- El 23 de abril el ex alcalde municipal de Intibucá, Martiniano Domínguez fue declarado no culpable de abuso de autoridad por autorizar un permiso de construcción para la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
- Dos ex vice ministros del ambiente y autoridades de otro municipio también enfrentan juicios por abuso de autoridad por haber autorizado la represa sin consulta previa con comunidades indígenas Lencas de la zona.
Dos ex vice ministros del ambiente y varios ex funcionarios municipales enfrentan cargos de abuso de autoridad en cinco juicios distintos, todos por haber autorizado permisos y licencias para la construcción de la represa Agua Zarca sin efectuar una consulta previa con las comunidades indígenas afectadas y opuestas en Río Blanco, Intibucá. La represa está ligada al asesinato en el 2016 de Berta Cáceres, dirigente y conocida líder ambiental de Honduras, que desempeñaba el cargo de coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
El lunes 23 de abril se dictó el primer fallo en esta serie de juicios. Martiniano Domínguez, ex alcalde municipal de Intibucá, en el departamento del mismo nombre, fue absuelto tras haber sido acusado del delito de abuso de autoridad por el violar el derecho a la consulta previa.
“Es indignante para el pueblo”, dijo Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Cáceres y la actual coordinadora general del COPINH. “Vamos a denunciar esta resolución”, aseguró a los miembros comunitarios de la organización frente a los juzgados de La Esperanza, Intibucá.
El veredicto de no culpable sienta un precedente no sólo para los demás juicios relacionados sino que también para todos los futuros proyectos en territorios indígenas del país centroamericano.
Honduras ratificó en el 1995 el Convenio 169 de la Organización Internacional deL Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, el cual establece la obligación de consulta previa de buena fe en su artículo 6.
A pesar de la existencia de esta jurisprudencia -citada por la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural durante el juicio- y de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había ordenado en el 2015 al Gobierno de Honduras la aplicación de este marco legal internacional, en un caso de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, no se consideró esta vez esta normativa en el juicio de Domínguez .
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el ex alcalde municipal de Intibucá tras el fallo del lunes, pero este se negó a concederla. “No he cometido ningún delito”, declaró ante los jueces al concluir el debate el 13 de abril en Siguatepeque.
La raíz del problema
La licencia ambiental inicial para la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualcarque fue otorgada en el 2011. En ese mismo año Domínguez otorgó a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) un permiso municipal de construcción, y luego otros funcionarios extendieron un segundo permiso para el desarrollo de las obras en el municipio de San Francisco de Ojuera, en el departamento vecino de Santa Bárbara. En el 2013 se aprobaron modificaciones a la licencia ambiental, entre las cuales se aumentó la capacidad de generación permitida de 14.4 megavatios a 21.7 megavatios.
Los funcionarios que firmaron cada una de esas actas administrativas, son los que hoy enfrentan los juicios.
Desde su inicio, el proyecto Agua Zarca provocó una fuerte resistencia en la región. Reclamando sus derechos a la consulta y a la defensa del Río Gualcarque, habitantes de las comunidades de Río Blanco, afiliados al COPINH, llevaron a cabo constantes protestas y un campamento de resistencia para prevenir la construcción de la represa.
Se desataron años de conflicto, se militarizó la zona y líderes y habitantes fueron asesinados. Entre otros casos, se destacan el asesinato de Tomás García por un soldado durante una protesta en el 2013 y el asesinato de Berta Cáceres en marzo del 2016.
DESA siempre ha sostenido que la empresa no tuvo nada que ver con el asesinato de la galardonada defensora de derechos indígenas y ambientales, y siempre defendió la inocencia de sus ejecutivos. Pero hoy, entre los nueve hombres que esperan sus juicios desde la cárcel por el asesinato, se encuentran el presidente ejecutivo de DESA David Castillo; el gerente de asuntos sociales y ambientales Sergio Rodríguez; y el ex gerente de seguridad Douglas Bustillo. Algunos de los imputados han sido incluso acusados de mantener lazos con las Fuerzas Armadas.
La fiscalía y la acusación privada argumentaron que todo el conflicto y la violencia tienen su raíz en la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y a la luz verde que los funcionarios le dieron a la construcción de la represa sin respetar la clara oposición en Río Blanco.
“De la prueba evacuada no queda duda el carácter abusivo y de violación de los más elementales derechos de los pueblos indígenas”, comentó a Mongabay Latam la Fiscal Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, Jany del Cid.
Sin embargo, no coinciden con ella los tres jueces del Tribunal de Sentencia de Honduras. Consideraron que la llegada de Domínguez a la zona para realizar unas reuniones y cabildos abiertos en el 2013 significó la constatación de que sí se realizó la consulta.
Las partes acusadoras habían destacado que no se hizo previo al permiso otorgado y que existe una enorme diferencia entre un cabildo abierto de socialización y la aplicación de una Consulta libre, previa e informada (CPLI), pero no se les dio la razón. Las implicaciones de un fallo condenatorio hubieran sido enormes, manifestó del Cid en la entrevista tras el cierre de debate el 13 de abril.
“Cambiaría realmente la forma en la que Honduras ve a su población indígena desde el sistema de operación de justicia y además cambiaría la forma en que se han venido concesionando esos proyectos sin ni siquiera pensar que existen pueblos indígenas asentados en esos territorios, que tienen esos derechos históricos y ahora salvaguardados tanto por el derecho nacional como por el internacional”, apuntó.
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Lo que se viene
La fiscalía enfrentará una tarea incluso más ardua para lograr su meta ahora con el precedente del caso de Domínguez, pero ya están avanzando los juicios de los otros funcionarios por abuso de autoridad en relación con la consulta y la represa Agua Zarca.
Entre el ex alcalde de San Francisco de Ojuera y otros miembros de su corporación municipal, son dos juicios. Está esperando su juicio Marco Jonathan Laínez, el ex vice ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA, ahora MiAmbiente), que aprobó la licencia ambiental inicial en el 2011. El juicio de Darío Roberto Cardona, el ex vice ministro de SERNA que aprobó la modificación de la licencia ambiental en el 2013, está en curso.
A Cardona se le había dictado prisión preventiva en el caso ligado a la represa Agua Zarca debido a que ya enfrentaba otro proceso abierto por su rol en un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en enero del año en curso se declaró culpable en aquel caso y logró conmutar la pena. En mayo, Cardona obtuvo una resolución favorable de la Corte Suprema en el caso de Agua Zarca, se ordenó su libertad provisional, y el futuro del juicio está ahora de nuevo en manos de la Corte de Apelaciones.
Tampoco se han agotado todas las instancias en el caso de Domínguez. El fallo se apelará, aseguraron el COPINH y su abogado. Además, la lucha siempre sigue en los territorios y sólo por eso es que se logró frenar la construcción de la represa, dijeron.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, dijo tras el fallo Francisco Sánchez, coordinador para tierra, territorio y ambiente del COPINH y presidente del Consejo Indígena de Río Blanco. “Vamos a seguir en la resistencia”.
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