Bolivia: proyectos inmobiliarios ocupan el cordón ecológico de Santa Cruz

¡Sácale el jugo a tu lote! ¡En el Urubó se respira progreso y se construye futuro! Así se promociona uno de los tantos proyectos inmobiliarios en Santa Cruz. ¿Pero de qué futuro hablan? Los activistas aseguran que se trata de uno que impacta el cordón ecológico de la ciudad, que pone en riesgo el agua para el consumo de los Cruceños, que incrementa el peligro de las inundaciones y que promueve la deforestación, que por el momento ya eliminó las barreras naturales contra los fuertes vientos. Un escenario que pone en peligro el hábitat de varias especies para darle paso a la aparición de centenares de lotes en urbanizaciones ubicadas en los municipios de Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo.

Las ventajas que ofrecen los proyectos inmobiliarios, hacen que la gente de cualquier lugar de Bolivia se entusiasme con la compra de los terrenos, aún sin verlos. Uno de los ganchos es que no se requiere de una cuota inicial y que el precio se multiplicará en unos años. El sector inmobiliario centrado en el departamento de Santa Cruz está creando una demanda de servicios básicos para al menos cuatro millones de personas que podrían iniciar la construcción de sus viviendas en el 2020.

Aunque hoy esta actividad está bajo la mira de la Gobernación que declaró una pausa administrativa en Porongo, municipio ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para evaluar el impacto generado por la implementación de estos proyectos, sobre todo en una importante área de recarga hídrica.

Para los optimistas esta pausa puede derivar en una planificación, mientras que para los más escépticos, solo servirá para cobrar multas y darle paso a la calamidad.

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Activistas alertan del problema

Decenas de personas hicieron fila en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz para participar de un negocio de venta de terrenos para “engorde” (que el precio sube con el tiempo). Mientras, un grupo abarrotado con mapas de las urbanizaciones les mostraban dónde había lotes aún sin dueño para adquirir.

Carola fue una de las asistentes que, el pasado 22 abril, compró un lote con una cuota inicial de 50 dólares. El resto lo pagará en cinco años. Para ese entonces, le aseguraron, su terreno valdrá al menos tres veces más. Aún no lo fue a ver. Está preocupada porque escuchó que esas urbanizaciones no tienen autorización y ya pagó seis cuotas.

El problema fue visibilizado por un grupo de personas organizada en el Colectivo Árbol, que pasó de preocuparse solo de los árboles que eran tumbados en Santa Cruz de la Sierra a ocuparse del problema ambiental provocado por el boom de las inmobiliarias en el municipio de Porongo, al que se llega con solo cruzar el puente sobre el río Piraí. Allí crece una ciudad paralela a Santa Cruz, aún con escasos habitantes: 7.500 personas en 22 000 hectáreas.

“Nos dimos cuenta de que la problemática ambiental era muy grande. Pusimos en agenda a Porongo y el Urubó con el objetivo de proteger el Cordón Ecológico porque le presta servicios ambientales fundamentales a Santa Cruz”, recordó la abogada Eliana Torrico, miembro del Colectivo Árbol y de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida conformada por activistas ambientales y una veintena de  instituciones y  organizaciones como Revolución Jigote, Bicicultura Bolivia, Colectivo Árbol, el Colegio de Ingenieros Ambientales, la Facultad de Ciencias Agrícolas y la carrera de Biología de la Universidad Gabriel René Moreno, el Museo de Historia Natural, entre muchas más.

El Cordón Ecológico, legalmente conocido como Parque Ecológico Metropolitano Piraí, abarca toda la ribera del río Piraí que se extiende a lo largo de los municipios del departamento de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y El Torno. El parque fue creado en 2004 con el objetivo de proteger toda esta área donde su aprovechamiento solo se debe limitar a fines de recreación, educación e investigación.

Para los activistas, la mayor amenaza para el Cordón Ecológico y Santa Cruz de la Sierra, es la “ciudad paralela” que crece bajo el nombre de Urubó, que ahora abarca tres municipios (Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo), aunque el  problema mayor está concentrado en el primero. “Nos llamó la atención la especulación que hace el sector inmobiliario con el suelo. Los asentamientos humanos fuera de norma, como son las lujosas mansiones y los  pequeños lotes”, remarcó Torrico.

Pero estos nuevos proyectos inmobiliarios, más de 150 urbanizaciones y condominios que ocupan al menos 22 000 hectáreas, solo agudizan un problema que ya había comenzado hace varios años atrás en Santa Cruz de la Sierra y Porongo. A comienzos de los noventa, la ocupación empezó primero con la aparición de asentamientos de gente de escasos recursos, pero luego se fueron proliferando otro tipo de construcciones más ostentosas. La Colina del Urubó fue la primera en aprobarse y construirse en 1995.

Pero en el 2004, tras la declaración del Parque Ecológico Metropolitano Piraí,  los dueños de las propiedades que quedaron dentro del área protegida comenzaron a construir como medida de protesta, porque denunciaban que las autoridades no les habían pagado por la expropiación de sus tierras. Lo hicieron cortando los corredores biológicos y afectando la fauna de la zona.

El Museo de Historia Noel Kempff Mercado, en 2014, identificó al menos 17 especies de mamíferos que vivían y transitaban por esa área. Allí llegaban, incluso, las capibaras. Era como un oasis para los animales que venían desde los municipios de La Guardia y Warnes. Según Torrico, con esa información las autoridades se movilizaron para proteger ese espacio, pero pronto lo volvieron a relegar.

La deforestación también es un problema para el Cordón Ecológico. Erika Plata, directora de Calidad Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz, confirmó la pérdida de cobertura vegetal. “Si se ven imágenes en Google Earth, hay un cambio por los movimientos de tierras que obviamente afecta la forestación”, explicó.

Hay grandes superficies deforestadas y es muy peligroso por el incremento en la fuerza de los vientos y la erosión que está generando, añadió la experta. La Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT) detectó, entre 2010 y 2013, 5000 hectáreas deforestadas en toda la cuenca del río Piraí.

El tercer domingo de octubre, Mongabay Latam recorrió “La gran ciudad del Urubó”, una de las urbanizaciones más grandes de las cerca de 150 que existen, que se encuentra ubicada entre los municipios Colpa Bélgica y Portachuelo. En medio de las avenidas y calles asfaltadas, y los predios delimitados con alambres azules, se ven animales silvestres como los ñandús americanos (Rhea americana), tucanes y una variedad de especies de aves, que dejan escuchar sus cantos.

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La reserva de agua para Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra tiene garantizada el agua potable hasta el 2030, según Saguapac, la  cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico que provee de este recurso a la ciudad. Se estima que ese año se dará un quiebre entre la oferta y la demanda. Para cuando eso suceda se acudirá a los acuíferos principales que están en las Lomas de Arena y también a las interconexiones subterráneas. Justo sobre estos acuíferos se ubican hoy 12 urbanizaciones y solo dos tienen licencia ambiental.

Por eso preocupa el boom de urbanizaciones que crecen en el Urubó, principalmente en el municipio de Porongo. El mayor impacto que las urbanizaciones generan a los acuíferos subterráneos se da en el proceso de construcción, debido a las perforaciones clandestinas de pozos de agua, con una profundidad aproximada de 50 a 70 metros, explicó la arquitecta Claudia Canedo, especialista en la medición del crecimiento urbano.

Esta actividad significa un alto riesgo porque puede contaminar las aguas que se encuentran a mayor profundidad y entorpecer la alimentación de  los acuíferos, de donde Saguapac extrae el agua.

Esa es una de las más grandes amenazas, tanto para el municipio de Porongo como para el Cordón Ecológico, señaló el ingeniero ambiental César Javier Pérez Hurtado. “Todo el ecosistema de Porongo que está cerca del parque Amboró, es una compleja red de seres vivos que nos dan servicios ambientales como el agua y también nos protegen de las inundaciones. Todo ese sistema estamos dañando”, indicó.

Pérez Hurtado mencionó a las Pampas del Cuyabo como una de las zonas que alberga acuíferos de gran importancia. Se trata de un área donde predominan los arenales, lo que facilita la penetración de agua de lluvia a la tierra y cumple con la tarea de alimentar los acuíferos subterráneos de donde a su vez se extrae el agua potable que consume la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y también Porongo. La Pampas de Cuyabo forman parte del sistema natural del Parque Lomas de Arena.

“Ese sistema natural (que incluye a las Pampas del Cuyabo) debería declararse reserva natural como en la actualidad es el Parque Lomas de Arena”, dijo Canedo. En esta zona es muy difícil construir y vivir.

La Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, conformada por activistas y una veintena de organizaciones e instituciones, identificó que la debilidad para fiscalizar -en los tres municipios- permitió que el sector inmobiliario urbanizara sin respetar las normas vigentes con respecto al uso del suelo, usando tierras fiscales con vocación forestal y agropecuaria.

“Se trata de municipios con muchas necesidades. Entonces, (los empresarios) entran con todo el dinero del mundo y empiezan a hacer y deshacer. No hubo límites”, remarcó Torrico, miembro de la Plataforma por el Medio Ambiente. Destruyeron cuerpos de agua y los desviaron, rellenaron curiches (ojos de agua), las dunas y colinas naturales fueron aplastadas bajo cemento. Han deforestado, narró Torrico en una entrevista con Mongabay Latam.

La Gobernación aseguró que ni el 10% de las más de 150 urbanizaciones cuenta con licencia ambiental. Igual construyeron sin permiso, sin que los municipios o la gobernación se los impida como es su competencia. Y en el área de recarga hídrica, que abarca al menos 18 000 hectáreas, solo dos de las 12 urbanizaciones asentadas obtuvieron el documento ambiental.

Los activistas califican de apocalipsis lo sucedido en Porongo en términos de impacto ambiental y lamentan la negligencia de las autoridades que son permisivas.  “El poder económico y político pesa más que cualquier ley en este país –dijo Torrico-. Gente con mucho poder, muy bien relacionada con los políticos de turno y con poder económico logró sobreponerse a normas y leyes fundamentales, principalmente a la Ley Plus (que clasifica el uso de suelos según su vocación)”.

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Las lagunas artificiales

Los proyectos inmobiliarios en el Urubó (Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo) ofrecen planes para todo bolsillo. Terrenos de 5000 dólares hasta aquellos que superan los 100 000, como en las urbanizaciones que albergan lagunas artificiales. Una de ellas es Playa Turqueza, un Resort Residencial Privado, que posee una laguna cristalina gigante que tiene una extensión de más de 13 hectáreas.

Según la Resolución de la Pausa Administrativa, las lagunas artificiales no podrán captar agua de los acuíferos cuando la oferta de agua se equilibre con la demanda, lo que podría suceder a partir de 2030 o antes. Esas lagunas tendrán que operar con agua de lluvia, porque el agua de los acuíferos será solo para consumo humano, según esa resolución. La Gobernación estableció que el llenado de una laguna artificial equivale al consumo de agua potable de 4647 habitantes por 2,3 años.

La urbanización cerrada Puerto Santa Cruz fue más allá, contó Torrico. Esta urbanización ofrece a sus potenciales clientes el acceso a una laguna artificial donde se puede tener hasta un yate privado, “a costa de secar dos ríos, uno de ellos pertenece al municipio de Colpa Bélgica”, explicó.

“¡Y tiene licencia ambiental!”, exclamó Torrico. Es decir, que cumple las normas. Con esto salieron a la luz muchas cosas. Para la activista, hay mucha gente implicada, entre autoridades y personalidades. Algunos inversionistas llaman irresponsables a los miembros de la Plataforma de Medio Ambiente porque con sus denuncias han provocado que algunos bancos decidan no aprobar más créditos para edificaciones en el Urubó.

Los ambientalistas cuestionan a la gobernación porque “se lava las manos” al no otorgar licencias. Obtener una en Santa Cruz demora entre seis a ocho meses, según la Cámara de la Construcción. Dicen que eso ocasiona que los proyectos se ejecuten sin autorización porque no tienen capacidad para paralizarlos como pasó en el Urubó, donde solo 13 de 152 urbanizaciones tiene licencia ambiental, según dato de la propia autoridad departamental.

A la par, los municipios amplían sus áreas urbanas con lo cual legalizan los desmontes. Los activistas se percataron de esa situación cuando presentaron un reclamo ante la Autoridad de Bosques y Tierra y se enteraron que Porongo había ampliado su mancha urbana. Este trámite se llama “homologación de mancha urbana” y lo realizan en el Ministerio de Autonomías.

“Hay responsabilidades administrativas y penales porque se está jugando con un elemento fundamental para la vida: el agua”, dijo la abogada y activista Torrico.

Mongabay Latam pidió una entrevista al Grupo Sion, empresa de bienes raíces que tiene más de 30 proyectos urbanísticos, pero hasta el cierre de esta edición no respondió a nuestra solicitud.

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Obras paralizadas

En mayo pasado, la gobernación decretó una pausa administrativa en la otorgación de licencias ambientales a proyectos urbanísticos en la zona de recarga de acuíferos de Porongo, donde se asentaron 12 urbanizaciones. Solo cuatro tienen licencia ambiental.

A la par, el pasado 25 de octubre se contrató a la empresa que realizará una auditoría ambiental a toda la zona del Urubó ( los tres municipios), una extensión de 100 000 hectáreas. Esta empresa tiene un año para determinar los impactos en la flora, fauna, suelos, la topografía y, principalmente, los recursos hídricos. La Directora de Calidad Ambiental de la Gobernación del departamento de Santa Cruz señaló que además auditarán todos los procedimientos de aprobación de esos proyectos en los tres municipios.

“Si hubo incumplimientos en estos procesos obviamente tendrán que corregirse. La auditoría dará las recomendaciones técnicas o los lineamientos para la aprobación de estas licencias ambientales. Nos dirá en qué zona está permitido y qué tipo de actividades”, puntualizó la autoridad cruceña.

“Se van a tener que adecuar a las recomendaciones que va arrojar la auditoría”, señaló Torrico.

En octubre, las empresas inmobiliarias participaron en la Feria Internacional de La Paz con gran despliegue de ejecutivos de ventas que dieron información detallada de los lotes en las urbanizaciones que tienen en la región del Urubó, principalmente en los municipios Colpa Bélgica y Portachuelo. Mongabay Latam les preguntó si sus proyectos urbanísticos contaban con licencia ambiental y todos los consultados aseguraron que sí, además, afirmaron que sus proyectos tienen aprobación de los respectivos municipios. Sin embargo, la gobernación afirma que solo el 10% de todas las urbanizaciones cumplen la norma ambiental y en la alcaldía de Porongo afirman que solo autorizaron a 103 de las 152 urbanizaciones identificadas por la autoridad departamental.

En la Asociación de Urbanizaciones y Condominios de Porongo están de acuerdo con la auditoria que se realizará y aseguran que cumplen las normas. Julio Novillo, dueño de Lafuente Business Group (compuesto por las empresas Techo, El Pahuichi, el Parque Latinoamericano y la constructora Ecci), aseguró a un medio cruceño que sus proyectos cumplen con todas las leyes.  “En todos los proyectos hemos cumplido. Por ejemplo, en la Ciudad del Urubó hay 30 hectáreas que quedaron en las Pampas del Cuyabo. Nos aprobaron el estudio de impacto, pero no había un estudio mayor en el tema de los acuíferos. Por eso no crecimos más y nos salimos de ahí. La Nueva Gran Ciudad del Urubó está fuera del cordón ecológico. Antes de comprar verificamos leyes y el tema ambiental”, dijo.

La resolución de la Pausa Administrativa es de conocimiento de los tres municipios y son responsables de hacerla cumplir, según la gobernación, que en septiembre inspeccionó la zona y paralizó dos obras.

Para el ingeniero ambiental César Pérez, lo ideal sería realizar la restauración de los ecosistemas degradados, volver a plantar árboles, con vegetación nativa, y reparar las fábricas de agua dañadas por estas construcciones. “Estamos en un punto de inflexión para ver lo que hemos hecho. Esperemos que estemos a tiempo de solucionar. Tenemos leyes pero no se cumplen”.

La arquitecta Canedo remarcó la importancia de que esas urbanizaciones cuenten con buenos sistemas de alcantarillado cuando los propietarios vayan a construir sus viviendas y que no se permita la extracción de aguas subterráneas para las lagunas artificiales.

Los ambientalistas contaron que todavía existen propiedades con importante cantidad de árboles donde se hace investigación y con planes de manejo forestal, que son permanentemente presionados para que vendan a los urbanizadores. En Porongo abundan los letreros “terreno en venta”, como lo evidenció Mongabay Latam  en su visita a la zona.

Entre las propiedades en venta hay zonas boscosas. Al biólogo Huáscar Bustillos Cayoja le preocupa el modelo de desarrollo que Porongo está proyectando, sobre todo con la construcción de los puentes que unirán a las urbanizaciones de este municipio con la ciudad de Santa Cruz.

“Si se concreta ese modelo desarrollista, el Amboró en una década más o menos se vería afectado porque el Área de Manejo Integrado está a escasos 20 kilómetros de Porongo”, explicó. A ello se suma el impacto que se prevé tendrá la construcción de la carretera que unirá a Santa Cruz con Cochabamba.

“El gran detalle es que el Amboró es el regulador climático y generador de agua a gran escala para toda la ciudad y parte del departamento”, destacó Bustillos.

En algunos recorridos que hicieron los activistas, pudieron confirmar con preocupación que en los municipios de Portachuelo y Colpa Bélgica se está generando el mismo problema que en Porongo. “Grandes urbanizadores como Sion, Techo, Grupo La Fuente ya han puesto sus ojos en ese sector. Entonces, ya sabemos las consecuencias, ¿no?”, finalizó Torrico.

Artículo publicado por Alexa

Agua, Biodiversidad, Bosques, Especies amenazadas

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