- El presidente de Brasil tiene hasta el 22 de junio para aprobar o vetar dos proyectos de ley (PLC4 y PLC5) que dejarían más de 600 000 hectáreas (2317 millas cuadradas) de selva amazónica protegida federalmente en manos de taladores ilegales, mineros ilegales y ladrones de tierras.
- Las medidas, iniciadas por Temer y ya aprobadas por el Congreso, se consideran una recompensa a la bancada ruralista (el grupo de presión de la agroindustria y la minería) por ayudar a Temer a llegar al poder mediante la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016.
- Grandes partes del Parque Nacional de Jamanxim tendrán sus protecciones degradadas a Área de Protección Ambiental, donde la tala, la minería y la propiedad privada son permitidas.
- Recientemente, Mongabay se desplazó a la región para observar las condiciones; encontramos importantes operaciones mineras ilegales en funcionamiento dentro de las unidades de conservación federal y entrevistamos a mineros que han sido explotados por los “propietarios” de las minas bajo condiciones análogas a la esclavitud.
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El Amazonas es el tipo de lugar salvaje donde, a menudo, vas buscando una cosa, pero encuentras otra. Así fue cuando Mongabay viajó en mayo en una misión para observar las operaciones de tala ilegal dentro de las unidades de conservación federal al lado de la BR-163, la carretera del Amazonas que une la ciudad de Santarém en el río Amazonas con Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso..
Lo que esperábamos encontrar era un delito grave relacionado con la extracción ilegal de madera en tierras federales y la posible infracción de leyes laborales, con trabajadores retenidos en condiciones análogas a la esclavitud.
En su lugar, lo que encontramos fue un contexto más amplio de actividades delictivas que parecen explicar la legislación que acaba de ser aprobada a toda prisa por el Congreso Nacional de Brasil y espera la firma del Presidente Temer para entregar franjas muy grandes de selva amazónica protegida a ladrones de tierras, intereses mineros y la agroindustria.
Tras la pista de los mineros y los taladores ilegales
Con el uso de imágenes de satélite, los expertos han identificado actividades de tala ilegal al este de la BR-163, justo al sur de la aldea Vila de Três Bueiros, en el distrito rural de Trairão, en el estado de Pará. Para llegar al campamento de tala ilegal, tuvimos que conducir por un camino de tierra precario que cruzaba el río Branco sobre un puente construido por los mismos leñadores.
Después de varias millas, nuestro camión quedó atascado y tuvimos que empujarlo. Cuando nos hundíamos cada vez más en el barro, un hombre de unos 40 años apareció desde el lado del río. Visiblemente agotado e, inicialmente, desconfiado dijo que venía de una garimpo, una mina.
Ese fue el primer indicio que tuvimos de que, además de taladores ilegales, había mineros que operaban dentro de la unidad de conservación en la extracción ilegal de casiterita, el mineral del que se extrae el estaño.
El minero, al borde del colapso, nos contó a regañadientes que había dejado la mina debido a las terribles condiciones de trabajo y porque no había sido pagado. Había estado caminando desde el día anterior, inicialmente con un compañero, que había desistido, completamente agotado. Echó una última mirada hacia el este por el camino que había venido y se dirigió rápidamente hacia el oeste.
Luego llegó un talador en un tractor y, gracias a su amplia experiencia con el barro amazónico, pronto fuimos remolcados. Nos advirtió de una manera amistosa y libre de vergüenza: “El puente [que necesitáis cruzar] ya no existe. Lo destruimos para que IBAMA y ICMBio [las agencias ambientales brasileñas] no nos molesten. Sin un puente, solo pueden llegar allí en helicóptero”.
No estábamos seguros si creer al leñador o no, pero solo para asegurarnos, nos desviamos hacia el sur a donde la BR-163 cruza el río Branco. Allí alquilamos una canoa con un motor fueraborda y viajamos río arriba durante una hora hasta donde debería de haber estado el puente.
Efectivamente, pasamos un recodo del río y vimos el puente destruido, además de un transbordador dilapidado en la ribera este al límite de la unidad de conservación. El leñador había dicho la verdad: los taladores ilegales decidieron quién cruzaba y quién no.
Otra sorpresa en la terminal de transbordadores: seis hombres quedaron aislados en la otra orilla, intentaban hacerse con los cables para arrastrar el transbordador hacia ellos. Reacios a hablar, indicaron que no estaban trabajando para los taladores. También ellos eran mineros que habían tenido problemas con el propietario de la mina que, según ellos, les había “engañado”. En su intento por escapar, habían establecido un campamento improvisado dos días antes y ahora les quedaba poca comida y no tenían agua potable.
El aprieto en el que se encontraban no era de extrañar: trabajadores pobres en minas clandestinas son, casi siempre, explotados severamente por los “propietarios” de las minas, que hacen fortunas a su costa. Algo parecido pasa con las operaciones de la tala ilegal en el Amazonas, donde los propietarios de los aserraderos, escondidos detrás de una fachada de legalidad, explotan a los trabajadores rurales de la zona que, a menudo, trabajan en condiciones similares a la esclavitud.
Lo que no habíamos esperado encontrar en nuestra búsqueda de leñadores ilegales en tierras federales era, en cambio, mineros ilegales. Pero, como aprendimos de primera mano, para los hombres acaudalados detrás de tales operaciones, no importa si se extrae madera o estaño: lo que importa es hacer dinero.
La tala ilegal “degradación forestal”
Hace tiempo que las autoridades brasileñas saben que la tala ilegal está teniendo lugar a una escala considerable en la región. En febrero de 2006, el gobierno federal creó un corredor de unidades de conservación a ambos lados de la BR-163 para acabar con la deforestación ilegal, que había crecido exponencialmente debido al acceso que ofrecía la carretera.
Las unidades de conservación no habían sido implementadas, pero su creación había parado la mayor parte de la deforestación, ya que eran, principalmente, ladrones de tierras los que, en ese momento, estaban desmontando parcialmente la selva con la intención de vender las tierras despejadas a precios altos a los ganaderos. Una vez que se crearon las unidades de conservación, las tierras no podrían ser compradas y vendidas fácilmente para la obtención de grandes beneficios, por lo que se redujo la tala.
Pero se encontraron otras formas de explotar la tierra y hacer dinero.
Según Juan Doblas, del laboratorio de geoprocesamiento de la ONG brasileña Instituto Socio Ambiental (ISA), “mientras que la deforestación [para la actividad ganadera] se acabó, el saqueo de la selva por parte de los taladores ganó impulso”. Esta actividad era más difícil de vigilar y controlar porque los taladores no despejan toda la selva, sino que solo extraen los árboles valiosos. El daño severo que provocan al sotobosque, oficialmente denominado “degradación forestal”, en su mayor parte, no es detectado por la vigilancia por satélite, que solo registra lo que se conoce como “devastación forestal” —la tala de la selva tropical—.
Madera “caliente”
Según estudios, casi toda la madera que sale de esta región es ilegal, ya que es talada, principalmente, en tierras indígenas y unidades de conservación. Pero una vez cortada, la madera es transportada, comercializada e, incluso, exportada como si hubiese sido talada legalmente.
La fiscal Fabiana Schneider explicó a Mongabay que hay varias maneras de “calentar” madera, como se denomina a la magia de legalizar madera ilegal. “Las técnicas van desde adjuntar licencias otorgadas a un área [donde la tala está permitida] a madera saqueada de áreas protegidas; al uso de dispositivos sofisticados, como la clonación de licencias; o incluso piratear los ordenadores de los organismos ambientales [federales] para imprimir licencias”.
Las referencias de los orígenes de la madera en estas licencias son, a menudo, patentemente falsas. Mostraron una licencia a Mongabay, emitida en 2007, para madera en un aserradero propiedad de Valmir Climco, ahora alcalde de la ciudad de Itaituba. Según este documento, la madera fue comprada en la ciudad de Belém cerca del océano Atlántico y había sido transportada 1132 kilómetros tierra adentro, por el río Amazonas para arriba hasta Itaituaba en el río Tapajós para ser fresada. Esa es una historia oficial absurda hecha más absurda por las unidades de conservación ricas en madera situadas cerca del aserradero. Y, claramente, o bien las fuerzas policiales son sumamente negligentes o corruptas en la vigilancia de tales licencias.
Localizamos a Climaco en el garaje de la ciudad de Itaituba, repleto de vehículos públicos averiados. Después de que le mostrásemos la licencia, contestó, sin ninguna señal de vergüenza: “Obtenemos madera de muchos sitios diferentes. Debe de ser madera que compramos en Belém, sin procesar, para cortar en tablones en nuestro aserradero”. Una explicación no convincente ya que, según la licencia, la madera ya había sido procesada cuando fue comprada.
¿Y sobre la absurdidad de transportar madera tan lejos? El alcalde, que ha sido multado por millones de dólares por delitos medioambientales, tenía una repuesta preparada: “Querida, ¿sabes cuál es el método de transporte más barato del mundo? Es el transporte fluvial”.
Luiz Carlos Tremonte, presidente durante muchos años del Sindicato de la Industria de la Madera del Suroeste de Pará (Simaspa), fue tajante en la explicación de lo que ocurre: “Obtienes la aprobación para un proyecto de gestión forestal en una zona, que tiene poca madera, y extraes la madera de una zona adyacente o de otro lugar. La licencia que obtienes para el proyecto “calienta” la madera. ¿Es ilegal hacer esto? Sí, pero es lo que sucede y todo el mundo lo sabe”.
Tremonte es un firme defensor de la industria de la madera. Sostiene que la tala es tan sana para la selva que el gobierno debería crear un programa para pagar a los leñadores por extraer madera porque “el talador prolonga la vida de la selva”. Aun así, admite abiertamente: “La industria de la madera opera ilegalmente”.
Delito medioambiental sancionado socialmente
En el Amazonas, es bastante habitual que aquellos que cometen delitos medioambientales, como Tremonte y Climaco, ocupen cargos políticos. Otro ejemplo: el alcalde de Trairão, Valdinei José Ferreira, apodado Django, también leñador, ha sido multado por millones de dólares por talar ilegalmente, aunque, probablemente, sus ganancias lo superen con creces.
Tanto él como los otros taladores consideran el delito medioambiental y las multas que puede acarrear como un detalle burocrático —simplemente un coste de hacer negocios—.
Cuando preguntamos a Climaco si los leñadores se enfrentan a dificultades en sus operaciones madereras, respondió ante la cámara: “Hoy en día es fácil extraer madera. Lo que es difícil es venderla sin documentación”. La fiscal Fabiana Schneider explicó que la tala ilegal es “altamente rentable y socialmente aceptable, o incluso considerada algo bueno, por lo que los criminales son percibidos, erróneamente, como unos empresarios de éxito y creadores de empleo”.
Según la fiscal, esta aura de aprobación pública oculta el hecho de que “se están cometiendo delitos —esclavitud contemporánea, homicidio rural, invasión de tierras públicas, robar y recibir propiedad pública, junto con una inmensa cadena de corrupción—”.
Lejos de ser visto como un delito menor, “este tipo de delito necesita ser visto por lo que es: organizaciones criminales que saquean una de nuestras mayores riquezas medioambientales —la selva y su biodiversidad—”, dijo Schneider.
La esclavitud
Para Tremonte, un problema importante que fuerza al sector de la madera a operar ilegalmente deriva de la legislación laboral del país, que, según él, “es aplicada muy estrictamente en la región. Tú [el jefe] siempre estás equivocado”.
El jefe, dice, “es visto como el enemigo [por el estado], y el jefe no es el enemigo, todo lo contrario”.
Su opinión no es compartida por Fraile Xavier Plassat, coordinador de la Campaña Contra la Esclavitud dirigida por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia Católica. Un fraile dominicano conocido internacionalmente por su lucha por combatir la esclavitud contemporánea, Plassat dice que no es solo una cuestión de que los leñadores no cumplen con las leyes laborales del país.
Le dijo a Mongabay: “La investigación sobre este asunto muestra que es imposible no tener esclavitud en la tala ilegal. La razón para esto es simple: la tala en esta región nace ilegal, criminal, porque está basada en el uso de licencias fraudulentas, que es la única manera en que los taladores pueden extraer madera en áreas donde la tala está prohibida. Así que esta actividad criminal solo puede ser llevada a cabo si es invisible. Esto significa que debe usar esclavos, cero infraestructura, cero pistas, la capacidad de aparecer y desaparecer en la selva”.
Entrevistamos a un trabajador que había estado involucrado en la tala ilegal en la región de Uruará, a lo largo de la sección de Pará de la Autovía Transamazónica. Por razones obvias, no dio su nombre: “Vivimos de una manera horrible. Quizás es mejor cuando no envían comida, porque entonces tenemos que cazar. Si no, nos dan carne podrida y alimentos que están caducados”, explicó. “Solo tenemos agua de los arroyos para beber y, si no hay uno cerca, tractores nos traen bidones de 200 litros y el agua se queda ahí hasta que se vuelve verde. Pero tenemos que elegir entre beber o pasar sed. Así que bebemos”.
Estas condiciones potencialmente mortales no solo se encuentran en los campamentos en la selva. Un profesor de una comunidad cerca de Trairão, que tampoco quiso dar su nombre, nos dijo que entre los niños de 13 a 15 años en la escuela, varios tenían lesiones permanentes en los dedos y las manos provocadas por accidentes mientras trabajaban en la tala ilegal, algo de lo que depende la subsistencia de la aldea.
La esclavitud no solo existe en la tala ilegal. También se encuentra en las minas.
La fiebre de la casiterita
En nuestro viaje, aprendimos que el centro del delito medioambiental en la región que estábamos explorando ha cambiado, ahora la minería gana prominencia sobre la tala. “Aquí estamos fuera de contacto con la realidad”, dijo un minero, que trabaja ilegalmente dentro del Parque Nacional de Jamanxim. “La carretera llegó aquí debido a la tala, pero ahora las grandes ganancias se encuentran en la minería”. Y ya no es la extracción de oro como en el pasado. La nueva fiebre es por la casiterita.
Decidimos ver lo que estaba sucediendo en la selva. Incapaces de alcanzar nuestro destino por carretera o río, decidimos ir por el aire. Despegamos de Itaituba en una avioneta con un solo motor. Fue un vuelo tenso, bajo una fuerte lluvia, con una puerta abierta para que pudiésemos grabar y sacar fotografías.
Lo que encontramos después de una hora de vuelo nos dejó sin aliento: los arroyos (igarapés) y la vegetación de los alrededores destruidos, maquinaria minera que opera libremente y muchos agujeros en el suelo —actividad minera realizada, probablemente, por esclavos, como nos dijo el trabajador que nos encontramos en la carretera—.
En la segunda semana de junio, IBAMA llevó a cabo una operación para desmantelar los grupos criminales que extraen casiterita y oro en las unidades de conservación de la región. Según Renê Luiz de Oliveira, coordinador de la vigilancia medioambiental de IBAMA, “actividades ilícitas estaban aconteciendo dondequiera que mirásemos”. Con respecto a la zona específica visitada, confirmó que “ninguna actividad tenía la licencia adecuada”.
Y ese daño a la selva del Amazonas y sus ríos está a punto de empeorar muchísimo, gracias a las nuevas piezas de legislación que ya han pasado por el Congreso y, actualmente, están esperando la firma del presidente.
En nuestro viaje, nos sorprendió fuertemente lo cerca que el Presidente Temer y el Congreso alinean sus acciones legislativas a la agenda de la bancada ruralista, el grupo de presión rural que domina la política brasileña y como la misma bancada satisfice las demandas inmediatas de beneficios realizadas por sus constituyentes acaudalados en el campo —sin tener en cuenta el impacto en el futuro social y medioambiental de la nación—.
Los nuevos proyectos de ley legalizan el delito medioambiental
“Hoy en día, no quiero la tierra para la tala, sino para la minería”, nos dijo un ladrón de tierras, que afirma ser el propietario de varios miles de hectáreas dentro del Parque Nacional de Jamanxim. Ya había saqueado la zona por la madera valiosa, “calentando” sus troncos con certificados falsos. Sin embargo, la minería es mucho más visible desde el aire que la tala, lo que es un problema para él y otros como él, cuando la zona que quieren minar es también parte de una unidad de conservación.
Eso ayuda a explicar las nuevas medidas provisionales (MP 756 y MP 758), legislación iniciada por el Presidente Temer. Entre otras alteraciones, las MP reducirán dramáticamente el tamaño del Parque Nacional de Jamanxim, a la vez que también rebajarán la protección de una gran parte de la Selva Nacional de Jamanxim, que convertirá estas tierras en un Área de Protección Ambiental (APA), donde tanto la tala como la minería están permitidas.
En esencia, Temer y el Congreso, de un plumazo, están avanzando hacia la legalización y legitimización de la tala y la minería ilegal del Amazonas, y la entrega de franjas enormes de selva tropical protegida federalmente a ladrones de tierras acaudalados.
La bancada puso un empeño en hacer las MP incluso más extremas cuando pasaban por el Congreso, hasta el punto de llegar a hablarse de eliminar las protecciones de 1,2 millones de hectáreas (4633 millas cuadradas). Gracias a la presión vigorosa de los ecologistas y otros activistas, se evitó lo peor: las MP fueron convertidas en proyectos de ley (PLC 4 y PLC 5), que eliminarán la protección de solo 600 000 hectáreas (2317 millas cuadradas) de la selva del Amazonas.
En una respuesta que no se anduvo con miramientos, Asema, una asociación de empleados del gobierno federal vinculada a las agencias ambientales, emitió una “carta abierta a la sociedad” en la que condenaban las medidas del gobierno, señalan que afecta a un área protegida federalmente “donde hay una lucha feroz por el control sobre la tierra, con el avance de la fronteras agrícolas y ganaderas, los megaproyectos, las actividades ilegales de tala y minería y la apropiación de la tierra”.
Asema condena la reducción de las unidades de conservación en el Jamanxim como un “acto autoritario para suprimir los derechos llevado a cabo por un gobierno que llegó al poder mediante un golpe de estado, con la ayuda de la bancada ruralista en el Congreso Nacional”.
El Presidente Temer tiene hasta el 22 de junio para aprobar o vetar, total o parcialmente, la nueva legislación.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Medio Ambiente ha recomendado que use su veto, porque las medidas “representan un retroceso en los esfuerzos del gobierno brasileño con respecto a los compromisos que realizó bajo el Acuerdo de París para combatir el calentamiento global”.
Con la deforestación del Amazonas una vez más al alza, y los compromisos internacionales contra el calentamiento climático de Brasil bajo amenaza, ahora estamos a unos días de la decisión de Temer.
(Leia essa matéria em português no The Intercept Brasil. También puedes leer este artículo de Mongabay en portugués en The Intercept Brasil
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