las unidades de conservación. Lo hizo con deseo de construir el gran proyecto hidroeléctrico São Luiz do Tapajós, y en 2012 ejerció su poder ejecutivo para redibujar las fronteras de las unidades de conservación que se interponían en el camino de la megarrepresa.

Aunque la destrucción de la presa São Luiz do Tapajós se ha detenido por ahora, el precedente de alterar los límites de áreas protegidas mediante MP quedó establecido, lo cual ha dado a Temer cobertura para su reciente decisión sobre el Flona.

En la nota técnica que publicó el Ministerio del Ambiente anunciando el desmembramiento del Flona Jamanxim, se hacía referencia a: “la gran disparidad entre las propuestas presentadas por el ICMBio y la Asociación de Productores”. El conflicto entre los dos grupos, dijo, había hecho que fuera imposible gestionar el Flona de forma efectiva.

El “atajo” que encontró el ministerio es reorganizar las unidades de conservación. En sus nuevas medidas, se toma un poco más de la mitad (743 000 hectáreas) del Flona Jamanxim. Entonces se da algo más de la mitad de esa tierra (438 000 hectáreas) al vecino Parque Nacional Rio Novo, una categoría con protecciones ambientales más estrictas. Sin embargo, las 305 000 hectáreas restantes se reclasifican como Área de Protección Ambiental en la APA Jamanxim, una clasificación mucho más débil que permite fácil acceso a los especuladores de tierras.

Al mismo tiempo, el ministerio se llevó parte del Parque Nacional de Jamanxim “para permitir el paso de Ferrogrão” , el nuevo tren de mercancías cuya construcción avanzó rápidamente el presidente Temer en 2016 para transportar soja y otros cultivos al norte para ser exportados.

Todos esos cambios en las fronteras son claros ejemplos de la subordinación de la conservación a los planes actuales de infraestructura y agroindustria del gobierno.

Paulo Carneiro, director de Creación y Gestión de Unidades de Conservación del ICMBio, admitió que el desmembramiento dañará al Flona Jamanxim, pero dijo que “estábamos siendo testigos de tal escalada en el conflicto [entre el ICNMBio y los propietarios] que toda la posibilidad de diálogo estaba quedando destruida”.

Sin embargo, otro empleado del ICMBio, está horrorizado ante el precedente que se ha sentado. “La reducción del tamaño del Flona Jamanxim muestra a los criminales que, si invaden y talan una unidad de conservación, pueden conseguir que se reclasifique y quedarse la tierra”, afirmó, de forma extraoficial. “Quiero saber si Brasilia vendrá en el futuro y nos ayudará a contener la invasión de más unidades de conservación, que seguramente sucederá”.

Doblas está de acuerdo. Dijo que el ICMBio se ha rendido ante las tácticas abusivas de los ladrones de tierras: “Cuando el gobierno declara una APA en la frontera de la expansión de la agroindustria, refuerza de forma efectiva una carrera especulativa en la que varios actores se pelean por la tierra —que se ve ahora como algo ‘robable’— y luego la desmontan y la ocupan”.

Puente sobre el río Jamanxim cerca de Novo Progresso en el estado de Pará. Las mejoras en la infraestructura de transporte en el Amazonas ofrecen un acceso más fácil a los bosques, lo cual atrae a ladrones de tierras que cortan árboles en territorio federal, a menudo para abrir espacio para la ganadería, un negocio muy lucrativo. Foto de Guto.1992 bajo las condiciones de la Licencia de Documentación Libre GNU versión 1.2

Se avecinan más pérdidas en conservación

Ahora que han probado la victoria, los especuladores de tierras parecen tener hambre de más.

Tienen otras unidades de conservación en el punto de mira: en enero de 2017, el gobierno anunció un plan para reducir de forma radical el tamaño de unidades de conservación en el estado de Amazonas que desmembraría la Reserva Biológica de Manicoré, el Parque Nacional de Acari y los Bosques Nacionales de Aripuanã y Urupadi, y eliminaría la APA de Campos de Manicoré.

Si esa propuesta sigue adelante, alrededor de un millón de hectáreas perderán la protección ambiental de la que gozan en la actualidad. En febrero, una carta abierta de 21 ONG de conservación pedía al gobierno brasileño que reconsiderara la propuesta.

Sin embargo, si nos basamos en la fuerza política, influencia y alcance del grupo de presión de la agroindustria, el cambio de en las propuestas parece improbable. De hecho, Eliseu Padilha, que dirige el gabinete de la presidencia de la república, ha sido también acusado de robo de tierras en otra unidad de conservación, el Parque Serra Ricardo Franco, en Mato Grosso.

Adriana Ramos, coordinadora de Políticas y Derecho en la ONG Instituto Socioambiental (ISA), contó a Mongabay que “la estrategia de la agroindustria, tal como ha expresado el Frente Parlamentario para la Agricultura y la Ganadería, es debilitar y neutralizar el alcance de la legislación ambiental y los derechos territoriales de los pueblos y comunidades tradicionales”. Lo que estamos viendo, afirma, es “un ataque a los derechos sociales y ambientales por parte de la agroindustria”.

Como era de esperar, los propietarios de tierras no lo ven así. En su entrevista con Mongabay, Agamenom da Silva Menezes, presidente del sindicato rural de Novo Progreso, dijo que la sociedad siempre ha progresado y que los cambios son inevitables. Acercándose a nosotros, preguntó: “¿Echáis de menos a los dinosaurios?”

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