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Balance ambiental: lo bueno, lo malo y lo feo que dejó el 2017 para Centroamérica

La presencia de grandes reservas naturales en Centroamérica convierte a esta región en un espacio sensible para la conservación de la biodiversidad. Guatemala alberga áreas protegidas emblemáticas como la Reserva de la Biósfera Maya; Nicaragua tiene en su territorio a la Reserva de Biósfera Bosawás y la Reserva Biológica Indio Maíz; y al este de Honduras, está la Reserva Mosquitia. Todos estos ecosistemas albergan altos niveles de diversidad biológica y, según algunos expertos,  a pesar de la debilidad democrática que impera en la región, los gobierno de los tres países están desarrollando diferentes estrategias que buscan conservar sus bosques, promover incentivos forestales y, en mayor o menor medida, atraer fondos internacionales o privados que fortalezcan estos esfuerzos.

Sin embargo, estas iniciativas no logran contrarrestar la tala ilegal, la presencia de organizaciones criminales que operan dentro de áreas protegidas o la violencia desatada contra líderes ambientales que intentan proteger sus territorios. Las comunidades indígenas que viven en las reservas y que se han organizado para defender sus recursos naturales y exigir el cumplimiento de la consulta comunitaria, viven muchas veces en pugna con grandes proyectos extractivistas, como de generación energética o de palma africana. Esta lucha las ha expuesto a amenazas y hechos de violencia: 31 activistas ambientales fueron asesinados en Guatemala, Honduras y Nicaragua, según el último informe de la ong Global Witness.

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Lo bueno del 2017

 

Los tres países de Centroamérica han apostado en los últimos años por diferentes estrategias de reforestación y restauración de bosques. Una de ellas es la iniciativa 20×20 de la Conferencia de las Partes, compromiso asumido por países Latinoamérica y el Caribe para recuperar 20 millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2020. En el caso de Guatemala se incorporó la modalidad de conservación al programa estatal de incentivos forestales, en Honduras se aprobó recientemente la Ley Agroforestal y en Nicaragua se ingresó una modificación a la Ley Forestal.

Las comunidades indígenas que buscan que se respete su derecho a decidir sobre su territorio, han logrado el apoyo de la comunidad internacional para promover reglamentos nacionales que apunten a regularizar el derecho a la consulta de los pueblos, recogida en el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo.

Foto: Pedro Cabezas.

LA RIQUEZA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Para Radachowsky siempre será una buena noticia la riqueza natural que posee Mesoamérica, “todavía cuenta con bosques enormes, áreas increíbles a nivel global y en las mismas áreas naturales, toda su fauna y flora. Son áreas realmente silvestres y con mucho potencial, y muchas utilidades, a través de sus servicios ecosistémicos”. Además, el experto de WCS resaltó la importancia de que muchos de estos espacios que se mantienen en buen estado de conservación, sean manejados por grupos indígenas y comunitarios: “para mí esta mezcla del patrimonio nacional y cultural dentro de las masas boscosas de Mesoamérica es algo muy valioso, que no se mira en otros lados del mundo, eso es algo que proteger”.

“Se ha tomado la decisión de otorgar nuevas concesiones forestales comunitarias en la Reserva de la Biósfera Maya. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala lo anunció a finales de noviembre, que iniciaron el proceso para otorgar, al menos, cinco nuevas áreas. Todas están en el Petén. Son áreas que en su momento fueron dejadas como corredores biológicos y una concesión, selva maya, que nunca fue otorgada”, explicó Román.

EL CUIDADO DE LOS BOSQUES

Guatemala expandió en 2015 su programa de incentivos forestales (PINFOR) y lo transformó en Pro-Bosques, un programa que considera la restauración y que tiene como meta recuperar  1,2 millones de hectáreas para 2020. Román resaltó que las áreas reforestadas están aumentando en algunos países de Centroamérica, “en Nicaragua, en alianza con el sector privado. En Guatemala se están reforestando, si no estoy equivocado, alrededor de 12 000 hectáreas por año. El balance todavía es negativo, porque se están deforestando de 35 a 40 000, no estamos alcanzando el punto de equilibro, pero se está avanzando”.

El director de Rainforest Alliance para América Latina señaló como un avance en lo concerniente a la restauración y manejo de los bosques, las políticas de Honduras y Guatemala que están “orientadas a incluir pequeños y medianos propietarios. Esto genera beneficios económicos, sociales y los ambientales, que son muchos: secuestro de carbono, conservación de la biodiversidad, de agua, mejoramiento de los suelos, e incremento de biomasa y especies. El tema de restauración es muy positivo, y es uno de los temas más apoyados en la región. En Nicaragua también, el sector privado tiene programas de reforestación importantes, vinculados al tema de venta de créditos de carbono”.

“El Instituto Nacional Forestal emitió una resolución para actualizar un trabajo en las plantaciones forestales, que permite agilizar los trámites, y mejorar el proceso. Se cambió la ley, se revisó lo referente a las plantaciones y se está actualizando la normativa sobre el bosque natural. Para el próximo año van a actualizar el Programa Forestal Nacional. Y la idea es mejorar el proceso de manejo de los bosques. Entiendo que al Instituto Nacional Forestal y al Ministerio del Ambiente les han incrementado el presupuesto, esto implica fortalecimiento”, explicó en una entrevista con Mongabay Latam.

Para Gallardo una de las apuestas de Guatemala es la estrategia de restauración nacional. El país tiene una mesa conformada por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura “que buscan la restauración de 1.2 millones de hectáreas para 2020. Estamos hablando de paisajes forestales o de tierras agrícolas que pueden ser enriquecidas con mayor vegetación. Se puede pensar en sistemas agroforestales o de silvopastoreo, son mezclas de cultivos con árboles, café o cacao y los sistemas de silvopastoreo son mezcla de ganadería o animales con árboles”

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Para Zúñiga Cáceres una de las buenas noticias del 2017 es contar ahora con una vigilancia internacional, sobre todo tras el asesinato de la coordinadora general del COPINH, Bertha Cáceres. También se refirió a la consulta previa, para Zuñiga es una buena noticia que no se haya aprobado la reglamentación de la consulta, tomando en cuenta que para la líder indígena está orientada “a restringir los derechos de las comunidades.  Aquí, al igual que en Guatemala, se quería hacer una reglamentación para la Consulta Previa de las comunidades, pero es una reglamentación que limita el derecho de las comunidades a decidir sobre el territorio. Ya tenían todo para darle seguridad a las empresas privadas, pero aún no lo han aprobado,  ni en Guatemala ni en Honduras y eso es ganancia”.

“Se está incrementando la organización de las comunidades en defensa del territorio. El lema que se escucha es ‘ante más represión más resistencia’. Esto se ha visto muy puesto en práctica en los últimos años, tanto para Honduras como para Guatemala. Ahora las comunidades están más organizadas, conocen más de leyes”, dijo. Reyes agregó también que “las comunidades en resistencia, tras los casos de judicialización, ahora utilizan el tema de ‘somos una manifestación pacífica, no violenta’. Eso no quiere decir que no tomen acciones políticas, esto tiene una acción política de por sí, pero han avanzado también en alianzas, en estrategias jurídicas, de defensa, de protección”.

Además, señaló como un avance que “en Guatemala, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manda el Estado guatemalteco a hacer una ley para la protección de defensores. Y, hasta este año, se inicia la consulta. No si es si es positivo o negativo, porque en Honduras, México, Colombia, que tienen leyes en el tema de la protección de defensores, no han funcionado muy bien, entonces se quiere no replicar estos ejemplos en Guatemala”.

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Lo malo del 2017

 

Las grandes reservas naturales de América Central no han logrado frenar la deforestación. Según el informe publicado por Wildlife Conservation Society “la huella humana y el impacto de la ganadería”, tres de los cinco bosques más grande de Centroamérica han perdido un 23 por ciento de bosque en los últimos 15 años. La ganadería ilegal, los megaproyectos y el crimen organizado, donde destaca la presencia del narcotráfico, han ampliado la frontera agrícola, comentan los expertos entrevistados por Mongabay Latam. Estas prácticas están amparadas en altos niveles de inestabilidad política, que han dado vía libre a la tala ilegal de bosque. En este contexto, tampoco se han podido frenar las invasiones a reservas naturales, tanto en Nicaragua, en la zona de la costa atlántica; como Guatemala, en la Laguna del Tigre, dentro la Reserva de la Biosfera Maya. Los estados de Guatemala y las empresas que llegan a implementar proyectos, no han respetado  el momento el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa en proyectos extractivistas, tal es el caso de la mayor parte de hidroeléctricas y proyectos mineros implementados en Guatemala y Honduras, según informan las fuentes consultadas. En el caso de Honduras y Guatemala, países con las mayores tasas de asesinatos del mundo, según datos del Banco Mundial, se siguen registrando altos niveles de conflictividad, asesinatos, amenazas y criminalización de defensores, en las zonas donde se implementan proyectos hidroeléctricos o donde están presentes las industrias de palma africana, con alto rechazo de las comunidades indígenas.  

Foto: Wilder Pérez R.

INVASIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS

Para Román en toda la región existe el problema de las invasiones y “una de las grandes limitantes es la falta de presencia institucional”. El experto explicó que “en Honduras y en Nicaragua, en Bosawás, hay un conflicto de superposición de tierras. El gobierno ha entregado dos titulaciones, y los campesinos se están matando por la titulación de tierras. Y, por otro lado, las invasiones de las áreas indígenas y las áreas protegidas, no hay control de invasiones. Hay una alta demanda de la tierra y la gente cree que hay tierra libre y, en realidad, son las áreas protegidas”.

El director de Rainforest Alliance para América Latina resaltó como una debilidad la “alta ingobernabilidad”. Y luego añadió que, por ejemplo, “el tema del narcotráfico sigue igual. Usted va a Honduras, hay problemas serios de narcotráfico. Va a Guatemala, a la Laguna del Tigre y Sierra Lacandona, y lo mismo, va a encontrar las pistas donde aterrizan las avionetas, las queman, las dejan enterradas y no hay control”. Román insistió en que “seguimos teniendo gobiernos muy débiles y sin capacidades financieras. Con muy poco presupuesto. Y no hay presencia en las reservas, si hubiera presencia, las invasiones, el narcotráfico, la deforestación, bajarían”.

“Se ha perdido recientemente una buena parte de la cobertura boscosa, especialmente promovida por la expansión de la ganadería en áreas protegidas, pero también dentro de territorios indígenas y áreas comunitarias. Nosotros, más o menos, entre los tres bosques más grandes, la Reserva Maya, de la Mosquitia, el área de Indio Maíz, estimamos que se ha perdido un promedio de un tres por ciento anual”, explicó Radachowsky. Y explicó que la ganadería se ha vuelto, en distintos lados, una fachada para lavar dinero “y, por otro lado, una manera de acaparar territorios, hacia las fronteras internacionales, para el tráfico y contrabando de distintos bienes”.

LOS BOSQUES SE SIGUEN PERDIENDO

Para Román la palma africana sigue promoviendo la deforestación. “Cuando va a las áreas protegidas del sur de Petén, va a encontrar que los parques Aguateca, Dos Pilas, San Román, están rodeados de palma y con presiones. Hay muy pocas alternativas económicas para pequeños y medianos productores, igual en Honduras, Nicaragua y Guatemala. En el caso de Honduras, los pequeños productores están vendiendo sus tierras, lo mismo pasa en Guatemala”, sostuvo. Y luego añadió también a la lista de mañas noticias la falta de inversión en proyectos sostenibles, “el acceso a financiamiento para actividades productivas sostenibles, para conservar los bosques, para administrar adecuadamente las áreas protegidas, es un aspecto bien negativo, no hay financiamiento en la región, le estoy hablando de Nicaragua, Honduras, Guatemala”.

“La presión todavía de aumentar o privilegiar la frontera agrícola por encima de la frontera forestal sigue siendo muy fuerte, son países en que encontramos desmonte de forma generalizada, en la que el Estado no está profundamente convencido de las necesidades de mantener los bosques y las selvas”, mencionó Warman.

Zuñiga señaló que existe una pérdida importante de bosque primario por la expansión de la palma africana. En Honduras, dijo la dirigente del COPINH, está cerca de la zona más biodiversa, que es la zona de la selva misquita, “está cerca de todas esas áreas y el bosque natural, tradicional y originario, ha sido bastante afectado por el monocultivo de palma”, señaló. También declaró que la industria de la palma es responsable de varios conflictos sociales, “la palma africana se cultiva en la costa norte de Honduras, que es territorio garífuna, y también en territorio misquito. El monocultivo de la palma africana, que es terrible, por la cantidad de agua que necesita, porque está matando el bosque primario, porque la empresa está asesinando a campesinos y campesinas. Mensualmente no faltan los asesinatos y es un problema que también es conocido internacionalmente”.

¿POLÍTICAS QUE NO FAVORECEN LA CONSERVACIÓN?

“Cuando ve que el presupuesto del Consejo Nacional de Áreas Protegidas tiene alrededor de 100 millones de quetzales (13 millones de dólares),  si lo compara con agricultura, salud, que son miles de millones, y con solo 100 millones de quetzales tiene que controlar el 33 % del territorio nacional, que en el caso de Guatemala se encuentra dentro de una área protegida. Es casi imposible”, declaró el experto.

“Una de las principales limitantes que tenemos para evitar la tala es la Ley del Instituto Nacional de Bosques, y el mismo Instituto Nacional de Bosques. Es el ente llamado para la conservación y son ellos mismos quienes propician que se deforeste. Porque, a través de su ley, que es tan flexible, permiten la tala de especies silvestres, incluso de especies protegidas, bajo la apariencia de que la plantación es voluntaria. La ley no se ha modificado en 20 años y no se adapta a las circunstancias actuales y el INAB utiliza la ley en vez de utilizar el principio pro-natura. No son consecuentes. O lo hacen por corrupción o porque no hacen bien su trabajo cuando hacen las inspecciones debidas en las áreas en las que autorizan la tala. Y tampoco van a hacer las inspecciones e incluso en cuencas altas de captación hídrica, porque no se cercioran de que las talas se están produciendo en cuencas altas”, mencionó López.

“Es crítico fortalecer la aplicación de la ley, investigar casos de usurpación de áreas protegidas y asegurar que las políticas y subsidios agrícolas no vayan en contra de los objetivos de conservación”, explicó Radachowsky.

PUEBLOS INDÍGENAS: UN AÑO VIOLENTO

A los defensores indígenas se les sigue criminalizando, declaró Bertha Zuñiga, “se siguen montando campañas de estigmatización. Continúan los asesinatos contra los defensores de la tierra y el territorio, y eso no genera ningún cambio institucional ni estructural que garantice cierto respeto a la vida de los pueblos indígenas“. Zuñiga, hija de la líder indígena asesinada Bertha Cáceres, resaltó “la impunidad en la investigación de los autores intelectuales” del crimen de su madre. Y agregó que sancionar a los responsables “es fundamental para desmantelar las estructuras criminales que participan de estos crímenes. Se comportan de manera muy similar a otras empresas, que hacen negocio del saqueo del territorio”.

Luego la líder indígena, mencionó el problema que ha generado para Honduras la entrega de “cientos de concesiones” en el marco del golpe de estado de 2009. “Estas concesiones se dieron en 2010, bajo un gobierno golpista, cuestionado, ilegal. No tenía consulta de las comunidades. Y ese es el patrón que han seguido, impulsados bajo la fuerza de las armas de fuerzas policiales y militares. En una oportunidad, fueron denunciados 49 proyectos, y de esto nunca se ha hecho investigación”

“Hay un contexto de impunidad y racismo estructural que facilita que se den las agresiones a quien defiende el territorio. En ese contexto se ven pocos avances. La impunidad pone el ambiente perfecto para quien quiera atacar, y dificulta el acceso de los defensores y defensoras a la justicia. Facilita que las empresas de seguridad privada, el empresario, un vecino que me cae mal (…) puedan hacer lo que quieran”, explicó la técnica de Protection International.

Reyes recordó que este año han sido asesinados varios defensores “ Sebastián Alonzo, un abuelo de 62 años, fue asesinado el 17 de enero de este año, por el caso del proyecto hidroeléctrico Ixquisis, tras una manifestación pacífica. En honduras ha habido también asesinatos a defensores del territorio, por acceso a la tierra. También ha habido intimidaciones, y hay compañeros que han tenido la protección del consejo de seguridad de Honduras, pero no lo sienten con confianza”.

La experta se refirió también a otro problema serio que se ha registrado este año: la división que generan los conflictos socioambientales dentro de las organizaciones indígenas. “Las comunidades donde hay proyectos, puede ser palma, hidroeléctricas, minas, se están dividiendo. La división es muy fuerte y se da en todos los territorios. Familias en las que unos están a favor, otros en contra, y otros no se meten. Parecieran las historias del pasado, entre comunidades en resistencia, guerrilla y ejército, solo que en la actualidad tiene muchos matices”.

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