- Entre el 2012 y el 2015, las hectáreas de coca sembradas en el Guaviare pasaron de 3851 a 5423 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Las cifras de incautaciones de madera en Colombia son alarmantes. Entre enero y mayo de este año la policía incautó 36 251 metros cúbicos de madera en el país.
(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Semana Sostenible de Colombia)
En Colombia existen ocho grandes núcleos de deforestación. Según reportes del Instituto Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), allí se concentran la mayoría de alertas y el departamento más afectado por este fenómeno es el Guaviare, pues en su territorio se encuentran tres de las zonas más críticas.
El asunto se vuelve de grandes proporciones si se considera que todos sus municipios padecen por la tala indiscriminada de árboles. El primer punto caliente está ubicado en las veredas de San Jorge, San Antonio Alto, La Unión y El Chaumal, pertenecientes al municipio de San José del Guaviare y se extiende hasta el de La Macarena en el Meta, afectando considerablemente al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.
El segundo núcleo abarca los municipios de Calamar y El Retorno y pone en riesgo al Área Natural Única (ANU) Nukak, importante para el país debido a su riqueza natural y cultural. La tercera zona crítica del departamento se encuentra en el nororiente de San José del Guaviare, en las veredas Caño Mosco, Caño Negro, Caño Blanco y el resguardo indígena Nukak Maku, pueblo indígena que cuenta hoy con menos de 1000 habitantes.
A diferencia de otros núcleos del país, donde la deforestación ha logrado reducirse hasta en un 4 % , en Guaviare el problema persiste e incluso aumenta en comparación con las mediciones del Ideam durante el 2016. El incremento en la deforestación se debe al desarrollo vial, a la ampliación de la frontera agropecuaria, al desbosque y siembra de pastos para la especulación de tierras, y a los cultivos de uso ilícito.
Según datos de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, la Reserva Natural Nukak tenía 786 hectáreas afectadas por la deforestación en 2011 y en 2015 ya iban cerca de 1170. Es decir, un incremento del 49 %.
“En departamentos como Guaviare y Meta, existen grupos organizados al margen de la ley que se aprovechan de la deforestación para explotar la región a través de la minería ilegal y ampliar las rutas del narcotráfico. Entre ellas se encuentran disidencias de las FARC y bandas criminales como el Clan del Golfo y Los Puntilleros”, aseguró a Semana Sostenible y Mongabay Latam el general Rodrigo González, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía.
El Clan del Golfo, que opera principalmente en Córdoba y el Urabá del Chocó y Antioquia, ha ampliado sus zonas de influencia a otras regiones del país, entre las cuales se encuentra gran parte del territorio amazónico. Por su parte, los Puntilleros surgen como banda luego de la muerte de Martín Farfán, alias Pijarvey, quien dirigió el autodenominado Bloque Libertadores del Vichada, creado luego de la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las AUC fue el grupo paramilitar más grande del país. Surgió, en un comienzo, principalmente como fuerza armada en contra de las guerrillas en zonas rurales de gran tradición ganadera. Este grupo, cuyos líderes eran los hermanos Castaño, se desmovilizó por completo en agosto de 2006 en un cuestionado proceso de paz con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, luego de su desmovilización, alguno
s disidentes conformaron y consolidaron otros grupos paramilitares más pequeños (también llamados neoparamilitares o Bandas criminales (Bacrim), entre los que se encuentra el Bloque Libertadores del Vichada. Por su parte el Clan del Golfo es el grupo neoparamilitar más grande en el momento. Antes eran conocido como Los Urabeños o el Clan Úsuga. Su cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, es uno de los hombres más buscados actualmente por la Policía colombiana.
Estas bandas subsisten gracias al narcotráfico y han deforestado gran parte del departamento para ampliar nuevamente los cultivos ilícitos de coca, aprovechando la condición selvática del territorio y su difícil acceso. De hecho, las hectáreas de coca cultivadas en el Guaviare pasaron de 3851 en 2012 a 5423 en 2015, según reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La madera que se pudre
Deforestar esta región selvática tiene un gran impacto para el medioambiente, sobre todo en momentos en los que se habla de cambio climático y donde una de las principales estrategias para mitigar su impacto, en países como Colombia, es frenar la tala indiscriminada de árboles. Como si esto fuera poco, en Guaviare, a diferencia de otras zonas del país, la madera talada ni siquiera tiene un uso en el mercado negro. Imágenes de la Fuerza Aérea muestran cómo alrededor de las zonas afectadas la madera se pudre sin ningún uso.
Esto se debe, según fuentes de la Policía Nacional, a que transportarla resulta supremamente costoso para los grupos criminales, ya que se trata de zonas donde no existen vías y donde la población más cercana puede encontrarse a cinco horas navegando el río. Además, el principal objetivo es apropiarse de las tierras para luego extorsionar a quienes deseen realizar minería o expandir su frontera agrícola y ganadera.
Sin embargo, existen más actividades ilícitas que dependen de la deforestación para lograr su objetivo. Una de ellas es conocer el trazado de vías para habitar cerca de ellas y obtener una futura compensación económica por reasentamiento.
Esto es lo que ocurre con la vía marginal de la selva, un proyecto de más de 120 000 millones de pesos (aproximadamente 40 millones de dólares) que a futuro pretende unir a Ecuador, Colombia y Venezuela, en busca de una salida por vía terrestre desde el Pacífico hasta el Atlántico, sin cruzar la cordillera de Los Andes. Grupos de personas eran sobornados u obligados a asentarse cerca del área por donde pasaría la carretera. Al hacerlo, empezaron a talar indiscriminadamente los árboles en las veredas de Puerto Cachicamo y El Capricho en Guaviare, así como las veredas Nueva Colombia y la Tigra en los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico en el Meta. El objetivo era obtener millonarias compensaciones por parte del Estado una vez que empezara la construcción de la obra vial, recursos que terminarían en manos de miembros de Los Puntilleros, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC.
Muebles para el Estado
Aunque existe un gran subregistro de la madera que se trafica en Colombia, las cifras de incautaciones realizadas por la Policía son alarmantes. Solo entre enero y mayo de este año se incautaron 36 251 metros cúbicos de madera en el país, lo que equivale al cargamento completo de 1647 camiones aproximadamente.
Cada vez que se detiene un camión que transporta madera se solicita el salvoconducto único de movilización si se trata de bosque nativo o la remisión de movilización expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), si se trata de plantación forestal comercial. Si no se cumple con ninguna de estas dos condiciones, se incauta la madera y se traslada a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las cuales imponen una medida preventiva y abren investigación. Al tiempo se abre un proceso penal que puede imponerle al traficante penas que van entre los cuatro y nueve años de prisión.
Sin embargo, una vez los árboles son talados, el daño es irreversible. “Es muy importante crear un plan de reforestación en las zonas afectadas para contrarrestar los impactos ambientales ocasionados y evitar la proliferación del narcotráfico y otras economías criminales en la zona. Para evitar la deforestación es muy importante que la Fuerza Pública y las autoridades ambientales establezcamos canales eficientes de comunicación”, afirma el general González.
Si no se reduce la deforestación, lo más “provechoso” que puede pasar con la madera es que termine siendo utilizada para mobiliario del Estado colombiano a través de convenios interinstitucionales con las CAR.
