- La Corte Suprema decidió el miércoles 16 de agosto a favor de los derechos de tierra de los grupos indígenas de Brasil.
- Mato Grosso argumentó que las tierras en las que se establecieron las reservas pertenecían al Estado, pero la Corte decidió a favor de los indígenas, y señaló, en un caso, que los indígenas han vivido en el territorio que se convirtió en reserva por 800 años.
- Indirectamente, las decisiones judiciales socavan una medida recientemente firmada por el presidente Temer y respaldada por la bancada ruralista conocida como el marco temporal.
- El marco temporal establece el año 1988 como una fecha arbitraria como base legal para los reclamos de las tierras indígenas. El tribunal, en sus fallos, basó su decisión en una ocupación de territorio ancestral mucho más larga. Es probable que Temer y la bancada ruralista continúen empujando el marco temporal, o estrategias similares para deslegitimar los reclamos de tierras indígenas.
El pasado miércoles 16 de agosto, el Tribunal Supremo de Brasil tomó dos decisiones clave que favorecieron a las comunidades indígenas del país. Esas decisiones parecen refutar el reciente intento de la actual administración de vincular las reivindicaciones territoriales indígenas a una fecha arbitraria de 1988, en lugar de vincularlos a una larga historia de ocupación documentada requerida por la Constitución de Brasil.
El tribunal dictaminó que las dos acciones civiles que el gobierno del estado de Mato Grosso había presentado contra la agencia indígena Funai fueron inadmisibles. Un centenar de indígenas, reunidos en la sala del tribunal, recibió el veredicto con alegría. Fuera del edificio, decenas de indígenas que pasaron la noche en la plaza central de Brasilia (la Praça dos Três Poderes), celebraron ruidosamente.
En ambos casos, el gobierno de Mato Grosso afirmó que las reservas indígenas federalmente establecidas pertenecen al estado de Mato Grosso y que tradicionalmente no han sido ocupadas por los indígenas que vivían allí hoy. A través del ACO 362, Mato Grosso reclamó una compensación por tierras que el gobierno federal utilizó para establecer el Parque Indígena del Xingú, creado por los hermanos Villas-Boas en 1961. Mediante el ACO 366, Mato Grosso reclamó compensación por tierras demarcadas federalmente como territorios indígenas para Nambikwara, Pareci y Enawenê-Nauê en los años ochenta.
El juez Marco Aurelio Mello dijo que había suficiente evidencia para demostrar que las comunidades indígenas ocuparon el Parque Indígena del Xingú al menos por 800 años. El juez Alexandre de Moraes coincidió: “No se puede negar este asentamiento tradicional a las comunidades indígenas. Funai no necesita compensar al Estado por el uso de sus propias tierras”. Declaraciones similares fueron hechas con respecto a las reservas de Nambikwara, Pareci y Enawenê-Nauê. El gobierno del estado de Mato Grosso recibió la orden de pagar los honorarios legales de Funai.
Las sentencias son un gran contratiempo para el presidente Michel Temer, quien había apoyado abiertamente los reclamos del gobierno estatal presuntamente bajo la presión de la poderosa bancada ruralista en el Congreso —de la cual depende su supervivencia política.
Pero las resoluciones no se referían directamente al controversial marco temporal, la reciente recomendación hecha por la Fiscalía General y firmada por el Presidente Temer, en la que se afirma que los grupos indígenas solo tendrían derecho a reclamar tierras legalmente si las ocupaban físicamente el 5 de octubre, el día en que se promulgó la actual Constitución brasileña. Si esta recomendación se aplica en toda la Amazonía, decenas de comunidades indígenas, expulsadas forzosamente de sus tierras durante el gobierno militar (1964-1985), perderán sus derechos sobre la tierra.
Sin embargo, todos los miembros de la Corte, a excepción del juez Gilmar Mendes, indirectamente refutaron la idea de la fecha de referencia 1988, y afirmaron claramente que la base de la “ocupación tradicional” —que los indígenas deben demostrar para tener sus derechos sobre la tierra— se basa en criterios muy diferentes. “La gran mayoría de los ministros de la Corte Suprema reafirmaron que el concepto de ocupación tradicional está relacionado con la forma en que [los pueblos indígenas] han ocupado sus tierras y se basa en leyes de mucho antes de la Constitución federal de 1988”, dijo Cleber Buzatto, director de Cimi, el Consejo Indígenista Misionero de la Iglesia Católica.
Rafael Modesto dos Santos, consultor jurídico de Cimi, dijo que en su opinión las sentencias son un gran contratiempo para el gobierno federal: “A pesar de no ser examinado directamente en las sentencias, el concepto de marco temporal sufrió graves daños y las comunidades indígenas se han fortalecido. Esto afecta directamente a la recomendación de la oficina de la Fiscalía General firmada por Temer”.
El ministro Luis Roberto Barroso dejó claro en su voto que se oponía al marco temporal: “En mi opinión, la ocupación indígena tradicional perderá su validez solo si se demuestra que los indígenas abandonaron voluntariamente sus territorios o se demuestra que sus vínculos culturales con el área están rotos”.
El juez Gilmar Mendes, el principal defensor del marco temporal, no pudo votar sobre el ACO 362 porque ya había manifestado su posición en los años noventa cuando era procurador general y, en ese entonces, creía que el gobierno estatal estaba mal en su alegación. Como resultado, la votación sobre el ACO 362 fue unánime.
Aunque fue el último en hablar y por eso defendió una causa perdida, Mendes dio un largo discurso que denigró los derechos territoriales indígenas; dijo que, sin el marco temporal, “acabaremos entregando Copacabana [la playa más famosa de Río] a los indígenas”.
Luis Enrique Eloy, indígena Terena y abogado de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), expresó su opinión: “La Corte Suprema decidió que estas tierras nunca pertenecieron al gobierno de Mato Grosso y es imposible ignorar la presencia de los indígenas”, dijo.
Aunque es importante, es improbable que las decisiones de agosto sean la última palabra sobre el marco temporal, pero los expertos sugieren que las decisiones pueden hacer que Temer y sus aliados del grupo rural hagan una pausa para pensar y reconsideren su estrategia. A pesar de que los principales jueces de la corte federal de Brasil han sido a menudo desautorizados por el director ejecutivo en los últimos años, siguen siendo capaces de poner control a los excesos presidenciales.
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 17 de agosto de 2017.