- Las organizaciones indígenas representaron a comunidades de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela.
- La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) envió una carta al director general del Departamento de Latinoamérica y El Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China exigiendo respeto a los derechos indígenas donde existan inversiones chinas.
Organizaciones indígenas de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela organizaron manifestaciones y foros en sus respectivos países para llamar la atención sobre las demandas socioambientales que no han sido atendidas por sus respectivos gobiernos, informó la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). Las actividades centrales se llevaron a cabo el 22 de setiembre.
Una de las demandas de las organizaciones indígenas de la Coica es la conformación de una misión internacional a la Amazonía conformada por integrantes de organismos como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Organización de Estados Americanos (OEA); la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea (UE), entre otros.
La misión internacional tendría como fin la supervisión de actividades que involucran a los bosques de la Amazonía. “Se debe fiscalizar la contaminación minera, la deforestación de agronegocios, la tala ilegal de bosques, el impacto socioambiental de los megaproyectos de infraestructuras; también el objetivo de la misión sería recibir las propuestas alternativas de desarrollo de los pueblos indígenas”, dijo a Mongabay Latam el presidente de la Coica, Edwin Vásquez.
La COICA solicita además la titulación de más de 100 millones de hectáreas de territorio para las comunidades indígenas de la cuenca amazónica, y la paralización de los grandes motores de deforestación, depredación y contaminación como la minería, plantaciones palma aceitera y otros monocultivos de agronegocios, grandes carreteras y represas.
Entre sus demandas también figuran “el alto al genocidio de los pueblos en aislamiento y contacto inicial”; el respeto al autogobierno y la consulta previa; la creación de fondos estatales que promuevan las iniciativas de acuicultura, bioindustrias y agroforestería que garanticen el modo de vida indígena.
La última exigencia es la pronta actuación de los estados en el tratamiento de enfermedades tropicales y detener la expansión de la malaria, VIH/SIDA, la enfermedad de Chagas, lepra y leishmaniasis.
Además del pliegue de demandas comunes de los diferentes países de la Coica, existen demandas específicas que cada país aspira a visibilizar en el escenario internacional.
“Entre los temas más urgentes tenemos el no respeto a la consulta previa en diferentes proyectos extractivos. En Bolivia está la violación a la intangibilidad del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure); en Venezuela está la destrucción ambiental del Orinoco por el Arco Minero; los derechos colectivos y territoriales de los indígenas en Colombia y Brasil. En este último país hay una demanda especial ya que se acaban de asesinar a hermanos en aislamiento”, precisó Edwin Vásquez.
El líder de la Coica agregó que Ecuador tiene latentes conflictos sociambientales debido a los proyectos mineros Mirador y San Carlos – Panantza, y por lado de Perú está la contaminación petrolera en la Amazonía, así como la remediación que hasta el momento no es ejecutada.
Eventos a nivel internacional
La Coica desarrolló manifestaciones y actividades coordinadas con diferentes organizaciones indígenas sudamericanas. En Perú la noche del 21 de setiembre, diversas organizaciones indígenas del Perú llevaron a cabo un plantón en los alrededores del local de Petroperú, empresa estatal responsable del Oleoducto norperuano en la Amazonía. La protesta buscó llamar la atención por los derrames petroleros y la falta de remediación ambiental.
“Uno de los objetivos de este plantón fue resaltar la falta de cumplimiento del Estado peruano en compromisos oficiales con las comunidades del Lote 192. Además está nuestra demanda del respeto a la consulta previa, ya que exigimos que tomen en cuenta nuestra voz ante un nuevo contrato con una nueva empresa postora para la explotación del lote 192”, dijo a Mongabay Latam, Jemner Manihuari, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). El líder indígena, detalló, que existen varias actas que no ha terminado de cumplir el Estado peruano como las de Lima (10/3/2015), Teniente López (24/9/2015) y José Olaya (4/11/2015) relacionadas a temas de acceso a servicios básicos y titulación de tierras.
Mongabay Latam se comunicó con Álvaro Orozco, director de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura del Perú, para saber acerca de la posición del ente rector de la consulta previa en esta situación. “El Lote 192 se encuentra operado por la empresa Frontera Energy, hasta febrero de 2019 de acuerdo al contrato vigente. Este gobierno garantiza que, de existir nuevas afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el nuevo contrato será sometido a Consulta Previa”, respondió.
En la actualidad, tres organizaciones indígenas del Perú que se han movilizado en la toma de instalaciones petroleras en la Amazonía. Una es la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (representante del pueblo achuar), que ha paralizado las baterías de Huayuri, Shiviyacu, Forestal, Teniente López y Carmen, así como una planta eléctrica que suministra energía a todo el lote petrolero 192. Además, la carretera está bloqueada. “Esta medida pacífica se ampara en nuestros legítimos derechos. Hemos sido respetuosos de la integridad de trabajadores y de la misma infraestructura”, se señaló en su pronunciamiento oficial.
A esta manifestación se unieron las comunidades del pueblo kichwa del río Tigre, que paralizaron la producción del conjunto de pozos de la batería petrolera San Jacinto; y la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), que han tomado las instalaciones del aeródromo de Andoas del Lote 192.
El 23 de setiembre se organizó en un auditorio del Congreso de la República peruano el Foro Público Destrucción Amazónica y Alternativas Indígenas, donde se expusieron las demandas de los pueblos indígenas del Perú. “En la historia del Perú se ha invisibilizado a la población indígena, y ahora que en los últimos años existen manifestaciones que quieren reivindicar sus derechos, se les persigue y se les asesina”, dijo durante el foro el actual presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Marco Arana.
Por otro lado, un comité presidido por la ministra de Economía, Claudia Cooper, recibió a Jamner Marihuari, presidente de Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) y Nery Zapata, dirigente de la misma organización. Durante la reunión se discutió acerca de la propuesta de Aidesep de la asignación de 1 % del PBI nacional a un fondo indígena. “Se pidió que el MEF respalde la creación de un Fondo Indígena Amazónico para promover las economías comunitarias indígenas, lo cual se propondría por parlamentarios en el debate de la ley de presupuesto 2018, y se espera la no objeción del MEF”, detalló a Mongabay Latam Diana Aleman, especialista en comunicaciones de Aidesep.
La misma comitiva que fue al MEF se dirigió a la embajada de China para manifestarse en contra de las inversiones de dicho país en proyectos vinculados a afectaciones del ambiente y poblaciones indígenas, según Aidesep. Uno de ellos es el proyecto de la Hidrovía, que ha recibido críticas de especialistas y académicos.
En Colombia, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) realizó un plantón en el frontis del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se hizo énfasis en la problemática de salud pública y ambiente por efectos negativos del uso de mercurio a causa de la minería en la Amazonía.
En Bolivia las actividades las llevó a cabo la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). La demanda más urgente fue contra la reciente eliminación de la intangibilidad del área protegida del Tipnis por parte del Senado.
“Es bastante peculiar la contradicción en la que cae el Gobierno del presidente Evo Morales. Ha incluido dentro de la propia Constitución la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el propio Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que insta a los gobiernos a respetar la consulta previa indígena, pero luego emite decretos para que se puede ejecutar una carretera en un área doblemente categorizada como territorio indígena y área protegida y sin consulta”, indicó Edwin Vásquez a Mongabay Latam.
En Venezuela fue la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) la encargada de llevar a cabo las actividades para llamar la atención sobre los pueblos indígenas. En dicho país existe el caso del denominado Arco Minero, que está degradando el ambiente tropical y el territorio indígena, según el informe de la audiencia en donde se expuso sobre este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre del año pasado
Orpia organizó el foro “Amazonía, Organizaciones Indígena y Derechos Territoriales: Amenazas y Conflictos Socioambientales en el estado Amazonas”, en el que se expuso la situación del Arco Minero venezolano. “Nuestros hermanos en Venezuela nos han informado que hay presencias armadas que han asesinado líderes indígenas. Son grupos al margen de la ley que no quieren que nadie les haga frente en sus actividades ilegales. La situación del Arco Minero debe denunciarse”, dijo Edwin Vásquez.
Mongabay Latam se comunicó con Sofía Jarrín, coordinadora del área de derechos humanos y ambiente del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), institución que trabaja con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, para conocer cuál es la situación relacionada al estado del respeto de los derechos indígenas en el país. “Son dos casos en especial en donde se han violado derechos indígenas. El proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor, donde el pueblo kichwa denuncia contaminación ambiental y la no transparencia en el proceso de consulta previa. Luego está San Carlos-Panantza, donde el pueblo shuar sufrió desalojos desde agosto del 2016 para que el territorio puede estar liberado para la exploración minera”, sostuvo Jarrín.
Mongabay Latam ha publicado reportes sobre los dos conflictos: Mirador y San Carlos-Panantza.
Sobre Ecuador, Edwin Vásquez comentó que como ambos proyectos son de inversión china, han enviado a nombre de la Coica una carta al director general del Departamento de Latinoamérica y El Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China con el fin de que respeten los derechos de los pueblos indígenas no solo en Ecuador, sino de toda la cuenca amazónica donde existan inversiones chinas.
El líder de la Coica señaló que no quieren que los indígenas sean vistos como enemigos del desarrollo, sino como aliados de los gobiernos en la protección del territorio amazónico. “Nos falta apoyo político. Que nos aseguren jurídicamente el territorio indígena, que nos consulten adecuadamente. No estamos en contra de la explotación minera o petrolera siempre y cuando respeten nuestros derechos”, finalizó Vásquez.
https://www.facebook.com/MongabayLatam/posts/2540998722707496
Foto de portada: Protesta en el marco de la movilización amazónica internacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob)/Foto: Cidob.
Créditos
