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La Corte Constitucional de Colombia otorga derechos al río Atrato y ordena al gobierno limpiar sus aguas

  • El río Atrato y sus afluentes están entre los más contaminados de Colombia.
  • Las operaciones mineras semiindustrializadas con excavadoras y dragas ilegales son uno de los principales impulsores de la deforestación en el departamento del Chocó de Colombia, donde vive el río Atrato.
  • En 2014, la Defensoría del Pueblo colombiana declaró una crisis humanitaria en el Chocó debido a problemas sociales, económicos y ambientales.
  • La mayoría de las amenazas al medio ambiente fueron impuestas por la deforestación, las mafias de tráfico de madera y la erosión en las cuencas del Atrato.

CHOCÓ, Colombia – Los ríos, los bosques y sus habitantes están inseparablemente conectados en el departamento colombiano del Chocó, en la costa noroeste del país. La gravedad de la contaminación que ha comenzado a afectar el bienestar de todo el ecosistema acuático y las comunidades ribereñas adyacentes recientemente atrajo la atención de los poderes judiciales superiores de Colombia.

Según un reciente fallo de la Corte Constitucional colombiana, el río Atrato necesita mejor cuidado y está «sujeto a los derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en este caso concreto, restauración». La demanda también le llama la atención al Estado por su comportamiento negligente y ordena que el río se limpie.

El fallo de la corte sobre el río Atrato es el resultado de un caso presentado por la ONG colombiana Tierra Digna, organizaciones afrocolombianas y una plataforma indígena —una reunión de representantes de organizaciones indígenas.

Un lugar de estacionamiento improvisado para botes en el río Atrato cerca de Quibdó, capital del Chocó. Foto de Bram Ebus para Mongabay

Este caso inusual es una gran victoria para la conservación del medio ambiente, según Ximena González, una de las abogadas de Tierra Digna.

«Es una decisión simbólica, no solo para el medio ambiente, sino también es la primera vez que la Corte Constitucional acoge un nuevo marco de derechos, llamado derechos bioculturales», dijo González. «Aquí se señala la relación directa y estrecha entre biodiversidad y cultura. Esta relación es indispensable y además es esencial para las comunidades étnicas, especialmente en el Chocó».

Muchas personas en el Chocó dependen del río Atrato. Según González, por eso el reconocimiento de la degradación del río y el énfasis de la corte en el derecho al agua y en las condiciones básicas de vida es un gran paso adelante, especialmente para futuras políticas públicas con un enfoque ecocéntrico de los derechos humanos.

El fallo del tribunal deja claro que el río tiene derechos.

«De acuerdo con esta interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha durado miles de millones de años y nosotros [humanos], en modo alguno, somos dueños de otras especies, biodiversidad o recursos naturales, o inclusive el destino del planeta», dice el decreto. «En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un verdadero sujeto de derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercitados bajo la tutela de sus representantes legales, por ejemplo, por las comunidades que lo habitan o tienen una relación especial con él».

Por revolucionario que pueda parecer el fallo, Colombia tiene el segundo mayor número de conflictos ambientales en el mundo, y tiene como objetivo construir su economía alrededor de la industria extractiva. Por el momento, el verdadero desafío es poner al gobierno en acción directa ahora que la corte quiere un río limpio.

Uno de los muchos afluentes del río Atrato que serpentea a través del Chocó. Foto de Bram Ebus para Mongabay

En su curso de 670 km (416 millas), el río Atrato atraviesa una de las regiones más biodiversas del mundo. Los alrededores del río son bosques densos y verdes. Las selvas que bordean el río son cada vez más presionadas por la invasión ilegal de la tala y las operaciones mineras, y sufren de tasas históricas de deforestación. Aquí, en el departamento colombiano del Chocó, el río ha vivido su propia historia de conflicto en la que se vio obligado a dar paso a grupos armados ilegales en sus aguas fangosas.

Durante el conflicto interno que duró más de medio siglo, las guerrillas usaron el río para trasladar sus tropas. Por el momento, los famosos grupos paramilitares de Colombia utilizan el río Atrato para llegar a las comunidades ribereñas a las que aterrorizan y desplazan. El Atrato y sus muchos afluentes también otorgan paso seguro a los contrabandistas que transportan oro extraído ilegalmente en sus canoas motorizadas, pero sufren de la grave contaminación causada por la extracción del mismo oro.

Dos mineros informales vigilan la excavadora que usan para abrir el suelo en búsqueda de oro. Foto de Bram Ebus para Mongabay

Ya ha sonado la alarma antes en el río Atrato. En el 2014, la Defensoría del Pueblo declaró una crisis humanitaria en el Chocó debido a sus problemas sociales, económicos y ambientales. La mayoría de las amenazas al medio ambiente fueron impuestas por la deforestación, las mafias de tráfico de madera y la erosión en las cuencas del Atrato. Especialmente la contaminación causada por las operaciones mineras ilegales ha alcanzado niveles históricos.

Las operaciones mineras semiindustrializadas con excavadoras ilegales y dragas son uno de los principales impulsores de la deforestación en el Chocó.

«La extracción ilegal que se realiza en la cuenca del río Atrato desafía cualquier idea del uso responsable del agua y de los bosques. Es una violación del derecho fundamental al agua», lee el fallo de la Corte. Sin embargo, la batalla por las vetas de oro en el Chocó está lejos de terminar. Según el cálculo más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el 2014, grandes máquinas de dragado y excavadoras ya había causado una pérdida de 19 000 hectáreas de cobertura vegetal en el Chocó. De acuerdo a UNODC, casi 79 000 hectáreas en 17 de las 32 provincias colombianas están afectadas por la minería informal.

Los paisajes deforestados en los densos y húmedos bosques verdes están llenos de excavadoras amarillas y plantas de procesamiento de minerales. Los mineros buscan en las zanjas llenas de suelos contaminados manchas brillantes de oro. El mercurio venenoso que se utiliza en el proceso de extracción causa numerosos problemas sanitarios y ambientales en las comunidades predominantemente ribereñas y, como afirma el tribunal, contamina el río Atrato.

La población local se compone principalmente de descendientes de los esclavos africanos que fueron llevados al Nuevo Mundo por los españoles en épocas coloniales. Mientras que la población afrocolombiana ha extraído oro durante más de 400 años usando técnicas tradicionales, los grupos armados que actualmente dominan el panorama minero obligan a los mineros a usar métodos modernos.

Mineros artesanales usan sartenes para protegerse de la lluvia. Foto de Bram Ebus para Mongabay

No son tanto los propios afrocolombianos los que se benefician de la eficiente pero destructiva maquinaria minera. Ellos viven en los bosques que los paramilitares deforestan, apenas les alcanza el dinero a través de la minería en pequeña escala y están rodeados de contaminación.

«Los actores clave son los grupos armados», dice Leonardo Correa, coordinador técnico de la oficina colombiana de la UNODC en Bogotá. «Hay áreas donde está muy claro para nosotros: el grupo armado crea una especie de esclavitud para las personas que ocupan estos territorios. Es por eso que usted tiene que hacer frente a esos grupos, porque no todas las explotaciones son propiedad de los mineros o las comunidades».

Como sucede a menudo en Colombia, el gobierno aplica el método del palo; sin embargo, la zanahoria podría ser más fructífera, ya que se trata de personas pobres en las economías ilícitas.

«Nos tratan como criminales, pero solo buscamos una manera de pagar el pan de nuestras familias. Todos merecemos una oportunidad», dice Didier Valencia, minero informal de la Unión Panamericana, una zona minera que a menudo es atacada por misiones improvisadas contra la minería ilegal. Los mineros de subsistencia a menudo son arrojados en la cárcel mientras los inversores se esconden en los centros urbanos y la maquinaria fácilmente reemplazable es destruida por equipos especiales «contra la minería ilegal» de la policía nacional y el ejército.

Anderson Cárdenas, ingeniero medioambiental de la autoridad ambiental del Chocó, CODECHOCÓ, explica que las operaciones contra la minería ilegal también tienen un impacto ambiental.

«Residuos sólidos (metales) dejados por los explosivos y residuos líquidos (combustibles, grasas y aceites usados) que estaban en las máquinas en el momento de la explosión, contaminan el suelo y las fuentes de agua cercanas».

Con el lodo hasta las rodillas, la mayoría de los jornaleros no son conscientes de los riesgos que las aguas contaminadas con mercurio representan para su salud, y mucho menos de los del mercurio que entra en sus cuerpos a través de los peces que comen.

Un minero trata de separar las rocas de lo que está siendo minado. Foto de Bram Ebus para Mongabay

Ahora el tribunal constitucional no solo ha ordenado al gobierno que limpie el desorden en el Chocó, sino que también proporcione alternativas a la población local. Se esperan muchos cambios para el Atrato y sus alrededores.

«Uno de los retos más grandes es evitar que la decisión se quede atascada en un dilema burocrático entre la corte y el gobierno», dice González, quien destaca que se creará una comisión especial para salvaguardar el río en la que expertos nacionales e internacionales tengan la palabra.

Imagen de portada: En el Chocó hay muchas pequeñas tiendas que refinan, venden y compran oro minado localmente. Foto de Bram Ebus para Mongabay

Bram Ebus es un periodista freelance radicado en Colombia. Puedes encontrarlo en Twitter en @BramEbus.

Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 22 de mayo de 2017.

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