Aunque la ampliación de la política extractivista se mantiene como una de las mayores preocupaciones para los expertos consultados por Mongabay Latam, los nuevos aires que soplan tras el cambio de gobierno permiten abrir espacios de diálogo y debate para abordar los temas de la naturaleza.
Lo malo del 2017
El futuro del Parque Nacional Yasuní es uno de los temas recurrentes entre los entrevistados por Mongabay Latam, aunque también hay malestar por la pesca ilegal en la Reserva Marina de Galápagos, la ampliación de la frontera agrícola con monocultivos como la palma africana y la destrucción de corredores ecológicos entre los Andes y la Amazonía que afectan los ciclos vitales de algunas especies.
Áreas protegidas: Alerta en el Yasuní
El reclamo principal es que ni la Constitución, que vela por los derechos de la naturaleza, puede salvar a una reserva natural de ser intervenida.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
El hecho de que no haya nada vinculante que permita que áreas protegidas en la Amazonía, los manglares y los Andes estén 100 % libres de amenazas relacionadas con actividades industriales y extractivas, “que afectan los ciclos ecosistémicos de estas áreas protegidas”, es una de las peores noticias en materia ambiental del 2017 según Páez. Cita como ejemplo la situación actual del Parque Nacional Yasuní, donde ni la categoría de área protegida ni la delimitación de una zona de amortiguamiento para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento han podido frenar la intervención estatal para la explotación petrolera.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
En ese mismo sentido se pronuncia Jaime Vargas, quien resalta que parques nacionales como el Yasuní, donde este 2017 se ha intensificado la presión por la explotación petrolera en los campos ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), “no tiene garantías desde el Estado para su protección”. Habla además del desarrollo de actividades petroleras en territorios de los pueblos Sápara, Achuar y Kichwa, que comenzó a partir de la Décima Primera ronda que se negoció en el año 2013.
- Alexandra Almeida – Directora de la ONG Acción Ecológica
La integrante de Acción Ecológica también se refiere a la situación en el Yasuní y lamenta que este 20 de diciembre se haya anunciado como fecha de perforación del campo Tambococha, que se encuentra al interior de la reserva. Explica que hasta ahora se venía explotando el campo Tiputini, que en su mayor parte se encontraba en los límites del parque, en una zona megadiversa y nunca antes intervenida hasta la decisión del anterior gobierno de declarar al ITT como área de interés nacional. Almeida rechaza que se avance con la intervención del Yasuní cuando hay una consulta popular en curso que el próximo 4 de febrero va a preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo con la reducción del área de explotación en el parque. “No solo me parece muy malo sino una burla para el país, para el pueblo, para toda la opinión pública nacional que está creyendo que si vota sí, está salvando el Yasuní y no es así porque ya están entrando”, dice.
- Pablo Piedra – Asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos
Como era de esperarse, Piedra igualmente se refiere a lo que pasa en el Yasuní, pero además aborda la situación de pesca ilegal en la Reserva Marina de Galápagos. “En Galápagos nos hemos dado cuenta que el Ecuador no tiene la capacidad logística para custodiar debidamente una de las reservas marinas más importantes del mundo y que es uno de nuestros mayores patrimonios naturales. Estamos rodeados de una flota pesquera ilegal (china) que si es que se mantiene operando como se demostró que está operando, va a terminar destruyendo el parque y la reserva marina”.
Bosques y deforestación: afectación por nuevas carreteras
El caso de la vía Ebenezar-Macuna-Taisha en Morena Santiago, sigue causando desazón por la deforestación de parte de la selva amazónica.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
Según Páez, los datos sobre deforestación que tiene tanto la FAO como el Ministerio de Ambiente (MAE) son imprecisos. En otras palabras, “es defectuosa la contabilidad sobre la reducción de deforestación en el Ecuador porque hay proyectos asociados con la construcción de nuevas carreteras e industrias extractivas, que han generado nuevos focos de deforestación importantes en (las provincias) de Pastaza y Morona Santiago y no han sido contabilizados por FAO ni el MAE”.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
La destrucción de la selva en las provincias de Pastaza y Morona Santiago también es una de las malas noticias del 2017, según Vargas. Asegura que el avance de la infraestructura vial es una amenaza importante en la Amazonía y cita como ejemplo emblemático el caso de la vía Ebenezer-Macuna-Taisha en Morona, que ya estuvo operativa en el 2017 y que significó la tala de miles de árboles en sus 87 kilómetros de extensión. Aunque en contraparte sostiene que se lo hizo para resolver necesidades básicas en temas de movilidad, salud, educación.
- Alexandra Almeida – Directora de la ONG Acción Ecológica
La extracción ilegal de madera en reservas ecológicas como Mache-Chindul, en la provincia de Esmeraldas, es una de las mayores preocupaciones del 2017, según Almeida. Lamenta también la expansión de la palma africana en Esmeraldas, la provincia de Los Ríos y la Amazonía norte. “Obviamente esta palma africana al expandirse requiere deforestar muchas extensiones de terreno para poder expandir estos monocultivos que tienen impactos gravísimos a los ecosistemas, a la tierra, al agua por el uso principalmente de plaguicidas”. Finalmente asegura que se están dando concesiones para el incremento de plantaciones forestales de especies como la Teca, “a sabiendas de los impactos negativos que generan en los ecosistemas”.
- Pablo Piedra – Asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos
A Piedra le parece preocupante que no se dé preferencia a la reforestación con especies nativas. “Se está priorizando la siembra de especies introducidas, de especies comerciales que de alguna manera ponen en riesgo los ecosistemas. Por ejemplo me refiero a la siembra de pinos en los páramos o a la siembra de otras especies maderables que ponen en riesgo la productividad agrícola”, sostiene.
Pueblos indígenas: desplazados por la megaminería
El desalojo de la comunidad de Nakints (Nangaritza) en la Cordillera del Cóndor empañó el inicio de 2017, indican expertos.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
Lo peor del 2017 en esta materia pasó durante los primeros cinco meses del año, cuando Rafael Correa aún gobernaba con “una postura totalmente abusiva”. Páez se refiere a la política de “persecución y criminalización de dirigentes indígenas defensores de la naturaleza que estuvieron expuestos a acciones legales sin medidas causales, expuestos a la criminalización injusta”, lo que a su entender amenazó la integridad de las personas y del movimiento indígena en general. “Me refiero a los casos de Agustín Wachapá y a una serie de 75 otros líderes que están relacionados con criminalización por el tema de defensa de derechos de la naturaleza y defensa de derechos de los territorios”, añade.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Lo malo para Vargas es que durante este 2017 se dieron despojos de territorios en casos como la comunidad shuar de Nankints (Nangintza) en Morona Santiago. Esto por intervención de la empresa que desarrolla el proyecto de explotación de cobre San Carlos-Panantza. También le preocupa que durante este año comenzaron los preparativos para una nueva ronda petrolera de campos menores en las provincias amazónicas de Orellana, Napo y Sucumbíos, lo que afectaría a los pueblos indígenas que allí viven.
- Alexandra Almeida – Directora de la ONG Acción Ecológica
Almeida mira como negativo el incremento de las actividades extractivas en la Amazonía ecuatoriana. Tanto en la parte norte, donde la explotación de hidrocarburos lleva muchos años pero sigue ampliándose la frontera, como en la parte centro, donde se han anunciado nuevas rondas petroleras “que mantienen a las organizaciones indígenas y a sus territorios en completa alerta porque no quieren que entren a destruir sus territorios”. También en la Amazonía sur, donde se desarrollan los proyectos mineros a gran escala Mirador y San Carlos Panantza, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, respectivamente.
- Pablo Piedra – Asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos
“Lo negativo es que estas poblaciones han estado bajo constante presión y amenaza de intereses mineros y petroleros sobre todo en el Ecuador, y que no se ha garantizado debidamente la consulta previa de los proyectos extractivos que afectan sus territorios. En el caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (que viven en el Parque Yasuní) se ha incrementado el riesgo y la amenaza hacia ellos y lo triste de todo es que la consulta popular que se ha impulsado en estos últimos días al menos para protegerlos, no se ve como una herramienta necesariamente efectiva”, indica Piedra.
Biodiversidad amenazada
La preocupación de la negociación de una nueva ronda petrolera en el norte y centro de la Amazonía preocupa por su impacto en la biodiversidad, así como la introducción de transgénicos al país.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
Entre las peores noticias del 2017 en cuanto a biodiversidad, Páez lamenta que se esté acabando con la conectividad entre los Andes y la selva amazónica. “Esto quiere decir que hay una fragmentación ecológica severa, grave, que ya no hay conectividad para ciclos vitales de ciertas especies de mamíferos, que no hay conectividad para ciclos ecosistémicos de páramos con transición hacia la selva y esto genera una disminución de la biodiversidad”. Cita a los parques nacionales Llanganates, Sangay, Callambe Coca, como reservas naturales de transición que están siendo afectadas.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Vargas trae a colación las nuevas rondas petroleras que se prepara para el 2018 y lamenta que no haya garantías desde el Estado para preservar la biodiversidad. “Si hablamos de biodiversidad es garantizar la vida y existencia de la naturaleza misma y de la sociedad”, comenta.
- Alexandra Almeida – Directora de la ONG Acción Ecológica
Por su parte Almeida cita como negativo el veto a la Ley Semillas que dio el expresidente Correa y abre la puerta a los transgénicos en el país para fines investigativos cuando la Constitución lo prohíbe de forma expresa. “Obviamente este tipo de productos en el momento que entran es muy difícil contener que se pueda expandir por todo lado”, comenta, y añade que entre los impactos de los organismos modificados genéticamente está la contaminación de los productos nativos, lo que pone en riesgo la biodiversidad.
- Pablo Piedra – Asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos
Por su parte, para Piedra todos los temas están conectados. “Nuevamente la biodiversidad se ve amenazada por la sobreexplotación de la Reserva Marina de Galápagos, por las amenazas de los parques nacionales, empezando por el Yasuní, por todos los proyectos megamineros que se están iniciando y que van a generar un grave conflicto y problema ambiental en los páramos y en la Amazonía ecuatoriana como se está viendo en los proyectos en la Cordillera del Cóndor”.
Lo bueno del 2017
Aparte de buenas noticias como la consecución de Fondo por parte del Estado para trabajar en la adaptación al cambio climático, todos los consultados coinciden en destacar la resistencia de los pueblos indígenas antes políticas extractivas impulsadas por el anterior gobierno.
Nuevas áreas protegidas: los Achuar dan el buen ejemplo
El impulso de la nacionalidad Achuar de declarar parte de su territorio amazónico como reserva natural destaca entre las buenas noticias de 2017.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
“La creación de la normativa para crear áreas protegidas comunitarias, que es una categoría nueva que más allá de estar supeditada por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es una categoría donde se da valor o se retribuye esa consideración a los pueblos indígenas que quieren su territorio y que quieren también sumarse al esfuerzo de conservación a través de áreas protegidas indígenas”, dice la experta.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
El dirigente indígena destaca la Iniciativa Cuida la Vida, que impulsa la comunidad Achuar de Sapapentsa, en Morona Santiago, y busca vetar la explotación minera a cielo abierto a cambio de una compensación internacional. Esto en consonancia con la declaratoria de Morona como provincia ecológica, turística y libre de contaminación por parte del gobierno provincial.
- Alexandra Almeida – Directora de la ONG Acción Ecológica
Almeida destaca que continúa activo el colectivo Yasunidos, que ha hecho un cabildeo fuerte para proteger al Parque Nacional Yasuní y denunciar el avance de la frontera petrolera en una de las zonas más biodiversas del planeta. “Eso nos alivia, que hay este colectivo de jóvenes que siguen muy activos y con la firme determinación de evitar que se destruya el Yasuní, principalmente por los pueblos indígenas aislados”.
Bosques: nuevos fondos para la conservación
Tres fondos internacionales conseguidos por el Estado, servirán para implementar proyectos de forestación dentro de la política de adaptación al cambio climático.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
Páez destaca el establecimiento de varios fondos que ha conseguido el Estado como es el FIP, un fondo del Banco Mundial “que va a permitir al Ecuador implementar proyectos para evitar la deforestación, y este fondo al igual que el Fondo Climático Verde y el fondo GEF Amazonía sostenible, se constituyen en mecanismos de financiamiento para incrementar la política nacional red para el Ecuador”. Según Páez, este financiamiento servirá para implementar la política de adaptación al cambio climático, “específicamente para temas de bosques y reducción de emisiones por deforestación”.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Vargas ve positivo que la nacionalidad Achuar del Ecuador, de la que fue presidente, impulse la creación de un área protegida de 165 000 hectáreas dentro de su territorio selvático comprendido entre las provincias de Pastaza y Morona. Dicho pueblo, que ha realizado esfuerzos en pro de la protección de la naturaleza a través del denominado Sistema Achuar de Reservas Ecológicas (SACRE), presentó a mediados de año una petición formal ante la Dirección de Ambiente de Pastaza.
Pablo Piedra – Asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos
El asesor de Yasunidos resalta esfuerzos que hacen organizaciones como Maquipucuna. “Es una ONG que tiene una reserva en el noroccidente de Quito, que se ha dedicado a conservar el hábitat del bosque de la reserva del Chocó que está bajo serias amenazas de desaparecer por la presión agrícola y urbana en esta región”. Piedra añade que se ha logrado proteger áreas forestales en esta zona que es además cuna del oso de anteojos que también está gravemente amenazado en el Ecuador”.
Pueblos indígenas: reconocimiento a la resistencia
Tanto en los Andes como en la Amazonía, los pueblos indígenas se han parado firmes en su rechazo contra la intervención de sus territorios con proyectos petroleros y mineros.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
Páez ve como bueno el último diálogo que mantuvieron los indígenas con el gobierno nacional, “que permitió una apertura para que el movimiento indígena pueda tener unas líneas de diálogo en relación a su territorio, a las cuencas hídricas, al tema de zonificación, a los temas de industrias extractivas que pueden afectar la integridad de sus territorios y eso es un avance importante en la protección de los derechos del territorio y derechos humanos”.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
La resistencia de los pueblos indígenas contra proyectos extractivistas que afectan su territorio es lo más destacable de 2017 para Jaime Vargas. “Hemos estado defendiendo nuestro espacio de vida”, dice. “Eso ha sido lo bueno, que la gente haya tomado en cuenta que sin el territorio no existirían los pueblos”, comenta. Y añade que “el territorio te da todo: te da la alimentación, te da economía, te da vivienda, te da espiritualidad, te da la ciencia, te da medicina, es nuestro mercado”.
Alexandra Almeida – Directora de la ONG Acción Ecológica
Una cosa buena en este 2017 según Almeida es “el reconocimiento por parte del nuevo gobierno de la legítima Confeniae”. Se refiere a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, en la que funcionaron dos directivas paralelas durante el régimen anterior. Una en contra del extractivismo que había sido nombrada por las bases, y otra que apoyaba las políticas del expresidente Correa y fue reconocida por este. “Esos conflictos han traído unos problemas muy fuertes a nivel local con las organizaciones, entonces por fin se ha logrado que se reconozca a una sola dirigencia legítima”, dice Almeida, y añade que se está reparando un daño.
- Pablo Piedra – Asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos
Teniendo en cuenta que el expresidente Correa cortó el diálogo con las principales organizaciones indígenas y que durante su gobierno se procesaron a decenas de defensores de la naturaleza, Piedra también quiere rescatar “la resistencia de los pueblos indígenas dentro de su territorio, de manera general en todo el Ecuador”. Asegura que a pesar de que existen intereses económicos y del gobierno, “no han logrado destruir la organización social y política de quienes buscan proteger su territorio”.
Biodiversidad: mediciones para entender la realidad
Las investigaciones para comprender la magnitud de la biodiversidad presente en Ecuador son destacables junto al trabajo de organizaciones que buscan un baño de verdad sobre lo acontecido con la naturaleza en la última década.
- Belén Páez – Representante de Terra Mater/Pachamama Alliance
Páez rescata las múltiples investigaciones sobre la biodiversidad en el Ecuador, en especial las relacionadas a la caracterización espacial de distintas especies de flora y fauna. “Son importantes porque nos permiten empezar a medir y a comparar qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos a punto de perder”, dice. Como material principal, Páez cita al estudio de Áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad en el Ecuador continental, realizado por el Consorcio para el Desarrollo sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) y el Ministerio de Ambiente. “Es una caracterización de varias regiones en Ecuador que deberían ser tomadas en cuenta por su importancia biológica como los remanentes del bosque de Esmeraldas, los Andes centrales y el sur de la Amazonía”, menciona la experta.
- Jaime Vargas – Presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Vargas ve como bueno que en Pastaza el Ministerio de Ambiente haya impulsado campaña desde las ciudades para descontaminar los ríos. Lo que dice, ha beneficiado a las comunidades indígenas a donde llegan esos ríos más limpios para el uso y consumo de sus habitantes, además del beneficio de las especies acuáticas que se estaban viendo afectadas por la contaminación.
- Alexandra Almeida – Directora de la ONG Acción Ecológica
Almeida destaca la movilización de las organizaciones sociales para evitar que se ponga en vigencia el veto de la ley de semillas que permite la entrada de transgénicos al país y pone contra la pared a los campesinos por la imposición de registrar sus semillas. “Somos muchas las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas que nos hemos movilizado y hemos puesto demandas de inconstitucionalidad”, afirma. Finalmente y a nivel más general, resalta el proceso denominado Ruta por la Verdad, que ha impulsado Acción Ecológica a lo largo del 2017, con 14 audiencias en distintos puntos del país, para darle voz a las comunidades y evaluar lo que han sido la aplicación de los derechos de la naturaleza, que este 2018 cumplen 10 años de haber sido introducidos en la Constitución ecuatoriana. “Hemos hecho la Ruta de la Anaconda para los temas de petróleo, la Ruta del Jaguar para los temas de minería, la Ruta del Ceibo para los temas de agroindustrias, y la Ruta del Colibrí para los temas urbanos”.
- Pablo Piedra – Asesor jurídico e integrante del colectivo Yasunidos
Piedra pone nuevamente sobre la mesa a la iniciativa de Maquipucuna para la protección del Chocó andino, y añade que se está impulsando la creación de una reserva de biósfera en esta zona nororiental andina de Quito y del Chocó ecuatoriano. “Pienso que es algo positivo que debemos destacar”.
Mongabay Latam se puso en contacto con el Ministerio de Ambiente para contar con la posición de dicha cartera de Estado en este balance ambiental del 2017. Pero aunque la solicitud fue respondida, hasta el cierre de este reportaje no se contó con la información ofrecida.
Portada: Imágenes registradas en mayo. Tala ilegal en a zona intangible de Yasuní. Foto: José Proaño/Land is Life.