- La usurpación de tierras y las granjas ilegales, incluso en las tierras públicas, vienen siendo, desde hace tiempo, un gran negocio en la Amazonía brasileña.
- En junio de 2016, la policía federal arrestó a una banda de ladrones de tierras. Antônio José Junqueira Vilela Filho, conocido como AJ Vilela, y Ricardo Caldeira Viacava, entre otros, fueron acusados de deforestar tierras públicas, 300 kilómetros cuadrados de bosque en total.
- Uno de los recursos novedosos que usó la banda fue una tecnología sofisticada que les permitía calcular cuántas hectáreas de bosque podían deforestar sin ser detectados por los satélites de control.
- Para octubre de 2016, sin embargo, AJ Vilela estaba fuera de la cárcel y en espera del juicio. En los informes no oficiales del estado brasileño Pará, recolectados en el lugar por Mongabay en noviembre, se afirma que la banda está haciendo lo mismo que hacía antes: está criando ganado de forma ilegal en las tierras públicas que había deforestado ilegalmente.
(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También puede visitar The Intercept Brasil) para leer en portugués la serie de Mongabay sobre la cuenca del río Tapajós.
La cuenca del río Tapajós se encuentra en el corazón del Amazonas y, a su vez, en el centro de una controversia cada vez mayor: decidir entre construir más de cuarenta enormes represas, un ferrocarril, y carreteras, lo cual convertiría la cuenca en una enorme ruta de exportación industrializada, o detener este impulso de desarrollo y proteger una de las regiones más ricas del planeta por su biología y cultura.
Aquellos que se esfuerzan por cambiar el destino de la cuenca tienen opiniones contrarias, y debido a que la cuenca de Tapajós es una región aislada, pocos de estos puntos de vista salen a la luz en los medios de comunicación. Mongabay envió recientemente al lugar a la periodista Sue Branford y al científico social Mauricio Torres, y en las semanas próximas se espera que puedan aclarar un poco esta polémica, la cual definirá el destino de todo el Amazonas. Este es su décimo informe.
Cada mes, un grupo de mujeres adineradas, quienes representan a algunas de las familias más exclusivas y poderosas de Brasil debido a las tierras que poseen, se reúne en São Paulo, en la Sociedad Rural de Brasil. Una de las principales veintitrés «mujeres de la agroindustria,» como se las conoce, era una sofisticada mujer de la alta sociedad que se llamaba Ana Luiza Junqueira Vilela Viacava, quien a menudo era la protagonista de la revista Vogue de Brasil. En 2012, esta mujer declaró: «Me gustan las tierras y la seguridad que me dan para el futuro».
En julio de 2016, Ana Luiza fue arrestada y acusada por usurpación de tierras. Una foto poco favorecedora de su cara sorprendida fue tomada por la policía luego de su detención y se publicó en la prensa nacional.
La mujer fue acusada durante la Operación Ríos Voladores (Operação Rios Voadores), una campaña para el cumplimiento de la ley que entró en vigencia el treinta de junio de 2016, la cual estuvo bien planificada y coordinada y se llevó a cabo por varias ramas del gobierno brasileño. El objetivo de dicha campaña era desmantelar a una poderosa banda de ladrones de tierras, quienes ocuparon y deforestaron ilegalmente enormes extensiones de tierras públicas cerca de Castelo de Sonhos, una ciudad situada en la carretera BR-163 en el estado Pará.
El grupo de ladrones de tierras del Amazonas estaba liderado por el hermano de Ana Luiza, un hombre de 39 años llamado Antônio José Junqueira Vilela Filho, conocido como AJ Vilela o Jotinha. El que estaba en segundo lugar en la banda era el esposo de Ana Luiza, Ricardo Caldeira Viacava.
El grupo estuvo activa durante años y deforestaron ilegalmente 300 kilómetros cuadrados de bosque (74 132 acres), un área cinco veces más grande que la isla Manhattan en Nueva York. Todos aquellos kilómetros cuadrados de bosque que robaron eran tierras públicas.
Esto es lo que convirtió a AJ Vilela en «la persona que más tierras ha deforestado en el Amazonas desde que comenzó el monitoreo de la deforestación», afirmó Juan Doblas, uno de los autores de un libro que se publicó recientemente y que trata sobre la usurpación de tierras y la deforestación llamado “Dono é quem desmata” (el cual se podría traducir de forma poco elegante como «el dueño es la persona que deforesta la tierra»).
Después de dos años de meticulosas investigaciones, la Operación Ríos Voladores llegó a su fin. Esto requirió de la ayuda de 95 policías federales, quince especialistas en impuestos y 32 empleados de IBAMA, la agencia federal brasileña que se dedica a proteger el medioambiente. Se autorizó que se intervinieran teléfonos y que se revisaran cuentas bancarias. La operación comenzó el pasado mes de junio cuando se emitieron 24 ordenes de arresto federal.
Al principio, solo se le pidió a Ana Luiza que prestara su declaración, lo cual no se pudo lograr, ya que ella estaba de vacaciones en los Estados Unidos. Sin embargo, durante los días siguientes, las escuchas telefónicas de la policía demostraron que la mujer estaba haciendo llamadas desde el exterior del país y que en ellas les pedía a personas en Brasil que destruyeran o que escondieran cualquier tipo de prueba que pudiera incriminar tanto a ella como a su hermano, quien aún estaba libre, a su marido en prisión, y a otros miembros de la banda.
Cuando el avión en el que viajaba aterrizó en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos el cuatro de julio de 2016, Ana Luiza fue arrestada. Pocos días después, su hermano, quien había estado prófugo, se entregó a la justicia.
Una vida llena de privilegios
AJ Vilela y Ana Luíza son los creadores de Antônio José Rossi Junqueira Vilela, conocido como AJJ, un importante y adinerado ganadero cuyos logros como criador de la raza Nelore han sido elogiados en los medios de comunicación de la agroindustria del país. Una revista influyente habló de él como «un modelo a seguir para alcanzar el éxito y del cual los demás ganaderos deberían aprender«.
AJJ se aseguró de que sus hijos alcanzaran el éxito; fotos de AJ Vilela y Ana Luíza aparecían a menudo en las columnas sociales más exclusivas de Brasil, en donde aparecían posando y sonriendo en inauguraciones de exhibiciones de arte privadas y desfiles de moda exclusivos, y se mostraban muy cercanos con los miembros de la alta sociedad. Un evento importante del calendario social de 2013, por ejemplo, fue el espectáculo extravagante que se realizó para celebrar el 35 cumpleaños de AJ Vilela, el cual tuvo lugar en su lujosa casa en Jardim Europa, uno de los vecindarios más exclusivos de São Paulo.
No obstante, a la vez que disfrutaba de la vida pública de una persona privilegiada de la alta sociedad, llevaba desmontando tierras de forma ilegal desde 2010, y se había apropiado ilegalmente de tierras públicas y las había deforestado para crear tierras para pastoreo de ganado desde 2016, utilizando a trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud.
En realidad, la riqueza de la que presumía el patriarca de familia AJ Vilela provenía de negocios poco agradables que se llevaban a cabo cerca de la empobrecida y lejana ciudad amazónica de Castelo dos Sonhos, un mundo lejos de la riqueza y de los alrededores bien relacionados de Jardim Europa en São Paulo.
AJJ, el cazafortunas
Para desenmarañar y entender mejor los antecedentes penales de AJ Vilela, hay que analizar la vida de su padre, Antônio José Rossi Junqueira Vilela, conocido simplemente como AJJ.
AJJ, como cualquier otro hombre en el Amazonas que ha triunfado gracias a su propio esfuerzo, tuvo su golpe de suerte en el estado de Mato Grosso en 1967, cuando con tan solo veinte años adquirió 10 000 hectáreas (24 710 acres) de las autoridades brasileñas, quienes no dudaron en desplazar a los pueblos tradicionales e indígenas y repoblar con nuevos habitantes el Amazonas. En aquella lejana y agreste región, AJJ «se propuso alcanzar el sueño de convertirse en un destacado y respetado criador de ganado«.
Mientras cumplía su sueño, trabajó por un tiempo en el estado de Rondônia, al suroeste de la cuenca del Amazonas, en donde se apodero de Yvypytã Ranch. Una vez allí, su nombre se vio relacionado con algunos hechos espantosos, aunque nunca se presentaron denuncias. En 1983 se le acusó de mandar a matar mineros que lavaban con bateas en busca de oro en sus tierras.En 1986, se le acusó de haber estado involucrado en un intento de asesinato a un grupo de indígenas aislados, que también estaban ocupando sus tierras, ya que trataron de envenenarlos con azúcar mezclada con arsénico.
Al regresar a Mato Grosso, AJJ se volvió “destacado y respetado”, pese a que alardeaba de que en sus comienzos como ganadero llevó a cabo una extensa deforestación: «Compré muchas tierras en Mato Grosso, cuando las tierras no eran costosas. Pagué una suma increíble de dinero. Algo así como un dólar por hectárea. Es por eso que compré grandes áreas, para luego inaugurar granjas y después venderlas. Durante ese tiempo, tenía la considerable cantidad de 200 000 hectáreas (494 210 acres)».
No solo deforestó sus tierras. Al final, le impusieron una multa de R$60 millones (US$20 millones) por deforestar tierras dentro del Cristalino State Park, lo cual, en aquel entonces, supuso la multa más grande efectuada por el gobierno del estado de Mato Grosso por un crimen de ese tipo.
Sin embargo, AJJ nunca pagó la multa. Aún más sorprendente, tal vez, fue el hecho de que recibiera financiación del estado para construir dos pequeñas centrales hidroeléctricas dentro del parque. El dinero vendría del Fondo para el Desarrollo de la Región Amazónica (FDA), (aproximadamente R$60 millones; o US$19 millones), del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) (R$10 millones; o US$3 millones), y del Banco da Amazônia (aproximadamente R$ 9.9 millones; o US$3 millones). AJJ recibió financiación del estado, a pesar de todos los informes sobre las irregularidades de los permisos concedidos para el trabajo, incluido el más obvio, que es el del permiso de licencia para construir una represa hidroeléctrica dentro de un área de conservación.
El caso fue analizado por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre proyectos hidroeléctricos a pequeña escala en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso, ya que se había alegado que las licencias del proyecto se habían conseguido con documentos falsos. Se informó de que, en aquel tiempo, AJJ daba un apoyo importante al gobernador anterior de Mato Grosso, Blairo Maggi, y de que las licencias fueron otorgadas como parte de un acuerdo político. En la actualidad, Maggi es el ministro de agricultura de Brasil.
El trabajo en la construcción de las represas fue interrumpido, sin embargo, el ganado de AJJ siguió apacentando dentro del parque a pesar de las demandas y de las multas. La impunidad abundaba en la región en aquel entonces, aun así, AJJ se las ingeniaba para vivir tranquilo sin cumplir las leyes.
De tal palo, tal astilla
Al parecer, AJ Vilela comenzó con sus actividades ilegales de deforestación en Pará en 2010 y 2011. IBAMA pronto se enteró de las actividades de tala rasa de AJ Vilela y le impuso grandes multas y, también, le prohibió continuar con cualquier tipo de actividad económica en dichas tierras deforestadas.
AJ Vilela siguió los pasos de su padre, y, de hecho, lo superó; hoy en día, AJ Vilela tiene el récord de la multa más grande impuesta en una persona por el IBAMA a causa de sus crímenes medioambientales. La multa es de R$332 765 736.50 (US$111 millones).
AJ Vilela siguió el ejemplo de su padre de otra forma, y, simplemente, hizo caso omiso a las multas. Esto no quiere decir que dichas multas lo hubiesen llevado a la bancarrota. De hecho, las multas ni siquiera llegaban a alcanzar una quinta parte de los R$1.9 mil millones (US$600 millones) que pasaron por sus cuentas bancarias entre 2012 y 2015, según indicó el Ministerio Público Federal (MPF), formado por los fiscales independientes de Brasil.
Casi a nadie le sorprende que no haya pagado las multas. «¿Has escuchado alguna vez que un miembro del crimen organizado pague sus multas?», respondió Luciano Evaristo, jefe de la protección medioambiental, cuando se le preguntó si AJ Vilela pagó alguna vez alguna de las grandes multas que se le han impuesto.
Así que, al igual que su padre, AJ Vilela ignoró los contratiempos, cultivó nuevos pastizales, llevó ganado allí y siguió deforestando la selva. Cuando finalmente fue arrestado en la Operación Ríos Voladores, más de cuatro años después de que comenzaran sus actividades ilegales, y después de dejar más que claro que no tenía intenciones de detenerse, había deforestado unos 300 kilómetros cuadrados (74 132 acres).
Las consecuencias sociales y medioambientales
AJ Vilela y sus actividades ilegales dejaron una huella de destrucción medioambiental y social. Durante nuestro viaje a la cuenca del Amazonas el pasado noviembre, las personas nos contaron la violencia que ejercieron AJ Vilela y sus hombres armados para imponer su dominio aterrador en la región y también nos contaron que las autoridades han fracasado durante muchos años a la hora de detener a la banda y de hacerlos responsables de sus crímenes.
Muchos granjeros, desde pequeños propietarios de tierras hasta familias de campesinos, hablaron sobre la forma violenta e ilegal de la cual las personas habían sido expulsadas de sus tierras. Un granjero campesino, quien quiso darnos información extraoficial por razones comprensibles, nos contó lo siguiente: «El hombre que labraba estas tierras antes fue expulsado por fuerza bruta. Fueron AJ Vilela y su banda quienes lo hicieron. Dispararon. Cualquiera que se atreviera a regresar era asesinado. Por eso las personas le tienen miedo a AJ Vilela y a su banda. Basta con mencionar su apellido para que las personas comiencen a temblar de miedo. Todo esto es porque son crueles y despiadados».
En una ocasión, AJ Vilela fue llevado ante los tribunales por tentativa de homicidio. Él y sus secuaces fueron acusados por tender una emboscada y disparar a un trabajador rural que no poseía tierras, Dezuíta Assis Ribeiro Chagas, quien trabajaba pacíficamente cerca de una granja que le pertenecía a la familia de Vilela en Pontal do Paranapanema.
Según los comunicados de prensa, «la Policía Federal grabó una conversación en la que el abogado de AJ Vilela le decía que se deshiciera de las armas que se usaron en el crimen». Lo siguiente es parte de la transcripción de la grabación:
Abogado: Ellos [AJ Vilela y sus secuaces] podrían ser citados a declarar o incluso podrían ser arrestados.
AJ Vilela: De acuerdo.
Abogado: Asegúrate de deshacerte de las herramientas [termino de la Policía Federal para referirse a las armas].
Mongabay se enteró de que el caso, el cual se había suspendido por falta de pruebas, hace poco se abrió de nuevo.
La esclavitud en el Amazonas
Además de las acusaciones de robo y la deforestación de tierras, AJ Vilela y su cuñado, Ricardo Caldeira Viacava, fueron acusados de esclavizar a sus trabajadores y no cumplir las leyes laborales.
Viacava, el esposo de Ana Luíza, también proviene de una familia adinerada de São Paulo, la cual consiguió su fortuna gracias a la ganadería. Su padre, Carlos Viacava, fue ministro de finanzas durante el gobierno militar del general João Baptista Figueiredo y es propietario de grandes granjas. Carlos Viacava, expresidente de la Asociación de Criadores de Nelore de Brasil, fue elegido por la revista Dinheiro Rural como una de las 100 personalidades más influyentes en el negocio de la agroindustria en 2016.
IBAMA comenzó sus investigaciones al mismo tiempo que investigaba la Operación Ríos Voladores. Dicha investigación llegó a su fin cuando se acusó a AJ Vilela y a Ricardo Viacava por mantener en condiciones «similares a la esclavitud» a trabajadores que se contrataron para deforestar los bosques. Según las denuncias presentadas por el MPF, los trabajadores «comenzaron a deforestar el bosque a las 4:30 de la madrugada y solo detuvieron su trabajo a las 5:30 de la tarde» y fueron «obligados a arduas horas de trabajo».
Curiosamente, AJ Vilela y Ricardo Viacava no fueron descubiertos por el sofisticado sistema de vigilancia que usa el gobierno federal para controlar la tala ilegal en el Amazonas en el que se utiliza el sistema de geomonitoreo «en tiempo real», sino por los indígenas Kayapó, una comunidad del Amazonas que ha desarrollado su propio sistema de vigilancia, el cual es más efectivo que el del gobierno federal aunque algo menos tecnológico, para controlar lo que ocurre en su territorio.
Más listos que las imágenes satelitales, pero no que los indígenas
Las imágenes satelitales son capaces, por naturaleza, de solo grabar cuando se hace daño a un bosque luego de que esto haya ocurrido. La teledetección satelital solo detecta cambios en la vegetación después de que el bosque haya sido talado y de que se haya hecho resaltar la tierra sin árboles. Luego de que esto suceda, suenan las alarmas y se envían equipos de inspección al lugar para que confirmen la devastación. Sin embargo, para ese entonces, los arboles ya han sido talados y raramente hay alguna señal de la esclavización de los trabajadores que a menudo se contratan para llevar a cabo la tala.
En 2014, una banda encabezada por AJ Vilela comenzó a talar un área de 14 000 hectáreas (34 595 acres) en la frontera del Territorio Indígena Baú, que pertenece al grupo indígena Kayapó. La banda organizó veinte campamentos, cada uno con diez trabajadores, y los distribuyó a lo largo del área.
Dirigieron una operación que sería invisible ante los ojos de los entrometidos satélites. Trabajadores con motosierras talaron el sotobosque y algunos árboles grandes, pero dejaron la cantidad necesaria de árboles grandes intactos, ya que, de este modo, mantienen el dosel intacto para que los satélites no detecten áreas sin árboles.
AJ Vilela, empresario sofisticado además de delincuente, contrató a unos expertos en geomonitoreo para que informaran a sus capataces en el área la cantidad especifica de arboles que podían talar sin correr el peligro de ser capturados por los satélites. «De esta manera, el sistema de geomonitoreo no emitía alertas de deforestación y, sin alertas, no había razones para visitar el área», explicó Evaristo.
Cuando terminaban de talar el sotobosque, recién podían talar los arboles grandes que quedaban. En ese momento los satélites detectaban el daño, y para el momento en el que el IBAMA llegaba al área, los ladrones de tierras ya se habían ido.
A pesar de todo esto, la pandilla subestimó la habilidad de control territorial de los indígenas Kayapó.
Evaristo nos contó lo siguiente: «Los Kayapó vinieron a Brasilia a informar sobre la terrible deforestación que se estaba llevando a cabo en la frontera de su territorio y exigieron que se tomaran las medidas necesarias».
El informe de los Kayapó tomó por sorpresa al gobierno, ya que su sistema de geomonitoreo no estaba registrando ninguna actividad de deforestación en el lugar en el que ellos dijeron que estaba sucediendo. El IBAMA no dudó en mandar investigadores al lugar, incluido el director de protección ambiental. «Los indígenas nos llevaron directamente a cinco campamentos, y allí encontramos 44 personas trabajando en condiciones similares a la esclavitud», contó Evaristo.
El director quedó asombrado por la habilidad que tienen los indígenas para monitorear el bosque. «Los indígenas tienen un efectivo sistema de información, y las diversas aldeas utilizan la radio para comunicarse entre ellos sobre lo que está pasando», agregó Evaristo. «De este modo, siempre saben lo que está sucediendo en su territorio».
El descubrimiento de mano de obra esclava en los campamentos de tala de árboles llevaron a las autoridades a intensificar su investigación y a ampliar el alcance de la investigación en curso Operación Ríos Voladores.
¿Ha cambiado la situación en la actualidad?
El padre de AJ Vilela, AJJ, nunca fue castigado por sus actividades criminales, a pesar de que se le impusieron multas muy grandes, pocas de las cuales el alguna vez pagó, y de que se hayan presentado demandas en su contra.
Ana Luiza fue, según se informa, liberada el veinte de julio, después de haber pasado dos semanas en prisión. AJ Vilela estuvo tras las rejas un tiempo más largo, ya que fue liberado en octubre de 2016. La familia entera ha desaparecido de las columnas sociales. Los juicios están en curso. La justicia de Brasil es notablemente lenta y la banda tiene muy buenos abogados para su defensa, es por esto que nadie sabe cuándo se emitirá un veredicto, o cómo será este.
Aun así, con la Operación Ríos Voladores se logró algo importante. Hasta hace poco, el padre de AJ Vilela, AJJ, quien ha desaparecido de la escena y, al parecer, padece de la enfermedad de Alzheimer, había realizado las mismas actividades que su hijo y alardeaba de ellas en la prensa. Hasta ahora, era extremadamente raro que figuras importantes del negocio de la agroindustria fueran arrestadas.
Sin embargo, el estado no ha reclamado las tierras que ocuparon ilegalmente AJ Vilela, Ricardo Caldeira Viacava y sus secuaces. En nuestra visita al estado de Pará en noviembre, nos dimos cuenta de que los vecinos todavía reconocen estas tierras, a pesar de estar oficialmente embargadas, como propiedad de AJ Vilela y sus secuaces y, mientras tanto, los trabajadores contratados por la banda, según nos dijeron, siguen criando ganado en estas propiedades.
Así que, tal como están las cosas, los acusados no están tras las rejas, pero están a la espera de juicio; las grandes multas del pasado en su contra no se han pagado; el embargo de las tierras no está siendo respetado; además, el hecho más grave es que las tierras publicas que AJ Vilela ocupó ilegalmente están indiscutiblemente en manos de su banda.
Debido a la situación, le preguntamos a Evaristo si algo ha cambiado realmente. Gracias al embargo, respondió él, «la banda no podrá vender el ganado que ha criado en sus tierras, ya que los mataderos no comprarán ganado que provenga de áreas embargadas». Además, la banda no podrá obtener el titulo legal de las tierras.
Sin embargo, los vecinos nos contaron que hay métodos alternativos fáciles, ya que, mientras los mataderos se comprometieron a no comprar ganado que haya sido criado en tierras embargadas, es fácil, rápido y seguro «blanquear el ganado». El ganado que se cría ilegalmente en un lugar, necesita simplemente ser llevado a una granja que sea legal, aunque sea por un periodo breve, ya que los mataderos solo revisan quién fue el ultimo proveedor.
Patrícia Daros Xavier, fiscal federal, dijo que «hay documentos que muestran que los grandes mataderos están comprando ganado que ha sido criado en tierras deforestadas ilegalmente», y estas afirmaciones están siendo investigadas. Según advierten muchos estudios, la industria ganadera se está «quedando atrás» con respecto a la deforestación en el Amazonas.
El hecho de que la banda no pueda obtener el titulo legal de las tierras no parece causar serios problemas, ya que no les impide seguir administrando sus granjas en las propiedades tal y como lo hacían antes.
Las personas que viven en la región por lo general están de acuerdo en que: «el dueño es la persona que desmonta la tierra». Es por ello que los ladrones de tierras son considerados como los dueños por derecho, quienes pueden fácilmente vender las tierras en el mercado abierto y obtener una gran suma de dinero por ello. En la práctica, parece que poco importa si quienes despejan las parcelas tienen el titulo legal para hacerlo o no.
El organismo responsable de asegurarse que las tierras publicas que han sido ocupadas ilegalmente vuelvan a ser propiedad del estado es el Programa Terra Legal del gobierno federal. Sin embargo, las personas a quienes consultamos en Pará afirman que dichos funcionarios no están haciendo nada para reclamar las tierras que han sido deforestadas ilegalmente. Le preguntamos a la persona a cargo del Programa Terra Legal, al oeste de Pará, por qué no se habían tomado las medidas necesarias para reclamar las tierras que tiene la banda, pero no tuvimos respuesta.
En conclusión, parece que la Operación Ríos Voladores, con sus dos años de investigación, 95 policías federales, quince especialistas en impuestos, y 32 empleados de IBAMA, más 24 ordenes de arresto, aunque exitosas en sus propios términos, no fueron capaces de ponerle fin al problema más grave: los que deforestan tierras publicas aún pueden conservar dichas tierras y también usarlas, obtener ganancias considerables de ellas e incluso es posible que no reciban ningún castigo. Todo esto, para ser justos, era algo que estaba más allá del alcance de la operación federal.
Así que, tanto Ana Luiza Junqueira Vilela Viacava, como su hermano y su esposo, pueden seguir declarando, al menos por ahora, lo siguiente: «Me gustan las tierras y la seguridad que me dan para el futuro».
(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También puede visitar The Intercept Brasil) para leer en portugués las series de Mongabay sobre la cuenca del río Tapajós.
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