- La deforestación y la construcción de caminos son algunas de las amenazas para la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija, según expertos.
- ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Qué características tiene el área protegida?
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, área protegida boliviana de unas 246 870 hectáreas ubicada en el departamento de Tarija (al sureste del país), se vería afectada debido al deseo del Gobierno por incrementar la producción de gas, advierte un grupo de expertos.
El gas es un importante generador de recursos en la economía boliviana desde que se descubriera el campo San Alberto en la década de 1990, el pozo que puso a Bolivia en el mapa gasífero y cuya producción comenzó a declinar en el 2014. En ese sentido, el anuncio del presidente Evo Morales en julio de 2015 sobre ingresar a las áreas protegidas para buscar reservas de gas generó la preocupación de diversos actores en Tarija.
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Tariquía está en una zona de gran actividad petrolera. Esta se inició en la década de 1920 cuando descubrieron el pozo Bermejo X2 en el Campo Bermejo, que forma parte del lineamiento estructural San Telmo, Tigre, Toro, Barredero, Arrozales y Bermejo, campos petroleros situados en la provincia Arce (Tarija).
La alarma sobre la exploración hidrocarburífera en áreas protegidas sonó en mayo de 2015, cuando el presidente boliviano, Evo Morales, promulgó el Decreto Supremo 2366 que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en estas áreas. Ese decreto establece, en su primer artículo, que el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos se da en el marco de su “carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”. Añade también, entre otras cosas, que “se considerará la existencia de ecosistemas frágiles y sensibles a fin de reducir su vulnerabilidad y riesgos en la biodiversidad“.
Lo que rige a las áreas protegidas en Bolivia es el Reglamento Nacional de Áreas Protegidas de 1997, que le da al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) autoridad sobre estas zonas. Sin embargo, según explica Enrique Tejerina, director de la reserva, un artículo en el reglamento, el número 33, abre las posibilidades para ingresar a ellas cuando se trate de “proyectos de prioridad nacional”. Y agrega: “No sé por qué dejaron ese artículo, pero supongo que fue porque ya había una intención de explorar la áreas protegidas en ese momento”.
Andrés Aguirre, presidente del Comité Impulsor de Reforestación y Defensa del Medioambiente (CIRDEMA), puntualiza: “La Constitución en el Artículo 385 establece la protección y conservación de las áreas protegidas (…) pero el gobierno del MAS ha creado varios decretos supremos con menor rango jurídico que la Constitución donde dan permiso para realizar contratos dentro de las áreas protegidas y no solo en Tariquía, sino también en otras”.
El investigador del Centro Documental de Información de Bolivia (CEDIB) Jorge Campanini explica que el Decreto Supremo 2366, “enunciativamente señala principios generales sobre el aprovechamiento, control y responsabilidades acerca de los recursos naturales. Pero el espíritu del decreto está orientado a romper con los principios generales de protección, conservación y servicios ambientales de las aéreas protegidas y normativa ambiental existente”.
Campanini cuenta que este decreto fue impugnado por la Defensoría del Pueblo —representada en ese entonces por Rolando Villena— por considerarlo anticonstitucional, sobre todo por los efectos que tendría esta norma sobre los derechos de los pueblos indígenas que habitan en las áreas protegidas, pero este recurso no resultó favorable.
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Según el abogado constitucionalista Jorge Bacotich Oliva, el decreto 2366 no contempla lo establecido en el Artículo 403 de la Constitución Política del Estado. “El Gobierno, con este decreto, no les está dando la consulta previa, no les da el derecho a decidir si quieren o no la exploración, por el interés nacional podemos meter una carretera en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure), perforar un pozo en Tariquía. Directamente no la pone (la consulta previa) como requisito, lo que hace es autorizar la explotación hidrocarburífera en zonas de categoría protegida”.
Exploración con historia
De acuerdo con Jorge Campanini, en 1998 se llevó a cabo en Tariquía un proceso de sísmica 2D en los bloques Churumas – Bermejo. De allí deriva la existencia de pozos perforados.
Además, según el geólogo Daniel Centeno, director de Hidrocarburos del Comité Cívico de Tarija, en 2003 se aplicó la tecnología 3D para explorar nuevamente el área. “En aquellos tiempos no hubo oposición, como sucede actualmente, debido a la falta de conciencia ambiental que existía en esa época y porque se creía que iba a traer riqueza para el departamento”, explica a Mongabay Latam.
El gobierno actual ha explicado en diferentes oportunidades que la exploración se hará con tecnología magnetotelúrica, por lo que “el impacto ambiental será mínimo”.
El que ya se haya hecho exploración en la zona en anteriores gestiones de Gobierno, según Centeno, indica que se hará extracción de hidrocarburos, y agrega que hoy, la exploración con tecnología magnetotelúrica en las áreas aledañas a la reserva es para tener información más precisa sobre volúmenes de gas.
“Antes de llegar a la magnetotelúrica necesitan como base haber perforado pozos hasta los objetivos que están buscando, en este caso están tomando los pozos de otra megaestructura que es Churumas”, explica Centeno.
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El especialista añade que en Tariquía existen tres megaestructuras: San Telmo, Astilleros y Churumas. “San Telmo es el corazón de Tariquía, cuando ellos dicen que no van a entrar al pueblo es verdad, pero la estructura de San Telmo está a pocos kilómetros del pueblo, en el corazón de la reserva. Se ha hecho sísmica 2D para tener la información geológica del subsuelo, posteriormente se hizo sísmica 3D para mejorar la información estratigráfica y estructural de esa megaestructura, y como último recurso para mejorar la información del núcleo de estructura de la formación Huamanpampa se está haciendo la magnetotelúrica”.
En 2003, cuando se realizaron intervenciones de exploración hidrocarburífera, los habitantes de la reserva fueron informados de manera superficial sobre ello, según Francisco Romero, habitante de Motoví, una de las comunidades del cantón de Tariquía.
En aquella ocasión —dice Romero— no se opusieron porque no tenían conocimiento sobre el impacto de la exploración hidrocarburífera. “Ahora vemos que las fuentes de agua se han reducido en gran cantidad y creemos que es por eso que las vertientes se han perdido. Nos damos cuenta porque hay vertientes en las que en tiempo seco siempre había agua, pero ahora ya no hay, solo en época de lluvias”.
De acuerdo con Claudia Oller, Responsable de Áreas Protegidas de la organización medioambiental Prometa, uno de los impactos de la exploración sísmica consiste en la confinación de acuíferos. “Con la exploración se utiliza dinamita y se causan explosiones, y esto provoca que se cierren u obstruyan vertientes de las aguas subterráneas”.
El paso de las empresas encargadas de la exploración hidrocarburífera en ese entonces ya ha sido borrado principalmente debido a las características de la zona, ya que al ser bosques nublados, la vegetación ha crecido espontáneamente y ha cubierto las áreas deforestadas, explica Enrique Tejerina.
Riqueza que se busca proteger
Prometa, que ha trabajado en la constitución de la reserva, sostiene que el área tiene un incalculable valor en biodiversidad. Presenta gran potencial para desarrollar programas de manejo de vida silvestre y es un reservorio natural de recursos genéticos que han sido poco estudiados y brindan oportunidad para la investigación científica.
Tariquía es parte del corredor ecológico binacional Tariquía-Baritú, que se sitúa entre el sur de Bolivia y el norte de Argentina. En Tariquía hay registradas 808 especies de flora, según el informe del Ministerio de Medioambiente y Agua. En lo que a fauna se refiere, hay 406 especies registradas, como el oso de anteojos, el jaguar y el tapir.
Es una zona poblada por colonos que migraron de regiones circundantes que se presume ingresaron poco a poco por la actividad ganadera y se fueron quedando debido al potencial productivo de la zona. Actualmente viven en la reserva unas 3000 personas distribuidas en 10 comunidades, pero hay además 12 comunidades en el área de amortiguamiento que tienen aproximadamente 1500 habitantes.
Para prevenir el daño causado por la ganadería y la actividad agrícola hay un área habitada y definida de la que pueden hacer uso las personas, pero también existe un área en la que no se puede hacer ningún tipo de incursión con ninguna actividad productiva.
Prometa ha impulsado en la zona proyectos productivos como miel, de modo que los comunarios tengan una actividad rentable que les permita tener ingresos sin ampliar la frontera agrícola.
Tariquía es una zona que sufre diversas amenazas a partir de proyectos que buscan servirse de su potencial natural, uno de ellos ha sido el intento de implementar programas de operación turística no regulados. Otro problema es la tala ilegal de especies que proveen de maderas finas. Es una actividad que no ha causado daños severos debido a las características de la zona, pero que ha provocado la reducción de especies como cedro, lapacho y quina.
Impacto ambiental
Diversas organizaciones ambientales bolivianas dicen que es preocupante el impacto tanto de la exploración como de la explotación hidrocarburífera, aunque el impacto de esta última sería mucho más grande. La principal consecuencia sería la deforestación.
En el área de Tariquía, tomando en cuenta que se trata de tres megaestructuras que ya han sido exploradas en el pasado, la situación sería la siguiente, según Daniel Centeno: “Se abre un camino de unos seis metros de ancho y varios kilómetros de largo hasta llegar al punto donde se va a perforar, y en ese lugar se hace la planchada. Se deben deforestar unas seis hectáreas mínimo para instalar el campamento. Si ese pozo sale productor se viene el desarrollo de la megaestructura. Una estructura tiene unos 50 kilómetros de largo, quiere decir que para sacar el gas y el petróleo con el primer pozo van a tener que perforar unos 10 pozos, para conectarlos entre sí se debe hacer caminos y otras 10 planchadas, una para cada pozo, por lo que estamos hablando de sesenta hectáreas solo en planchadas. Para sacar el producto hay que hacer un tendido de línea, todo esto significa deforestar”.
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Para el ambientalista y biólogo Gonzalo Torrez, los principales daños que implica la exploración y explotación hidrocarburífera para un área protegida son la deforestación y la construcción de caminos. “Pocas cosas deben ser más contaminantes que la explotación petrolera. La exploración sísmica consiste en hacer unos transectos que consisten en pelar un poco de bosque para introducir maquinaria. La fragmentación del ambiente, que consiste en dividir el bosque, partirlo en dos y crear el efecto ‘borde del bosque’. Con los transectos se crean muchos efectos ‘borde de bosque’ y se pone en riesgo a muchísimas especies, el efecto borde es complicado en términos biológicos, un ave lo podrá volar pero un caracol no, para muchas especies los transectos van a significar la muerte”.
Otro impacto para el ambiente es la creación de caminos que posibilitan los asentamientos humanos con las consecuentes actividades productivas y extractivas que son altamente depredadoras de la naturaleza, indica Torrez. “Alguien va a construir una casita, luego un aserradero, luego va a llegar más gente y con el tiempo aparecerán pueblos y ya no habrá reserva, porque esa área ya no va a estar reservada para la naturaleza”.
La actividad hidrocarburífera, según ambientalistas, restaría además la capacidad de provisión de servicios ambientales para el valle central de Tarija, porque la reserva tiene una gran capacidad de generación de lluvias.
“Es un ecosistema que tiene como característica una gran cantidad de agua debido a los vientos prevalentes de un solo lugar, en este caso el este –explica Gonzalo Torrez—. Los vientos van en una sola dirección empujando a las nubes hacia las montañas y como las nubes chocan se van elevando, entonces el agua que tienen se condensa y hay una precipitación, hay mucha lluvia”.
También se produce otro fenómeno muy importante: “Como es un bosque tupido, hay mucha evapotranspiración no solo en época de lluvias. Aunque no hay lluvias y no haya evaporación, siempre hay evapotranspiración gracias a los árboles”.
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El valle de Tarija se encuentra a unos 110 kilómetros de Tariquía y es, de acuerdo a Torrez, semidesértico. Lo que lo vuelve apto para la producción agrícola son los servicios medioambientales que proporciona la reserva.
Claudia Oller aporta en la explicación de la importancia de la reserva: “A Tarija le favorecen los ingresos de frentes fríos y cálidos que provienen del Atlántico y que llegan de Tariquía e ingresan por el cañón del Angosto y chocan con la cordillera de Sama”. Es en ese momento, cuando las nubes chocan con la cordillera de Sama, que se encuentra al norte, que se completa el ciclo hidrológico en Tarija que crea las fuentes de agua.
El Gobierno ha asegurado que el impacto ambiental será mínimo. En un informe publicado en el diario El País, el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, explicó que la afectación total del área de la reserva será de 0,03 %. En el caso de la reserva, son dos las áreas que se han determinado para exploración, San Telmo y Astillero, según han informado las autoridades.
Mongabay Latam buscó para este reportaje la opinión del Ministerio de Medioambiente y Agua, sin embargo hasta la publicación de este informe no obtuvo ninguna respuesta al cuestionario enviado a la Unidad de Comunicación de la institución.
Postura del Gobierno
En Tarija el Gobierno central enfrenta una oposición principalmente de parte de los habitantes de la reserva y ambientalistas, pero también del Comité Cívico, una institución de la sociedad civil pero con algunos matices político partidarios, por lo que las autoridades sostienen que hay intereses de tipo político más que de defensa del ambiente.
El 18 de enero, el ministro de Hidrocarburos informó al periódico Cambio que llegarían al país ejecutivos de la brasileña Petrobras para hacer un acuerdo con YPFB con el fin de explorar y explotar las áreas de San Telmo y Astillero a través de una sociedad con YPFB Chaco. El 24 de enero, el Ministro desmintió ante los medios la supuesta firma de contrato de exploración y explotación con Petrobras y afirmó que ese tema lo decidirán las comunidades.
Debido a que la Constitución Política del Estado establece la necesidad de llevar adelante un proceso de consulta, el Ministerio de Hidrocarburos está realizando un proceso de socialización con los habitantes de la zona.
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El pasado 16 de febrero, el mismo ministro de Hidrocarburos advirtió que el departamento de Tarija podría perder 2877 millones de dólares por concepto de regalías petroleras si no se desarrollan los campos de San Telmo y Astillero.
Es poca la información oficial que proporciona el ministerio del área sobre las acciones que ya se han llevado adelante en cuanto a contratos y avances en las negociaciones. El pasado 2 de mayo Mongabay Latam solicitó la opinión del Ministerio de Hidrocarburos a través de un cuestionario enviado a su responsable de comunicación, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Comunidades divididas
Desde que se comenzó a hablar de la exploración hidrocarburífera, los habitantes de la reserva han buscado información sobre consecuencias de esta actividad para las áreas protegidas.
Un grupo de comunarios realizó un viaje a la zona de explotación gasífera en la serranía del Aguaragüe, vecina con Tariquía. “Hemos ido a (la comunidad) Caigua y hemos visto cómo han dejado los pasivos ambientales y han contaminado la fuentes de agua. No queremos eso para Tariquía y no vamos a permitir que entren las petroleras”, dice a Mongabay Latam Lourdes Zutara, comunaria de Tariquía.
El Gobierno ha logrado llegar a acuerdos con algunas autoridades provinciales y municipales del departamento de Tarija, así como con algunas comunidades para apoyar labores de exploración.
El 10 de febrero se llevó a cabo en Tarija una marcha que dio origen a un movimiento de oposición a la exploración en Tariquía. En ella participaron políticos locales, el Comité Cívico, activistas y habitantes de la ciudad y de la reserva.
Del 22 al 27 de abril se realizó una marcha en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en la que participaron fundamentalmente los comunarios, quienes iniciaron la caminata en la comunidad de San José, ubicada en el corazón del área protegida, y marcharon hacia Tarija. En un mitin realizado en la plaza principal de la capital departamental, representantes de la movilización dieron a conocer que llegaron 220 personas.
En marzo, las 10 comunidades que conforman el distrito 8 de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía estaban de acuerdo en oponerse a la exploración en el área protegida. Sin embargo, ya durante la marcha se comenzó a hablar de comunidades que no estaban de acuerdo con el Comité de Defensa creado para oponerse a la exploración.
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El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Santos Valdez, informó que la Federación desconocía la marcha debido a que no fue planificada de manera orgánica ni contó con la aprobación de la organización campesina. Por su parte, el alcalde de Padcaya, capital de la provincia Arce, aclaró que de ningún modo apoyaba la marcha.
Para el día de su llegada a Tarija, el Comité de Defensa de la reserva envió invitaciones a las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y a autoridades regionales, como el Gobernador, para sostener un diálogo y dar a conocer su postura.
Solo llegaron a acuerdos en sus demandas de agua y electricidad con autoridades regionales de la Gobernación departamental y el municipio de Padcaya. En el tema de la exploración hidrocarburífera no hubo ninguna respuesta, ya que el Ministro de Hidrocarburos no asistió a la reunión.
Actualmente los comunarios de Tariquía continúan reuniéndose en busca de nuevas estrategias para evitar la exploración. El 21 de mayo se llevó a cabo la elección de una nueva dirigencia de la Subcentral del distrito 8 de Tariquía, que agrupa a las 10 comunidades que viven en la reserva, pero solo participaron cinco de ellas ( Motovi, Pampa Grande, San Pedro, San José y Acherales). Francisco Romero, presidente del Comité de Defensa de Tariquía, explica que efectivamente son cinco comunidades las que se apartaron del comité y de la Subcentral.
La nueva dirigencia, encabezada por Paola Gareca, fue cuestionada por la FSUCCT, cuyo secretario de Relaciones y Comunicación, Eider Quiroga, dijo que no se avalarán las acciones ya que no es una directiva reconocida por todas las comunidades de la Subcentral de Tariquía.
El 4 de junio los dirigentes de otras cinco comunidades eligieron una nueva directiva del cantón en un acto en el que participaron comunarios de Volcán, Cambarí, Acheralitos, Chillahuatos y Puesto Rueda. El elegido fue Eleodoro Vides. Luego de la elección se emitió un acta en la que se rechaza el ingreso de un grupo de ONG y ambientalistas del Comité Cívico a las comunidades. Asimismo se exige el derecho a decidir sobre el futuro de la región. En el acto estuvieron presentes dirigentes de la FSUCCT, además de funcionarios de la Subgobernación y la Alcaldía de Padcaya.
Eider Quiroga negó que se trate de una Subcentral paralela a la elegida semanas atrás y puso énfasis en que se trata de un Comité de Gestión.
La división entre los habitantes se va haciendo cada vez más evidente. Sin embargo, Francisco Romero, presidente del Comité de Defensa de Tariquía, asegura que se mantienen firmes en su postura de impedir la exploración en el área protegida y expresó que quienes piensan así son mayoría.
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