- Un análisis costo beneficio demostró la importancia de preservar el área y evitar que continúen actividades como la tala y la minería ilegal.
- Esta zona es en una de las 10 reservas forestales con los más grandes stocks de carbono en el Perú.
Cerca de 23 millones de soles, en 20 años, serían los beneficios que el Perú obtendría por la creación del Parque Nacional Yaguas (PNY), un territorio de casi 870 000 hectáreas de bosque ubicado en la región Loreto que, según un inventario social y biológico realizado en el 2010 por el Field Museum de Chicago, alberga más especies de peces de agua dulce que en ningún otro lugar del país, entre otras bondades de su biodiversidad.
La cifra corresponde al resultado de un análisis realizado por la Fundación Conservación Estratégica (CSF), como parte de las tareas para definir cuál sería la mejor categoría para esta zona. En el camino han aparecido posiciones a favor y en contra entre las comunidades que viven alrededor del área, quienes forman parte de un proceso que se inició en el año 2011, cuando el Estado definió el territorio como Zona Reservada Yaguas y se instaló una comisión para su categorización.
“La diferencia está entre proteger y no proteger”, explica José Carlos Rubio, analista económico de Conservación Estratégica y responsable del análisis costo beneficio que realizó esta organización por encargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La creación de una Área Natural Protegida (ANP) –explicó– exige hacer esta evaluación y valorar los servicios ecosistémicos que podría ofrecer la zona una vez creada la ANP, para compararlos con los costos de su manejo.
Esta evaluación sirvió para demostrar la importancia de preservar el área, evitando situaciones que la afectan como la deforestación, la minería ilegal o la desaparición de fauna como la huangana, una especie que forma parte de la dieta de las comunidades.
Los beneficios no solo se calculan en millones de soles en esta zona reservada. También es un lugar sagrado para las comunidades nativas. “Mis abuelos tenían esos lugares como sagrados, ahí adoraban al dios sachavaca, al dios boa, al dios águila, a la Sachamama. Durante el conflicto entre Perú y Colombia, mis abuelos fueron a esa zona y se quedaron encantados. Ahí están enterrados. Los sobrevivientes somos nosotros. Por eso es sagrado este lugar y tiene que ser un parque nacional”, explicó Benjamín Rodríguez Grandez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu) de la zona de influencia de la reserva de Yaguas, en conversación con Mongabay Latam.
El valor de Yaguas
El interés para que se establezca el Parque Nacional Yaguas viene desde 1988, contó Rodríguez Grandez, representante de una de las federaciones que reúne a las 29 comunidades ubicadas alrededor de la zona reservada, que participan en el proceso de decisión de establecimiento del parque. El líder indígena mencionó a sus antepasados para explicar la increíble biodiversidad de la zona y agregó que cuando sus abuelos cruzaron este territorio descubrieron que “ahí se reproduce todo tipo de especies, aves, animales, madera, todo”.
Pero también lamentó que, en los últimos 20 años, el bosque que es atravesado por el río Yaguas se ha convertido en ‘tierra de nadie’. “Han explotado madera primero, por los afluentes han sacado miles y miles de pies de cedro. Ahora extraen azúcar huayo. En estos tiempos ya no solo es eso, sino que están explotando el río con las dragas para sacar oro”, dijo refiriéndose a las actividades que están afectando la zona reservada.
El expediente técnico del Parque Nacional Yaguas elaborado en 2016 por el Sernanp indica que entre las amenazas descritas en el mapa parlante de la comunidad de El Alamo III —instrumento de análisis elaborado por los pobladores en base a imágenes— “se reportan cuatro puntos de dragas mineras que suelen circular periódicamente dentro del río Yaguas”.
La explotación forestal ilegal también ha destruido una parte del bosque de Yaguas. “Esta actividad es ilegal, selectiva y depredatoria”, se precisa en el expediente técnico del Sernanp y se explica que está dirigida principalmente por patrones colombianos, quienes contratan a extractores de madera en las comunidades. Ingresan en grupos de cinco a siete personas y permanecen entre cuatro y seis meses internados en el bosque para conseguir unas 6000 piezas de cedro y polvillo. Luego esta madera se vende a lanchas colombianas para ser comercializadas en puertos del país vecino, señala el documento elaborado por el Sernanp.
En un escenario como este, con la minería y tala ilegal operando en el área, se calcula que 157 067 hectáreas de la zona reservada quedarían afectadas en los próximos 20 años. Por el contrario, la creación del Parque Nacional Yaguas significaría beneficios que superan los 20 millones de soles en el mismo periodo de tiempo, se precisa en el análisis costo beneficios realizado por Conservación Estratégica.
Aunque no se trata de un ingreso económico —explicó el vocero de Conservación Estratégica— sino más bien del bienestar que brindará el bosque a las comunidades ubicadas alrededor de la zona reservada, en los distritos de Putumayo y Yaguas, en la provincia de Putumayo; y a las poblaciones indígenas situadas en Pebas, San Pablo y Ramón Castilla, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.
La preservación de especies para la caza de subsistencia también está cuantificada en el estudio mencionado. De los 23 millones de soles en beneficios, un poco más de 17 millones de soles corresponde a lo que ahorrarían las comunidades en términos de costo de caza de subsistencia por evitar la reducción o desaparición de especies que son su sustento alimenticio. El cálculo se hizo con la huangana, un mamífero clasificado en situación de Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Para el análisis se utilizó el modelo fuente-sumidero. La fuente viene a ser el Parque Nacional Yaguas y el sumideros las zonas de caza de las comunidades fuera del área reservada. Entonces, si la zona reservada se convierte en un parque nacional, los trabajos de conservación de esta ANP promoverían la caza sostenible de la huangana. De lo contrario, la presión de la caza con fines de subsistencia que se incrementaría por el aumento de la población, la cacería realizada por los trabajadores que extraen la madera ilegalmente y la posible fragmentación de sus hábitats tendrían como consecuencia la disminución de la población de la huangana y su probable alejamiento de las zonas habituales de caza, por lo tanto, los habitantes de las comunidades tendrían que desplazarse más lejos durante más días para obtener su sustento, lo cual les significaría mayores costos.
En el inventario rápido realizado por el Field Museum de Chicago se da cuenta de las “comunidades muy diversas de plantas y animales, y más de una docena de especies nuevas para la ciencia” encontradas durante la investigación. Asimismo, se destaca como un descubrimiento notable el hallazgo de “un gran archipiélago de pantanos de turba”, es decir, agentes almacenadores de carbono. La presencia de estas turberas convierte a la zona en una de las 10 reservas forestales con los más grandes stocks de carbono en el Perú, por lo tanto, posee un alto valor para en el futuro conseguir beneficios económicos en el mercado de carbono internacional.
Según el informe técnico del Sernanp, “a nivel de país, el principal beneficio proviene de una potencial participación en el mercado de carbono. El Parque Nacional Yaguas evitaría que se pierdan alrededor de 1.5 millones de toneladas de carbono en los próximos 20 años, equivalentes a 8.3 millones de soles”.
¿Parque Nacional o Reserva Comunal?
“En la etapa de reunión de diálogo, en la que se toman las decisiones, seis comunidades no firman el acta”, comentó Liz Chicaje Churay, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del río Ampiyacu (Fecona), para explicar los problemas que se presentaron durante el proceso de Consulta Previa. “Las 29 comunidades llegamos a la etapa de diálogo –continuó– pero durante la evaluación interna comienzan a desistir, ya no reciben al Sernanp. Cuando se llega al diálogo piden que se establezca una reserva comunal dentro del área del parque nacional y no firman el acta final”.
La reunión a la que se refiere se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo de 2017, y corresponde al momento en el que el Estado, las comunidades nativas y las organizaciones promotoras se ponen de acuerdo sobre lo que se está consultando.
Pero este acuerdo nunca llegó. Por un lado, son 23 comunidades que apuestan por la creación del Parque Nacional Yaguas, mientras que otras seis comunidades –El Álamo, Huapapa, Primavera, Santa Rosa de Cauchillo, Mairidicai y Nuevo Porvenir– proponen que parte del territorio sea catalogado como Reserva Comunal.
“El proceso lleva mucho tiempo y todo caminó bien, pero al momento de la firma interviene el señor Edwin Vásquez Campos, coordinador general de COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) para decir que la consulta previa no ha sido de buena fe, que tanto el Sernanp como el Instituto del Bien Común (IBC) —institución que asesora a las comunidades— han direccionado la consulta para que se decida por un parque nacional”, contó Eriberto Jimenez Hilorio, presidente de la Federación de Comunidades indígenas del bajo Putumayo (Fecoibap), sobre lo que sucedió en la mencionada reunión. La Fecoibap agrupa a las comunidades que están de acuerdo con la creación del parque.
Para los dirigentes de las 23 comunidades que están a favor de la categorización de la zona reservada como parque, las causas del desacuerdo son la explotación ilegal de madera y de oro. Y también el carbono. “¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué no quieren tener un parque nacional? Se matan por el río y no sabemos por qué más, qué otros trabajos ilícitos puede haber”, agregó el presidente de la Fecoibap.
Mongabay Latam se comunicó con Edwin Vásquez, quien señaló que COICA realiza una labor de intermediación ante el Estado. “Tanto Coica como Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y Orpio (Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente) estamos para ayudarlos a consensuar, no para tomar las decisiones, quienes deciden son las comunidades”.
Marlo Pérez Espinoza, presidente de la Organización de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo y Río Yaguas (Ocibpry), aseguró que las razones para no aceptar que todo el territorio sea declarado parque nacional no tiene nada que ver con actividades ilegales. “Somos seis comunidades ubicadas prácticamente en la entrada de la Zona Reservada Yaguas, a una hora u hora y media en motor. Las otras 23 comunidades no pueden tomar decisiones porque no son las afectadas, están distantes. Nosotros hacemos uso de la zona y de sus recursos todos los días”, subrayó y agregó también que si aprueban un parque nacional, este debe ser en la zona más alejada, mientras que el área cercana debe ser una reserva comunal. “Queremos seguir aprovechando nuestros recursos”, indicó.
Sin embargo, los líderes indígenas a favor del parque indican que es falso que solo unas pocas comunidades aprovechen los recursos, ya que todos los pueblos se benefician directamente del territorio. Y dijeron, además, que las 29 comunidades se ubican alrededor del Yaguas.
Por otro lado, Pérez Espinoza reconoció que “hace cinco o seis años” sí había explotación de madera, de cedro, por parte de colombianos que pagaban para que los dejaran pasar con su cargamento.
También aceptó que hubo dragas de dueños brasileños y peruanos, pero que actualmente no existe ninguna de estas actividades. “No se puede confundir dragas con balsitas pequeñas. Eso sí hubo hasta el año pasado. Pero dragas hidráulicas con motores grandes de ocho pulgadas no hay, nada de nada. Los dirigentes de otras federaciones dicen que nosotros queremos una reserva comunal porque nos dedicamos a trabajos ilegales en la zona, hasta de coca hablan, pero eso es falso”, aseguró.
Benjamín Rodríguez Grandez, presidente de Feconafropu, contó que los primeros en instalar dragas fueron patrones extranjeros y que ahora también hay peruanos dueños de dragas. En tanto, Eriberto Jimenez Hilorio, presidente de Fecoibap, agregó que “no son todos los comuneros, son contaditos, quienes manejan recursos económicos para explotar madera y oro. Ya está comprobado”.
En cuanto a la propuesta de que una parte del bosque se convierta en reserva comunal, hasta ahora el pedido sugiere que sean más de 700 000 hectáreas, alrededor del 85 % del territorio de lo que sería el parque nacional. Al respecto, el presidente de la Ocibpry precisó que no aceptarán si la reserva comunal abarca menos del 50 % del territorio, y que ello no significa la explotación descontrolada de la zona pues esta categoría también debe contar con un plan de manejo. Sostuvo que solo están pensando en las generaciones futuras.
Actualmente, se estudia la posibilidad de que se establezca una reserva comunal o un área de conservación regional sobre una franja de 400 000 hectáreas ubicada fuera de la Zona Reservada Yaguas, en el territorio comprendido entre límites del área protegida y las comunidades nativas.
Las intervenciones
Reportes de la Marina de Guerra del Perú de octubre y diciembre de 2016 dan cuenta de la presencia de minería ilegal en el río Yaguas. En el primero de ellos, del 13 de octubre del año pasado, se indica que se realizó un operativo en los ríos Putumayo y Yaguas y que “a la altura de la quebrada denominada ‘Grillo’, se detectó una draga artesanal de 15 metros de largo y seis metros de ancho”, la misma que fue inmovilizada y luego destruida.
Un segundo informe, del 14 de diciembre del 2016, señala que en un operativo conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente se realizaron vuelos de reconocimiento sobre el río Yaguas y se identificaron dos dragas dedicadas a la minería ilegal. Para su destrucción se desplazaron con lanchas hasta una zona ubicada a unas 80 millas de distancia de la confluencia de los ríos Putumayo y Yaguas.
Pero, además, el Instituto del Bien Común, en un comunicado publicado el 21 de junio de este año, preciso que “imágenes aéreas revelan las operaciones de seis dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro dentro de la Zona Reservada Yaguas, que se estima ocasiona el vertido mensual de 50 kilos de mercurio, elemento altamente tóxico”. El comunicado también da cuenta de la presencia de “ocho cuadrillas de madereros ilegales que extraen un estimado de 240 000 pies tablares de cedro por mes”.
Tiempo de decisiones
Sobre la decisión de que Yaguas se convierta en parque nacional, José Carlos Rubio, de Conservación Estratégica, sostuvo que por sus características es la mejor opción, pues se trata de un territorio alejado, de difícil acceso, en el que no existen comunidades establecidas ni otro tipo de población, por lo tanto, se presta para convertirse en un parque, la categoría más restrictiva de las ANP, en la que no se puede explotar ningún recurso directamente. “Una categoría más permisiva sería fomentar el ingreso a la zona”, manifestó. Sin embargo, añadió que quienes apuestan por una reserva comunal, posiblemente, desconocen que de ninguna forma podrán extraer madera, según consta en el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. (Decreto Supremo N° 038-2001-AG).
Desde el Sernanp informaron que actualmente están en la etapa de decisión, la última del proceso de consulta previa. Momento en que el Estado determinará, mediante Decreto Supremo, si procede la creación del Parque Nacional Yaguas, que vendría a convertirse en el número 15 en el Perú.
En una reunión reciente a la que asistieron 17 líderes de las comunidades nativas y representantes del Estado, la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, expresó su respaldo al proceso de consulta previa.
Los expertos del Instituto del Bien Común confían en que el proceso no se extienda y que las controversias sean superadas. Aunque, señalaron que desde hace un mes existe un bloqueo en el ingreso al río Yaguas para evitar que se continúe con la implementación del puesto para guardaparques.
“Lo que buscan es que se realice otro proceso, pero es algo injusto. Nosotros exigimos que se respete la consulta previa y que se dé cumplimiento al acta que firmamos”, dijo Liz Chicaje Churay con la confianza de que sus reuniones con los representantes del Estado tengan como resultado la creación de la nueva área natural protegida.
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