- ¿Cómo este nuevo proyecto de ley afectaría la lucha contra la minería ilegal?
- ¿Qué significa que la minería ilegal no sea considerada más como crimen organizado?
Alejandra Aramayo, congresista de la bancada de Fuerza Popular, pretende excluir el delito de minería ilegal de la ley de crimen organizado. Para defender su propuesta, la parlamentaria critica el proceso de formalización iniciado por el gobierno y coloca a los mineros ilegales como un grupo al que no se le han “facilitado las oportunidades”, y se les sanciona como “cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales”.
El proyecto de Ley 1095 presentado el 16 de marzo último se encuentra en etapa de debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del parlamento nacional. Como se esperaba, la iniciativa legislativa fue respaldada por seis congresistas de su misma agrupación política: Lucio Ávila, Luis Galarreta, Guillermo Martorell, Yesenia Ponce, Gilmer Trujillo y Juan Carlos Yuyes.
Las reacciones de los especialistas y autoridades que llevan años tratando de frenar este problema, fueron inmediatas. Mongabay Latam se comunicó primero con el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, quien tiene la responsabilidad de defender los intereses del Estado peruano cuando estos son afectados por la comisión de delitos ambientales. Guzmán fue tajante al afirmar que el proyecto de Ley 1095 debilitaría la lucha contra la minería ilegal, básicamente, porque el Estado quedaría impedido de utilizar herramientas de inteligencia para investigar a los mineros ilegales y a sus financiadores. Es decir, no se podría, por ejemplo, solicitar la apertura de las cuentas bancarias de los involucrados en este delito, señaló Guzmán.
“De aprobarse este proyecto se ignoraría que la minería ilegal está vinculada a grandes empresarios e incluso autoridades. Solo se perseguiría al pequeño extractor y no al financista. El proyecto, así como quien lo promueve, defiende los intereses de los vinculados a los mineros ilegales porque el proyecto les conviene a los mineros ilegales”, afirmó Guzmán.
Un dato que no puede pasarse por alto, tomando en cuenta que la congresista pertenece a Fuerza Popular, es que durante la última campaña presidencial, la candidata de esta agrupación política, Keiko Fujimori, se reunió con representantes de la Central de Mineros del Perú (Cenami) y les prometió derogar los decretos legislativos que sentaron las bases para la fiscalización y el proceso de formalización minera en el 2012. En ese momento, Fujimori declaró que “fueron muy pocas las personas que lograron su formalización. Muchos son perseguidos, otros investigados y lamentablemente, a veces, no pueden comprar la herramienta más importante que es la dinamita. Eso es lo que ocurre cuando se hacen normas desde el escritorio”.
El congresista Yonhy Lescano, integrante de la Comisión de Justicia donde se debatirá el proyecto de ley de Aramayo, sostuvo que su bancada votará en contra porque no lo considera prudente. “El proyecto hace recordar la firma de Keiko Fujimori con los mineros de oro en Madre de Dios en campaña presidencial. Uno no puede evitar relacionar ese acuerdo con este proyecto y podría decir que la congresista Aramayo va en esa línea. Si te das cuenta, el proyecto de ley está avalado por su bancada, eso quiere decir que su lideresa, Keiko Fujimori, lo está apoyando”, explicó Lescano.
Un salvavidas para los mineros ilegales
Pero el proyecto de ley 1095 también propone otro cambio dentro del Código Penal, específicamente en el artículo 307-A, donde se definen los supuestos para cometer el delito de minería ilegal. Según la norma vigente, los mineros que se encuentran fuera del proceso de formalización deben ser sancionados por el delito de minería ilegal. Lo que propone Aramayo es excluirlos de ello.
Para el procurador del Ministerio del Ambiente, de aprobarse el proyecto de ley, se estarían promoviendo las actividades de minería ilegal, porque “al querer incluir en un mismo saco a los mineros informales e ilegales para retirarlos del crimen organizado, se plantea que ambos son iguales y son sujetos de derecho. Eso es un error”, respondió Julio Guzmán. El procurador se vio obligado una vez más a explicar esa diferencia: los informales son aquellos que trabajan en lugares autorizados, desarrollan sus actividades de manera incorrecta, por eso están inscritos en el proceso de formalización; los ilegales trabajan en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas, e incluso utilizan sustancias contaminantes como el mercurio para desarrollar sus labores ilícitas. Por eso para el procurador, ambas actividades no pueden ser sancionadas de la misma manera.
En la misma línea, el director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Pedro Solano, señaló que no debe mezclarse la ilegalidad de la minería con el proceso de formalización. “Es una confusión. El crimen organizado es algo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con la formalización. A la minería ilegal se le sanciona, a los informales se les da oportunidades de entrar en la legalidad”, manifestó a Mongabay Latam.
Solano además agregó que de aprobarse el proyecto de Ley 1095, no solo se estaría excluyendo a la minería ilegal de la ley del crimen organizado, sino que también se estaría ignorando que esta actividad ilícita está relacionada a otros delitos. “Por ejemplo, encontramos el lavado de dinero, la trata de personas, la prostitución de menores. Si se tipifica como crimen organizado se puede combatir todo eso de manera integral”, precisó.
Sobre los intereses que podrían estar de por medio para promover una medida de este tipo, Solano prefirió opinar con cautela y dijo que prefería pensar “que pasa por un tema de desinformación. Ella misma (Aramayo) debe dar su versión”.
Por otro lado, Maria Elena Foronda, congresista del Frente Amplio, no dudó en denunciar en una entrevista concedida a Mongabay Latam que para ella “este proyecto es lobbista, porque detrás de la justificación de querer promover la formalidad en la minería de oro, está la intención de no hacerlo, solo defiende a los ilegales y a sus financistas. Aramayo debe retroceder”.
Foronda, quien además es presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, continuó y dijo que se trata de “un proyecto absolutamente desacertado. No queremos más niños contaminados, más niñas prostituidas y no más ecosistemas destruidos. La minería ilegal está vinculada a la corrupción. Incluso se ha demostrado que el mayor movimiento de trata de personas es producto de la minería ilegal. No sé a qué quiere llegar la congresista Aramayo con esto”.
Mongabay Latam intentó comunicarse con la congresista Aramayo, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. En su cuenta de Twitter, la parlamentaria de Fuerza Popular respondió así a las numerosas críticas: “Los daños ambientales están tipificados en ese capítulo #delitosambientales. No hay favorecimiento alguno”, escribió la parlamentaria.
Finalmente, el procurador ambiental Julio Guzmán concluyó que de aprobarse el proyecto de ley 1095 el impacto sería a nivel nacional y no solo en zonas popularmente conocidas por el deterioro ambiental producto de la práctica ilegal de la minería. “Todos pensamos en Madre de Dios cuando se habla de la minería ilegal, pero también hay pequeños mineros ilegales en la sierra y la costa, además de otras zonas de la Amazonía. La fiscalización y sanción de esta práctica se debilitaría en todo el Perú”, finaliza la autoridad ambiental.
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