- Ochenta familias que tenían la esperanza de que se les concedieran tierras en el estado amazónico de Pará han recibido la orden de un tribunal brasileño de desalojar su campamento situado en la zona en solo dos semanas.
- La tierra será entregada a miembros de la familia Vilela, famosos ladrones de tierras, taladores ilegales de bosque y miembros de la élite rural rica de Brasil.
- La decisión del juez se ha puesto en entredicho. Eliane Moreira, fiscal de justicia del Ministerio Público de Pará, ha criticado a las autoridades durante mucho tiempo por permitir que los ladrones de tierras utilicen el registro ambiental para legitimar la apropiación de tierras, algo que el juez ha aprobado.
- Será difícil que las familias campesinas recurran la decisión, ya que no tienen recursos para contratar un abogado ni cubrir otros gastos jurídicos.
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Hasta la semana pasada, 80 familias pobres que llevaban casi un año acampando en tiendas negras de plástico tenían la esperanza de, a pesar de los intentos violentos de desalojarlos por parte de sicarios, recibir pronto derechos sobre una porción de tierra y poder construir una vida mejor.
El campamento, cerca de la carretera BR-163 en el estado de Pará, en el suroeste del país, se sitúa en una región amazónica donde los conflictos violentos por la tierra han escalado a niveles muy altos recientemente, ya que los taladores ilegales y ladrones de tierras intentan intimidar a las comunidades indígenas, poblaciones tradicionales y familias de campesinos y expulsarlas.
Cuando Mongabay visitó el campamento en Noviembre de 2016, Rodolfo Ávila, abogado que ayuda al movimiento campesino dijo que “INCRA [el Instituto Nacional para la Colonización y la Reforma Agraria] ha destinado esta tierra para reforma agraria, que es exactamente lo que piden estas familias”.
Sin embargo, el 19 de junio, un juez en la ciudad de Santarém en Pará, decidió a favor de la familia Junqueira Vilela —famosa nacional e internacionalmente por dirigir una poderosa banda criminal que roba tierras, tala el bosque de forma ilegal y utiliza mano de obra esclava.
El juez ha dado dos semanas a las familias acampadas para que abandonen el terreno.
La decisión del tribunal llegó como respuesta a las acciones legales emprendidas en abril por los hermanos de la familia Vilela, Beatriz y Marco Junqueira Vilela, Dorival Pndin y Heládio Cezez Menezes Machado. Tres de los cuatro están relacionados de forma directa con otros miembros de la familia Vilela Junqueira, que ha sido objetivo de la Operación Ríos Voladores, una investigación federal iniciada de forma conjunta por el Ministerio Público Federal, la agencia ambiental IBAMA y la policía federal en junio de 2016.
Marco y Beatriz son primos de Antonio José Junqueira Vilela Filho, conocido como Jotinha, y de Ana Luíza Junqueira Vilela Viacava, ambos arrestados por robo de tierras, formación de banda criminal, deforestación y otros delitos desarrollados cerca del campamento de los campesinos.
Heládio Cezar Menezes Machado fue acusado de “comportamiento coactivo” durante la Operación Ríos Voladores y se asoció con Junqueira Vilela en la construcción de las presas hidroeléctricas Rochedo y Nhandu, ambas cerradas tras ser acusadas de varias actividades ilegales.
La decisión judicial, que se alcanzó sin consultar a las familias de campesinos, se basó en gran parte en documentos que presentaron las personas que emprendieron acciones, documentos que incluyen un Registro Ambiental Rural (CAR) y la Autorización para el Funcionamiento de Actividades Rurales (AFAR), que el juez aceptó como prueba de propiedad.
Sin embargo, Eliane Moreira, fiscal de justicia del Ministerio Público en el estado de Pará, defiende que “el CAR nunca se diseñó para ser una herramienta de titularidad de tierras, sino como herramienta de monitoreo ambiental”. En otras palabras, el CAR se entrega a los que afirman ser propietarios pero no demuestra la propiedad por sí mismo, mientras que los AFAR no son válidos desde 2013.
El juez aceptó las promesas de quienes emprendieron la acción, y dijo que tenía confianza en que la tierra que se les otorgaba sería mantenida “de acuerdo con la legislación ambiental [de Brasil]”. Sin embargo, según IBAMA, más de 1000 hectáreas en la vecindad han sido deforestadas de forma ilegal por Wander José Junqueira Vilela, padre de Marco y Beatriz.
El área en disputa se ha dividido en parcelas y ninguna de ellas supera el tamaño máximo permitido por la ley. Cada parcela tiene un CAR diferente y, supuestamente, un dueño diferente. Sin embargo, es interesante apuntar (ver mapa) que la deforestación llevada a cabo por Wander José cruza varias propiedades, algo que sugiere claramente que los socios han utilizado el viejo truco del Amazonas con el que un ladrón de tierra consigue que otras personas, conocidas como “laranjas” (naranjas), registren la tierra a su nombre para circunvalar las restricciones legales sobre el tamaño.
Otra indicación posible de que quienes van a obtener los derechos de propiedad con este caso quizás no tengan buenas intenciones para el medioambiente ni respeten la ley, como creía el juez, es el perfil de Marco Junqueira Vilela en Facebook. Mientras sus primos estaban arrestados por la Operación Ríos Voladores, él tenía como foto de portada en Facebook una imagen de satélite del bosque talado ilegalmente por su familia. La imagen se eliminó más adelante.
Marco posiblemente creyó que se estaba riendo de las fuerzas policiales y otras autoridades con gracia, pero algunos brasileños que vieron la imagen en las redes sociales, vieron la foto de la deforestación como una expresión de arrogancia por parte de un miembro de la élite rural brasileña que piensa que puede robar propiedades públicas, causarles grandes daños y hacer que la sociedad perdone y premie sus acciones —una arrogancia que la decisión judicial de la semana pasada demuestra que está bien fundada.
Mongabay contactó con Marco Junqueira Vilela por correo electrónico con varias preguntas detalladas, pero no respondió.
La decisión del juez fue preliminar y las familias tienen derecho a que se las escuche antes de que se tome la decisión definitiva. Sin embargo, las familias tienen muy poco dinero y les será difícil incluso conseguir la suma suficiente para pagar el billete del viaje de dos días en autobús a Santarém, mucho más pagar a un abogado que pueda plantar cara a los asaltos de los profesionales cualificados que el dinero de la familia Vilela puede procurar.
Además, para cuando se celebre la audiencia final, es probable que las familias ya hayan sido desalojadas. Hay poca duda de que el optimismo que reinaba en el campamento cuando Mongabay lo visitó en noviembre ha sido sustituido, desde la semana pasada, por la desesperación.
| COMENTARIO: Tras la publicación de este artículo en inglés, representates d ela familia Junqueira Vilela se pusieron en contacto con Mongabay y The Intercept Brasil con los siguientes mensajes en portugués, que se muestran al completo:Nota 1:
Em resposta à reportagem “Justiça decide que agricultores devem deixar terras reclamadas por desmatadores”, publicada por esse site, os produtores rurais Wander José Junqueira Vilela e seus filhos Marco Junqueira Vilela e Beatriz Junqueira Vilela esclarecem que detêm a posse da área mencionada desde 1999. Diferentemente do que alega o texto, não há e nunca houve “80 famílias” acampadas nas terras particulares dos Junqueira Vilela. A decisão judicial que expulsa os invasores menciona apenas quatro famílias. A própria foto feita pelos autores do texto mostra uma única barraca com menos de dez pessoas. Tampouco é real que a área referida tenha sido destinada à reforma agrária pelo governo. Os documentos estão à disposição dos interessados. As quatro famílias são compostas de grileiros profissionais que atuam na região, invadindo terras particulares e da União para loteá-las e vendê-las clandestinamente. Na sexta-feira passada (23/06) e no último domingo (25/06), o Ibama fez operações na região para combater os focos de desmatamentos produzidos por esses invasores, que tiveram sua barraca queimada. JOSÉ AMARO Nota 2: Caros, tudo bem? O site Mongabay publicou recentemente uma reportagem mencionando o produtor rural Antônio José Junqueira Vilela e seus familiares. Os repórteres autores que assinam o texto não nos procuraram para ouvir nosso lado, descumprindo uma das regras basilares do jornalismo de qualidade. Consequentemente, algumas informações contidas no texto estão erradas e há ainda muitas denúncias que já foram desqualificadas na justiça. Peço, por favor, para publicarem nossa nota no pé da reportagem. Abaixo, segue a nossa nota. E claro, caso queiram, temos documentos judiciais comprovando todos os argumentos. Muito obrigado. Abraços. Diego Braga Norte Nota de esclarecimento O texto produzido pela Mongabay, agência financiada pelas fundações americanas Ford e Overbrook, e publicado a 20/06/17, com o título “Justiça decide que agricultores devem deixar terras reclamadas por desmatadores”, tem erros factuais que precisam ser corrigidos. As acusações contra a família Junqueira Vilela são falsas. Os autores do texto não ouviram o outro lado. Se existe alguma “poderosa quadrilha que grila terras, desmata e explora trabalho escravo na Amazônia”, os acusadores terão a chance de provar o que afirmam na Justiça. O texto, maliciosamente, associa a decisão judicial noticiada a Antonio Junqueira Vilela Filho, quando as terras pertencem a seus primos com quem não mantém qualquer tipo de sociedade ou proximidade geográfica. A tentativa de oferecer um discurso ideológico em formato de notícia cai por terra diante dos fatos. Acusações feitas contra os Junqueira Vilela no final de 2016 foram agora reproduzidas — mas omitiu-se do leitor que cada uma delas está sendo desmentida judicialmente. Para incriminar a família, usaram-se gravações de telefonemas no Mato Grosso, de propriedades onde não há restrições para a produção rural, como se os diálogos tivessem ocorrido no Pará — em região que sequer é alcançada por operadoras de telefonia. O Ibama induziu o Ministério Público e a Justiça a erro — o que agora está sendo corrigido — uma realidade que, aparentemente, não interessa à agência americana divulgar. Por essa razão, torna-se necessária a publicação deste esclarecimento. |
