Ley de Modernización de la Pesca: ¿una ayuda a la pesca recreativa o un riesgo en EE.UU.?

Un pájaro que sobrevolase las aguas costeras estadounidenses en las décadas de los 50 y 60 habría espiado docenas de barcos de pesca extranjeros. Entonces, las aguas internacionales empezaban a tan solo 12 millas náuticas de la costa y podían ser usadas por flotas pesqueras de todas las naciones del mundo, una situación que llevó al declive de esas pesquerías comerciales estadounidenses y, en algunos casos, a la desaparición de las poblaciones de peces.

En 1976, el Congreso respondió con la aprobación de la primera versión de una ley conocida hoy en día como la Ley de Manejo y Conservación de las Pesquerías Magnuson-Stevens (MSA, por sus siglas en inglés). La ley pretendía reconstruir las poblaciones de peces con la extensión de la jurisdicción de los EE. UU. a 200 millas náuticas y con el establecimiento normas nacionales para la gestión de pesquerías.

Pero la sobrepesca no acabó ahí, y muchas poblaciones de peces importantes, como la del bacalao del Atlántico, colapsó.

El Congreso respondió en 1996 y una vez más en 2007, cuando la ley se modificó para fortalecer las pesquerías reguladas de los EE. UU. al garantizar prácticas de gestión sostenibles con una base científica. Hoy en día, esas pesquerías tienen límites de captura anuales establecidos a unos niveles que previenen la sobrepesca, mientras que las poblaciones diezmadas requieren planes de gestión para restablecerlas a niveles saludables.

Pero un nuevo proyecto de ley, la Ley de Modernización de la Pesca (MFA, por sus siglas en inglés), que está ahora a la espera de ser aprobado por la Cámara de Representantes podría cuestionar la legislación actual que gobierna las pesquerías federales de agua salada. Oficialmente conocida como la Ley de Modernización de la Ordenación de la Pesca Recreativa de 2017 (HR 2023), el proyecto de ley se presentó en abril y, en gran medida, desregularía la pesca recreativa en aguas saladas. Aunque elogiada por algunos deportistas, organizaciones náuticas y de actividades al aire libre, también ha suscitado una fuerte oposición por parte de conservacionistas y algunos pescadores comerciales y que alquilan barcos de pesca.

“La Ley de Modernización de la Pesca introduce demasiada incertidumbre en el proceso de gestión de las pesquerías al cambiar negativamente los límites de captura y cómo se aplican, enturbia las aguas entre la gestión estatal y federal y permite que las consideraciones políticas y económicas invaliden la ciencia en las decisiones de gestión”, dice la Red de Conservación de la Pesca Marina, una ONG.

Hasta la fecha, nadie sabe cómo la MFA, si se implementa, impactaría en las existencias de peces de los EE. UU., o cómo podría afectar a las pesquerías de los vecinos México y Canadá.

El debate pesca comercial vs pesca recreativa

Mike Leonard, director de conservación de la Asociación Estadounidense de Pesca Deportiva (ASA, por sus siglas en inglés), cree que el nuevo proyecto de ley es necesario porque incluso aunque la antigua MSA ha sido un éxito, afirma que fue redactada para regular las pesquerías comerciales, pero se aplicó, injustificablemente, para gestionar también la pesca recreativa. En realidad, la MSA se escribió para abordar todos los aspectos de las pesquerías, especifica las normas para la pesca comercial, de alquiler y recreativa para preservar caladeros sostenibles.

Leonard argumentó en un correo electrónico a Mongabay que “Así como cuidar de tu jardín no es lo mismo que las prácticas agrícolas a gran escala, la pesca recreativa y comercial son dos actividades muy distintas”. Sostiene que, mientras que los pecadores comerciales tienen un solo objetivo (capturar eficientemente cuantos peces sea posible), los pescadores recreativos tienen otras motivaciones, como disfrutar del aire libre con la familia y los amigos, capturar y a menudo liberar los peces de gran tamaño y, ocasionalmente, capturar la cena.

Meredith Moore, directora del programa de conservación de pesca de la ONG medioambiental Ocean Conservancy, está de acuerdo en que los retos de gestión que representan la pesca recreativa y la comercial son diferentes. Sin embargo, también señala que aunque la Ley de Modernización de la Pesca es promovida como la solución para los pescadores recreativos, fundamentalmente, debilitaría el sistema de gestión para todos los sectores de la pesca estadounidense.

“En esencia, la pesca sostenible se trata de pescar una cantidad de peces que una población puede sostener y mantenerse saludable durante un largo periodo de tiempo, sin importar quién captura los peces”, le dijo a Mongabay. “Esto garantiza que los pescadores recreativos tengan la oportunidad de pescar un pez grande, y los pescadores comerciales pueden dirigir un negocio estable y entregar el pescado a las mesas de los estadounidenses que no tienen la oportunidad de pescarlos ellos mismos”.

La relajación de los límites

Hoy en día, los límites anuales de capturas (ACLs, por sus siglas en inglés) son la principal herramienta usada para prevenir la sobrepesca estadounidense tanto en la pesca comercial como en la recreativa y esos límites garantizan la sostenibilidad biológica y económica a largo plazo. Un ACL es la cantidad de pescado que puede ser capturada por un pescador en un año. Estos límites son determinados por científicos especializados en asuntos de pesca junto con gestores federales que, con el uso de la investigación actual, fijan la cantidad máxima de pescado que puede ser capturada sin dañar la población.

Sin embargo, bajo la propuesta Ley de Modernización de la Pesca, se podría introducir un vacío: ya no se requerirían límites anuales de captura recreativa para reservas cuyos índices de pesca se han mantenido por debajo de su objetivo federal y los ACLs serían eliminados de las pesquerías donde no se produce una sobrepesca.

“Aquí estamos en un problema del huevo y la gallina”, dice Moore. La gestión de las pesquerías, explica, es, esencialmente, como perder peso. Si eres obeso, necesitas cambiar tu dieta y hacer ejercicio. Pero si después de perder el peso, simplemente vuelves a tus antiguos hábitos, el peso vuelve. Lo mismo ocurre con la pesca: si una población está a un nivel bajo poco saludable, las autoridades deben establecer límites sobre cuánto pueden pescar los pescadores hasta que las poblaciones se recuperen. Luego se deben establecer niveles de captura sostenibles para que la población de peces se mantenga saludable.

“Si dejas de establecer esos niveles solo porque las poblaciones de peces han mejorado, vas a acabar de vuelta donde empezaste [con una pesquería agotada]. La Ley de Modernización de la Pesca dice, básicamente, ‘oiga, la dieta funcionó, el problema se resolvió, vamos a comer pizza todos los días otra vez’”.

No obstante, Leonard de ASA sostiene que el Congreso debería permitir a los gestores flexibilidad para usar otros métodos de gestión para las pesquerías recreativas cuando no hay señales de que una pesquería tenga problemas, en vez de forzar la pesca recreativa en el método de gestión de las pesquerías de los ACLs.

La situación de las pesquerías estadounidenses es evaluada anualmente por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que supervisa 474 poblaciones de peces o complejos de poblaciones de peces (especies de peces agrupados para su gestión). El último informe NOAA al Congreso a finales de 2016 establece que la lista de sobrepesca incluye 30 poblaciones, pero que 444 poblaciones o complejos no están siendo sobreexplotados en la actualidad.

Bajo la Ley de Modernización de la Pesca, esas 444 poblaciones o complejos perderían su requisito actual de límites anuales sostenibles basados en conocimientos científicos sobre la captura para la pesca recreativa.

Información fiable

Según Leonard, una falta de información fiable en las pesquerías recreativas es lo que impide que los ACLs funcionen bien. “Aunque los gestores tienen una buena idea de lo que los pescadores comerciales están pescando casi en tiempo real, el sistema estadounidense para estimar la pesca recreativa es incapaz de producir cálculos de las capturas con el nivel de precisión y puntualidad para gestionar muchas pesquerías recreativas a los límites anuales de captura”.

NOAA reconoce este problema. Su informe del Estado de las Existencias de 2016 establece que: “Los ACLs son efectivos en la prevención de la sobrepesca, pero todavía hay algunos retos. Por ejemplo, debido a los escasos datos y a las poblaciones que casi nunca se examinan, los gestores de las pesquerías todavía están aprendiendo cómo contar las capturas con exactitud y [cómo] determinar mecanismos efectivos para abordar la sobrepesca”.

El director ejecutivo de los Mariscadores de Estados Unidos (SHA, por sus siglas en inglés), Kevin Wheeler, le dijo a Mongabay que apoya las disposiciones propuestas por la Ley de la Modernización de la Pesca para mejoras la calidad de las información de las pesquerías. Apunta que compartir las mejores prácticas en la recopilación de información recreativa e identificar e incorporar la información fiable de múltiples fuentes podría resultar beneficioso para todo el sector. Explica que el sector de la pesca comercial ha adoptado responsabilidad y transparencia y la industria está aumentado el uso de la vigilancia electrónica para reducir el coste del cumplimiento, a la vez que mejorar la calidad, cantidad y puntualidad de la información.

En un intento por mejorar la información sobre las pesquerías, el nuevo proyecto de ley quitaría dinero del Programa federal de Información sobre la Marina Recreativa, que recopila información sobre las poblaciones de peces y le daría esa tarea a los estados.

Pero, como señala Moore de Ocean Conservancy, los peces no respetan los límites estatales. También apunta que no todos los estados cuentan su pescado de la misma manera y cree que quitar dinero de un programa federal que une toda esta información es el enfoque equivocado. Dice que, incluso si la ciencia no es siempre perfecta, el sistema de gestión de las pesquerías de los EE. UU. ya está diseñado para trabajar con la mejor ciencia disponible.

Otro punto importante: a menudo los estados no tienen la financiación o experiencia para llevar a cabo programas de vigilancia a gran escala. Y algunos estados costeros, como Alabama, han sido acusados por los críticos durante años de una carrera hacia el abismo regulador que fomenta el comercio a través de la reducción de la supervisión medioambiental. En una carta de marzo 2017, 18 estados conservadores —incluidos los estados costeros de Texas, Mississippi, Georgia, Carolina del Sur y Alabama— pidieron a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) que “pusiese punto final a la extralimitación federal” a través de la eliminación de regulaciones que son el “producto de la ideología política y social”. Esta fuerte oposición por parte de algunos estados costeros no augura nada bueno para las asociaciones de gestión de las pesquerías federal-estatal, aunque tales relaciones no involucrarían a la EPA.

Argumentos económicos

La pesca en agua salada de los EE. UU. no es solo un asunto medioambiental; también es un gran negocio. Según el último informe de la Economía de la Pesca de los Estados Unidos de NOAA en 2015, la pesca comercial y recreativa de los Estados Unidos genera, anualmente, 208 mil millones de dólares en ventas y mantiene 1,6 millones de puestos de trabajo a tiempo completo y parcial.

Aproximadamente, hay 8,9 millones de pescadores de agua salada en los Estados Unidos, y son una parte integral de la vida en las comunidades costeras y una importante fuerza económica, ya que crean 439 000 puestos de trabajo y generan 63 mil millones de dólares en ventas locales.

Leonard sostiene que los pescadores y navegantes recreativos lideran el camino en la conservación de las vías navegables estadounidenses y que contribuyen, anualmente, cerca de 1,5 mil millones de dólares a los esfuerzos de conservación a través de impuestos especiales sobre el equipo y el combustible, aranceles por los permisos de pesca y donaciones directas. “Construir y conservar unas poblaciones de peces saludables es lo más beneficioso para todos los estadounidenses, sobre todo para los pescadores de nuestra nación”, dice.

Según sus partidarios, la Ley de Modernización de la Pesca tendría en cuenta esta contribución financiera al permitir que se considere con mucho cuidado la economía cuando se establezcan los ACLs.

Wheeler de SHA coincide en que la economía es una consideración razonable, pero advierte que los límites a la pesca necesitan ser establecidos con vistas al futuro porque “la sobrepesca ahora crea penurias económicas más adelante”, algo que los EE. UU. ya ha experimentado con el colapso del bacalao y otras pesquerías.

“Hemos visto que los sacrificios [económicos] a corto plazo se han transformado en beneficios a largo plazo en aquellas poblaciones que han sido reconstruidas. Desde la nueva autorización de la MSA en 2007, que implementó, por primera vez, medidas de responsabilidad real, las poblaciones de peces estadounidenses han sido, simultáneamente, reconstruidas a la vez que han incrementado el valor económico de los desembarques en las pesquerías de los Estados Unidos. A su vez, esto ha incrementado los puestos de trabajo en los Estados Unidos, el PIB y la estabilidad en las industrias pesqueras”, dice Wheeler.

Aquellos opuestos a la aprobación de la Ley de Modernización de la Pesca señalan que ya se tiene en cuenta la economía cuando se establecen los ACLs. De hecho, en 2016, NOAA revisó las Directrices de Referencia Nacional 1 para ayudar a los gestores a determinar cuál es la mejor manera de alcanzar ciertos requisitos legales dentro de la MSA como la prevención de la sobrepesca, reconstruir las poblaciones sobreexplotadas y alcanzar el Rendimiento Óptimo.

La MSA define el Rendimiento Óptimode una pesquería “como la cantidad de pescado que proporcionará el mayor beneficio general a la nación, especialmente con respecto a la producción de alimentos y oportunidades recreativas y que tiene en cuenta la protección de los ecosistemas marinos”. Para que quede claro, el Rendimiento Óptimo se calcula sobre la base del rendimiento máximo sostenible de la pesquería, en virtud de la reducción por cualquier factor económico, social o ecológico relevante. Por lo tanto, este marco legal ya permite a los gestores considerar los factores económicos cuanto establecen los niveles de captura. Por ejemplo, si una economía local es sumamente vulnerable al colapso de la población de peces, entonces los reguladores pueden establecer ACLs más bajos de lo que recomiendan los científicos.

“Como la economía ya se tiene en cuenta en la configuración de los límites anuales de captura, estoy realmente confundido con lo que esta parte de la HR2023 lograría”, dice Moore. “Pero me opongo rotunamente a permitir que consideraciones económicas a corto plazo permitan que se establezcan límites anuales de captura más altos que los niveles sostenibles. La sobrepesca daña la poblaciones de peces y unas poblaciones de peces saludables son lo que posibilita negocios estables y oportunidades de pesca”.

La polémica del pargo rojo

Si se tiene en cuenta que la Ley de Modernización de la Pesca solo ha sido introducida en el Congreso recientemente y se considera el bloqueo legislativo que se ha visto en el Congreso hasta ahora este año, es difícil de predecir por el momento cuando o si la MFA será aprobada por el Congreso. Sin embargo, parece probable que si el proyecto de ley es aprobado tanto en el Congreso como el Senado, el presidente Trump —con su compromiso general a la desregulación medioambiental— lo convierta en ley.

La Alianza de Pesca Recreativa (RFA, por sus siglas en inglés), la autoproclamada “única organización de pesca en el país que apoyó y respaldó públicamente al Sr. Trump desde el principio”, defiende firmemente que la administración respaldará y beneficiará la industria de la pesca recreativa siempre que sea posible.

“En su mayor parte, los ecologistas fanáticos ya no llevan la batuta”, dijo Jim Donofrio, el director ejecutivo de RFA, en un comunicado de prensa festivo cuando se conoció la noticia de que Trump había sido elegido presidente.

Aunque apenas han pasado 6 meses, la administración ya ha empezado a desregular la pesca oceánica. Cuando NOA estableció la temporada de pesca recreativa del pargo rojo más corta de la historia en el Golfo de México —solo tres días en junio— los pescadores recreativos presionaron a la administración de Trump para que interviniese, y lo hizo. El Departamento de Comercio y los estados del Golfo acordaron extender la temporada recreativa a 39 días, la abrieron todos los fines de semana y festivos hasta el Día del Trabajo de este año.

Mientras que algunos pescadores recreativos llamaron a la temporada de tres días de NOAA “ridícula”, otros, entre ellos pescadores comerciales y ecologistas, dicen que era necesario para prevenir la sobrepesca y llaman al acuerdo federal y estatal para extender la temporada un precedente imprudente basado en política y no en una ciencia sólida.

“El Departamento de Comercio de Trump emitió una resolución… que permite la sobrepesca del pargo rojo en el Golfo de México por parte de pescadores privados, a la vez que reconoce que retrasará el programa de reconstrucción [de la población] de la especie unos seis años”, dice Wheeler.

La extensión de la temporada del pargo rojo preocupa sobre todo a Ocean Conservancy. Moore lo califica como “una decisión increíblemente perjudicial” y en julio la ONG decidió desafiar al Departamento de Comercio en los tribunales.

“Nos preocupa profundamente que la administración [de Trump] haya elegido anular una ciencia sólida y emitir una regulación que es probablemente ilegal y, en última instancia, daña a los pescadores. La sobrepesca por parte del sector recreativo privado dañará la salud de la población y podría reducir las oportunidades de pesca para los pescadores comerciales y con barcos de alquiler”, dice Moore.

Tras dejar de lado estas inquietudes, Leonard de la ASA aplaude la extensión de la temporada del pargo rojo. También insta al Congreso a escuchar a los millones de pescadores de agua salada y miles de negocios costeros que dependen de la pesca recreativa en agua salada y aprobar la MFA. “El sistema de gestión de las pesquerías federal nunca ha establecido un sistema que se ajusta a lo que es la pesca recreativa; y eso es lo que esperamos lograr con la Ley de la Modernización de la Pesca”, dice.

Wheeler dice que el sector de la pesca comercial se opone a la MFA porque elimina la responsabilidad del sector recreativo, con el que compite por los peces. Pero hay cosas que le gustan del proyecto de ley. La nueva ley, dice, apoyaría los esfuerzos por innovar y mejorar el uso y la incorporación de las nuevas fuente de información dentro de los regímenes de gestión de la pesca sostenible.

Reconoce que es difícil de valorar el impacto total que podría tener la MFA en las pesquerías internacionales, ya que dependería, en última instancia, de cómo se gestionen poblaciones específicas. Entre las variables: algunas pesquerías son principalmente comerciales, como el abadejo; mientras otras están dominadas por la pesca deportiva, como el marlín; mientras que otras son una mezcla, como el pargo rojo. Pero debido a que los peces no conocen fronteras, es probable que cualquier cambio en la ley de los Estados Unidos también tenga un impacto en las poblaciones de peces de México, Canadá y quizás otras naciones.

Según Moore, si el Congreso realmente quiere mejorar las pesquerías no se debería de desregular, sino abordar las amenazas inminentes que ya están afectando a las poblaciones de peces, como el calentamiento de las aguas debido al cambio climático y la acidificación del océano. La Ocean Conservancy se opone a la MFA, dice, porque la legislación cambiaría un sistema de gestión de las pesquerías que es considerado en gran medida como un modelo para el mundo gracias a los límites que establece cada año de acuerdo a una base científica.

“Si quitamos esos [límites] perderíamos nuestra mejor herramienta para la conservación”, dice Moore, “y podríamos ver el retorno de los malos tiempos cuando los negocios pesqueros fracasaban, las comunidades costeras sufrían y la salud de nuestros océanos estaba en un descenso precipitado”.