- Brasil tiene cerca de 155 000 personas trabajando en condiciones que rozan la esclavitud, muchas bajo sometimiento de la élite ruralista que se ha enriquecido gracias al crimen medioambiental. El trabajo esclavista es habitual en el Amazonas para mantener escondidas y sin registrar la deforestación ilegal y la agroindustria ilícita.
- El presidente Temer emitió un decreto —conocido como portaria— que reduce la definición de esclavitud. Ya no es ilegal mantener a las personas en servidumbre económica y en condiciones cercanas a la esclavitud. Ahora los esclavos deben ser retenidos contra su voluntad, y dos funcionarios del gobierno han de detener en el acto al esclavista.
- La flexibilización de la ley de esclavitud, dicen los expertos, es la forma en que Temer premia a la bancada ruralista, el lobby de la agroindustria, que incluye cerca del 40 % del Congreso y continúa apoyando a Temer y rechazando las continuas rondas de cargos de corrupción contra el presidente.
- La indignación por el debilitamiento de la ley esclavista se ha expandido en Brasil y fuera de sus fronteras. Algunos expertos esperan que la medida, si no se retira, podría conducir a sanciones contra Brasil por parte de la Unión Europea y otras naciones.
Durante el último año, el gobierno de Michel Temer ha reducido muchas políticas ambientales, indígenas y territoriales logradas durante tres décadas, para complacer a la bancada ruralista en el Congreso, del que depende para su supervivencia política. Sin embargo, ninguno de estos contratiempos significativos ha provocado el furor que estalló tras la reciente decisión de Temer de cambiar la legislación sobre el trabajo esclavista.
El 16 de octubre, el Ministerio de Trabajo emitió un decreto (la llamada Portaria N° 1129/2017) que modificó la forma en que se define y procesa el trabajo esclavista en Brasil. Bajo las nuevas leyes, ya no es suficiente que los esclavos trabajen durante muchas horas en condiciones degradantes e inhumanas o que se les pague solo en especie. A partir de ahora, para que se considere que trabajan «en condiciones cercanas a la esclavitud», los patronos deben negarles la libertad de moverse a sus anchas.
Además, para que declaren culpable a un empleador por trabajo esclavista, un agente de policía, acompañado por un funcionario del Ministerio de Trabajo, debe arrestarlo en el momento de negarles la libertad a los trabajadores —casi una imposibilidad administrativa en lugares remotos como el Amazonas, donde la esclavitud es un hecho para ocultar el crimen ambiental.
«Es un absurdo legal, una monstruosidad», exclamó Luiz Eduardo Bojart, fiscal del Ministerio Público de Trabajo (MPT), una rama independiente del gobierno que se ocupa exclusivamente de cuestiones laborales. Se está llevando al país, dijo, «de vuelta a la situación de hace 200 años cuando retenían a los esclavos sin la libertad de moverse a sus anchas, de cuando había senzalas (alojamientos de esclavos), cinturones, grilletes y látigos».
Desde mediados de la década de 1990, Brasil ha ganado considerables elogios a nivel internacional por su política que señala a los esclavistas. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo llevaron a cabo ataques por sorpresa para liberar a 50 000 personas confinadas a la esclavitud entre 1996 y 2013. Aunque pocos empresarios se enfrentaron a penas de prisión, el hecho de que aparezcan en una «lista sucia», que hace casi imposible que obtengan préstamos bancarios, ha demostrado ser efectivo.
Sin embargo, durante el último año bajo el mandato de Temer, la implementación de esta estrategia altamente efectiva se ha paralizado virtualmente, debido a la falta de fondos. La nueva legislación, según los críticos, ahora permitirá a los ruralistas echar más mano del trabajo esclavista para reducir, y ocultar, los costes dentro de sus operaciones de tala ilegal, ranchos ganaderos, plantaciones de soja y otros emprendimientos, especialmente en áreas remotas como el Amazonas.
La flexibilización de Temer de las leyes esclavistas es extremadamente irritante para muchos brasileños, particularmente porque el problema todavía es muy grave. Según la cifra publicada por la Walk Free Foundation, Brasil tiene actualmente unas 155 000 personas trabajando en condiciones análogas a la esclavitud. En marzo, Mongabay y Repórter Brasil informaron de cómo las empresas de EE.UU., tales como Walmart y Lowes, compraron madera a comerciantes brasileños que conseguían productos forestales de aserraderos del Amazonas donde los madereros trabajaban en condiciones esclavistas.
En ocasiones, lo arcaico y lo moderno se dan la mano en lo referente a las prácticas comerciales brasileñas. Algunas empresas utilizan métodos de alta tecnología en partes de su cadena de producción, mientras emplean mano de obra esclava para llevar a cabo tareas no cualificadas y desagradables. Un ejemplo: un adinerado ladrón de tierras en el Amazonas usó una tecnología sofisticada para calcular cuánto bosque podría destruir sin que lo detectaran los satélites, mientras recurría a mano de obra esclava de manera simultánea para talar los árboles.
La respuesta al decreto esclavista de Temer fue rápida. El 18 de octubre, entidades representantes de jueces laborales, fiscales laborales, inspectores de trabajo y abogados laborales emitieron un comunicado de prensa calificando de “ilegal” la portaria. Estos expertos pidieron la revocación inmediata del decreto de Temer, señalando que «violaba directamente» las convenciones internacionales de las que Brasil es firmante. Entre quienes firmaron el comunicado de prensa están Guilherme Guimarães Feliciano, de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA) y Angelo Fabiano Farias da Costa, de la Asociación Nacional de Fiscales Laborales (ANPT).
Estos expertos también advirtieron que Brasil podría hacer frente a «sanciones internacionales». De hecho, Heidi Hautala, miembro finlandesa del Parlamento Europeo, dijo al periódico Folha de S. Paulo que ella y sus compañeros no podían «aceptar que los productos elaborados por trabajadores en condiciones similares a la esclavitud» a la Unión Europea».
Se cree que la mayoría de los aproximadamente 155 000 trabajadores brasileños, que aceptan terribles condiciones laborales cercanas a la esclavitud, lo hacen no porque no puedan dejar su trabajo, sino porque no pueden encontrar uno mejor. Por lo tanto, la nueva definición de esclavitud de Temer reducirá drásticamente, de un plumazo, las estadísticas oficiales de esclavitud. De hecho, el MPT dijo a Reuters que la portaria significaría que 506 de los 706 casos de presunta esclavitud que se encuentran actualmente bajo investigación serían detenidos.
A pesar de las protestas, algunos sectores recibieron con agrado el cambio. El Frente Parlamentario Agrícola (FPA), portavoz de la bancada ruralista en el Congreso, expresó su apoyo a la portaria. En un comunicado de prensa, la FPA dijo que la nueva legislación introduciría claridad, ya que por el momento «la falta de criterios específicos para el trabajo forzado, las extenuantes jornadas y las degradantes condiciones laborales permite a los funcionarios gubernamentales aplicar diferentes criterios, creando incertidumbre jurídica en el sector».
El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, también dio la bienvenida a la nueva portaria argumentando que ayudaría a corregir «la actual confusión sobre lo que es y lo que no es trabajo esclavista».
El senador Cidinho Santos del Partido de la República, un pequeño partido derechista, dijo que la nueva medida evitaría que los patronos sean castigados injustamente. «A veces el patrón proporciona a los trabajadores inodoros químicos, pero [los trabajadores] prefieren recurrir al bosque; o les proporciona un comedor, pero optan por comer con las manos sentados sobre una lona».
Algunos de los nombrados en la «lista sucia» son importantes contribuyentes para los partidos políticos de Brasil. Un estudio llevado a cabo por Repórter Brasil descubrió que, de los 490 nombres que figuraban en la «lista sucia» entre 2002 y 2012, 77 habían hecho aportaciones a partidos políticos. Los principales beneficiarios fueron el PTB (Partido Laborista Brasileño) y el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), el mayor partido político en Brasil, al que pertenece Temer.
Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo y Empleo ha recurrido a criterios técnicos para compilar esta lista. Ahora será el Ministro de Trabajo el que decida cuándo publicará la lista, o si la publica siquiera.
Xavier Plassat, coordinador de la Campaña Contra el Trabajo Esclavista de la Comisión Pastoral de Tierras, dijo a Mongabay que estaba muy claro por qué el gobierno anunció la nueva medida cuando así lo hizo: «Esta portaria beneficia los intereses particulares de grupos para quienes la esclavitud moderna es una fuente de ingresos, y cuyo apoyo necesita el gobierno, particularmente en el momento en que deben aprobarse o rechazarse nuevos procedimientos legales contra el presidente [con respecto a los cargos de corrupción] en la Cámara de los Diputados». Según Plassat, la medida es muy contradictoria. Afirma, por ejemplo, que «según el decreto, no hay nada de malo en que un trabajador duerma con animales y beba agua sucia mientras no lo vigilen guardias armados».
El diputado federal Alessand Molon, del partido Rede, intentará que el Congreso derroque la portaria. Dijo al periódico Folha de S. Paulo: «Temer parece haber sobrepasado todos los límites. Enterrar el trabajo para combatir a la esclavitud a cambio de salvar su pellejo en la Cámara de los Diputados es escandaloso, aparte del despiadado impacto que tendrá sobre miles de brasileños».
El decreto también dificultará la protección del medio ambiente. El desmonte y tala ilegal de bosques dependen del trabajo esclavista, ya que suceden en una economía sumergida de mercado negro. En muchos casos, solo fue posible detener estas actividades al arrestar a quienes recurrían a mano de obra esclava en la tala de los árboles —un delito fácilmente demostrable y que no requiere largos procedimientos legales.
Bajo la medida de Temer, estos criminales ambientales tendrán vía libre para continuar con sus actividades destructivas.
Los analistas en Brasil han dicho en repetidas veces que Temer ha ido demasiado lejos y que ahora, seguramente, acabará siendo frenado. En este caso, aunque la situación aún no está clara, parece que la fuerza de la reacción pública puede estar dando resultados. Temer dijo el 20 de octubre al portal web Poder360 que probablemente introduciría cambios en la portaria sugeridos por la Fiscal General Raquel Dodge. No se sabe si estas reformas satisfarán a los indignados jueces laborales e inspectores de trabajo.
ACTUALIZACIÓN 25/10/17: Rosa Weber, ministra de la Corte Suprema de Brasil (STF), emitió un fallo el 24 de octubre para suspender temporalmente la portaria aprobada por el Ministerio de Trabajo, la cual establecía nuevos criterios mucho más restrictivos de lo que es el trabajo esclavista. La ministra del STF respondió a una acción presentada por Rede Sustentabilidade, un pequeño partido político creado por la exministra de medio ambiente, Marina Silva. La suspensión del la Corte Suprema significa que el Ministerio de Trabajo no podrá aplicar la portaria hasta que se haya emitido una decisión definitiva sobre su legalidad.
El fallo se produjo tras una oleada de protestas por la nueva portaria, como las recomendaciones del Ministerio Público Federal (MPF) como del Ministerio de Trabajo Público (MPT) que decían que la portaria debería ser revocada. En su fallo, la ministra del STF dijo que «los criterios extremadamente restrictivos no son coherentes con el orden judicial de Brasil ni con los acuerdos internacionales que ha firmado el país».
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