- Brasil investiga posibles incidentes violentos entre mineros ilegales y agricultores y dos grupos indígenas en aislamiento en el territorio indígena Vale do Javari en el estado de Amazonas, en la frontera con Perú.
- En un supuesto caso, los involucrados son mineros de oro que operaban dragas de forma ilegal en el río Jandiatuba, afluente del Solimões.
- En un segundo caso, los habitantes de Jarinal, una comunidad Kanamari en el río Jutai, informaron de un ataque contra un grupo Wakinara Djapar, posiblemente llevado a cabo por personas que practican la agricultura de forma ilegal en el territorio indígena Vale do Javari.
- Ambas historias están siendo investigadas, pero hasta ahora no ha habido pruebas sólidas que confirmen que los ataques se produjeron. FUNAI, la agencia de servicios indígenas de Brasil, ha tenido dificultades para defender la protección de grupos en aislamiento debido a drásticas reducciones de presupuesto.
Los agentes brasileños investigan dos supuestos casos de contacto violento entre grupos indígenas que rechazan el contacto con la sociedad e intrusos que entraron en su territorio de forma ilegal.
Ambos incidentes habrían ocurrido en el territorio indígena Vale do Javari, un área de gran magnitud que comprende 85 444 kilómetros cuadrados en el estado de Amazonas, en la frontera con Perú, y que es hogar de una de las mayores concentraciones de pueblos indígenas en aislamiento del mundo.
En uno de los casos, los involucrados son mineros de oro que operaban dragas de forma ilegal en el río Jandiatuba, afluente del Solimões. A mediados de agosto, empezaron a circular informaciones en el pueblo de São Paulo de Olivença, en el río Solimões cerca de las fronteras de Brasil con Perú y Colombia, de un encuentro entre mineros y pueblos en aislamiento que ocurrió a finales de julio o principios de agosto.
A finales de agosto, cuatro dragas en el río Jandiatuba fueron destruidas en una redada del ejército brasileño, el Ministerio Público Federal y el Instituto Brasileño del Medioambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA). IBAMA también multó a un grupo de mineros con 340 000 dólares por daños ambientales en la región.
Antes de la redada, los mineros en São Paulo de Olivença habían mostrado un arco, una flecha y un remo de canoa tallado como prueba del encuentro con los indígenas, según fuentes cercanas a la investigación.
También se informó que habían muerto hasta 10 personas indígenas. Esa información no se ha confirmado, según un comunicado de prensa que FUNAI, la agencia de asuntos indígenas de Brasil, publicó el 11 de septiembre.
“Hasta ahora, no se han encontrado pruebas materiales para demostrar la supuesta masacre, así que es imposible confirmar la veracidad de [las informaciones sobre] las muertes”, decía el comunicado de FUNAI.
Es difícil confirmar muertes en casos de encuentros violentos con grupos aislados porque los cuerpos de las víctimas casi nunca se encuentran, dicen los expertos.
En esos casos, la información suele venir de las personas del exterior que han estado participado —como los mineros en este caso, o taladores o cazadores que invaden el territorio de un grupo aislado— o de una comunidad vecina.
En el segundo supuesto caso, los lugareños de Jarinal, una comunidad Kanamari en el río Jutai, informaron de un ataque contra un grupo de Wakinara Djapar —tribu del mismo grupo lingüístico que los Kanamari— que podrían haber llevado a cabo personas que practicaban la agricultura de forma ilegal en el territorio indígena Vale do Javari.
Al sobrevolar el área en diciembre de 2016, el personal de FUNAI vio los restos calcinados de la maloca, o casa comunal, de un grupo aislado, pero se desconoce si el fuego tuvo relación con las incursiones de los forasteros.
Incluso cuando los encuentros no son violentos, el contacto con personas del exterior puede ser devastador para los grupos aislados, que no tienen resistencia contra las enfermedades más comunes, como los resfriados o la gripe. Incluso el contacto indirecto —a través de ollas, machetes u otros objetos que se llevan desde un pueblo asentado o un campamento de tala— puede causar una epidemia que diezme a un grupo o le obligue a buscar asistencia médica.
Las dos nuevas noticias de violencia llegan en un momento en que los grupos aislados de la cuenca del Amazonas están bajo una presión en aumento debido a los narcotraficantes, especialmente en la frontera entre Brasil y Perú, además de la presión de la construcción de represas, operaciones de petróleo y gas, y deforestación para agricultura y ganadería, según Antenor Vaz, antiguo oficial de FUNAI que ha mapeado las amenazas.
“Este modelo de desarrollo es el mayor factor de riesgo para los pueblos indígenas en aislamiento y o contactados recientemente”, dijo Vaz en una conferencia sobre antropología amazónica en Lima, Perú, a finales de julio.
Aunque la mayor parte de los grupos aislados que se conocen en Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela viven en áreas protegidas, no están a salvo de entrar en contacto con forasteros de forma no deseada, dijo Vaz.
Los grupos en aislamiento no son conscientes de cuáles son las fronteras oficiales y a veces las atraviesan. Incluso cuando permanecen en zonas protegidas, la falta de cumplimiento de la ley los hace vulnerables a la incursiones del exterior, como la de los mineros del río Jandiatuba.
Aunque la política oficial de Brasil es proteger las áreas ocupadas por grupos en aislamiento, los recortes de presupuesto que se han realizado en los mandatos de Rousseff y Temer han obligado a FUNAI a cerrar cinco de sus puestos de control y reducir su personal y otros gastos. Los mineros avanzaron aguas arriba del río Jandiatuba hacia territorio indígena después de que un puesto de control de FUNAI se cerrara en 2012. El presupuesto de FUNAI se ha visto reducido a casi la mitad este año.
Los recortes de presupuesto y la transferencia de algunas áreas de responsabilidad, como la educación y sanidad de los indígenas, de FUNAI a otras agencias gubernamentales, han debilitado la capacidad de la agencia de proteger a los pueblos indígenas, según Luiz Eloy Terena, miembro del pueblo indígena Terena y abogado del Grupo Coordinador de Pueblos Indígenas en Brasil (Articulaçao dos Povos Indígenas do Brasil).
Un bloque de legisladores, la bancada ruralista, alineado con grandes propietarios de tierras, empresas agrícolas y ganaderos, está presionando con agresividad para redibujar las fronteras de los territorios indígenas, y cientos de peticiones de demarcación territorial están suspendidas, dijo Eloy.
La construcción de carreteras en el Amazonas es otra amenaza importante para los grupos indígenas, apuntó Vaz. Una carretera construida en Brasil en los 70 cerca de la frontera con Venezuela llevó a una fiebre del oro en el territorio del pueblo seminómada de los Yanomami, donde los mineros mataron a 16 miembros de la tribu en 1993.
A medida que aumenta la presión externa, dice Vaz, “hay grupos que entran en contacto porque ya no tienen la posibilidad de permanecer en aislamiento”.
