- Es el tercer derrame provocado por una fuga en el Oleoducto Nor Peruano que se registra en el poblado de San Pedro, en la región de Loreto. Los anteriores ocurrieron en el 2014 y 2016.
- Hasta el momento se han recogido 1500 barriles de crudo vertidos a 3 kilómetros del río Marañón. La empresa estatal Petroperú sostiene, nuevamente, que el derrame habría sido causado por terceros.
Los habitantes de la comunidad kukama de San Pedro, en la región de Loreto, viven en constante alerta, a la espera del próximo derrame de petróleo. Pueden decir sin exagerar que cada dos años se registra una nueva fuga en el Oleoducto Nor Peruano: el primero ocurrió el 16 noviembre del 2014, el siguiente el 13 noviembre del 2016 y el último incluso tomó por sorpresa a los 500 pobladores de San Pedro, y ocurrió el 28 de febrero. En los tres casos, la empresa estatal que opera esta tubería, Petroperú, ha señalado que los atentados fueron provocados por terceros.
OEFA y Osinergmin, organismos estatales a cargo de la supervisión y fiscalización ambiental de ductos respectivamente, solo han podido constatar que los dos primeros derrames fueron atentados. Sobre el tercero, ambas entidades han señalado que se están realizando las investigaciones. Sin embargo, lo que sí se sabe, es que en ninguno de los tres casos se han encontrado responsables.
“No es novedad que la empresa responsabilice a otros cuando hay derrames”, dijo Humberto Iñapi Vásquez, apu (jefe) de la comunidad de San Pedro. Para esta autoridad indígena, el problema que trae este tipo de declaraciones es que al final nadie se responsabiliza del daño ambiental ni de la salud de las personas. “Por eso ahora le hemos dicho a Petroperú que vamos a acompañar la denuncia que hagan sobre este atentado, porque a alguien le convienen estos atentados y no es a los pueblos indígenas”, agregó.
De acuerdo con Iñapi, Petroperú está levantando la tubería para que la Fiscalía Provincial Penal de Nauta llegue a la zona e inicie las investigaciones. “Petroperú ya había iniciado las remediaciones sin conversar con la comunidad sobre las acciones que iban a realizar y sin esperar que llegue la fiscalía. Por ahora les hemos pedido que detengan las acciones, solo que pongan barreras para contener el petróleo y grapas para que no se siga derramando más crudo”, dijo el apu de San Pedro.
Al respecto, la gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart, señaló que “hubo un malentendido con la comunidad pero ya se solucionó” y agregó que “aún no se ha adjudicado el servicio de remediación. Se ha desarrollado un plan de contingencia para retener el crudo Esta semana conoceremos quién se encargará de ese trabajo”. La funcionaria dijo también que el fiscal llegará entre hoy y mañana a la zona para inspeccionar el área dañada.
Por ahora, lo que se sabe a una semana de ocurrido el derrame en el kilómetro 20+100 del tramo 1 del Oleoducto Nor Peruano, es que se registró en el mismo kilómetro que el incidente del 2014, cuando cayeron más de 7000 barriles, más de un millón de litros de petróleo que impactaron los cuerpos de agua y el suelo. El derrame de crudo del 2014 es considerado hasta hoy el más grande de los que han afectado en los últimos años a la selva peruana.
Aunque este desastre fue catalogado como un atentado provocado por terceros, según el decreto supremo 081-2007 del Ministerio de Energía y Minas, le corresponde al operador de la tubería realizar la restauración del área dañada. Sin embargo, el área de hidrocarburos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió un informe este año en el que concluye que Petroperú no completó esta remediación. Fuentes del OEFA le confirmaron a Mongabay Latam, además, que el caso acaba de entrar al área de Fiscalización y que está pendiente determinar la sanción para la empresa petrolera estatal. Petroperú no dio su versión al respecto.
Aunque aún no se conoce cuántos litros de petróleo se derramaron en total en este último incidente, se sabe que hasta el domingo se habían recogido 1500 barriles de crudo, es decir, 240 000 litros. Giner Panduro, teniente alcalde de San Pedro, fue uno de los que llegó hasta la zona acompañando a una comisión de la comunidad para evaluar el desastre. El punto del problema, indicó, se encuentra a tres kilómetros del río Marañón, donde se ubican la mayoría de los pobladores. “Por ahora el petróleo está concentrado en 150 metros de un canal de agua por donde pasa el oleoducto”, dijo. El miedo de Panduro y de la comunidad es que la lluvia pueda arrastrar el agua hasta el Marañón. “Hemos visto algunos peces muertos en el canal, pero hay otros peces que siguen su curso hasta el río y que están contaminados”, agregó.
Leer más: Tráfico de aves en Perú: las seis especies más buscadas en el mercado ilegal
Responsabilidades por determinar
Alfonso López, presidente de la asociación kukama Acodecospat, negó categóricamente que los indígenas hayan dañado la tubería. “Estamos molestos porque estos derrames son casi una rutina. ¿A quién le beneficia estos atentados? No a los indígenas. Estamos hablando de la vida de personas, de nuestro territorio, de nuestra agua y bosques. Queremos que se intervenga seriamente en este tema y se aclare de una vez por todas”, señaló a Mongabay Latam.
La acusación a las comunidades indígenas como presuntas responsables de los derrames de petróleo, ocurridos en los últimos años, fue abordada en un informe realizado por una comisión investigadora del Congreso de la República, encabezada por el parlamentario César Villanueva. Esta comisión buscaba determinar las responsabilidades en estos hechos. En el documento se señala que no se han encontrado “indicios razonables para establecer responsabilidades a las comunidades nativas por los derrames de petróleo”.
En conversación con Mongabay Latam, el congresista Villanueva reiteró lo señalado en el informe y señaló que este último derrame se agregará como una adenda en el mencionado informe presentado en diciembre frente al Pleno del Congreso. “Aún está pendiente debatir este documento en el Parlamento, donde señalamos que no solo Petroperú habría cometido irregularidades sino el mismo Estado por no ser capaz de enfrentar estos problemas”, dijo Villanueva.
El congresista agregó, además, que “no existe interés del Estado en resolver estos problemas y por eso el diálogo no funciona: firmas acuerdos y luego no hay seguimiento, no se cumplen”, comentó.
La adjunta para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, subrayó como un peligro el considerar como cotidianos estos derrames y no realizar una investigación exhaustiva por cada uno de ellos. “Hay oscuridad alrededor de lo que está sucediendo, porque luego de muchos años no se prueba si son atentados o responsabilidad de la empresa. No se toma en cuenta que en cada derrame que se produce se genera una afectación directa a personas indígenas, que de por si son poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica y su ubicación geográfica”, comentó Abanto.
Para la adjunta de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno se encuentra “en una posición vergonzosa” al no poder detener el problema de los derrames. “La falta de capacidad del Estado de prevenir nuevos derrames empeora la situación. Es inaceptable que en este país cada ciertas semanas haya derrames de petróleo por supuestos ataques de terceros y lo peor que podríamos hacer es darlos por hecho y que el Ministerio Público no investigue a fondo y encuentre a los responsables”, dijo Abanto.
Leer más: Tráfico de tierras en Chaparrí: amenazan al presidente del poder judicial de Perú
Salud en riesgo
Para las autoridades consultadas, la deuda que tiene el Estado con la comunidad kukama de San Pedro no finaliza con la investigación exhaustiva de estos tres derrames. Los pobladores de esta comunidad indígena forman parte del grupo de personas que fueron analizadas por el Ministerio de Salud para determinar el nivel de metales pesados que tienen en la sangre.
Luego de los derrames en Cuninico y San Pedro del 2014, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección Regional de Salud de Loreto realizaron pruebas de sangre a los pobladores de ambas comunidades para detectar cuatro metales pesados: plomo, mercurio, cadmio y arsénico. De acuerdo con el informe denominado Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro, que el Ministerio de Salud presentó a ambas comunidades a mediados de 2016, la mitad de la población examinada tenía valores de mercurio por encima del nivel permitido —de acuerdo a los estándares nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y el 16 % presentaba valores de cadmio sobre el rango de referencia.
En el estudio también participó el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el mismo que en febrero de este año publicó un artículo de investigación que aborda este caso en la revista Environmental Research. En este precisan que el nivel de mercurio es incluso mayor en los niños, donde se alcanza el 64 %.
Una de las autoras del estudio, Cristina O’Callaghan Gordo, señaló que una fuente posible de esta contaminación podría ser el petróleo, por lo que los estudios posteriores deberían centrarse en determinar las causas de esta situación. “Estos resultados son preocupantes ya que la exposición al mercurio se asocia con problemas neurológicos, psicológicos, renales, respiratorios y cardiovasculares”, señaló la experta en la web del ISGlobal.
Mientras tanto, San Pedro continúa su lucha por la vía judicial. El abogado Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Idlads), está a cargo de la acción de amparo presentada en septiembre del 2016 al Juzgado Mixto de Nauta para salvaguardar la vida de los pobladores de San Pedro. “Acabamos de notificar al juez de este último derrame. Estamos a la espera de un veredicto que debió salir a fines del año pasado donde hemos pedido a Petroperú que actualice su Estudio de Impacto Ambiental, que haga un mantenimiento completo al Oleoducto Nor Peruano y que se indemnice a la comunidad por el daño causado en estos tres derrames”, dijo Carhuatocto.
*Actualización: El lunes 12 de marzo del 2018, el equipo de prensa de Petroperú se comunicó con Mongabay Latam para señalar que la empresa Kanay, encargada de la remediación de este derrame, recogió solo 40 barriles de petróleo. Sin embargo, la información obtenida por Mongabay Latam de 1 500 barriles fue confirmada por el teniente gobernador de San Pedro, Giner Panduro.
