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‘Castores’: la historia de un grupo de extaladores colombianos que reclama la atención del Gobierno

Foto: Olga Cecilia Rodríguez

Aunque Los Castores han buscado salidas laborales y han respetado el compromiso asumido, esperan ahora apoyo para encontrar una alternativa económica viable y permanente. Foto: Olga Cecilia Rodríguez

  • Aunque el grupo ecológico que nació del acuerdo de “no tala” ha buscado salidas laborales y ha respetado el compromiso asumido, espera ahora apoyo para encontrar una alternativa económica viable y permanente.
  • Mientras tanto, desplazados de Caquetá, Putumayo y Cauca son los que hoy tumban el roble negro en el corredor del Parque Nacional Cueva de los Guácharos.
  • Autoridades convocan a entidades nacionales y extranjeras a invertir en proyectos para aliviar la pobreza que genera la deforestación en el sur del Huila.

Uno a uno fueron descargando las motosierras en el patio de la escuela. Las 25 máquinas, de diferentes tamaños y modelos, quedaron alineadas como símbolo de la ceremonia.

Era la última vez que sus dueños las sostenían entre sus manos, porque ese 18 de octubre de 2013 cual firma de un proceso de paz y después de varios meses de diálogo 35 taladores se comprometían a acogerse a una especie de amnistía para no seguir arrasando el bosque.

Varias generaciones de habitantes de San Adolfo, corregimiento del municipio de Acevedo, Huila, armados con motosierras arrancaron por años milenarios robles, laureles, nogales, guayacanes, amarillos y cedros.

El día en que los taladores de San Adolfo dijeron adiós a las motosierras.
Foto: Diario del Huila.

La destrucción ocurría en la zona de amortiguamiento de la que fuera la primera área protegida declarada en Colombia (1960): el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos.

Los taladores devastaban sin reparos un ecosistema de transición entre la montaña andina y las selvas amazónicas, un refugio de gran biodiversidad, una extensión boscosa de 9000 hectáreas distribuida entre el municipio de Acevedo en Huila y el de San José del Fragua en el Caquetá.

La entrega de estas “armas” que acabaron con cientos de árboles se convirtió en un hito para San Adolfo. A un lado de las máquinas se ubicaron las autoridades garantes y aquellas comprometidas con el proceso: comandantes del Ejército y la Policía; el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM); delegados de entidades nacionales; y los alcaldes de Acevedo y Palestina. Del otro lado, con sus mejores galas, estaban los extaladores y sus familias.

Germán Darío Bocanegra, talador de 13 años, quien desde los tres se familiarizó con estos peligrosos artefactos, dio muestra de su destreza y en representación de sus colegas selló el acuerdo escribiendo en el suelo con la espada de la máquina: “No más tala”.

El Grupo Ecológico de Los Castores se conformó como un Grupo Asociativo de Trabajo. Foto: CAM.

Luego las autoridades se comprometieron a buscar alternativas de trabajo para el grupo ecológico que nacía bajo el nombre de ‘Los Castores’, quienes aspiraban a tener una vivienda, tierra para trabajar y alternativas laborales para no depender de los subsidios del gobierno.

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El trasfondo de la tala

 

La CAM calcula que cada aserrador tumbaba al mes once robles de los más grandes. Entre los 35 hombres talaban 400 árboles al mes y esa era una constante generacional 50 años atrás, entre las familias de 5 y 6 hijos.

“Nosotros fuimos los que acabamos los bosques en el Puracé. Fue mucha la cantidad de madera que tumbamos”, dijo entonces a la prensa local Leoncio Figueroa de 63 años, el más antiguo de ‘Los Castores’, quien ha recorrido unos 18 departamentos talando.

Otras eran las cuentas que llevaban en San Adolfo los medios locales en base a los datos de los aserradores: “Cada uno derribaba unos 500 árboles en la semana que significaban 2000 al mes. Esto multiplicado por los 35 alcanzaba 74 000 árboles mensuales, para un total de 840 000 que otros aproximaban al millón anual”.  

Sin nadie que controlara y con mucha oferta maderera, tumbar monte era un negocio rentable en San Adolfo.

“Yo agarraba el equipo y la comida que mi esposa me empacaba (desayuno y almuerzo) y cogía camino a la montaña. En carro, bestia o a pie, a una o cuatro horas monte adentro buscaba las maderas, dependiendo el pedido. En ese tiempo no molestaban. Le cortábamos madera al vecino, al amigo, al alcalde, a la Policía o al Ejército, eso era libre”, narra Tiberio Bocanegra, nacido en San Adolfo, quien de sus 43 años dedicó 24 a talar. Fue él quien asumió el ‘proceso de paz’ y convenció a sus 34 colegas, luego de largas discusiones.

Trabajaban de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y si les iba bien, como generalmente pasaba, el domingo algunos de ellos bebían cerveza de corrido. Un árbol grande les alcanzaba para dos o tres días en el aserradero, cuando tenían que sacar madera en bloque para la gente.

“Cuando la tala era para hacer fincas, acabábamos en una jornada. A veces tumbábamos una hectárea cada uno, y eso entre todos daba 20 o 30 hectáreas de árboles en un día. Era un daño grande que le hacíamos al ambiente”, reconoce Tiberio Bocanegra.

La madera que se trafica ilegalmente en el sur del Huila es destinada a los cultivos y a la produccción de carbón de leña para los asaderos y restaurantes. Foto: CAM.

Con los años se volvieron expertos exterminadores, decían que entre más gruesos eran los palos, era mejor trabajarlos porque la madera salía bonita y no se torcía. “El trabajo que no olvido fue un roble tan grande que corté por 15 minutos, en los demás se gastaba un minuto o máximo dos y pal’ suelo, pero ese que le digo hacía dar miedo porque la tierra temblaba. Al caer se llevó dos o tres matas más, imagínese el estruendo. Al final de lo grande no lo pude cortar en trozos, era demasiada madera”. Ese roble negro, cuenta Tiberio, tenía unos 40 metros de alto.

Diez años atrás, un jornal estaba entre 100 y 200 000 pesos (US$30 – 60), pero algunos, los que acababan una montaña completa en el día, hacían en la semana más de un millón (US$340).

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¿Qué ha pasado?

 

Este año se cumplen cinco años del acuerdo y Mongabay Latam quiso saber qué ha pasado con Los Castores y el corredor biológico.

Uno de los primero trabajos que realizaron producto de la paz fue el convenio con la Alcaldía de Acevedo para recuperar y convertir en artesanía, la madera que arrastraba la corriente del río Suaza.  

También reforestaron rondas de quebradas, nacederos de agua y fincas. Uno de ellos creó un vivero de especies nativas. Dos más se vincularon al mantenimiento de zonas verdes en la base aérea de Melgar (Tolima). Los más jóvenes se fueron a prestar el servicio en la Policía y el Ejército. Otros al no tener ayuda se fueron a sembrar coca al Caquetá.

Tiberio Bocanegra, el líder del proceso, junto a siete compañeros recibió entrenamiento en apicultura. El primer año le fue bien, actualmente lucha por mantener la colmena porque debido a los tóxicos que utilizan en la región para controlar la broca del café y las plagas de las frutas, las abejas desaparecieron.

«No más Tala», escribió el más joven del grupo de taladores como despedida de las motosierras, el día que hicieron la paz con el bosque. Foto: Cortesía Diario La Nación.

José González trabajó por 35 años con la sierra (desde los 16) y logró comprar un terreno para sembrar café. Sacó un crédito pero no le prestaron más porque no sembró la semilla que le exigía el banco. Le agradece a la CAM por convertirlo en apicultor. “Antes les echaba candela a las abejas, ahora las quiero mucho y las cuido porque me han aliviado en tiempo de verano. Ellas están bien allá en la montaña y producen la única miel en el mundo que proviene del roble negro”, cuenta con orgullo. Al momento de realizar esta entrevista acababa de recoger un enjambre que unos finqueros iban a quemar porque les estorbaba al trabajar. Las abejas le dan tres cosechas de miel al año y la miel ya está certificada por el Programa de Negocios Verdes y Sostenibles de la CAM.

De tener un diario de 100 a 300 000 pesos, ahora gana 20 000 (US$ 168) y debe enviar dinero a su esposa en Bogotá, para el tratamiento de su pequeña de 7 años que tiene leucemia y está interna en el Instituto Cancerológico.

La miel que producen siete de las familias de castores que escogieron la apicultura ya está Certificada por la autoridad ambiental. Foto: CAM.

“Lo bonito es saber que hacemos el bien a la naturaleza pero no ha sido fácil sobrevivir, le pido al gobierno y sus entidades que nos den más apoyo como lo prometieron cuando entregamos las máquinas”, reclama González.  

El grupo acudió al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en busca de tierra pero no lo logró, este le aportó a cada uno una guadaña (herramienta agrícola), una fumigadora y un bulto de abono. Lo agradecen todavía, pero siguen sin casa y sin un terreno donde sembrar.

También se han capacitado en temas de conservación, por ejemplo, han asistido a los foros de los festivales sobre oso y danta en el municipio de Pitalito.

Es en estos eventos que se dieron cuenta de que eso que era tan común para ellos como el oso, el roble o la danta, era demasiado importante para el resto de la humanidad. Fue el inicio de una sensibilización que los llevó a apreciar más su territorio, explica Carlos Andrés González Torres, subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, quien sacó adelante el proceso cuando laboraba en la Territorial Sur de Pitalito.

Una de las anécdotas de los extaladores ocurrió durante un almuerzo en un festival de oso. El grupo de Castores no paraba de reír porque escucharon cómo una cantidad de gente (biólogos) instalaba cámaras trampa, se internaban en el bosque por días y hacían toda una parafernalia con tal de encontrar siquiera una huella de oso. Reían a carcajadas porque a cambio ellos, cuando estaban en sus faenas de tala vivían espantando a esos animales para que no se comieran el fiambre.

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Volvió la tala

 

Entre tanto, la tala ilegal en el área ha regresado y a costa de la agricultura se siguen devastando los robledales.

Tal y como informó Mongabay Latam en el reportaje Roble, una carrera contra el tiempo y las motosierras, el roble negro está categorizado por el Libro Rojo de Plantas (2006) como Vulnerable, pero según el investigador huilese César Augusto Parra Aldana, dado el avance de su destrucción debería reclasificarse a En Peligro Crítico (CR).

Se trata de una especie exclusiva de Colombia y solo se ha registrado en tres zonas con altitudes que oscilan entre los 1500 y 2200 m.s.n.m.: el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali en la zona cercana al municipio de Jamundí (Valle); y el corregimiento de Virolín en el municipio de Charalá (Santander), dice el Catálogo de Biodiversidad de Colombia del Instituto Humboldt.

Hay que aclarar que no es posible el aprovechamiento ni la comercialización de esta especie. Las personas que vulneren la normatividad que protege al roble y especialmente al negro, se verán sometidas a sanciones muy fuertes por parte de la autoridad ambiental”, manifestó Genaro Lozada, director de la Territorial Sur de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena.

El roble negro es una especie única en América, en el mundo solo quedan sus
congéneres en China e Indonesia. Foto: César Augusto Parra Aldana

En el sur del Huila, el problema de las mafias de la madera es enorme y la tala no solo ocurre en el área del PNN Los Guácharos, sino que se extiende al Parque Natural Municipal Timaná y a la Serranía de Peñas Blancas. Según la autoridad ambiental, los municipios con mayor afectación por tala son Pitalito, Acevedo, Palestina, Garzón, Suaza, Guadalupe, La Plata, La Argentina, Colombia, Palermo y Santa María.

Las autoridades informaron que los taladores movilizan la madera entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, a algunos traficantes se les han encontrado permisos falsos de aprovechamiento. En una reciente incautación encontraron 142 m3 y 114 bultos de carbón de leña de roble negro, que son adquiridos por asaderos y restaurantes.

La madera que se trafica ilegalmente en el sur del Huila es destinada a los cultivos y a la produccción de carbón de leña para los asaderos y restaurantes. Foto: CAM.

John Wilmar Magé, ingeniero agroforestal del municipio de Acevedo, dijo a este medio que a pesar de que había mermado la incursión en la zona, se han detectado dos situaciones que le preocupan al municipio.

La primera es el arribo de personas que se identifican como desplazados de Caquetá, Cauca y Putumayo a las zonas altas para tumbar roble negro, lo que afecta los nacederos de agua.

La segunda, el boom del cultivo de pitahaya en el municipio de Palestina (Huila) que con 300 hectáreas de producción y un rendimiento de 20 toneladas por hectárea, está demandando un alto volumen de material vegetal de alta duración, es decir de roble negro, actualmente en veda, que es el que muchos de los cultivadores exigen porque es más resistente al agua y al sol.

Con este se elaboran, entre otros, postes para cercas y trozas de roble como ellos llaman a los palos delgados para sostener los cultivos de fríjol, granadilla, pitahaya y lulo. El Huila es uno de los primeros productores de estas frutas en el país y exporta pitahaya, entre otros países, a Europa, Estados Unidos, Canadá y China.

“Yo soy el único funcionario para todo el municipio y las distancias son grandes, no se da abasto, aunque se tiene apoyo de los carabineros, la CAM y otras autoridades”, expresó Magé.

Afirma que su estrategia ha sido adquirir áreas de nacederos que luego se entregan al cuidado de las comunidades: “Tratamos de invertir el presupuesto donde haya reservas de roble y afluentes que se adquieren por parte del municipio, y se hace entrega de los predios a las veredas o acueductos beneficiarios, es una forma de cuidar”.

También comentó que están mirando opciones para hacer una alianza con ‘Los Castores’ dentro del Plan de Ordenamiento del río Suaza.

Los Castores aprovechan ahora la madera que arrastra el río Suaza. Foto: CAM.

El ingeniero forestal e investigador de roble negro, César Augusto Parra, aprovechó la entrevista para hacer un llamado a que haya una atención particular a este caso. “No se deben abandonar los planes de conservación, se deben mantener y trabajar al tiempo con otras estrategias de control como la sustitución de tutores en cultivos (palos de roble que se usan para sostener las ramas de los cultivos de frutas), los incentivos y la investigación científica”.

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Control a la tala

 

Para contrarrestar la tala, la autoridad ambiental creó la Red de Control de Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre, integrado por 15 funcionarios de la Corporación con disponibilidad de lunes a domingo las 24 horas, quienes trabajan de manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército y los Carabineros. Estas últimas entidades realizan retenes permanentes y sorpresivos en áreas estratégicas para revisar  los salvoconductos de los transportistas y verificar los volúmenes de madera permitidos. En la zona, la Fuerza Aérea realiza sobrevuelos para detectar puntos de deforestación.

Roble negro incautado en la localidad de Palestina. Foto: CAM.

Existe también la llamada Burbuja Ambiental que controla puntos complejos de deforestación, en este caso corresponde ya que el Huila es un corredor vial que conecta con los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño y Caquetá. El indicador de deforestación del Huila es bajo con el 0.1 % nacional, indicó Carlos Andrés González. Las incautaciones corresponden a 800 m3 de madera al año, de esta el 70 % corresponde a madera decomisada en las vías.

A finales del 2017, parte de la madera decomisada se entregó a los reclusos de la Cárcel de Neiva, capital del Huila, para la elaboración de muebles y juguetes, que posteriormente fueron entregados como regalos de Navidad a fundaciones, hogares de paso e instituciones que atienden niños con discapacidad y adultos mayores. También entregan parte de la madera al Ejército para labores de desminado humanitario en los municipios de Neiva, Colombia y Tello.

Con la madera decomisada a los traficantes de madera, los internos de la cárcel de Neiva fabrican juguetes y muebles que luego son donados a instituciones que cuidan a niños y adultos mayores. Foto: CAM.

La Corporación desarrolla estrategias con cultivadores de fruta para buscar alternativas a la utilización de tutores de roble. Así comenzaron a promover postes de concreto que se están fabricando a manera de prueba con la Asociación de Productores de Pitahaya (Apropit) en Acevedo y Palestina, con el fin de bajar la presión al roble, en algunas áreas del cultivo. También compran de manera legal los postes que ‘Los Castores’ rescatan del río.

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La ayuda es insuficiente

 

“’Los Castores’ dieron una verdadera muestra de paz por el medio ambiente y lo mínimo que debimos haber hecho como sociedad y entidades fue apoyarlos. Lo realizado hasta ahora no ha sido suficiente y el compromiso de los municipios no se ha visto”, asegura el subdirector de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.

Relata que fue duro para los aserradores dejar el oficio y que vio cómo algunos a los 2 o 3 meses después del acuerdo le decían que no tenían para el mercado.

Tiberio Bocanegra asegura que a pesar de la difícil situación que muchos de ellos viven, el grupo se mantiene unido y no ha vuelto a talar, pero confiesa que hay momentos en que los socios le reclaman. “Hoy siento que los beneficios del proceso son como una luz que uno ve, pero que no puede alcanzar”, confesó Bocanegra.

‘Los castores’ entrevistados coinciden en que la Corporación no los ha abandonado, les celebra cada aniversario del acuerdo y en las navidades les hace un evento con regalos para los más de 60 “castorcitos”, como llaman a los niños de la comunidad, pero quisieran tener una solución permanente.

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¿Ecoturismo como alternativa?

 

Como viven en un escenario natural la autoridad ambiental afirma que el ecoturismo podría ser una buena alternativa.

Sería de ayuda porque las esposas de los exaserradores trabajan en manualidades, artesanías, tejidos y saben de cocina autóctona. Y ellos conocen el lugar como la palma de su mano, lo que podría abrir camino a un gran proyecto de ecoturismo.  

“Convoco a las entidades nacionales y a los organismos de cooperación internacional a que se vinculen a este proceso, la solución no es solo nuestra sino de todos, para que ellos se conviertan en los guardabosques de ese parque”, destaca Carlos Andrés González, promotor del acuerdo por la CAM.

En cuanto a otros proyectos, recientemente se presentaron a una convocatoria que es una estrategia contra la deforestación del Ministerio de Ambiente y la Unión Europea llamada Forestería Comunitaria, en la que lograron viabilidad.

San Adolfo en el Huila hace parte del corredor que da acceso al parque Nacional Natural Los Guácharos. Foto: CAM.

Se trata de un programa rural distinto a los modelos tradicionales de monocultivos y ganadería extensiva, que incluye alternativas con manejo forestal diversificado para no generar cambios drásticos al suelo y ofrecer calidad de vida.

Mongabay Latam habló con Alejandra Ruíz de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente sobre el tema: “Se hizo la entrevista con ellos, se identificó la experiencia como una potencialidad de apoyarla y se priorizó pero no hemos conseguido los fondos para ejecutarla. Hay más recursos para la Amazonía y el Pacífico, pero tenemos la iniciativa y estamos buscando cómo apoyarlos”.

Afirmó que en vista de un nuevo gobierno y de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la apuesta del ministerio es por conseguir esos fondos del Estado para destinarlos a esos procesos de desarrollo. “Esa es la expectativa, estamos tocando puertas para apoyar ese tipo de iniciativas”.

Mientras se encuentra un reemplazo al roble en los cultivos de frutales y se consiguen nuevos proyectos laborales, Tiberio Bocanegra dice que no deja de sentir orgullo por haber hecho historia en San Adolfo. Argumenta que esta amnistía es única en el mundo. Por eso no pierde la esperanza, al igual que sus compañeros, de tener una casa y algo de tierra donde ubicar sus abejas, sembrar hortalizas y contarle a sus nietos que vale la pena hacer la paz con la naturaleza.