Chile: críticas tras la aprobación de un proyecto termoeléctrico en la Reserva de la Biosfera La Campana–Peñuelas

La Campana – Peñuelas es una de las Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO más relevantes a nivel nacional e internacional. Su riqueza natural la convierte en un espacio crucial para la conservación de diversas especies en Chile y actualmente se encuentra amenazada por la posible construcción de una central termoeléctrica a finales de este año.

El polémico proyecto Central Ciclo Combinado Los Rulos, impulsado por la empresa israelí IC Power —aunque el titular es Cerro El Plomo S.A—, pretende instalarse dentro de la reserva delimitada por la UNESCO en su zona de amortiguamiento, a tan solo 12 kilómetros de su núcleo. Se trata del sector más relevante en materia de biodiversidad y endemismo, cuyas especies podrían verse afectadas producto de las emisiones tóxicas de la planta, según explicaron expertos consultados por Mongabay Latam.

Uno de los problemas centrales que presentan los estudios de impacto ambiental —encargados por la misma empresa a una consultora particular— es que no se conocen con exactitud los efectos que la planta generará en el ecosistema.

Con una capacidad de generación máxima cercana a los 540 MW brutos, sostenidos principalmente con operaciones a gas natural, puede producir un gran daño al territorio según expertos. Si bien este combustible fósil produce impactos menores en comparación a otros, no es inocuo para el medio ambiente y menos para un área protegida tan sensible. La termoeléctrica producirá principalmente gases de efecto invernadero (NOx, SO2, CO, COV) y material particulado, es decir, partículas microscópicas suspendidas en el aire capaces de ingresar al sistema respiratorio de un ser humano, como precisó el biólogo molecular Salvador Donghi, uno de los cuadros técnicos que ha analizado el proyecto desde las organizaciones sociales.

Donghi también le explicó a Mongabay Latam cuáles podrían ser los efectos de estas partículas microscópicas en la biodiversidad. “El material particulado tiene un efecto mecánico negativo sobre el follaje, cuya consecuencia es reducir la penetración de luz y el bloqueo de la apertura de los estomas. Estos dos fuertes impedimentos influyen drásticamente el proceso de fotosíntesis provocando una brusca disminución de su tasa”.

Los suelos de la reserva, según el científico, no están “fuertemente tamponados”. Esto significa que debido a sus características orgánicas, una baja cantidad de ácido es suficiente para cambiar las unidades de pH iniciales del territorio, “lo cual causa un enorme daño a la vegetación”. El especialista prevé un aumento de fenómenos como lluvias ácidas y el incremento de acidez en el polvo suspendido, a partir del inicio de operaciones de la termoeléctrica.

Los arbustos y matorrales, concluyó Salvador Donghi, uno de los principales componentes de la ecorregión que comprende esa zona, serían de los más afectados por los gases y residuos emanados de la planta. Estas especies proveen refugio y alimento a la fauna de ese ecosistema, por lo que se daría inicio a un ciclo de desestabilización ecológica.

Legislación permisiva

En febrero de este año el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Evaluación Ambiental, mesa integrada por diversas autoridades regionales incluido el intendente, máximo representante del gobierno central y designado por la Presidenta de la República.

La votación no estuvo exenta de controversias. Múltiples instituciones y organizaciones civiles manifestaron directamente su rechazo a la termoeléctrica —presentando 507 “observaciones ciudadanas”—, pero los organismos que tomaron la decisión hicieron caso omiso a sus reclamos. El problema, señalaron los expertos, es que no se tiene claridad de las consecuencias.  

El 24 de marzo de 2015, por ejemplo, la municipalidad de Limache envío al Servicio de Evaluación Ambiental Regional un oficio en el que argumentaba las razones por las que se oponen a la instalación de la planta. En la misiva se detallan diversos puntos: incompatibilidad territorial en atención a los planes de desarrollo comunal y uso de suelos —orientados hoy al turismo y la pequeña y mediana agricultura—, inconformidad con la iniciativa y, fundamentalmente, ausencia de información crítica para conocer los reales alcances y efectos del proyecto.

“No se presentan datos fidedignos”, se lee en el documento, además de  “falta de información relevante y esencial que impide la evaluación de riesgos para la salud de las personas”.

Es decir, existen espacios grises donde las consecuencias de la termoeléctrica permanecen opacas frente a la comunidad.  

“La rigurosidad técnica de los estudios de impacto ambiental es algo que no ha sido revisado, entonces se pueden presentar de forma totalmente lícita estudios o declaraciones de impacto con muchos forados”, explicó la bióloga y directora de la fundación Terram, Flavia Liberona.

Liberona señaló que el Estado debería ser más riguroso y exigente al evaluar los estudios de impacto ambiental presentados por los proyectos de inversión. “Es lícito que aprueben estudios de impacto ambiental o declaraciones a las cuales les falta mucha información porque es un voto político”, agregó.

La electricidad producida por la central será dirigida a través de una línea de transmisión que se levantó como un proyecto separado. Se trata de la carretera Cardones Polpaico, las “torres de alta tensión más altas de Latinoamérica”, según apuntó el dirigente de la zona Joel González en el diario local El Martutino.

“Ese es otro vicio de proyecto. Se supone que la generación no debe separarse de la transmisión, pero aquí hay una fragmentación de proyectos puesto que la línea de torres de alta tensión ha sido aprobada previamente”, detalló el geógrafo de la Universidad Católica Andrés Moreira. Todo núcleo de generación energética necesita un medio de transmisión, por tanto es lógico, según explicó el académico, que los proyectos se evalúen de manera integrada para analizar y estudiar sus impactos de la manera más completa y rigurosa.

Afirmó, además, que el conflicto “lo transforman en un problema de costo beneficio. Y no hay beneficios para los ciudadanos: se daña la calidad de vida, el medioambiente, la salud de las personas”.

Según el proyecto presentado por la empresa, se estima que diariamente la planta consumiría 300 000 litros de agua, factor relevante considerando que el país sufre la crisis hídrica más grave de las últimas décadas, siendo el centro una de las regiones más afectadas.

“Nunca, durante todo el proceso de evaluación hasta ahora, la empresa pudo acreditar que contaba con los instrumentos de monitoreo necesarios para medir la calidad del aire. Es decir, es un proyecto que se ha saltado las indicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que solicitó el término del proceso por  carecer de información esencial y relevante”, criticó Salvador Donghi.

Donghi trabaja desde hace dos años en el caso Los Rulos, desde que el proyecto ingresó a la institucionalidad ambiental en febrero de 2015. En ese período también ha puesto énfasis en las consecuencias que la termoeléctrica tendría para la sustentabilidad y desarrollo equilibrado de la región, percatándose de una infracción a normas primarias —salud de las personas— y secundarias —daño a los recursos naturales.

“La ley chilena tiene un vacío respecto del daño a los recursos naturales, pero señala que en caso de no contar con la norma, se debe ir al listado de países que poseen y elegir la que más se acomoda a la realidad ambiental del territorio”, señaló.

Las normas secundarias de calidad ambiental son dictámenes emanados del Ministerio de Medio Ambiente que buscan prevenir o remediar la contaminación ambiental junto con otros instrumentos, como los planes de prevención o descontaminación y las normas de emisión.

Su alcance refiere a zonas específicas que la institución busca proteger, como cuencas o reservas que se vean amenazadas por iniciativas energéticas o de otro tipo, resguardando un área geográfica determinada.

Riqueza natural en riesgo

Hacen falta cuatro horas de caminata sostenida para alcanzar la cima del Cerro La Campana. Cuatro horas de ascenso por senderos serpenteantes y tupidos que culminan en un escarpado paraje a 1880 metros de altura, uno de los puntos más altos de la Cordillera de la Costa en la V Región, a 40 kilómetros hacia el interior de Valparaíso, Chile.

Ubicado en la comuna de Limache, es uno de los 36 Parques Nacionales declarados en el país. El ápice rocoso del cerro está rodeado por un cinturón de robles rojos, los más septentrionales de Chile y América del Sur, además de contar con numerosas especies endémicas que lo sitúan como uno de los territorios más relevantes en materia de conservación de la biodiversidad.

El lugar maravilló al naturalista inglés Charles Darwin, que lo visitó en agosto de 1833: “Pasamos el día en la cima del monte, y nunca me ha parecido el tiempo más corto. Chile se extiende a nuestros pies como un panorama inmenso limitado por Los Andes y el Océano Pacífico”, escribió en sus anotaciones.

Junto a la Reserva Natural Lago Peñuelas –19 kilómetros al sur de Valparaíso–, el Parque Nacional La Campana conforma desde 1984 la Reserva de la Biosfera La Campana–Peñuelas declarada por la UNESCO.

La Campana–Peñuelas abarca sólo un 2,9 % de las Reservas de la Biosfera declaradas en Chile. Con una extensión aproximada de 2400 kilómetros cuadrados, “es fundamental en la protección del mosaico de ecosistemas de Chile mediterráneo, reconocidos a nivel mundial por su alto grado de riqueza y endemismo”, sostienen los geógrafos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandro Salazar y Andrés Moreira, en uno de sus trabajos académicos.

Particularmente el Parque Nacional La Campana concentra 430 especies nativas, de las cuales más de la mitad corresponde a especies endémicas de Chile. “Ese es el nivel de relevancia que tienen estos lugares. El hecho de afectarla de esta manera tan grave hoy en día, nos limita absolutamente hacia el futuro para poder desarrollarlas como espacios para la sustentabilidad”, explicó Moreira.

Si bien las Reservas de la Biosfera no son homogéneas, ya que además del núcleo presentan una zonificación que las circunda —conocidas como zonas de amortiguamiento— y otra periférica —conocida como zona de transición—, La Campana es equilibrada respecto a la presencia de especies.

Un 99,7 % de la reserva se ubica en la provincia biogeográfica del esclerófilo chileno, además de contar con un 53 % de terreno que involucra matorral y casi un 50 % dentro de la ecorregión del bosque invernal.

Boldos, peumos, litres y quillay son algunas de las especies de árboles que se pueden encontrar a lo largo y ancho del parque. Si bien el lugar no cuenta con la presencia de grandes animales, se encuentran ejemplares muy representativos como el zorro culpeo, tórtolas, gatos guiñas y colocolo, quiques, roedores, anfibios y reptiles. De igual manera se topan muchos insectos y artrópodos endémicos de Chile y la Cordillera de la Costa.

En el espacio resaltan especies de 19 géneros endémicos de Chile, como el caso de las Adenopeltis, Conanthera, Tetilla, Jubaea y Speea. Desde la ladera este se puede apreciar a corta distancia la cumbre del Cerro El Roble, de 2200 metros de altura, un Santuario de la Naturaleza creado en 2001 para velar por la conservación del roble y otros ejemplares.

“Estamos hablando de una zona que debiese ser intocable y eso está reconocido por el Estado chileno a través de las áreas protegidas. A las áreas de amortiguación y transición entran otros usos: no solamente conservación sino que agricultura y turismo, pero en ningún caso acciones de tipo contaminante”, afirmó Moreira.

La ley chilena no considera las zonas de transición y amortiguación dentro de la categoría de “áreas con protección oficial” o “sitios protegidos”. Para estos efectos, solo cuentan las zonas núcleo y que corresponden a aquellas que tienen la categoría de Parque Nacional, Reserva Nacional, Área Virgen, entre otras, y que han sido designadas mediante decreto.

“Esta es una de las razones mediante las cuales la empresa establece que el proyecto termoeléctrico no se encuentran ‘en’ la Reserva de la Biosfera, porque está en su área de amortiguación. Además el proyecto ha sido groseramente manipulado en información para establecer mañosamente que no afectará a la Reserva”, apuntó Donghi.

El problema de la planificación territorial

“La Reserva de la Biosfera es un concepto que está pensado para el futuro. Estos lugares están llamados a ser los espacios donde se van a llevar a cabo acciones sustentables que van a permitir la mantención de la vida sobre el planeta”, apuntó Moreira.

El tipo de acciones sostenibles que mencionó requieren del empleo de diversas herramientas institucionales que las impulsen, resguarden y prioricen. Moreira explicó que en el caso chileno, la conservación de la biodiversidad y cuidado del medio ambiente no han adquirido la importancia necesaria, dependiendo de factores políticos e intereses económicos que se han perfilado como obstáculos para el avance en esta materia.

“La legislación internacional nos sobrepasa, en cambio la nacional queda al debe. Desde esa perspectiva, la ciudadanía está incluso más adelante que el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) porque intuye y aprende en base a la experiencia lo dañinos que pueden ser estos proyectos”, sostuvo Moreira, haciendo alusión a lo que ha pasado en otras zonas de la región saturadas de tóxicos y contaminación (como Ventanas y Quintero). “Este organismo se conforma con que la empresa titular argumente jurídicamente para salir del problema. Eso en un tribunal ambiental internacional no pasaría”.

Situación que en el caso de La Campana resulta preocupante por su riqueza característica: “la importancia a escala global, nacional y regional plantea enormes desafíos para la gestión y la gobernanza, tomando en cuenta los distintos niveles de toma de decisión y acción que ocurren en un territorio de esta naturaleza”, apuntó un estudio de Moreira.

Moreira afirmó que la estructura jurídico-ambiental de Chile, en ese sentido, tiene graves carencias. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por ejemplo, “no considera criterios de contexto ecológico y territorial para aprobar los proyectos que se presentan. Se limita, por tanto, a examinar cada iniciativa de manera aislada y fragmentada”, apuntó Liberona, de fundación Terram.

Por su parte, la empresa IC Power no accedió a otorgar una entrevista telefónica y se limitó a responder por escrito algunas de nuestras preguntas. Así, en palabras de su Gerente de Asuntos Corporativos, Hugo Lecaros, aseguró que “no se esperan impactos en la reserva, y obviamente tampoco en las especies de flora y fauna”.

Con respecto a la falta de información durante parte del proceso, declaró “que no fue tal. El proyecto terminó exitosamente su tramitación ambiental con una aprobación sin votos en contra”.

“El proyecto se emplaza en la zona de amortiguación, donde no existe ningún impedimento para realizar cualquier tipo de actividad productiva. El estudio de impacto ambiental tomó en cuenta esta condición, y se demuestra que no existen efectos adversos significativos de ningún tipo en la reserva”, sostuvo.

Fuerte oposición social

El Parque Nacional La Campana se impone cerca de pequeñas localidades que han resistido el avance de la urbanización acelerada en las ciudades. Limache y Olmué, comunas que en suma no superan los 60 000 habitantes, aún cuentan con almacenes y emporios de barrio. No han llegado grandes cadenas de farmacias ni abundan los supermercados, se vive a otro ritmo.

Su calidad de vida, aseguran algunos vecinos, se vería totalmente afectada con la instalación del proyecto termoeléctrico. No solamente cambiaría el paisaje con la construcción de las torres de alta tensión necesarias para la transmisión eléctrica, sino que empeoraría la salud de la población.

El aumento de material particulado y las deficiencias técnicas en los informes de la empresa acusadas por especialistas y académicos —puntualizadas como falta de información y capacidad de monitoreo— preocupa a las organizaciones sociales que se han articulado para defender la zona.

“Lo que la gente ve es que ya hay zonas muy contaminadas en la región, por ejemplo la zona de Quintero-Puchucaví, absolutamente saturada de contaminación. La ciudadanía ve como eso se ha ido deteriorando”, afirmó el profesor Moreira.

La población de Limache y Villa Alemana ya han marchado contra la central termoeléctrica en forma multitudinaria. La coordinación de diversas entidades enraizadas en la sociedad civil ha logrado constituirse como una fuerza de voz potente, dispuesta a llegar a las últimas instancias con tal de proteger la tierra que los vio crecer.

En el corto plazo, lo que queda es esperar cómo se dan las nuevas instancias requeridas por las organizaciones sociales, incluyendo el Comité de Ministros que debe reevaluar el proyecto. “Bajo los criterios de la UNESCO, este proyecto se emplaza en un área protegida y eso no lo podemos desconocer —explicó Donghi— Se trata además de un proyecto que no ha presentado medidas de compensación ni mitigación, pero la mejor forma de mitigar este impacto, es no construir”.

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