- La conservación del campo Ishpingo, que forma parte del bloque 43 ITT y es el único aún no explotado, es el que más expectativa genera.
- Ambientalistas esperan que se conforme una comisión técnica, en donde tenga cabida la sociedad civil, para definir dónde se realizará la ampliación de la Zona Intangible creada para proteger a los pueblos aislados.
- *El 67.5 % de los ecuatorianos votó a favor de la protección del Yasuní según reveló el Consejo Nacional Electoral tras el escrutinio del 98.5 % de las actas.
La batalla decisiva apenas empieza para indígenas y ecologistas que han visto con impotencia como la petrolera estatal Petroamazonas se instaló en las entrañas del Parque Nacional Yasuní, la zona más biodiversa del planeta por metro cuadrado, para explotar petróleo en los polémicos bloques 31 y 43, mejor conocido como ITT por estar conformado por los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini. Y por primera vez tienen una importante arma para luchar contra un proceso extractivo que empezó hace poco más de cuatro años, cuando en octubre de 2013 la Asamblea oficialista acogió el pedido del entonces presidente Rafael Correa y dio paso al aprovechamiento hidrocarburífero de dichos bloques, que sobrepasan la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), creada para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El arma se llama ‘voluntad popular’ y se respalda en 6,1 millones de votos de ecuatorianos (con el 98,5 % de escrutinio) que dijeron sí a la séptima pregunta del referéndum y consulta popular que convocó el presidente Lenin Moreno para tramitar cambios a nivel económico, político, judicial y medioambiental. Un proceso electoral que además eliminó la reelección indefinida en Ecuador y con ello, tiró por el piso las intenciones del expresidente Rafael Correa de regresar al poder.
‘¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní de 1030 a 300 hectáreas?’, dice la pregunta que finalmente se formuló en la consulta popular del domingo, y que dista mucho de la que pedían al unísono colectivos ambientalistas como Yasunidos. Ellos querían frenar por completo la explotación en los bloques 31 y 43 ITT, preguntándole a la ciudadanía si está de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní en el subsuelo. Aun así, varios entrevistados por Mongabay Latam aseguran que el triunfo del sí en las urnas les da la pauta para evitar que Petroamazonas explote el campo Ishpingo, la joya de la corona del bloque petrolero ITT, que según previsiones del Ministerio de Hidrocarburos comenzaría a intervenirse a mediados de este año, una vez que reciban la autorización del Ministerio de Ambiente que ya están tramitando. El campo Ishpingo se encuentra situado sobre la Zona de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, una franja de diez kilómetros de ancho que rodea a las 758 000 hectáreas que conforman el área de exclusión, misma que fue delimitada con el Decreto Ejecutivo 2187 del 3 de enero de 2007. Además, una parte de dicho campo petrolero está sobre la propia Zona Intangible.
Pedro Bermeo, integrante del colectivo Yasunidos que apoyó un Sí crítico en la pregunta siete, aseguró en diálogo con Mongabay Latam que estarán vigilantes de que el gobierno cumpla con la voluntad popular de proteger el Yasuní. “Nos encargaremos de que se cumpla esta pregunta, de que realmente se amplíe la Zona Intangible con estudios técnicos basados en la movilidad de los pueblos aislados, que no sean solamente 50 000 hectáreas sino mucho más”, comentó Bermeo y añadió que existen análisis realizados a partir de los estudios de impacto de Petroamazonas en la zona, que darían cuenta de una afectación en los campos 31 e ITT que rebasa las 300 hectáreas que se establecen como límite en la consulta. “Estos estudios muestran que sin la sísmica 3D, solamente por apertura de vías y plataformas, se ha afectado directamente al ambiente 743 hectáreas”, sostuvo. A partir de esto, el integrante de Yasunidos hace énfasis en que, si ya se intervinieron más de las 300 hectáreas que permite la pregunta de la consulta popular, se debe parar la explotación.
Por su parte, el antropólogo y director de Land is Life para Latinoamérica, José Proaño, aseguró que a pesar de lo confusa que es la pregunta siete, la victoria del Sí es un paso enorme para proteger la biodiversidad del Yasuní y sienta un precedente a nivel regional. “Yo creo que el gobierno tiene que estar claro en que si se le pregunta al pueblo, se le pregunta al pueblo. El pueblo no va a decir solo si está de acuerdo o no, el pueblo debe decir cómo se deben hacer las cosas”. Proaño también se refirió al campo Ishpingo, cuya mayor parte queda sobre el área de amortiguamiento de la ZITT. “La zona de amortiguamiento es Zona Intangible, la zona de amortiguamiento no sirve para limitar actividades extractivas, al contrario, la zona de amortiguamiento sirve para mejorar la calidad ambiental de la Zona Intangible, por lo tanto, las actividades dentro de la zona de amortiguamiento deberían estar prohibidas”, sostuvo, y criticó que los bloques 31 y 43 ITT se extiendan hacia la Zona Intangible. “Todos los demás bloques y campos pequeños se reducen para acoger los límites de la Zona Intangible a excepción de estos dos. Allí hubo una jugarreta de parte del Ejecutivo de Correa que evidenciaba sus intenciones de explotación, debido a que el campo más grande dentro del ITT es el Ishpingo y la reserva de petróleo más grande del ITT está dentro de la Zona Intangible”, señaló.
El antropólogo se pregunta si el Ministerio de Hidrocarburos logrará ahora levantar los candados legales que protegen a la Zona intangible para facilitar que la empresa estatal Petroamazonas explote el campo de Ishpingo. El expresidente de la Iniciativa Yasuní ITT, que apostaba por dejar el crudo del Yasuní bajo tierra a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional, Roque Sevilla, no duda en decir que para él la consulta popular no es más que un formalismo que no será respetado. “Es el campo más sensible y el más productivo, de tal manera que les va a importar un salado rábano que esté en el Área Intangible y van hacer la explotación. Eso es lo inaceptable, por eso es un poco cínica la consulta”, aseguró quien fue también Alcalde de Quito. La pregunta siete que formuló el gobierno en la Consulta le deja a Sevilla un sabor agridulce, pues habla de expandir la Zona Intangible cuando la petrolera estatal se prepara para explotar un campo que está dentro de la misma Zona Intangible. Aun así, el ambientalista ve como positiva la obligatoriedad de extender los límites del área de exclusión.
El expresidente de la Iniciativa Yasuní ITT explicó también que extraer petróleo en un ecosistema tan frágil como es el ITT, podría provocar “un daño brutal por eventos como la luminosidad de las antorchas de fuego que tienen todo el tiempo encendido, la contaminación del aire, más el ruido que tiene todo el proceso (…) No se diga la destrucción de la continuidad de la selva que causa la migración de los animales. Y lo más importante de todo: ¿qué pasa con los pueblos no contactados?”. Finalmente señaló que el Ministerio de Ambiente no tiene suficiente fuerza política para negarse a entregarle a Hidrocarburos la autorización para que explote el campo Ishpingo. “Eso es una truculencia absoluta, donde está el petrolero, allí se explota pase lo que pase”, sentenció. Actualmente se extraen alrededor de 50 000 barriles del campo Tiputini, el primero que se explotó del bloque 43, y apenas en diciembre pasado se comenzó a explotar el campo Tambococha, al interior del Parque Nacional Yasuní. No queda sino, el codiciado campo Ishpingo.
La séptima y última pregunta de la consulta popular es la única que no contiene anexos que expliquen qué salida jurídica tomará el gobierno para hacer cumplir la voluntad popular. “Calificamos la pregunta como ambigua, porque no es clara respecto a cómo, dónde y cuándo se va a ampliar la Zona Intangible, ni dónde se va a parar la explotación petrolera”, comentó Pedro Bermeo de Yasunidos. Pero aun así destacó que al haber consultado sobre la expansión de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, se reconoce después de muchos años la existencia de los pueblos en aislamiento, “algo que altos funcionarios del anterior gobierno trataron de ocultar”. Añadió que su propuesta para la definición de la ampliación es “que se cree una comisión técnica donde participen expertos sobre el tema de pueblos aislados, que participe el Estado, la sociedad civil. Que se pueda establecer un mecanismo que los beneficie. Que participe el pueblo Waorani que ha defendido a estos otros pueblos”.
Por su parte la integrante de la organización Acción Ecológica, Natalia Bonilla, subrayó que si bien es positiva la intención de extender la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, no es suficiente para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario. “Creo que es importante señalar que la territoriedad de los pueblos en aislamiento voluntario se da en casi todo el Yasuní, ya que estamos hablando de cuatro clanes independientes que tienen territorios diferentes y diferenciados. Entonces, la ampliación de la zona intangible puede ser una bocanada de aire, pero lo que realmente se necesita es un reconocimiento y una protección de toda la territorialidad que ocupan los pueblos en aislamiento voluntario”. Bonilla criticó que se quiera inducir a la gente a pensar que el territorio de los pueblos aislados corresponde solamente a la Zona Intangible. “Eso es falso. Los pueblos aislados se encuentran en todo el Yasuní, desde el bloque operado por Repsol al campo Armadillo, al campo 17 que es una de las zonas más conflictivas que hay, donde no se ha detenido la explotación petrolera. También están hacia el sur, casi en los límites con el territorio Zápara y también hay presencia en las zonas del ITT y el bloque 31”, comentó.
Pero para que se pueda llegar a establecer una ampliación de la Zona Intangible, que realmente ayude a proteger a los aislados, el director de Land is Life para Latinoamérica precisó que se requiere de una serie de análisis técnicos, antropológicos, etnográficos, además de un diálogo con los waoranis para poder ver las zonas de protección más acertadas para la territorialidad de los pueblos aislados. “Esa territorialidad se va a mantener en una esfera de aproximación, hasta que eventualmente sean ellos los que definan su territorio”, aseguró y agregó que no se trata de pensar en bloques petroleros, sino de pensar en zonas de ocupación de los pueblos aislados.
Proaño explicó en diálogo con Mongabay Latam una propuesta de ampliación de la Zona Intangible que hizo la Comisión de investigación de la matanza waorani-taromenane de 2013, que conformó la Presidencia de la República y de la que él formó parte. “Se planteaba una zona de extensión bien puntual en la parte norte, muy cercana a donde fueron los últimos ataques, en función de las casas y las chacras que existen en esta área”. Se trata de una parte de alrededor de 78 000 hectáreas comprendidas entre los bloques 14 y 16 sobre territorio Waorani. Pero Proaño hace énfasis en que esa propuesta no es completa, y que se deben incluir otras zonas más al sur hacia la Comunidad Tiwino y que la parte que quedó excluida de explotación del campo Armadillo también debería incluirse en esta propuesta. “Otra cosa también es que deberían reducirse los límites de los bloques 31 e ITT y ajustarse a los límites de la zona intangible”, insistió. “Hay otras propuestas más avezadas que dicen que debería estar incluido hasta el territorio Zápara. Pero si me pregunta a mí, creo que preferiría pelear por algo que es superconcreto de realizar, que es esta ampliación puntual alrededor de la zona del Yasuní y donde tenemos hechos históricos o presencia actual de pueblos aislados”. Agregó que se trata de ver si “‘aquí hay señales de presencia, de qué tipo de señales hablamos, desde hace qué tiempo tenemos estas señales. Son una serie de criterios técnicos que no corresponden a criterios petroleros sino a prácticas culturales y necesidades ecológicas que mantienen los pueblos aislados”.
Mongabay Latam realizó varios pedidos de información a los ministerios de Hidrocarburos, Ambiente y Justicia, este último a cargo de la ejecución de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los pueblos aislados. Esto para conocer las áreas actuales de explotación en los bloques 31 y 43 ITT, los planes de manejo ambiental que se ejecutan para reducir los impactos y las propuestas para la aplicación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane. Pero, aunque hubo la confirmación de la recepción del pedido, no hubo respuestas hasta el cierre de esta edición. Sin embargo en una publicación del diario estatal El Telégrafo, el ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez aseguró que su cartera de Estado propone una ampliación de 62 000 hectáreas divididas en cuatro áreas adyacentes a la zona intangible. Entonces el ministro Pérez confirmó que están tramitando la autorización del ministerio de Ambiente para explotar el campo Ishpingo.
Pérez recorrió, junto con el ministro de Ambiente Tarsicio Granizo y un grupo de periodistas, parte del bloque ITT para constatar la implementación de accesos ecológicos, pasos deprimidos y puentes del dosel. “Hemos visto una operación que tiene de alguna forma cuidado con el ambiente, hemos visto que la carretera ha hecho curvas y ha evitado ciertas áreas ecológicas, ciertos árboles emblemáticos”, dijo Granizo, según recoge un boletín de prensa. Según cálculos del gobierno el bloque 43 ITT tiene reservas de 1672 millones de barriles.
El triunfo del sí en la pregunta relacionada al Yasuní genera muchas expectativas por los precedentes en materia ambiental que se van a generar por decisión popular. Lo mismo pasa con la quinta pregunta, que dice así: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5? Esta pregunta obtuvo 6,2 millones de votos afirmativos, equivalentes al 68,8 % de los sufragios (con un escrutinio del 98,5 % de las actas). En este caso sí existen anexos de respaldo que señalan los cambios que se introducirán en la Constitución y el Código Orgánico de Ambiente para hacer efectiva la prohibición. Un cambio que de haberse promulgado antes, a decir del ambientalista Roque Sevilla, habría podido evitar la construcción de minas a cielo abierto en la cordillera del Cóndor.
Foto de portada: Consejo Nacional Electoral (CNE).
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