- En 2018, año de incertidumbre electoral, Michel Temer, el Congreso y la bancada ruralista intentarán debilitar las leyes ambientales y derechos territoriales indígenas aún más. La posible pavimentación de la BR 319 en el corazón del Amazonas se considera una de las mayores amenazas.
- Sin embargo, la resistencia popular ambiental e indígena sigue creciendo, y se esperan importantes decisiones del Tribunal Supremo de Brasil en las próximas semanas y meses, que podrían deshacer algunas de las principales victorias de los ruralistas con Temer.
Nunca es fácil predecir qué pasará en Brasil. Hace un año, pocos pensaban que el presidente Temer, terriblemente impopular y sumido en acusaciones de corrupción sobreviviría políticamente. Se convirtió en presidente en 2016 elegido por el Congreso y no por el pueblo porque Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) fue destituida por delitos mucho menos graves que los que se imputan a Temer.
No obstante, Temer y su partido, el poderoso PMDB, han sido habilidosos en sus tratos con los miembros de la derecha de la asamblea legislativa —sobre todo con la bancada ruralista (el grupo de presión ruralista)— muchos de los cuales también han sido acusados de corrupción y ansían evitar un procesamiento. En los últimos meses, el propio Temer se libró de tres intentos del Tribunal Supremo de investigar las acusaciones de corrupción en su contra al ganar una votación en el congreso contra la investigación.
A pesar de los retos que entraña hacer predicciones, vamos a observar posibles tendencias futuras y ofrecer conjeturas bien fundamentadas sobre los posibles acontecimientos y resultados.
Las elecciones de 2018, la presencia que todos intentan ignorar
Para empezar, es probable que Temer sobreviva hasta el final de su mandato. Con las elecciones en octubre, solo le queda un año de servicio y la economía, aunque lejos de ser próspera, está en mejor estado que hace dos años. Según el ministro de economía, el crecimiento se recuperó en un 1.1 por ciento en 2017 y se espera que alcance el 3 por ciento en 2018. Parece que lo único que podría obligar a Temer a dejar el Palacio Alvorada de Brasilia es su mala salud: con 77 años tiene una afección cardiaca y problemas de próstata que lo llevaron al hospital en diciembre.
En segundo lugar, Temer es cada vez más irrelevante, con todas las miradas puestas en las elecciones de octubre en las que Brasil elegirá a un nuevo presidente, nuevos diputados federales, dos tercios de sus senadores y todos sus gobernadores estatales.
Hay una gran incertidumbre alrededor del resultado. Un escándalo de corrupción de gran alcance, conocido como Lava Jato ha atrapado a una gran fracción de la élite política de Brasil, y la sociedad nunca antes había tenido tan poco aprecio al Congreso. Según datos del Tribunal Supremo, 237 de los 594 miembros del Congreso están siendo investigados actualmente por corrupción, el 40 por ciento de la asamblea lesgislativa.
El antiguo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (conocido simplemente como Lula), del Partido de los Trabajadores, lidera las encuestas de opinión. Muchos votantes recuerdan que durante sus dos mandatos consecutivos (2003-2011) los más pobres de Brasil vieron una mejora en sus condiciones de vida y más acceso a derechos constitucionales. Pero también Lula está enredado en el escándalo Lava Jato. En julio de 2017, fue sentenciado a nueve años y medio en prisión, aunque muchos de los integrantes de su partido afirman que las pruebas en su contra eran débiles. Lula recurrió y un tribunal ratificó la sentencia el 24 de enero. Si se confirma la sentencia, se podría prohibir a Lula que se presente a las elecciones, pero es posible que haya otro recurso.
Los ambientalistas tienen sentimientos encontrados sobre Lula: muchos dicen que, aunque sus sucesores, Dilma Rousseff y aún más Michel Temer, han debilitado la protección ambiental, los retrocesos empezaron ya con Lula, que estaba ansioso por deshacerse de cualquier ley que se interpusiera ante su objetivo principal: el crecimiento económico.
Con estos antecedentes, el apoyo a Lula, que era el claro favorito, está cayendo. En una encuesta de opinión publicada justo antes de Navidad, el 45 por ciento de los votantes dijo que votaría, o quizás votaría, a Lula, mientras que casi el mismo porcentaje (el 42 %) dijo lo propio sobre el diputado federal Jair Bolsonaro. Este último es antiguo capitán del ejército, y un llamativo político de extrema derecha. Conocedor de que la presidenta Rousseff había sido torturada por el ejército a principios de los 70, dedicó su voto de la destitución al Coronel Carlos Brilhante Ustra, el hombre a cargo de torturar a prisioneros políticos durante la dictadura militar.
Famoso por insultar a las mujeres, el colectivo gay y las minorías étnicas y por incitar a la violencia contra estos grupos, promete, si lo eligen, acabar con la demarcación de territorios indígenas y quilombos, y detener la financiación pública de las ONG. Parece totalmente seguro que sus políticas no serían muy respetuosas con el Amazonas, la conservación y las promesas de reducción del carbono del Acuerdo de París que hizo Brasil.
En un momento normal, Bolsonaro, con su visión extremista, probablemente no habría sido un candidato serio. Pero no estamos en un momento normal: una encuesta llevada a cabo por la fundación Getúlio Vagas en agosto de 2017 reveló que el 83 por ciento de las personas desaprueban este gobierno, y el 78 por ciento a los políticos y los partidos en general. Además el 55 por ciento dijo que no votaría a la misma persona que en las últimas elecciones.
Una insatisfacción tan extrema podría abrir el camino para una nueva dinámica en la política brasileña el ascenso de los antipolíticos y los populistas de extrema derecha, algo parecido a lo que ha pasado en los EE.UU. con la elección de Donald Trump.
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La olvidada Amazonía en grandes problemas
En un momento en que los brasileños se enfrentan a tiempos turbulentos —traumatizados por los problemas económicos y la corrupción galopante— se presta poca atención a lo que sucede en la Amazonía. Incluso antes de que Temer llegara al poder, la influyente bancada ruralista hacía todo lo que podía para destruir lo que se había obtenido en materia ambiental y social, plasmado en la Constitución de 1988. Los ruralistas consiguieron más beneficios con Temer en 2017 y seguramente sigan teniendo éxito este año.
Fiona Watson, de Survival International, ONG que trabaja con pueblos indígenas de todo el mundo, dijo a Mongabay: “Es probable que el 2018 sea un año triste para los pueblos indígenas del Amazonas, ya que el gobierno y el bloque ruralista en el Congreso intensificarán sin duda su deseo de destrozar los derechos constitucionales de los indígenas. Las empresas de la agroindustria tienen el ojo puesto en los territorios indígenas ricos en recursos del Amazonas y las empresas mineras extranjeras están rondando la zona, lo cual crea un polvorín volátil y peligroso, sobre todo en año de elecciones”.
Continuó diciendo: “Un año electoral es cuando se dejan a un lado los miramientos y los acaparadores de tierras, taladores y mineros saben que pueden invadir territorios indígenas con más impunidad de la habitual, ya que hay menos probabilidad de que las autoridades emprendan acciones mientras buscan los votos [y donaciones para la campaña] de esa gente. Y, de la mano de la invasión, llega la violencia. Brasil ya tiene uno de los mayores índices de asesinatos de gente indígena y defensores ambientales del mundo”.
Philip Fearnside, científico del Instituto Nacional de Investigaciones del Amazonas (INPA), también es pesimista. Apunta que a medida que el mundo avanza, abordando los objetivos de reducción de carbono del Acuerdo de París con la acogida de la energía renovable y la protección del los bosques, el gobierno de Temer se está alejando de cumplir su compromiso con el Acuerdo y está abriendo el país al desenfreno petrolero dando a las empresas un conjunto de incentivos fiscales que podrían llegar a los 300 mil millones de dólares en los próximos 25 años para desarrollar la exploración de petróleo y gas en alta mar.
Añade que la deforestación amazónica, principal fuente de emisiones de carbono de Brasil, podría seguir una tendencia al alza porque las fuerzas tras la tala —más carreteras, vías férreas y vías industriales; más minas; más asentamientos en el interior, y más inversión en desarrollo— siguen creciendo.
Otro acontecimiento clave esperado en 2018, añade Fearnside, es “la apertura gradual de la autopista BR-319 que conecta Manaos en la Amazonía central con Rondonia en el infame ‘arco de deforestación’”.
“Todo esto apunta a mayores emisiones”, concluye Fearnside, de las cuales, dice, ya habría cifras más altas “si las emisiones que se omiten en los datos oficiales se incluyeran, como la degradación forestal a causa los incendios, la tala y las sequías”.
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Resistencia de las bases y decisiones en los altos tribunales
No todo es malo. Con la crisis económica y la determinación del gobierno de reducir el déficit fiscal, hay poco dinero público para grandes proyectos de energía e infraestructura, los cuales siempre han tenido graves consecuencias ambientales y sociales. Altos cargos lo reconocieron recientemente y, a través de un artículo de prensa, anunciaron que seguramente acaben con los planes para las futuras megarrepresas en la Amazonía brasileña. Esta decisión solo se revertirá si se encuentran nuevas grandes fuentes de inversión, desde China por ejemplo, que en 2017 ofreció a Brasil una línea de crédito de 20 mil millones de dólares para infraestructura. Los científicos avisan de que muchas presas medianas y pequeñas siguen en los planes y podrían causar daños ambientales importantes.
La oposición a las políticas antiambientales del gobierno también está creciendo. Watson, de Survival International, dijo: “La parte positiva es que las organizaciones indígenas a nivel de base y regional están activas y se pronuncian en defensa de su hogar en la Amazonía y, en todo caso, se harán oír aún más en 2018. En la casi ausencia del estado, tribus como la Guajajara y la Ka’apor han formado sus propios grupos de ‘guardianes’ para defender su bosques y a la gente vulnerable en aislamiento que vive allí. Podemos esperar más acción por su parte el próximo año”.
2018 también podría ser el año en que se sientan las bases para que haya más niveles de resistencia en 2019 cuando el gobierno asuma el poder. Márcio Santilli, miembro fundador de la ONG Instituto Socioambiental (ISA), dijo a Mongabay que “se esperan decisiones importantes del Tribunal Supremo que deberían poner límite a los obstáculos introducidos por el gobierno [de Temer] y el Congreso”.
Santilli hizo mención especial a una decisión del Tribunal Supremo que se espera en las próximas semanas sobre la legalidad del llamado “marco temporal” —una fecha arbitraria (5 de octubre de 1988) fijada por el gobierno de Temer en la cual los grupos indígenas tenían que haber ocupado físicamente territorio ancestral para poder reclamarlo de forma legal. Teniendo en cuenta los muchos grupos indígenas que se vieron desplazados de sus territorios durante la dictadura militar (1964-1985), este requisito se ve, por lo general, como algo injusto y probablemente una violación de la constitución de 1988.
Otra medida propuesta que se espera que pase por el tribunal supremo es la legalización del arrendamiento de territorios indígenas a la agroindustria. Santilli dice que eso infringe la constitución y debería llevarse a los tribunales. También se espera una decisión en los próximos meses sobre los derechos de territorio de los quilombos (comunidades establecidas por esclavos fugitivos), que podrían ser restringidos severamente si un partido político cercano al gobierno tiene éxito con sus acciones legales.
El que podría ser el fallo más importante que seguramente llegue en 2018 tiene que ver con el polémico código forestal de Brasil. Se espera que en febrero el Tribunal Supremo decida si el código forestal (revisado en 2012, se podría decir que en detrimento del medioambiente) infringe la constitución del país. Algunos esperan que esta decisión sea la más importante que se ha tomado en la historia de las leyes ambientales de Brasil.
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En general, es posible que el 2018 sea un año de espera, un año en que los ecologistas y los movimientos indígenas resistan con valentía más reveses del gobierno de Temer, el Congreso y los ruralistas mientras intentan dar la vuelta a las anteriores complicaciones.
Según cuál sea el resultado de las elecciones en octubre, los movimientos populares y las ONG podrían reagruparse y avanzar con la protección del Amazonas en 2019. No obstante, con un nivel alto de incertidumbre e inestabilidad y con candidatos que van de Jair Bolsonaro en la extrema derecha a Lula y el Partido de los Trabajadores, y Marina Silva, antigua ministra de medioambiente y apuesta con pocas opciones del centro-izquierda, todo es posible.
