- ¿Podrá una ley asegurar la conservación de especies amenazadas con riesgo de desaparecer en Colombia ?
- ¿Qué debate existe alrededor de esta propuesta legislativa?
En Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, existen alrededor de 1200 especies en distintas categorías de amenaza según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Especies como el Castaño de Anorí (Compsoneura anoriensis), árbol que crece en los valles del río Anorí en el departamento de Antioquía; dos habitantes de los Andes colombianos, como el cóndor andino (Vultur gryphus) que se encuentra en Peligro y el oso Andino (Tremarctos ornatus) en categoría de Vulnerable; y las ranas arlequín, son parte de la flora y fauna que se encuentran en eminente peligro en el país.
La crítica situación que enfrentan las especies y los ecosistemas, ha motivado la creación de un nuevo proyecto de Ley que ha sido presentado al Congreso de la República de Colombia, el último 24 de mayo, con el objetivo de promover la protección de las especies amenazadas del país, además de asegurar su conservación y usos sostenibles.
La iniciativa presentada por el senador Mauricio Aguilar Hurtado y los representantes María Eugenia Triana y Ciro Fernández, deberá pasar por varios debates en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República para su aprobación presidencial como paso final para convertirse en una ley.
Según le explicó a Mongabay Latam la vicepresidente de la Cámara de Representantes y ponente del proyecto de Especies Amenazadas, María Eugenia Triana, la propuesta de Ley pretende obligar al Estado a generar acciones para la conservación de las especies amenazadas del país, permitiendo que se logre a futuro la recuperación poblacional de las mismas y se reduzcan los riesgos de extinción sobre ellas.
Para la parlamentaria, las decisiones que se están tomando en Colombia para impulsar el desarrollo de proyectos que son autorizados por entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), están generando impactos sobre la biodiversidad que deben ser estudiados con mayor rigor para conocer la verdadera situación de las especies en Colombia.
Entre los años 2014 y 2016 se otorgaron en Colombia 286 licencias ambientales a diversos sectores productivos. Entre el año 2011 y 2017, según el Ministerio de Ambiente, algunas Áreas de Reserva de Ley Segunda sufrieron el recorte de más de 135 000 hectáreas, sin tener en cuenta que estos espacios naturales fueron declarados para promover el desarrollo de la economía forestal, la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, y que sin ser áreas protegidas, algunas de ellas albergan en su territorio áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y territorios colectivos como la Reserva Forestal de la Amazonía y Río Magdalena.
Pero el desarrollo de grandes proyectos de inversión en zonas biodiversas del territorio nacional y el recorte de las áreas de reserva mencionadas, no han sido bien recibidos en el tiempo por varios sectores del país. Según Gonzalo Andrade, investigador de la Universidad Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, existe “un avanzado proceso de transformación de los ecosistemas y la pérdida de hábitat de especies a nivel nacional”, es por eso, sostiene el investigador, que “el Estado debe incorporar medidas de prevención y reducción de amenazas a la biodiversidad de forma prioritaria, de manera que revierta los procesos de pérdida de especies y reduzca los posibles efectos, no sólo sobre este patrimonio, sino sobre la sostenibilidad en general del país”.
La propuesta de ley propone la creación de un Comité Nacional de Especies Amenazadas, coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el que participen instituciones de gobierno relacionadas con la toma de decisiones en el país, como son los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las Corporaciones Autónomas Regionales y el poder legislativo; así como especialistas de los institutos de investigación, de las instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y un observador internacional con experiencia en el tema como lo es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Para Andrade, si bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es quien debe presidir el Comité, “este (comité) debe ser netamente científico y técnico, pero la presencia de instituciones como los Ministerios de Minas, Agricultura, el poder legislativo y otras instituciones convierte al comité netamente en un órgano político en donde el Ministro de minas no va a dejar que se declare esta zona porque tiene interés minero o el Ministro de Agricultura porque tiene intereses agropecuarios, entonces los lineamientos técnicos y científicos no van a salir de ese comité nacional”, afirmó el investigador.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “la propuesta de ley es una oportunidad única para el país, y el ministerio exalta la iniciativa que surge desde el Senado de la República, ya que es una de las herramientas que conlleva a la conservación de la biodiversidad”.
La autoridad ambiental señaló además que, al margen del proyecto de ley que respaldan, ya existe en el país un comité Categorizador de Especies Amenazadas que fue creado en el 2003. Este, según los funcionarios del ministerio, genera listados oficiales de especies amenazadas, que son un punto de partida para la generación de instrumentos y herramientas de manejo como son: los libros rojos, los planes y programas de conservación, los acuerdos interinstitucionales y los acuerdos con comunidades para la conservación de especies.
A lo que Gonzalo Andrade respondió que aunque reconoce el duro trabajo detrás de la publicación de casi 17 volúmenes de especies amenazadas de flora y fauna, el no generar buenas estrategias y programas financiados de conservación y de monitoreo de especies en peligro, ha demostrado 10 años más tarde en los nuevos monitoreos ambientales y estudios, que existe un aumento de especies amenazadas en los listados de Colombia.
María Eugenia Triana coincidió en señalar que la conservación de la biodiversidad de Colombia es una tarea pendiente. “Nos jactamos de ser un país biodiverso pero no estamos desarrollando las acciones para conservar las especies amenazadas de manera efectiva”, dijo la parlamentaria.
La propuesta de ley propone en uno de sus artículos la creación de salvaguardas ambientales y otros incentivos de conservación, basados en la Lista Roja y el portafolio de hábitats críticos y áreas prioritarias, que ayudarán a generar una serie de programas y proyectos para asegurar la protección de las especies listadas y las áreas prioritarias de conservación, todo bajo un esquema de participación comunitaria y pagos por servicios ambientales.
La investigación científica y el desarrollo de programas de conservación necesitan financiamiento, por eso, según le explicó a Mongabay Latam el representante de la Cámara Ciro Fernández, se propone disponer de recursos del posconflicto a través del fondo Colombia en Paz, entendiendo que la propuesta es parte fundamental para el manejo y uso sostenible de los recursos naturales planteados por el Fondo.
Para el Investigador Gonzalo Andrade, la propuesta debería ser más específica en cuanto a fuentes de financiamiento destinadas a las estrategias de conservación y monitoreo de las especies amenazadas y afirmó que “los recursos deben ser jalonados (asignados) desde el sector científico e investigativo del país para financiar proyectos de investigación que permitan hacer estrategias de conservación y monitoreo de todas las especies que están siendo categorizadas para que estas y sus ecosistemas se puedan recuperar”.
Otro punto que se menciona en el proyecto de ley, que está descrito en el artículo 13, es que “que las áreas o regiones geográficas que sean oficialmente definidas como hábitat crítico o área prioritaria de conservación, y que requieran medidas de conservación restrictivas, una vez validadas y aprobadas por resolución del Comité Nacional, serán incorporadas en un portafolio de áreas consideradas como determinantes ambientales”, esto quiere decir, que de aprobarse la propuesta, en esos espacios naturales no se autorizarían los “procesos de sustracciones de reserva o cambios de categorías de manejo a nivel nacional”.
El debate recién ha comenzado. Hasta el momento la industria no se ha pronunciado sobre la propuesta de ley y algunas instituciones científicas reconocidas, como el Instituto Humboldt, recién empiezan a analizar el proyecto.
Gonzalo Andrade insiste en que por la manera como estaría compuesto el Comité Nacional de Especies Amenazadas, no se lograrían declarar áreas prioritarias para la conservación. Para el investigador, solo un equipo netamente técnico y científico podría asegurar la conservación de las especies amenazadas.
Por el contrario, el científico José Fernando González-Maya, asesor de la propuesta de Ley, considera que solo un comité político permitirá que se puedan incluir en la agenda del gobierno las propuestas de investigación y los proyectos de conservación de las especies, “si el componente político no hace parte del comité, los recursos y la planificación estarían ausentes. Por eso al aprobar la ley, una reglamentación de la misma permitiría generar un comité científico solo para lo técnico, pero el componente político es determinante”, le explicó González-Maya a Mongabay Latam.
Especies amenazadas en el país en cifras.
Las especies amenazadas según la UICN son todas aquellas que se consideren en riesgo de desaparecer, a mediano o corto plazo, por causas principalmente derivadas de las actividades desarrolladas por el hombre y otras causas asociadas.
De acuerdo con la información disponible en los Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia, se han identificado cerca de 1200 especies en distintas categorías de amenaza, según los criterios de la UICN y reportados en el Sistema de Información de la Biodiversidad (SIB) de Colombia.
De 798 especies de plantas amenazadas, 264 están en Peligro Crítico, 112 en Peligro y 422 son Vulnerables según el SIB Colombia.
De 313 especies de vertebrados amenazados, 50 especies están en Peligro Crítico, 164 En Peligro y 99 en la categoría Vulnerable.
Las cifras actuales muestran la situación de amenaza de las especies en el país y la publicación de varios libros rojos lo confirman, sin embargo los ponentes de la ley aseguran que se necesita ampliar el conocimiento tal y como lo determina la propuesta para asegurar la permanencia de las especies a futuro y la prestación de servicios ecosistémicos vitales y determinantes para el desarrollo del país y sus comunidades.
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