- De los 10 territorios propuestos para reservas indígenas, solo tres han sido categorizados, mientras que cinco solicitudes llevan casi dos décadas de espera.
- Nuevo proyecto de ley le abre las puertas a la construcción de carreteras, precisamente, en los territorios solicitados por las organizaciones indígenas.
- Las concesiones forestales y las actividades de hidrocarburos también son un peligro permanente para los pueblos en aislamiento.
En octubre de 1999, se presentó, por primera vez, la solicitud para la creación de una reserva territorial para proteger a la población indígena de la etnia Cacataibo que vivía en aislamiento. Han pasado 18 años y todavía no ha sido declarada.
Pero no es el único caso. Existen otras cuatro solicitudes para la creación de reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial (Piaci) –Yavarí Tapiche, Yavarí Mirín, Sierra del Divisor Occidental y Napo-Tigre– que fueron presentados entre los años 2003 y 2006, las mismas que aún están en proceso de categorización.
En total son diez los territorios que han sido propuestos en el Perú para convertirse en el hogar de los PIACI, aunque solo tres han logrado su categorización el año pasado. La creación de estas reservas puso a prueba la paciencia de las organizaciones, tomando en cuenta que se declararon diez años después de que se promulgara la Ley 28736 para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial, y casi dos décadas después de que se hicieran las primeras solicitudes para su creación.
A este grupo, hay que sumar las dos solicitudes que están en curso que piden un cambio de la categoría de reservas territoriales, como se denominaban antes del 2006, a reservas indígenas, lo que significa adecuarse a los requisitos de la legislación vigente.
Para la antropóloga Beatriz Huertas, autora del libro Los pueblos indígenas en aislamiento. Su lucha por la sobrevivencia y la libertad, esta situación “es muy crítica, porque pasan los años y no se establecen las reservas indígenas, pero sí se otorgan concesiones forestales y de lotes petroleros. Se promueve la construcción de carreteras en los territorios solicitados y hasta el ingreso de colonos. Los pueblos aislados están cercados, sabemos que huyen dentro de su propio territorio, están amenazados por madereros ilegales, por narcotraficantes, por todo”, comentó.
Las amenazas
Uno de los hechos que atentan contra los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial se concretó el último jueves 9 de noviembre, cuando el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 1123 que declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali, región donde se ubican cuatro de los territorios donde viven los Piaci. El proyecto fue presentado por la bancada de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Glider Ushñahua.
De acuerdo con un análisis realizado por Carlos Trinidad, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en julio de este año, cuando se emitió el dictamen favorable al proyecto de Ley 1123 en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, notaron que esta propuesta ponía “en riesgo a los territorios de diversos pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial ubicados en la región Ucayali, como los pueblos Mashco Piro, Isconahua, Amahuaca, entre otros”. Para el experto esta medida podría afectar gravemente al Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús.
La congresista Tania Pariona Tarqui, de la bancada parlamentaria Nuevo Perú, ha manifestado que el proyecto afectaría las reservas indígenas Muruhuana, Isconahua, Mashco Piro y la reserva territorial Kugapakori-Nahua-Nanti, entre otras.
Pero además de la aprobación de este polémico proyecto de ley, hay otras amenazas que deben enfrentar los Piaci: las concesiones forestales que se superponen a sus territorios. Beatriz Huertas aseguró que recientemente se han otorgado concesiones forestales sobre territorio solicitado para las reservas Yavari Tapiche, Yavari Mirim y Napo Tigre, en la región Loreto.
Y, efectivamente, el portal institucional del Gobierno Regional de Loreto informa que el 17 de octubre se firmaron contratos forestales con fines maderables con trece empresas a través del procedimiento abreviado. Según la publicación, se adjudicaron un total de 88 unidades de aprovechamiento sobre un área de 543 421 hectáreas.
En conversación con Mongabay Latam, Lorena Prieto, directora de la Dirección de los Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, dijo conocer sobre la aprobación de nuevas concesiones. Agregó que ha solicitado al Gobierno Regional de Loreto que envíe información oficial sobre el tema, pero que lo importante es primero reconocer formalmente la existencia de los pueblos aislados y luego, cuando se haga la delimitación del territorio, se revisará con las autoridades competentes lo referente a la superposición. “Aún no estamos en esa parte del proceso, es un siguiente paso”, acotó.
Huertas, por su parte, señaló que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ya ha presentado una acción de amparo por la superposición y el otorgamiento de estas nuevas concesiones forestales en Loreto.
A la amenaza de la aprobación del proyecto de ley 1123 y el otorgamiento de concesiones forestales que se superponen a los territorios de los Piaci, hay que sumar el peligro que representan algunos proyectos petroleros. Uno de estos casos se refiere a los lotes de hidrocarburos 135 y 137, también en la región Loreto, que se superponen a la propuesta de la reserva indígena Yavarí Tapiche.
Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), señaló que ya se presentó una acción de amparo por la superposición de estos lotes sobre el territorio indígena. “Estamos pidiendo que no se vuelvan a licitar estos lotes y que se anule definitivamente este peligro para los aislados”.
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Apoyo internacional
Las demoras para la categorización de las reservas obligaron a las organizaciones indígenas, en las últimas semanas, a tocar las puertas de algunos organismos internacionales con el fin de que estos exhorten al Gobierno peruano a que acelere los procesos y que cumpla con los plazos ofrecidos.
Así, en una carta enviada al Banco Interamericano de Desarrollo el último 18 de octubre, el Instituto de Defensa Legal (IDL) solicitó a este organismo internacional que inste al Estado peruano y, específicamente, al Viceministerio de Interculturalidad —órgano del Ministerio de Cultura a cargo de los pueblos indígenas— a convocar a la comisión responsable de que se aprueben los estudios previos de reconocimiento de Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim y Sierra del Divisor Occidental, con el fin de que se continúe con la creación de las reservas indígenas y la protección de los derechos fundamentales de los pueblos en situación de aislamiento.
Aidesep siguió el mismo camino y el 23 de octubre, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que describe la problemática y que incluye recomendaciones sobre los Piaci. El documento señala que “la falta de categorización y protección de las reservas indígenas: Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Sierra del Divisor Occidental, Napo-Tigre y Cacataibo, solicitadas por las organizaciones indígenas a favor de pueblos en aislamiento, viene facilitando la invasión de estas áreas por actores ilegales y la superposición de derechos de explotación de recursos naturales a favor de terceros”.
En el caso de la reserva Napo Tigre, la solicitud para su creación ha sido observada, es decir, el proceso recién se iniciaría cuando se convoque a la comisión multisectorial que determine la realización del estudio previo de reconocimiento. Según el Ministerio de Cultura, la comisión recién sería convocada el próximo año.
De acuerdo con la ley, el proceso para que una reserva sea designada como tal tiene varias etapas. Se inicia con una solicitud al Viceministerio de Interculturalidad, que debe ser presentada por un gobierno regional, municipio, institución académica, organización indígena amazónica o comunidad nativa, o mediante una propuesta de oficio del mismo viceministerio.
Luego se debe elaborar un estudio previo de reconocimiento que demuestre la presencia de pueblos aislados en la zona solicitada para reserva. Cuando este es aprobado por la comisión multisectorial, el Ministerio de Cultura debe emitir un decreto supremo de reconocimiento de la existencia del pueblo en aislamiento.
El paso siguiente es elaborar un Estudio Adicional de Categorización, que debe considerar un análisis ambiental, jurídico y antropológico, así como una propuesta de delimitación territorial, además de opiniones técnicas y estrategias de intervención de los sectores indicados en la ley. Aprobado este segundo estudio, el Gobierno emite un decreto supremo para la categorización de la reserva indígena, el mismo que debe ser refrendado por el Ministerio de Cultura.
“Estamos en alerta por las demoras”, sostuvo Ángela Arriola, coordinadora de programa de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario de Aidesep. “Las poblaciones que se tienen que proteger están muy expuestas, porque si bien el proceso es lento, lo que no es lento es el otorgamiento de otros derechos en los mismos espacios. No es lento otorgar concesiones forestales, no es lento otorgar lotes de hidrocarburos, no es lento poner una carretera en estos espacios. Por acción u omisión el Estado está exponiendo a estas poblaciones”, explica Arriola.
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Próxima reunión
Lorena Prieto, del Ministerio de Cultura, reconoció que “los procesos (de las reservas indígenas) están muy atrasados”, pero agregó que en el 2014 el ministerio asumió el compromiso de avanzar con ellos. “Algunos tienen más de diez años de retraso y no se había hecho absolutamente nada. Antes (del 2014) este tema andaba moviéndose entre ministerios”, sostuvo refiriéndose a que todo lo relacionado con las reservas indígenas ha pasado por diversos sectores hasta que se promulgó la Ley 28736, para su protección.
Prieto anunció también que se ha convocado a la Comisión Multisectorial —integrada por representantes de ministerios, de organizaciones indígenas, del gobierno regional, de municipios y de universidades— para este 22 de noviembre, fecha en la que se retomará la la discusión sobre la categorización de la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti, y se continuará con el proceso de la reserva indígena Cacataibo.
La funcionaria aseguró, además, que para la primera semana de diciembre se convocaría a la Comisión Multisectorial que evaluará el estudio previo de reconocimiento (documento que sustenta la existencia de un pueblo en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial) de las reservas Yavari Tapiche y Yavari Mirim. “Teníamos un calendario para las reuniones de las comisiones, las mismas que estaban programadas para octubre. Lamentablemente, por demoras en los estudios no pudimos cumplirlo. Sin embargo, por lo menos para dos de ellas vamos a convocar antes de que acabe el año, ese es nuestro compromiso”, dijo.
Según explicó Prieto, pese a que las solicitudes para la creación de estas cinco reservas se habían presentado hace mucho tiempo, recién en el año 2015 se iniciaron los estudios de reconocimiento que se indican en la ley. Mencionó que en el caso de Cacataibo los informes se hicieron bien y se presentaron de inmediato a la comisión, por ello, esta solicitud ya cuenta con el Decreto Supremo que reconoce la existencia del Pueblo en Aislamiento y Contacto Inicial. En cambio, indicó que en el caso de las otras tres solicitudes —Yavari Tapiche, Yavari Mirim y Sierra Divisor Occidental— a los estudios “les faltaba un poco de trabajo, no estaban en una situación ideal en términos de calidad”.
“Sé que parece mucho tiempo, pero en realidad hemos avanzado muchísimo en los últimos tres años. Los estudios son complejos porque se tiene que demostrar que los Piaci están ahí, de lo contrario, no sirven absolutamente de nada y se vuelve a foja cero”, agrega Prieto.
Sostiene que desde el 2014 se avanzó en la gestión de los territorios de las reservas territoriales e indígenas. “En 2014 teníamos tres puestos de control en Kugapakori, ahora contamos con 14 puestos de control en las cinco reservas. En ese entonces había seis agentes de protección en esos puestos de control, actualmente son alrededor de 33 agentes contratados por el Ministerio de Cultura, además de los que provienen de las organizaciones indígenas con quienes trabajamos como aliados. Hemos avanzado con los planes de protección, los comités de gestión de algunas reservas y en paralelo seguimos con los temas legales”, aseguró.
De acuerdo con la legislación actual, las antiguas reservas territoriales deben pasar por un proceso de adecuación para que sean categorizadas como reservas indígenas. Tres de ellas —Isconahua, Mashco Piro y Murunahua— ya culminaron este proceso de adecuación, y dos —Kugapakori Nahua Nanti y otros; así como Madre de Dios— están aún en el proceso.
El antropólogo Miguel Macedo, especialista en pueblos indígenas del Instituto del Bien Común (IBC), señaló que la reserva Madre de Dios es la que tiene mayores evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento en el Perú. “El problema es que muchas de la evidencias están fuera de los límites que se han tasado para la reserva”, y explicó que la solicitud inicial consideraba un territorio más amplio pero que este ha sido recortado justamente porque existen concesiones forestales en la zona adyacente. “Hay evidencias que en las concesiones están los aislados, y es probable que no se dé la ampliación de la reserva porque afectaría a las concesiones que el Estado ha otorgado”.
Macedo cuestiona también la lentitud en el proceso. “Los pueblos en aislamiento no son prioridad para el Estado. La inversión, la generación de ingresos, la economía, sí lo es; pero la protección de los derechos de la población indígena, sobre todo en aislamiento, no es prioritaria. Pero están ahí, tienen los mismos derechos que todos los peruanos y, además, son muy vulnerables”, señaló.
Cuando se menciona la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento generalmente se hace referencia a los problemas de salud que se originan cuando se producen contactos con nuestra sociedad. La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre las actuaciones de la institución para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), de junio de este año, da cuenta de su vulnerabilidad inmunológica y demográfica.
Señala que los pueblos en contacto inicial de la reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, de Cusco, presentan una serie de complicaciones sanitarias de alto riesgo como tuberculosis, hepatitis B, desnutrición crónica, sífilis, anemia, infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. En el informe se indica también que el 61.5 % de la población evaluada excede el límite permisible de mercurio.
Pero también están expuestos a otros riesgos. “Siempre se habla de vulnerabilidad de salud, pero también tienen vulnerabilidad política, nadie los toma en cuenta, están arrinconados. No tienen representatividad”, apuntó Macedo.
El experto en poblaciones indígenas del IBC mencionó también que los Piaci están expuestos a una alta vulnerabilidad social y económica. “No tienen idea del costo de nada, pueden ser objeto de esclavitud, si los contactan para mano de obra pueden pagarles o no, es así. He conocido casos de indígenas en contacto inicial a quienes los hicieron trabajar gratis”, contó Macedo y añadió que las mujeres también están expuestas a abusos sexuales.
“No se trata de contactarlos y pensar que al día siguiente van a ser como nosotros, vestirse, afeitarse, etc. No es así. Hay que comenzar de cero. Son seres humanos con todos los derechos y hay que garantizarles que sigan viviendo de acuerdo a sus opciones”, concluyó Macedo.
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Una nueva medida
La reciente publicación de una resolución del Ministerio de Cultura, publicada el 28 de septiembre, sobre procedimientos internos en los que corresponde efectuar procesos de consulta previa ha causado preocupación, precisamente porque en esta norma se incluyen los procesos para la categorización de las reservas indígenas.
Si bien los expertos con los que conversamos para este reportaje no están en contra de que se realice una consulta previa a las comunidades indígenas cercanas a las reservas, les preocupa las demoras que se puedan presentar por esta nueva medida.
Ángela Arriola dijo que la consulta no es un obstáculo, sino un derecho, pero agregó que las solicitudes para las reservas nacieron justamente de las organizaciones indígenas. “Es importante que los procesos sean participativos al momento de elaborar los expedientes. Los procesos de consulta, en el mejor de los casos, aumentarán el tiempo para la creación de la reserva. Eso, en caso de que se cumplan los plazos establecidos por la ley, pero ahí viene el problema, que no se cumplen”.
Lorena Prieto, del Ministerio de Cultura explicó que cuando se crea una reserva o un parque nacional se puede afectar los derechos de otros pueblos indígenas que están alrededor. “Es importante conocer, dialogar, hacer la consulta con los pueblos indígenas alrededor y que podrían ser afectados en sus derechos colectivos con la creación de una nueva reserva”. No obstante, cuestionó que se hable de mayores retrasos, cuando se trata de un derecho constitucional y agregó que la consulta previa solo se llevará a cabo en la medida en que afecte a otros colectivos. “Cuando no afecta a nadie no se hará consulta, eso dependerá del análisis de cada caso”, remarcó.
En tanto, Jorge Pérez Rubio, de Orpio, dijo que las comunidades indígenas “ven con buenos ojos a sus congéneres que están aislados. Están de acuerdo y dicen que no hay problema con la creación de las reservas”.
Según la Defensoría del Pueblo, se estima que en la Amazonía peruana existen 12 grupos étnicos en situación de aislamiento y contacto inicial, con una población de 5000 personas, según cifras oficiales del Ministerio de Cultura, que algunos especialistas consideran conservadoras.
Son peruanos que han decidido permanecer al margen de las costumbres occidentales y tienen los mismos derechos que cualquier habitante del resto del país, pero viven expuestos a constantes peligros que ponen en riesgo su sobrevivencia. Esa es la razón por la que las organizaciones indígenas y de la sociedad civil exigen que se aceleren los procedimientos internos para garantizarles una vida de acuerdo a sus opciones.
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