La palma africana se apodera silenciosamente de la Amazonía de Ecuador

La agroindustria de la palma africana vive un gran momento en Ecuador: 319 000 hectáreas sembradas en 2016 según la última encuesta oficial de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC) y un excedente de aceite para exportación que se incrementó de 13 000 toneladas en 2000 a cerca de 313 000 toneladas el año pasado. A ello se suma la posibilidad que tiene el sector de poblar de palma la tercera parte del país. Esto a partir del Acuerdo Interministerial 189 de julio de 2015 que echó por el piso una resolución suscrita dos años antes y amplió el mapa agroecológico para la expansión de la palma aceitera de 332 775 hectáreas a casi 9,2 millones hectáreas. Un número a simple vista descomunal que equivale a la tercera parte de la extensión del territorio ecuatoriano que es de 25,6 millones de hectáreas. Además sobrepasa toda la superficie agrícola del país, que en 2016 fue de 5,39 millones de hectáreas.

El mapa agroecológico expedido en 2013 establecía como zonas susceptibles al cultivo de palma aceitera únicamente  aquellas “en donde interactúan variables agro-biofísicas, las cuales influyen en la producción de manera natural y en la sostenibilidad del cultivo de la palma”. El último mapa expedido en 2015 incluye dentro de su delimitación 6,8 millones de hectáreas “que requieren de una alta adecuación de los factores productivos”. Según el documento, esta categorización “corresponde a aquellas áreas que en condiciones naturales de suelo, relieve y clima no son aptas para la producción de la palma, pero si se realiza una fuerte adecuación de factores productivos, son susceptibles a ser incorporadas como áreas productivas del Palma Aceitera”. Esto equivale a casi la totalidad de la superficie de las diez provincias que conforman la serranía ecuatoriana y que están atravesadas por la Cordillera de los Andes, además de las provincias costeras de Manabí y Santa Elena.

Si bien el nuevo mapa agroecológico de la palma aceitera deja fuera a las áreas protegidas, el patrimonio forestal del Estado, bosques y vegetación protectora, el director ejecutivo de Conservación Internacional (CI), Luis Suárez, afirma que sería preocupante que se haga una expansión a zonas no aptas pues “podría generar graves impactos ambientales y sociales (por ejemplo, afectaciones a la seguridad y soberanía alimentaria)”. Según Suárez, estos impactos negativos abarcarían la regulación hídrica de zonas si se requieren sistemas de riego intensificados. Además, se corren riesgos importantes por el alto uso de fertilizantes, lo cual también cambiaría el contenido y calidad de suelo. “Todo esto alteraría los servicios ecosistémicos que brindan zonas frágiles, como los bosques secos en las provincias de Manabí y Santa Elena”, indica.

Por ello Luis Suárez asegura que es necesario que el Ministerio de Ambiente vele porque se cumpla con la legislación ambiental de no cambiar el uso de suelo para evitar la pérdida de los ecosistemas nativos que no están protegidos en el Acuerdo Interministerial 189 y que abarcan a los páramos. Además, el directivo de Conservación Internacional recuerda que conforme al Plan de Acción REDD+ aprobado por el Estado, se espera que la palma no se expanda hacia zonas con bosques y otros ecosistemas nativos, a fin de no aumentar la deforestación y degradación. “El Ecuador requiere un compromiso firme del sector palmicultor para producir un aceite de palma libre de deforestación, con altos estándares ambientales y sociales”, añade.

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La expansión de la palma, que es considerada como uno de los principales agentes de deforestación en el Ecuador, aunque no el único, también inquieta a otros especialistas consultados por Mongabay Latam. Sobre todo en sitios como la provincia de Esmeraldas, donde se asientan la mayoría de estos sembríos en territorios que solían ser bosques tropicales. “Todos los bosques que quedan en Esmeraldas, que no están dentro de un área protegida donde haya la posibilidad de contener, (…) hay la tentación de convertirlos en palma”, asegura Bernardo Ortiz, Director de Conservación de la Fundación Ecociencia. Ortiz repasa la embestida de madereros y palmicultores en la también llamada ‘provincia verde’, donde hasta el 2016 se concentraba el 51 % del total nacional de estos cultivos según la ESPAC. “Es una dinámica que empieza con la extracción de madera, el bosque ya no vale mucho y queda a merced de destruir completamente lo que queda y reemplazarlo por palma. Entonces hay una secuencia en el uso, en donde están directamente vinculados los dos”, sostiene.

Entre 2014 y 2016 Ecuador presentó un promedio de deforestación anual bruta de 94 353 hectáreas por año, según datos del Ministerio de Ambiente, siendo Esmeraldas la provincia más afectada con una media anual de 13 665 hectáreas. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Esmeraldas, la alta deforestación de la provincia —que es considerada como su mayor amenaza— está cambiando de manera radical su clima caracterizado por altas y constantes precipitaciones. Lo que provoca “escasez del recurso hídrico especialmente en la época de verano donde los ríos sufren una gran disminución y en muchos casos la sequía de sus fuentes de agua”.  El problema es latente en el campo, dado que los únicos sistemas de riego pertenecen a los grandes productores, principalmente de palma africana y banano.

“Hay zonas donde no se ve sino palma, no se han respetado las distancias que hay con los cursos de agua, tienes un monocultivo absoluto, el uso de agroquímicos, la contaminación de las fuentes de agua. Es una transformación radical”, asegura el Director de Conservación de Ecociencia. “No solo es el efecto directo de donde quedó la palma, sino todas esas poblaciones de indígenas o de afros que fueron desplazadas”, añade.  Un caso destacable es el de la comunidad afroecuatoriana de La Chiquita y el pueblo Awa de Guadualito, que apoyados en los derechos de la naturaleza que establece la Constitución, denunciaron a dos grandes palmicultoras por la afectación a su territorio situado al norte de Esmeraldas. Su demanda principal era que se frene “la deforestación masiva, pérdida generalizada de biodiversidad, contaminación excesiva de ríos y por consiguiente deterioro a la salud y la soberanía alimentaria”.

Se trata de comunidades afectadas por el decreto ejecutivo 2961, expedido en el 2002 en el gobierno del entonces presidente Gustavo Noboa, que declaró como superficie agrícola alrededor de 50 000 hectáreas del cantón San Lorenzo, incluidas zonas de protección forestal y propiedades ancestrales. Afroecuatorianos y awas presentaron la demanda constitucional en 2010 y tras más de seis años de espera, la Corte de Esmeraldas sentenció la suspensión de la expansión futura de la frontera agrícola de palma africana.

Amenaza a corredores biológicos

Además de las afectaciones que puede provocar la expansión de la palma aceitera a comunidades ancestrales, Bernardo Ortiz se traslada a la Amazonía para hablar del desplazamiento de la fauna. Se refiere a un caso en particular: el de una pequeña jaguar que fue herida en un cultivo de palma de la provincia de Sucumbíos.  “Alguno de los que cuida la vio y pum. La reacción natural de la gente ante un jaguar o lo que sea es pegarle un tiro. Allí cayó la pobre, creo que la pudieron recuperar, salvar, pero no sé si es posible liberarla de nuevo”.

La felina a la que se refiere Ortiz, de menos de un año de edad, recibió 18 impactos de perdigón en la cabeza y tórax que la dejaron tetrapléjica. En un primer momento fue trasladada al parque ecológico de Nueva Loja (capital de Sucumbíos) y luego a Quito, a la Clínica de Vida Silvestre de la Universidad San Francisco. Allí fue intervenida en dos ocasiones por un equipo de neurocirujanos y médicos veterinarios que lograron devolverle la movilidad tras retirarle fragmentos de perdigón de su canal medular. La bautizaron como D’yaira, que en lengua secoya significa tigresa con valor. El Ministerio de Ambiente aseguró en un comunicado que se buscaba a los responsables de la agresión. El último reporte indicaba que la jaguar había sido devuelta a Sucumbíos, donde avanzaba con su recuperación.

Si bien Bernardo Ortiz considera que en la Amazonía existe un poco más de control con la expansión de la palma, su preocupación es que allí se replique el modelo de Esmeraldas y se establezcan plantaciones en corredores biológicos. Explica que la expansión de la palma, cuyo monocultivo arrasa con toda la vegetación preexistente, acorta el ámbito de movilidad que tenían las especies silvestres en la Amazonía Norte.

Su preocupación la confirma Mónica Navas, quien estuvo al frente del diseño del proyecto Amazonía Sostenible impulsado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF en sus siglas en inglés). Navas asegura que en el diagnóstico del proyecto identificaron a pequeños y medianos productores de palma establecidos muy cerca del Cuyabeno (reserva faunística). Y eso no es todo.  “Determinamos una categoría que está dentro del MAE que se denomina Bosques protectores”, indica la consultora.

El proyecto que diseñó Navas y que comenzó a ejecutarse en el segundo semestre de 2017 fue concebido como un promotor de prácticas de producción sostenible para aminorar el impacto de la ganadería, cacao y palma africana sobre el paisaje amazónico. Con ese objetivo se enfocaron en cinco cantones, dos de los cuales se encuentran situados al norte de la Amazonía: Coca en la provincia de Orellana y Shushufindi en Sucumbíos, que fueron seleccionados por la marcada presencia de cultivos de palma en sus territorios. Es justamente en ese cuadrante amazónico donde Navas tuvo conocimiento de la invasión de varios bosques protectores para el establecimiento de sembríos, incluido el de palma. “Estamos hablando de más de 56 000 hectáreas al norte”, sostiene. “A priori nos dijeron que el Bosque protector Napo-Payamino I y II (con una extensión de 1025 hectáreas) está totalmente apropiado, invadido y ya cuando intervenga el proyecto tendrá que reemplazarlo con otra categoría”.

Según explica Mónica Navas, los bosques protectores están en el limbo. Y añade que es tierra abandonada o desatendida por parte del gobierno donde ya existen afectaciones a los ecosistemas. Se trata de una categoría establecida por el Ministerio de Ambiente (MAE), que no ejerce el control que tiene sobre las áreas protegidas, y donde tampoco interviene el Ministerio de Agricultura (MAGAP), a pesar de que allí se desarrollan actividades productivas. “No tienen ningún esquema de gobernanza”, sostiene Bernardo Ortiz. Por su parte, Navas asegura que el proyecto Amazonía Sostenible tendrá que entrar a verificar si continúan existiendo dichos bosques.

Mongabay Latam se contactó con el MAE para recoger información sobre los Bosques protectores, pero no hubo respuesta.

La coordinadora de diseño de Amazonía Sostenible explica que el proyecto tiene la función de bajar la presión sobre las áreas protegidas trabajando por fuera de estas, en zonas de amortiguamiento, corredores ambientales y bosques protectores. “La realidad es que los problemas de desarrollo sostenible están fuera de las áreas protegidas… pero eso implica un viraje de conciliar las necesidades de conservación de ciertas zonas y los seres humanos que quieren generar ingresos a partir de iniciativas agrícolas”, indica Mónica Navas, aunque admite que la propuesta ha provocado cierto rechazo. “Traes una solución de esas y no sabes cómo se sale de tu control y comienza a ser adoptado por gobernadores, prefectos… Es medio preocupante y medio irónico que un Fondo para proteger la biodiversidad acabe usado para promover la expansión de la palma”, comenta Ortiz. Pero Navas asegura que ese es “el riesgo del éxito del proyecto”, que el trabajo es en conjunto  con el MAE, el MAGAP y la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma (Ancupa), y que el acuerdo es que no va a haber deforestación para promover la palma.

¿Cómo se usa el dinero?

“En zonas donde ya ha habido deforestación por agricultura se está transformando a palma y eso no es que usted la esté promoviendo”, asegura Mónica Navas, y añade que tanto Ancupa como el Ministerio de Agricultura le han manifestado su inclinación a “la conversión de pasto en zonas óptimas para la palmicultura ética y ambientalmente responsable”. Bernardo Ortiz sostiene que “entre pasto y palma bien manejada es preferible la palma”, pero aún así apunta a que la deforestación ha sido promovida toda la vida por el Estado y que el único factor que está cambiando la manera de hacer las cosas es el mercado de importación de este aceite. “La deforestación tiene subsidios, tiene ayudas económicas del Ministerio de Agricultura”, señala Ortiz.

Mongabay Latam acudió a dicha cartera de Estado para solicitar una entrevista que no fue atendida.

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En marzo de este año, los ministerios de Agricultura y Ambiente firmaron junto a organizaciones civiles y de la cadena productiva de la palma un acta de compromiso para avanzar hacia la certificación RSPO que otorga la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (Roundtable on Sustainable Palm Oil).  Se trata de un sistema de certificación que pretende garantizar que la palma no haya sido sembrada como consecuencia de destruir el bosque ni que amenace la biodiversidad, además del respeto de los derechos laborales y de las comunidades indígenas, y de la promoción de prácticas agrícolas más limpias.

Lo cierto es que el Estado ha financiado durante años la producción de palma africana a través de sus principales entidades crediticias: la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento (antes BNF, ahora BanEcuador). Entre 2010 y 2016 la CFN otorgó 91,6 millones de dólares en crédito para el cultivo de palma africana, mientras que en el mismo periodo BanEcuador colocó 39,1 millones de dólares. Esto según datos recopilados del Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y del Estudio sobre política fiscal en el sector de la palma aceitera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Aunque el mayor financista del sector ha sido la banca privada, que solo entre 2014 y 2015 entregó 232 millones de dólares en préstamos de acuerdo los boletines situacionales de la palma africana que emitió el Magap.

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El problema, según comenta Mónica Navas, es que las entidades bancarias no verifican cómo se usa ese dinero para la siembra de la palma. “En la Amazonía encontramos que los bancos daban dinero para deforestar”, señala, y añade que en el proyecto que diseñó existe un apartado de finanzas sostenibles, presidido por el Ministerio de Agricultura, que apunta a introducir un mecanismo que regule los créditos para que no sean utilizados para talar la selva. La idea es evitar que se repitan casos emblemáticos como el de los indígenas secoyas de la comunidad de San Pablo, que obtuvieron un crédito de 240 000 dólares de la CFN y tumbaron 173 hectáreas de bosque primario para plantar palma aceitera. Ocurrió en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.

“Fue irónico eso de una propia entidad gubernamental que les dijo: ‘Yo les doy un préstamo para que ustedes siembren palma’”, expresa Navas sobre el caso que se tornó complejo luego de que el Ministerio de Ambiente acusara a las 20 familias secoyas que gestionaron el crédito con la CFN, de no contar con los permisos para el aprovechamiento forestal. A mediados de 2011 los indígenas fueron multados con 375 mil dólares, a pesar de que el Estado les proporcionó el dinero para el sembrío. No fueron sancionados por talar el bosque nativo, sino por no cumplir con el procedimiento establecido. Los secoyas se han declarado incapaces de cancelar la penalidad y vienen luchando por el archivo de la causa.

Comunidades y fuentes de agua

Varios kilómetros al sur de la comunidad Secoya de San Pablo, en la vecina provincia de Orellana, cantón Coca, parroquia Nuevo Paraíso, un grupo de comunidades viene luchando por su principal fuente de agua: el río Guachito. Acusan a Palmar del Río (que según el Registro de la Propiedad de Francisco de Orellana transfirió en mayo de 2014 el dominio de la plantación de palma aceitera a la empresa Operación y Negocios Negcorpbis S.A.) de verter los residuos tóxicos que genera la planta extractora de aceite.

La lucha la inicio hace casi 30 años Gabriel Calapucha, representante de la comunidad kichwa Centro Guachito. Según narra a Mongabay Latam, sus problemas iniciaron por el año 82, cuando el entonces Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Agrario (IERAC) adjudicó 10 000 hectáreas de selva para plantaciones de palma aceitera. Fue en el año 86, cuando se instaló la planta extractora, que comenzaron a notar estragos en el río. Dice que el agua tenía un olor fétido que se percibía a cien metros de distancia, pero aún así navegaban por el río porque no había carretera. “Los peces morían cada semana cuando crecía el río, y hasta una boa murió aquí”, indica mientras señala el afluente, situado a menos de diez metros de la parte trasera de su casa de tablas, que comparte con sus hijos y nietos.

Calapucha indica que en aquellos años llenaban sus canoas de peces muertos para consumo propio y para alimentar a los chanchos, sin reparar en el daño que podía causarles. Ahora el río casi no trae peces, pero sí comezones. “Ya no nos bañamos mucho porque eso se pega en el cuerpo y pica”, comenta. El río es una pieza fundamental en la cotidianeidad de los kichwas. De allí usan el agua no solo para asearse, también para calmar la sed y preparar los alimentos. Por eso, la mayoría de pobladores de la comunidad de Calapucha no aguantó la situación y decidió establecerse en otro sitio hace ya varios años. Ahora son la comunidad kichwa de San Pablo.

Según el relato de Gabriel Calapucha, en los años 90 comenzó a presentar las primeras denuncias. Asegura que viajó a Quito a dejar sendos oficios en los ministerios de Salud y de Gobierno. Desde inicios de 2016 impulsa un nuevo reclamo, por el mismo asunto, ante la Defensoría del Pueblo de Orellana. Al menos cuatro comunidades de la parroquia Nuevo Paraíso se han adherido a su causa: 15 de Abril, Río Punino, Riveras del Punino y Asociación de Campesinos Payamino.

En un documento que se anexó al proceso, los presidentes de dichas comunidades sostienen que los estanques de oxidación con los que cuenta la planta extractora no son suficientes para evitar la contaminación del afluente, pues “casi siempre las piscinas se desbordan y provocan la muerte de todos los seres vivos del río”. Diocles Zambrano, representante de la Asociación de Campesinos Payamino, dice a Mongabay Latam que hasta el momento solo se han realizado dos reconocimientos del sitio por parte de técnicos del Ministerio de Ambiente.

Zambrano coincide con Calapucha en que el proceso avanza lento debido a la palmicultora. Cita como ejemplo un oficio presentado por el abogado de la compañía Operación y Negocios Negcorpbis S.A. en mayo de 2016, en el cual deslinda a su representada de la empresa Palmar del Río —contra la cuál se inició la causa— y pide suspender una inspección prevista para esos días puesto que la citación no se ha realizado contra “el legítimo contradictor”, lo que a su juicio causaría indefensión. Además asegura que su defendida “cumple a cabalidad toda normativa ambiental que se requiere para ejercer la actividad a la que se dedica lícitamente”, por lo cual rechaza cualquier acusación.

Mongabay Latam se puso en contacto telefónico con el Defensor del Pueblo de Orellana, Rodrigo Trujillo, para conocer sobre el estado del proceso, pero este pidió que le envíen preguntas por correo electrónico que no fueron contestadas.

También se puso en contacto con la empresa aludida para solicitar una entrevista que al cierre de este reportaje no fue concedida.

Ancupa: ‘El impacto de la palma es mínimo o casi nulo’

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa), Silvana Peñaherrera, asegura que no tiene conocimiento de la denuncia de contaminación en Orellana ni del reclamo de los pueblos Awa y afroecuatoriano de Esmeraldas por desplazamiento y afectación al medio ambiente.  Sostiene que “el impacto y afectación de la palma es mínimo o casi nulo” y hay casos de mejora de condiciones de vida de poblaciones que se incorporan al cultivo, aunque no cita ejemplos. “Hay que considerar que la palma, al contrario de otras oleaginosas, tiene un proceso de extracción de aceite mecánico, totalmente natural, que no utiliza absorbentes químicos como en otros aceites que sí lo hacen”. Peñaherrera, asevera que “mientras existan incumplimientos o malas prácticas deben ser sancionados”, y en ese sentido, “las actuaciones aisladas o de particulares tienen que ser respondidas directamente por cada uno”.

Silvana Peñaherrera  insiste en que el cumplimiento de la normativa ambiental es más alto que en otros sectores agropecuarios y que no da cifras “para que no se resientan”. Dice que son ejemplo de buenas prácticas laborales ambientales y agrícolas, y que eso les va a permitir obtener la certificación RSPO del aceite que producen. “No debería llevarnos más de tres años”, apunta en conversación con Mongabay Latam, y añade que ese buen comportamiento ha sido premiado por el gobierno con beneficios como la exoneración del impuesto a la renta y un “tratamiento especial” del Ministerio de Trabajo. “El gobierno ecuatoriano decidió apoyar muy fuertemente al desarrollo de este cultivo, no necesariamente en el tema de ampliar la frontera agrícola”, indica. La Directora de Ancupa habla de un crecimiento sostenido de los cultivos del 7 % anual en las zonas delimitadas por el mapa agroecológico definido por el gobierno, aunque no se refiere a la ampliación de dicho mapa de 332 775 hectáreas a 9,2 millones hectáreas según el Acuerdo Interministerial 189. Eso sí, asegura que expandir los cultivos de palma no es el principal objetivo del sector, sino incrementar la productividad en el mismo número de hectáreas cultivadas.

En esa línea, Peñaherrera sostiene que el gremio ha decidido hacer una declaratoria de no deforestación. No da fechas pero asegura que “el sector palmero siempre ha tenido mucha conciencia de lo que es la naturaleza”. Dice que las empresas que se asentaron en la Amazonía (específicamente en Coca y Shushufindi) lo hicieron con previa venia de la autoridad ambiental, sin afectar bosques primarios ni deforestando, y que las 30 000 hectáreas que existen en esa zona “hay que contrastarlas contra las 1,2 millones de hectáreas que se destinaron a pastizales”. Según el censo oficial de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC), a 2016 existían 38 000 hectáreas de palma sembrada en la región oriental y 366 000 hectáreas de pasto cultivado.

Entre 2013 y 2014, la ESPAC registra el incremento de cultivos de palma en 100 000 hectáreas a nivel nacional, de 288 000 en 2013 a 388 000 en 2014. En ese mismo periodo, la superficie de palma sembrada en la Amazonía casi se triplicó. Pasó de 22 585 hectáreas a 65 627 hectáreas según arroja la contrastación de los registros de la ESPAC en dichos años.

Peñaherrera recuerda que el cultivo de palma comenzó en los 50 en Santo Domingo (jurisdicción que formaba parte de la provincia de Pichincha pero que se convirtió en provincia en el año 2007). En los años 70 se constituyó Ancupa para agremiar a los cultivadores de palma aceitera y a las extractoras que la procesan. En los 80 alcanzaron 30 000 hectáreas de cultivos y en el año 94 empezaron a tener excedentes para exportación, que en la actualidad se traducen en 300 millones de dólares anuales. Habla de 7000 productores en el país, que generan más de 150 000 empleos directos e indirectos y el 4,5 % del PIB agrícola. Finalmente señala que el objetivo es triplicar las exportaciones y tener réditos de 1000 millones de dólares para 2025

“Sector palmicultor debe compensar la deforestación previa”

Aunque el establecimiento y expansión de la palma africana en el Ecuador arrastra un pasado por lo menos complejo, el director ejecutivo de Conservación Internacional (CI), Luis Suárez, cree que es posible mejorar el panorama. “La clave está en generar una línea base actual y multitemporal y controlar rigurosamente que no se establezca una hectárea más de palma a costa de bosques nativos y otros ecosistemas claves (por ejemplo, humedales)”, sostiene, y añade que “la voluntad política para controlar y sancionar la tala y conversión de bosques, y la capacidad de monitoreo serán factores claves”.

Suárez asegura que el sector palmicultor “tiene la obligación moral y cuasi legal de compensar lo deforestado previamente, antes y después del año 2005 (año de referencia para la certificación RSPO que buscan alcanzar)”. También señala que la expansión de la palma debería abarcar solo áreas previamente intervenidas, “trabajando especialmente con pequeños y medianos productores en fincas diversificadas, es decir, sin desplazar a productores locales para dar paso a grandes monocultivos en manos de pocas empresas”.

Finalmente, recalca que “se debería asegurar una producción de palma ambientalmente más responsable y socialmente más justa e incluyente”, evitando la deforestación e incentivando la protección de áreas claves como lo son los bosques ribereños, además de evitar la contaminación del agua, suelo y aire, y de cumplir con estándares sociales como el consentimiento libre, previo e informado, la equidad de género y el pago justo y oportuno a los productores.

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