La situación para las comunidades indígenas, ubicadas en la frontera entre Perú y Ecuador, cerca al río Curaray en la provincia del Pastaza, es preocupante. Ellas denuncian que sufren ataques violentos por parte de cazadores y taladores ilegales que, motivados por la ausencia de autoridades estatales, no dudan en ingresar a áreas protegidas como el Parque Nacional Yasuní y a la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, donde además se encuentran pueblos en aislamiento.
Se han registrado denuncias de que los grupos ilegales que ingresan a estas áreas protegidas son de nacionalidad peruana. Cabe recordar que los pueblos aislados en estas zonas se encuentran bajo el amparo de medidas cautelares emitidas en 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Cuál es su situación?
1. Los madereros y cazadores ilegales son la principal amenaza
En mayo de 2016, un comité conformado por tres organizaciones no gubernamentales, Land is Life, Acción Ecológica y la Fundación Alejandro Labaka, acudió a la zona debido a las numerosas denuncias de indígenas locales por la presencia de madereros y cazadores ilegales. Gracias a esta visita, se logró hacer un diagnóstico del escenario actual de los pueblos en aislamiento. Los resultados no fueron alentadores.
David Suárez, coordinador de Pueblos Indígenas de la Fundación Alejandro Labaka, señaló que se encontraron dos zonas en los que se encuentran los madereros ilegales. Una es la quebrada del río Lobo a lo largo de la frontera peruano-ecuatoriana, mientras que la otra está en el margen derecho del río Curaray. Se registraron hasta 18 puntos de trabajo vinculados a la tala y caza ilegal, los cuales no son simples lugares de extracción, sino auténticos centros de talado de especies maderables y de secado de carne de monte para venta.
La cacería ilegal afecta directamente a los pueblos en aislamiento pues hay menos animales para su dieta diaria, mientras que la tala está degradando su espacio natural. De hecho, la presencia de personas externas en las áreas protegidas es nociva para estos pueblos por el posible contagio de enfermedades para las que no están preparados sus sistemas inmunológicos.
Leer más: Ecuador, los problemas ambientales que deben resolverse en el 2017
2. La amenaza contra los pueblos en aislamiento no es nueva
Los ataques contra las poblaciones en aislamiento no son una novedad en el río Curaray. En el 2003, 30 indígenas en aislamiento fueron asesinados por indígenas del pueblo waorani, azuzados por madereros ilegales, quienes se aprovecharon de la relación histórica de conflicto entre ambas etnias, según el antropólogo de Land is Life, José Proaño. Luego, en 2013, la misma etnia asesinó a 20 Taromenane en venganza por el homicidio de una pareja de ancianos cometido por los indígenas en aislamiento. Expertos señalan que el ataque a los ancianos waorani fue debido a la presión que sienten estas comunidades en aislamiento por parte de madereros y personas dedicadas a la extracción petrolera en la zona.
Leer más: Las especies invasoras y los desafíos para la conservación de la biodiversidad en Galápagos
3. Falta una respuesta estatal integral frente al problema
Durante el viaje de David Suárez, miembro de Land is Life, por el río Curaray, él pudo observar el abandono de dos puestos de vigilancia cerca de la zona de trabajo de madereros y cazadores ilegales. Uno es de control militar y el otro es de administración estatal llamado Ceilán, implementado por el Ministerio del Ambiente para el control de la frontera sur del Parque Nacional Yasuní. Este último había sido saqueado por los grupos ilegales de la zona, mientras que el puesto militar llamado Cononaco, apenas cuenta con cinco miembros, sus canoas están dañadas, no dispone de combustible y no recibe abastecimiento de alimentos. Esta situación coloca a los militares en desventaja frente a la logística de la que sí disponen cazadores y madereros.
La situación se torna más preocupante según el informe preliminar “Tala Ilegal de Madera en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane”, elaborado por las tres organizaciones civiles citadas. Allí se detalla que en octubre del 2015 un comité con personal del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia y de las Fuerzas Armadas visitó la quebrada de Lobo, donde se sabía había taladores ilegales. Pese a escuchar el sonido de las motosierras, por la poca presencia de militares en el comité, no se les expulsó.
Además, personal del Ministerio del Ambiente, gracias a un operativo que realizó en la rivera del río Nashiño que atraviesa la Zona Intangible desde el Ecuador hasta el Perú, capturó a tres madereros ilegales de nacionalidad peruana. Sin embargo, se registró que la madera incautada fue recuperada luego por madereros peruanos en un posterior ataque al destacamento militar ecuatoriano del río Nashiño.
Los especialistas temen que vuelvan a suceder ataques contra los pueblos en aislamiento en el Parque Nacional Yasuní y dentro de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. Frente a ello exigen que el Estado invierta más en medidas que prevengan nuevas masacres de los pueblos en aislamiento en la frontera peruano-ecuatoriana.
Leer más: ¿Cómo están protegiendo los bosques del Chocó ecuatoriano? Tres iniciativas de conservación
El artículo original fue realizado por Daniela Aguilar. Para mayores sobre la amenaza de la tala ilegal al territorio de pueblos indígenas en aislamiento en Ecuador, entre aquí.
