- El 23 de agosto en un aparente triunfo para las empresas mineras canadienses y brasileñas, el presidente Michel Temer abolió una gran reserva nacional amazónica —la reserva Renca, que cubre 4,6 millones de hectáreas— y la abrió a la minería.
- La reserva, situada en los estados de Pará y Amapá, contiene grandes zonas protegidas y comunidades indígenas. El decreto original de la minería del Amazonas de Temer fue recibido con duras críticas generalizadas, lo que llevó a un segundo decreto esclarecedor el 28 de agosto.
- El 29 de agosto, el juez federal Ronaldo Spanholo anuló ambos decretos, para ello cita la constitución brasileña de 1988 y declara que la reserva Renca no puede ser abolida por una orden presidencial sino solo por una acción legislativa. El Abogado General de la Unión Brasileña dijo que recurrirá la decisión del juez.
- BBC Brasil publicó que las empresas mineras canadienses, que probablemente se beneficiarían de la abolición de la reserva Renca, fueron informadas el pasado marzo de que la región iba a ser abierta a la prospección, cinco meses antes de que se emitiese el decreto original.
A finales de agosto el decreto presidencial por el que Michel Temer abolió una reserva nacional gigantesca en el Amazonas —que abre unas 4,6 millones de hectáreas (17 800 millas cuadradas) a la minería— fue recibido con una tormenta de críticas. Esa protesta llevó a un segundo decreto presidencial una semana después, que esclarece el primer decreto, y después a una decisión del tribunal federal que anula ambos decretos.
El anuncio original del 23 de agosto fue recibido con una ola de protestas por parte de legisladores, científicos, ecologistas, artistas e incluso la supermodelo brasileña Gisele Bündchen. “¡Vergüenza! ¡Están subastando nuestro Amazonas! No podemos destruir zonas protegidas para favorecer a los intereses privados”, tuiteó Bündchen.
La reserva que va a ser abolida, conocida como la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca) fue establecida en 1984 durante la dictadura militar brasileña para proporcionar riqueza mineral para la nación, los planes nunca se llevaron a cabo. El gobierno de Temer dijo que Renca está siendo eliminada para atraer la inversión extranjera, mejorar las exportaciones e impulsar una economía brasileña en dificultades.
El segundo decreto de Temer, realizado el 28 de agosto como respuesta a las protestas, respeta la abolición de la protección especial de Renca, pero prohíbe específicamente la prospección en zonas indígenas, las reservas naturales o en regiones fronterizas, y crea un comité de revisión para garantizar esas protecciones.
Sin embargo, al día siguiente, el juez federal Ronaldo Spanholo ordenó anular ambos decretos. EBC Agencia Brasil publicó que el juez estaba respondiendo a una demanda privada presentada por Carlos Antonio Fernandes. La demanda argumentaba que la reserva Renca no podía ser abolida por decreto sino solo a través de una acción legislativa como estipula la ley ambiental brasileña.
Spanholo citó el artículo 255 de la constitución brasileña cuando escribió que las zonas protegidas dentro del Amazonas están bajo la autoridad del congreso. Su dictamen señalaba que: ”Nuestra Constitución deja claro que desde octubre de 1988, solo leyes formales pueden imponer cambios a la forma en la que se pueden usar los recursos naturales”.
Esta decisión, potencialmente de gran alcance, llega en un momento crítico para el medio ambiente brasileño, durante el que el gobierno de Temer ha aprobado una amplia gama de políticas que se espera que tengan un impacto negativo en el medio ambiente —sobre todo en el Amazonas— y en las comunidades indígenas y tradicionales.
El Abogado General de la Unión Brasileña ha dicho que recurrirá la decisión de Spanholo.
Cleber Buzatto, Secretario Ejecutivo del Consejo Indígena Misionero (CIMI), le dijo a Mongabay que con el decreto de Temer del 28 de agosto “el gobierno [realizó] un juego de marketing”. Dijo que el CIMI continuaría presionando por la revocación total del primer decreto, una posibilidad que la decisión del juez podría cumplir si se mantiene. “El nuevo decreto [no ha realizado], básicamente, ningún cambió y [continua] permitiendo la minería en esta gran zona con unas consecuencias extremadamente serias para las reservas ecológicas y las comunidades indígenas en esa región”, dijo Buzatto.
El Prof. Mario de Lima Filho, geólogo de la Universidad de Pernambuco, dijo a Mongabay: “Este nuevo decreto es tan absurdo como el primero; da la sensación de que el gobierno está intentando justificar lo injustificable”.
La región Renca está situada entre los estados amazónicos de Pará y Amapá, y cubre un área del tamaño de Dinamarca. Supuestamente es rica en oro, hierro, níquel, manganeso y otros minerales, pero también incluye nueve zonas de conservación e indígenas. Map for Environment tuiteó un mapa con las solicitudes de permisos de la minería adjuntos, que muestra la extensión del posible impacto.
Aun así, según Lima Filho, la minería ilegal ya se está llevando a cabo en la zona. “El gobierno reconoce que hay prospección clandestina en la zona Renca, y este decreto se supone que perdonará esa explotación”, dijo.
Fernando Coelho Filho, ministro de Minas y Energía, explicó que el decreto del 28 de agosto iba dirigido a clarificar los puntos que habían generado un clamor contra el decreto inicial de Renca que abolía la zona protegida.
Sarney Filho, el ministro de Medio Ambiente, cuando le preguntaron las razones para el segundo decreto dijo que “había mucha confusión en la manera en que la sociedad en su conjunto percibió este decreto”.
La BBC Brasil publicó durante el último fin de semana de agosto que las empresas mineras canadienses, que muy probablemente se beneficiarían de la eliminación de la reserva, fueron notificadas discretamente de que el área iba a ser abierta a la prospección cinco meses antes de que se emitiese el decreto original.
Durante una reunión en marzo, Coelho Filho dijo a la Asociación de Prospectores Mineros de Canadá que el área se abriría a la licitación. La BBC también publicó que poco después, el Boletín Oficial de Brasil, donde se publican todas las leyes y decretos, imprimió una notificación que preparó el camino para el anuncio de finales de agosto.
En junio, la Cámara de Comercio brasileño-canadiense anunció una nueva comisión minera centrada en la minería en Brasil. En la actualidad hay, aproximadamente, 30 empresas mineras canadienses que operan en Brasil.
El coordinador de esta comisión le dijo a la BBC Brasil que “la minería protege el medio ambiente” y que cree que es “muy saludable” abrir la zona Renca a la prospección.
Los ecologistas no están de acuerdo. A finales de agosto, el senador Randolfe Rodrigues denunció el paso original de Temer para abolir Renca como “el mayor ataque al Amazonas de los últimos 50 años”, según publicó el periódico O Globo. Antes de que se conociese la noticia de la decisión del juez, Rodrigues comentó sobre el segundo decreto, lo llamó un intento de “engañar a la sociedad brasileña y a la comunidad internacional”.
Aunque ambos decretos de Temer sostienen que las reservas indígenas y ambientales serán protegidas, a los críticos les preocupa que las minas, carreteras, tendidos eléctricos y otras infraestructuras adyacentes comprometan en gran medida las selvas de la región e impacten a su población indígena.
El director ejecutivo del Fondo Mundial para la Naturaleza de Brasil, Maurício Voivodic, dijo que abrir la región a la minería resultaría en una “explosión demográfica, deforestación, la destrucción de los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad y la creación de un conflicto territorial”, repercusiones vistas en otras partes de Brasil abiertas a la rápida expansión de la minería y las infraestructuras.
El nuevo decreto del 28 de agosto, pedía un nuevo organismo regulador, el Comité para Acompañar las Zonas Ambientales de la Antigua Renca. Ese comité tendría que ser consultado antes de la emisión de permisos mineros. Las empresas mineras también tendrían que presentar planes que demuestren que sus proyectos son sostenibles desde el punto de vista económico y que incluyan medidas para la recuperación ambiental de las zonas afectadas, así como planes para prevenir el daño ambiental.
