- ¿Qué medidas ha tomado el Estado para proteger a los líderes sociales y ambientales que denuncian a mineros ilegales en Chocó?
- ¿Cómo se ha agravado la situación con la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas?
Son las ocho de la mañana y Ana Teolinda ya lleva dos horas ‘barequeando’. Bajo un sol que hasta ahora se asoma, mueve su batea de madera en pequeños círculos en busca de una chispa de oro, mientras canta con una voz fuerte y lenta: “Con la batea se lava la mina… Con la batea se mazamorrea”. Su canción recuerda viejos tiempos en los que la misma batea con la que sostenía a su familia se usaba también para preparar los alimentos.
Ana Teolinda ya no ‘barequea’ en un río, como le enseñó su mamá. Ahora trabaja dentro de uno de los tantos cráteres de tierra que las retroexcavadoras abrieron en medio de la selva, a solo una hora de Quibdó, la capital de Chocó. Las ‘retro’ ya se fueron de ese hueco porque se acabó el oro y llegó el turno de los pobladores de rebuscar entre las sobras de la extracción minera.
Teolinda y su compañera Cruz Dorila, que llevan más de 50 años ‘barequeando’, coinciden en que en los años 80 ser minero era otra cosa, pues el oro recolectado a la orilla de los afluentes del río Atrato era suficiente para comer bien. Ahora, cuando tienen suerte, en un día encuentran un ‘tomín’ (tres granos de oro) por el que les pagan 40 000 pesos (cerca de 14 dólares) que reparten entre las tres personas que trabajan en la mina. Ganancias insignificantes, si se tienen en cuenta los 30 000 pesos de gasolina diarios (cerca de 10 dólares) que requiere la motobomba.
La percepción de estas dos ‘barequeras’ es un buen ejemplo de la situación en la que se encuentra la mayoría de los afrodescendientes del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), una organización étnico-territorial de más de 73 000 hectáreas en la que viven cerca de 3200 familias. En el territorio conviven 43 consejos comunitarios que se ubican en gran parte de cuatro municipios del oriente chocoano: Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui.
Los expertos consultados por Mongabay Latam en Chocó coinciden en que la minería mecanizada y sin regulación no ha traído beneficio alguno para los habitantes de la zona. Los ríos, donde solían bañarse y pescar, están contaminados; varias especies de peces que antes comían han desaparecido; la agricultura es un oficio del pasado y los bosques están siendo arrasados. Las comunidades sienten además que son cada día más pobres y que la minería trajo consigo la proliferación de los grupos armados y de las enfermedades.
La pelea contra la minería mecanizada la encabezan hoy José Américo Mosquera, representante legal de Cocomopoca, y los otros 24 miembros de la junta directiva de este consejo comunitario. “Nosotros no estamos en contra de la minería, con lo que no estamos de acuerdo es con la forma como se está haciendo en el territorio. Nosotros somos mineros tradicionales, que no contaminábamos el ambiente, ellos llegaron y lo están destruyendo todo”, dice Américo a Mongabay Latam.
“Para tener permisos legales se requieren permisos ambientales, planes de manejo ambiental y estudios para determinar si en cierto lugar hay oro o no. No abrir huecos en la tierra a ver qué encuentran”, insiste.
De acuerdo con el último Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía, que se remonta a datos de 2010-2011, el 99 % de las unidades de producción minera en el Chocó no cuenta con títulos mineros ni licencias ambientales. Dichas unidades se refieren a la infraestructura dedicada a la explotación de minerales, especialmente de oro.
Se trata en gran medida de personas provenientes de otras regiones del país (en su mayoría de Antioquia y Córdoba) o de otros países (principalmente brasileños) que han traído su propia maquinaria y pagan irrisorias sumas de dinero a los propietarios de los predios para explotar el terreno sin autorización. No hay que desconocer que algunos de los mineros mecanizados son también, en menor medida, miembros de la comunidad. De acuerdo con información de Cocomopoca, en este momento hay 98 unidades de producción minera informales e ilegales en el territorio colectivo.
“De 1995 para acá, con el ingreso de retroexcavadoras a los territorios, hubo niveles de degradación ambiental y social fuerte, que afectó la vida de las familias”, indica Sterling Londoño, Vicario de Pastoral Afro de la Diócesis de Quibdó, a Mongabay Latam. Recuerda que con los entables mineros, los pobladores vieron por primera vez llegar también las dragas de succión y los elevadores hidráulicos que hicieron cada vez más difícil el trabajo para los mineros artesanales, se dieron derrumbes de tierra y contaminación de las aguas de las que dependían las comunidades que no contaban con servicio de agua potable.
A este problema se le añade un ingrediente: los grupos armados ilegales. En esta parte del Chocó ha hecho presencia histórica el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Pero también han aparecido esporádicamente grupos paramilitares y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Todos, en distintos niveles, han usado la minería como una de sus fuentes de financiación a través de extorsiones o de minas ilegales.
La situación de orden público ha empeorado este año por la entrada violenta de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupo ilegal que se creó después de la fallida desmovilización de los paramilitares en 2006, a quienes el gobierno no reconoce como paramilitares, sino como una banda criminal (Bacrim). Luego de que en enero las tropas de las FARC salieran del territorio para agruparse en las zonas donde dejarán las armas, los enfrentamientos entre el ELN y los Gaitanistas se han intensificado en Chocó.
Este es el complejo panorama al que se enfrentan las cabezas visibles de Cocomopoca que alzan su voz en contra y se oponen a la minería irresponsable y a los grupos armados que quieren lucrarse de ella. “Los líderes han sido víctimas de constantes amenazas telefónicas, verbales y escritas que han representado un riesgo para ejercer autoridad sobre el territorio étnico. Tienen restricciones de movilidad porque no pueden andar con tranquilidad por su propio territorio”, explica a Mongabay Latam Ximena González, abogada de Tierra Digna, una organización no gubernamental que ha acompañado el proceso de Cocomopoca. De acuerdo con Américo, los 24 miembros de junta directiva ampliada han sido amenazados.
Liderazgos en riesgo
A partir de 2005, cuando se intensificó la actividad minera, aumentaron también las amenazas contra los representantes en los distintos consejos comunitarios que componen Cocomopoca. “La peor amenaza que nosotros tenemos como organización es la cuestión de la minería”, dice uno de los líderes entrevistados por la Unidad de Restitución de Tierras en su informe de caracterización. La Unidad es la entidad encargada de documentar los casos de despojo de tierras en el país.
La Unidad ha reunido varios de estos casos. Por ejemplo, en el Consejo de Arenal, municipio de Atrato, en 2007 mineros de Antioquia querían ingresar sus máquinas a la zona de reserva forestal de la comunidad. “Dañaron cuantas cosas cogieron, dañaron unas cosas naturales, unos humedales, a lo último el señor (…) me dijo que me iba a matar porque yo le dije que buscara otra forma de buscar el oro y cuidara los humedales”, cuenta en el informe de caracterización un líder de Arenal. La explotación fue suspendida momentáneamente por la oposición del Consejo Comunitario, pero en 2010 se reanudó.
En el consejo de La Playa, que hace parte de las comunidades de la cuenca del río Capá, mineros amenazaron al representante legal, de acuerdo a otro testimonio del informe. “Me tienen amenazado por su vaina de sus maquinarias (…) Ellos habían hablado con la comunidad, únicamente esperaban la decisión mía, les dije ‘yo no acepto’”, contó el líder a la Unidad de Restitución. “Me mandaron una amenaza, que si yo no los dejaba entrar ya sabía lo que me pasaba. De toda forma que entren, porque yo no puedo dejarme matar. Entraron esos señores, mire el desastre que hicieron”.
La situación se complicó para los líderes del Chocó luego de que en 2011 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le declarara la guerra a la minería ilegal. En varias de sus intervenciones, Santos dijo que la Fuerza Pública atacaría a lo que ahora llamaría minería criminal. Para algunos mineros ilegales, esta arremetida fue interpretada como respuesta a las críticas que han hecho los líderes de Cocomopoca.
Lo que prometía ser la solución ha incrementado los problemas de seguridad. En 2011, durante el paro minero, el líder del consejo local de Playa Bonita, en el municipio de Bagadó fue amenazado con una granada. Bagadó es donde se concentra el mayor número de amenazas, pues es el municipio con mayor actividad minera del Consejo Comunitario.
Uno de los líderes del consejo comunitario de Piedra Honda, en Bagadó, le contó a la Unidad de Tierras que en julio de 2013 cuando se rumoreaba que las autoridades militares iban a destruir las maquinas, los dueños de las ‘retro’ le dijeron “que el 26 quemaban las maquinas acá en Piedra Honda y que el 27 bajaban no sé cuántas cabezas de nosotros, eso estuvo durísimo, durísimo estuvo eso”.
Las amenazas no se han detenido. Este año en Piedra Honda, un miembro de la comunidad intentó hacer cumplir la ley impidiendo la entrada de una retroexcavadora y los mineros respondieron con tiros al aire para amedrentarlo.
Américo también sigue recibiendo mensajes amenazantes que algunos ‘dueños’ de minas les hacen llegar por medio de los barequeros que trabajan allí. “Me mandan a decir que cualquier día le metemos unos tiros a ese representante legal”, cuenta. El problema es, además, que la presencia de las mineras ilegales e informales ha dividido a la comunidad, pues para muchos habitantes la minería es la única fuente de ingresos. “Llegan dueños de la ‘retro’ a decir que necesitan un permiso y el consejo directivo dice no, entonces después le dicen a la gente que los miembros de la junta estamos en contra de la gente”, dice Américo. A pesar de las presiones, la junta directiva no ha autorizado hasta ahora una sola unidad de explotación minera.
Américo y sus compañeros han puesto las denuncias correspondientes ante las autoridades. La Unidad Nacional de Protección (UNP), hasta 2014, reconoció el riesgo en el que estaban 10 de ellos y estaba estudiando el caso de otros seis. Las medidas de protección entregadas fueron un chaleco antibalas y un celular. “Esas medidas de protección no sirven de nada. Si yo me voy a Piedra Honda ya no tengo señal de celular, pero lo peor es que si llego con un chaleco antibalas los actores armados saben que denuncié con la UNP y eso significa que estoy pasando información. Es ir a la boca del lobo”, dice Américo.
Cocomopoca le ha exigido a la UNP un esquema de seguridad integral que proteja no solo a los líderes, sino también a las comunidades. Sobre todo, ahora que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia quieren quedarse con el poder de las minas. De acuerdo con cifras de la Unidad de Víctimas, más de 300 familias han salido desplazadas de Lloró desde finales del año pasado. En la mayoría de los casos se debe a enfrentamientos entre el ELN y las Bacrim.
El pasado 2 de febrero, 70 hombres llegaron a la vereda de Canchidó, municipio de Lloró, ubicada al margen del río Atrato. Mataron al minero Nilson Martínez y quemaron todas sus pertenencias, al parecer, porque se negaba a pagarles el cobro extorsivo, conocido como ‘vacuna’.
Los líderes de Cocomopoca insisten en que ellos no son los únicos que están en riesgo y que el Estado debe garantizarle la seguridad a toda la comunidad. La Unidad Nacional de Protección asegura que ya hizo el estudio de seguridad a todos los miembros de la junta amenazados y que está en proceso de estudiar la situación de riesgo de la comunidad, como lo ordenó un juez. “La Unidad ya inició las gestiones tendientes para lograr acercamientos con los líderes y concertar lo necesario para desarrollar el estudio de riesgo colectivo”, contestó la entidad a la solicitud de información que hizo Mongabay Latam.
Pero la minería ilegal e informal no es el único frente de batalla de Cocomopoca.
Otro tema pendiente: territorios colectivos y minería legal
Desde mediados de la década de los 80, las comunidades afro, que se ubican en su mayoría en el Pacífico colombiano, le exigieron al gobierno el derecho a permanecer y disfrutar de los territorios que han ocupado ancestralmente. Fue así como surgió la Ley 70 de 1993 que creó los consejos comunitarios, una figura que permite titulación colectiva de los territorios a comunidades afro.
Desde inicios de 1999, los pueblos del Alto Atrato que conforman Cocomopoca pidieron al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) —que en 2004 fue reemplazado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)— que se reconocieran sus derechos sobre las 172 000 hectáreas en las que vivían. La respuesta se demoró casi 12 años en llegar. El 19 de septiembre de 2011 les informaron que les habían sido tituladas 73 317 hectáreas, el 42 % de lo que habían solicitado.
Pero muchas cosas pasaron en esos 12 años. La comunidad pasó de tener 30 000 a 12 000 habitantes, de acuerdo con censos efectuados por Cocomopoca. No fue un desplazamiento masivo, sino lo que se conoce como desplazamiento ‘gota a gota’.
Entre 2003 y 2008, mientras el Estado no titulaba los territorios colectivos y la población salía desplazada, sí le entregó 21 títulos de concesión minera a empresas multinacionales, que se sobreponen con el 23.11 % de territorio que en 2011 le fue titulado a Cocomopoca, según el informe de caracterización que la Unidad de Tierras presentó ante el juez de restitución. Sin contar con las 27 solicitudes de concesión minera que se encuentran en trámite ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que abarcan otro 33.4 % del terreno.
De acuerdo con el informe ‘Minería en Chocó en clave de derechos’ de Tierra Digna, las concesiones se entregaron en su mayoría a tres empresas: AngloGold Ashanti Colombia SA, Continental Gold Limited Sucursal Colombia y Exploraciones Chocó Colombia SAS. Esta última es operada a través de un Joint Venture entre Anglogold Ashanti y Glencore Colombia S.A.S.
Los líderes de Cocomopoca optaron por tomar medidas legales y acudieron a la ley de víctimas y restitución de tierras.
Las comunidades afro argumentan que los títulos fueron entregados antes de que fuera titulado el territorio a Cocomopoca en 2011, pero después de que esta comunidad hiciera la solicitud en 1999. Ximena González indica que el artículo 17 de la Ley 70 dice explícitamente que “hasta tanto no se haya adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra que ocupe un terreno en los términos que esta ley establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán autorizaciones para explotar en ella recursos naturales”.
La Unidad de Tierras les dio la razón a las comunidades y presentó una demanda ante un juez de Quibdó.
Consultada por Mongabay Latam, la empresa Anglogold Ashanti dijo compartir la posición de Glencore en este proceso judicial, posición que se resume en dos argumentos: el primero, que las comunidades afrodescendientes son dueñas del suelo y no del subsuelo; y el segundo, que las empresas obtuvieron los títulos mineros limpiamente, sin que intermediara la violencia. Por eso, aseguran que “No resulta justo ni procedente que legítimos derechos otorgados sin ningún tipo de violencia ni relación con el conflicto armado sean sometidos a un proceso judicial que está estructuralmente diseñado para proteger a las víctimas del despojo territorial causado por conflicto armado”.
Mongabay Latam se comunicó también con Continental Gold para recoger su posición para este reportaje, pero no obtuvo respuesta de su parte.
La comunidad y las empresas están a la espera entonces de la decisión que tome el juez de restitución. Hasta el momento, ninguna compañía ha comenzado la etapa de explotación.
Acciones contra la minería ilegal: ¿hay avances?
En julio del 2014 se concedieron unas medidas cautelares a favor de las comunidades. El juez pidió a los alcaldes locales de los municipios que impidan la entrada de nuevas retroexcavadoras, dio un plazo de 10 meses a la Policía Nacional para que investigue la situación de minería ilegal en el territorio y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que haga un estudio de la seguridad en las comunidades y tome las medidas sobre quienes están siendo amenazados.
“Han pasado más de dos años y medio y se ha hecho muy poco, por no decir que nada”, dice Ximena González.
En la última audiencia de seguimiento de estas medidas cautelares, programada el 2 de marzo de este año, a pesar de que fueron citados los alcaldes locales de los cuatro municipios donde tiene jurisdicción Cocomopoca, solo se presentó el mandatario de Lloró, quien dijo que ha sido imposible detener las retroexcavadoras porque hacen su entrada en las noches.
La Policía Nacional ha optado por tomarse los entables mineros para destruir la maquinaria. El problema con esto último es que cuando las comunidades preguntan por qué lo hacen, dicen que es una orden del representante legal de Cocomopoca, Américo Mosquera, exponiéndolo a mayores riesgos, según denuncian los líderes del Consejo Comunitario.
“Esas medidas de control militar no mitigan el fenómeno porque en cuatro días vuelven e ingresan nuevas máquinas o migran”, indica González. Agrega que el problema es aún más complejo porque muchas de las comunidades viven de este tipo de minería y no se puede atacar su única fuente de ingreso de un día para otro y de manera violenta. Por eso las autoridades de Cocomopoca han sugerido que se hagan reuniones con los mineros informales para llegar a acuerdos.
Proteger el río
Mientras espera una sentencia del juez de restitución de tierras, la junta directiva del consejo comunitario no se ha quedado quieta. Sus miembros han asistido a decenas de eventos nacionales e internacionales para visibilizar la situación de Cocomopoca.
En 2015, se unieron a otro grupo de organizaciones y consejos comunitarios del Chocó y demandaron a entidades del gobierno que, según ellos, no han hecho nada para atender el desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, que atraviesa más del 60 % del Chocó y está contaminado por la actividad minera. Lo hicieron por medio de una tutela, como se le conoce a la acción de amparo en Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la tutela por improcedente y el Consejo de Estado también, pero la Corte Constitucional aceptó las pretensiones.
Esta Corte reconoció al río Atrato como un “sujeto de derechos”. Esta sentencia ordena al Estado la protección y restauración del río. En un plazo no mayor de un año, el Ministerio de Medio Ambiente deberá diseñar y poner un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, además de reforestar las zonas afectadas por la minería ilegal.
Américo Mosquera y sus compañeros del consejo comunitario han intentado todas las vías para mostrarle al mundo los desastres ambientales que está causando la minería antes de que sea demasiado tarde. Esperan que las respuestas no se queden solo en el papel, como ha ocurrido en el pasado.
La desesperanza es notoria. Con un simple recorrido de una hora por el río Atrato desde Quibdó se ven por lo menos cuatro dragas trabajando a plena luz del día. “Todos las estamos viendo y, dos de esas, son de un brasileño, entonces ¿qué pasa? Nada, porque acá no pasa nada”, dice Américo. “Uno sigue y sigue haciendo fuerza, pero como está la situación de orden público, cualquiera puede decir ‘vea, coja esos dos millones de pesos y péguele un tiro a ese representante legal que está molestando mucho’, entonces a veces no sé si es mejor quedarse tranquilo”, concluye mientras baja su mirada.
* Tatiana Navarrete viajó al Chocó con el apoyo del International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de la iniciativa Adelante.
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