- En menos de una semana dos defensores ambientales fueron asesinados en el departamento de Antioquia, al noroccidente del país. Se enfrentaban al proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia: HidroItuango.
- En el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia han sufrido 63 amenazas, 6 de sus integrantes han sido asesinados y se han dado 11 casos de desalojos masivos en los que se han visto afectadas 700 familias.
- Hidroituango se ubica en ecosistema de bosque seco tropical, del cual solo queda el 8 % en Colombia.
Hugo Albeiro George Pérez pasó un año con miedo. Permaneció ese tiempo —y quién sabe si un poco más— guardando para sí mismo las amenazas que llegaban en su contra. Prefería no hablar de ellas. Como si el silencio pudiera borrarlas, como si al no nombrarlas, desaparecieran. Prefería creer que nada le iba a pasar, no quería dejar a su esposa Luz Miriam Hernández y a sus 12 hijos sin padre.
Pero pasó. Le ocurrió lo mismo que a los 282 líderes sociales que han sido asesinados en Colombia desde el 2016 y hasta el 27 de febrero de este año, según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo. Lo mataron con arma de fuego el pasado 2 de mayo en el municipio de Valdivia, al norte del departamento de Antioquia. Le pusieron fin a la vida de uno de los defensores ambientales que ha encarado a HidroItuango, el proyecto hidroeléctrico más grande y ambicioso en la historia de Colombia y que ya lleva ocho años en construcción. Un tiempo en el que esta megaobra ha levantado inconformidades en las comunidades de los 12 municipios en los que tiene influencia: Ituango, Briceño, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Valdivia.
Fue en este último municipio, en una zona rural conocida como Puerto Valdivia, donde mataron a Hugo Albeiro, de 47 años, cuando iba en una moto con su sobrino Domar Egidio Zapata George, de 23 años, a quien también le quitaron la vida en el ataque. ¿Por qué lo asesinaron? Nadie sabe a ciencia cierta, pero en la zona tienen miedo. Un miedo que se justifica porque solo seis días después de este homicidio, esas mismas tierras se llenaron de sangre con el asesinato de Luis Alberto Torres Montoya, otro líder social que protestaba contra el mismo megaproyecto. Fue abaleado mientras ejercía su labor de barequeo —minería manual— en el sector de El Pescado, también en Puerto Valdivia.
Mientras Hugo Albeiro George luchaba desde la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM); Luis Alberto Torres, de 35 años, lo hacía desde la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA); las dos organizaciones pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos de Antioquia.
Estos dos líderes eran los primeros en las movilizaciones contra las acciones de HidroItuango y protestaban, cada vez que podían, por los derechos que “se estaban vulnerando”. Denunciaban que se había afectado su actividad de barequeo y la pesca como forma de sustento, que se atentó contra el bosque seco tropical —que está rumbo a la desaparición en Colombia—, que la fauna fue desplazada, que decenas de habitantes fueron despojados de sus territorios sin tener una “compensación justa” y que debido al proyecto habían tenido impactos en su salud.
A ambos los mataron en un contexto de marchas e inconformidad. En los últimos días, comunidades de municipios de influencia de HidroItuango han tenido que salir huyendo de sus territorios por temor a una avalancha, pues desde hace un par de semanas se taponaron los túneles con los que Empresas Públicas de Medellín (EPM) —que ejecuta la obra— desviaron el Río Cauca, el segundo más importante de Colombia, para poder construir el embalse que cubrirá el 17 % de la demanda de energía eléctrica del país. Aunque uno de esos túneles fue destapado este miércoles 9 de mayo, el riesgo sigue latente, especialmente para las poblaciones que están aguas abajo.
Tanto así que, este jueves 10 de mayo, EPM adecuó la casa de máquinas de la que será la central de generación de energía para poder encauzar el río Cauca. Esto hará que HidroItuango ya no entre en ejecución el 30 de noviembre de este año, como se tenía previsto.
Sobre lo ocurrido, el vicepresidente ejecutivo de EPM, Jhon Alberto Maya Salazar, dijo a los medios de comunicación que los derrumbes que derivaron en el taponamiento de los túneles, son consecuencia de una falla geológica. “Esto es súbito. No estaba presupuestado. Si hubiéramos tenido algún indicio de que iba a suceder, hubiéramos tomado medidas”, manifestó.
Sin embargo, Isabel Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, le aseguró a Mongabay Latam que los derrumbes estaban anunciados. “La gente de la comunidad advirtió lo que podía ocurrir ante la presión del agua, pues conocen el comportamiento histórico del Cañón del Cauca (el punto exacto dónde está ubicada la hidroeléctrica). Se sabía, pero todo el tiempo hay una prepotencia de EPM, tratando de ocultar una realidad y de minimizar el conocimiento de las comunidades”, reprocha.
Actualmente, el temor a una avalancha desplazó a 45 familias de Ituango, 15 de Toledo y 25 de Sabanalarga que se encuentran en refugios temporales. Como si esto fuera poco, Isabel asegura que casi toda la vereda Nueva Llanada, en el municipio de Peque, se derrumbó y los habitantes tuvieron que ser reubicados. Mongabay Latam se comunicó con EPM para averiguar sobre este asunto en particular, pero no obtuvo respuesta.
Un miedo innombrable
La pelea de Hugo Albeiro George comenzó hace cuatro años con la construcción de la vía que conecta a Hidroituango con Puerto Valdivia. Según cuenta Alexander Zapata, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), esa carretera debía pasar obligatoriamente por la finca Manzanares de la vereda Filadelfia, en la que el líder social y su familia vivieron por 50 años. Ese pedazo de tierra, del que dependen unas 50 personas, se vio perjudicado con las secuelas de la construcción de la vía: murieron reses y caballos, hubo daños en los potreros y ocurrieron algunos derrumbes.
“Afectaciones por las que Hidroituango no ha respondido a pesar de los reclamos. EPM dice que las ayudas por los daños, que debía darle a la familia de George, se las dieron a otros supuestos dueños que no conocemos y que nunca han aparecido”, explica el líder de la asociación, quien fue amigo de Hugo durante años.
Pero la familia George al parecer no es la única que ha padecido algo como esto. El pasado 20 de abril, el Parlamento Europeo envió una carta al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, haciendo un llamado por las violaciones que estarían ocurriendo en los municipios antioqueños afectados por la hidroeléctrica.“Desde el 2012, ha habido numerosos informes de presuntas violaciones de Derechos Humanos. (…) Ocurren en el contexto de las movilizaciones para protestar por los desalojos forzados, la ausencia de compensación justa, reubicación, acceso a tierras, e impactos en la salud y en el ambiente”, dice el documento.
Justamente, fue esta situación la que hizo que en Hugo Albeiro se levantara el líder ambiental y defensor de Derechos Humanos que llevaba por dentro. Fue en ese momento cuando se puso en los zapatos de los otros y empezó a pelear por los intereses de su comunidad. Así nació la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, una de las organizaciones que forman el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia.
Para Hugo, era imposible quedarse inmóvil ante lo que ocurría. Su vida había cambiado, incluso sus formas de sustento se agotaban. Normalmente, cuando no estaba siendo rentable el negocio de la agricultura y la ganadería, se caminaba 30 minutos hasta la orilla del Río Cauca para buscar oro. Desde la construcción de la vía no lo pudo volver a hacer.
Alexander Zapata cuenta que “con la obra talaron árboles y dañaron los bosques. En las orillas de los ríos se veía la destrucción y ya no se podía trabajar”. Este es un punto que también resaltó el Parlamento Europeo en su comunicación: “Conocemos los testimonios de las comunidades de barequeros, pescadores y agricultores, cuyos medios de vida dependen del Río Cauca, que no han sido reparados o indemnizados por la pérdida de sus fuentes de vida. (…) Exigen el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la salud y a la libertad de expresión. Entre otros derechos, denuncian cómo han sido discriminados por sus exigencias al proyecto HidroItuango, amenazados, judicializados y perseguidos”.
Resistir y sobrevivir al tiempo no fue fácil. Hugo era el proveedor económico de su esposa, sus 12 hijos y una nieta, que aún es una bebé. “Ahora esa familia quedó indefensa y a la espera de recibir ayudas. A Luz Miriam le queda muy duro, sobre todo porque 10 de sus hijos aún son menores de edad, incluso hay varios niños de brazos. Van a depender de lo que les podamos dar las buenas personas”, cuenta Jaiber Alonso Cuadros George, primo de Hugo.
Y es que no es un secreto el riesgo en el que viven los líderes sociales. Del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia ya han sido asesinados cuatro de ellos y dos de sus familiares, en ese colectivo han sufrido 63 amenazas (tres colectivas) y 11 casos de desalojos masivos en los que se han visto afectadas 700 familias.
“En los momentos críticos del megaproyecto es donde se presentan los mayores ataques a la población. (…) Ya habíamos advertido al Gobierno que durante el llenado del embalse íbamos a estar en mayor riesgo, pero no hicieron nada. Un llenado que, por cierto, estaba previsto para julio, pero que se inició el 12 de abril de manera irregular”, explica Isabel Zuleta, líder del Movimiento.
Un ejemplo de resistencia ante ese ambiente hostil es el mismo Alexander Zapata, presidente de ASVAM, que también teme por su vida. Las amenazas le han llegado por diferentes lados: aparecen en la calle o se escuchan por su teléfono. Lo han detenido camino a su casa para decirle que se vaya de la zona y que “se quede callado”.
“También me han llamado y me dicen que deje el territorio. Pero no voy a dejar de luchar, y ya lo saben”. Aunque se siente algo de miedo en su voz, no titubea al decir que seguirá en pie de lucha. No piensa salir corriendo de la vereda en la que ha vivido toda su vida. Al igual que la mayoría de líderes sociales amenazados en el país, Alexander ha pedido auxilio a las autoridades sin encontrar respuesta. “En enero pedí seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero solo me llaman a preguntar si estoy bien y nada más”, dice.
Cuatro integrantes de ASVAM, la asociación que él preside, están en la misma situación. Sin embargo, prefieren no decir nada y esperar que la marea baje por su propia cuenta. Por miedo a represalias asumen la misma actitud que tomó Hugo Albeiro: el silencio.
“Hugo nunca nos había comentado de amenazas. No hablaba del tema, era muy reservado. Cuando menos pensamos llegó la noticia de que lo mataron. Iba para una cita médica y a comprar unos medicamentos, y ¡pum!, le quitaron la vida”, cuenta Jaiber Alonso Cuadros, el primo del fallecido líder, a Mongabay Latam.
Mil razones para pelear
Este martes 8 de mayo, cuando aún no se superaba el luto por la muerte de Hugo Albeiro, corrió la noticia del asesinato del líder social Luis Alberto Torres y su hermano Duvian Andrés Correa. Así lo confirmó el Movimiento Ríos Vivos. Este antioqueño, que vivía en la vereda La India, del corregimiento de Puerto Valdivia, se levantaba todos los días a ‘rebuscarse’ la vida para mantener a su esposa y a sus tres hijos. Se movilizaba en su bicicleta o en un ‘moto-taxi’ para llegar hasta la orilla del Río Cauca a pescar y hacer minería artesanal. Esas actividades eran su principal sustento.
“Era una persona muy alegre y trabajadora. Cuando no estaba en las labores de la pesca y la minería se hacía en un punto de la carretera al que llamamos ‘crucecita’. Allí se paraba con una paleta de ‘pare y siga’ y los conductores le daban dinero. A veces también pintaba paredes. Se dedicaba a varios oficios. (…) Todo el mundo lo conocía. Tenía unos orígenes muy humildes”, cuenta Benjamín Meza, campesino y trabajador de la Alcaldía de Valdivia.
A Luis Alberto le tocó aprender a hacer de todo.“Campesinos como él se vieron afectados por la prohibición, en algunos lugares, de pescar y hacer minería. Y esto será peor cuando llenen completamente la represa, porque desvían el río y ya no podrán hacer sus labores”, añade Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a la comunidad en el proceso con Hidroituango.
Históricamente la vida no fue muy amable con la población del municipio donde nació Luis Alberto, así que le sobraban motivos para batallar con la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA) desde hace más de cinco años.
“En los años 90 la zona fue muy afectada por el paramilitarismo, allá se cometieron más de 100 masacres, asesinatos colectivos y desapariciones forzadas, hechos que los hicieron desplazarse. Tiempo después, cuando el conflicto disminuyó, decidieron retornar. Pero luego se encuentran con que empieza el proyecto de la hidroeléctrica, y muchos vuelven a ser expulsados del territorio”, explica Adriana Arboleda, quien agrega que otra de las razones para protestar es la búsqueda de la verdad. Cuando se llene por completo el embalse, se pierde —según dice— la posibilidad de que muchas personas encuentren a sus familiares desaparecidos en el conflicto armado. ¿La razón? Se presume que hay cuerpos sepultados al lado del Río Cauca. Hasta el momento la Fiscalía ha exhumado 159 cadáveres, pero se cree que faltan más, de los que no se sabrá nada cuando el embalse se llene y empiece a brindar energía al país.
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Una tierra herida
Otra de las razones de las comunidades para oponerse a Hidroituango, son los daños que estaría ocasionando en la naturaleza. “En la zona teníamos un bosque seco tropical en muy buen estado de conservación, ahora no. Lo más triste es que está en vía de extinción”, dice Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos. Su preocupación no es para menos. Este ecosistema originalmente cubría más de 9 millones de hectáreas en todo el país, ahora solo queda el 8 %, según datos del Instituto Humboldt.
El bosque seco tropical de Colombia tiene una biodiversidad única: casi 2600 especies de plantas (83 endémicas), 230 especies de aves (33 endémicas) y 60 especies de mamíferos (3 endémicos).
“Ahora la guacamaya verde está en un estado crítico por la destrucción de su hábitat. Para estas aves, por ejemplo, es muy importante la velocidad del río, sobre todo el viento que produce, pero ahora con el río quieto no se han vuelto a asomar. No sabemos en dónde están. También preocupan las ranas venenosas, el oso perezoso de tres dedos, el ave pico de hacha, varios tipos de serpientes, las martejas, entre otros”, añade Isabel. Y asegura que, aunque hay algunos animales que son capturados y luego liberados, no se sabe si los nuevos hábitats a los que los llevan son los adecuados.
La probable afectación de estos ecosistemas con el megaproyecto había sido advertida por el Instituto Humboldt. En un estudio sobre la biodiversidad en el área de influencia de Hidroituango, publicado el año pasado, se señala la existencia de una gran cantidad de especies de fauna en el Río Cauca que se podrían ver afectadas con la puesta en operación de la hidroeléctrica. Se identificaron, por ejemplo, ocho especies de peces que cumplen características de importancia para la región y que deberían ser protegidas.
“El valle del Río Cauca es uno de los que más impactos ha sufrido en términos de contaminación, pérdida de área de humedal, etc., razón por la cual toda nueva intervención hace parte de una sumatoria de motores de transformación que debilitan y reducen la capacidad del río y su sistema de soportar biodiversidad y, porende, la provisión de importantes servicios ambientales”, dice el documento.
Sobre esto, el vicepresidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jhon Alberto Maya, ha dicho en ruedas de prensa que están trabajando por evitar actualmente la mortandad de peces y se encuentran en la tarea de reubicar la fauna que se ve perjudicada con el megaproyecto.
No hay duda de que este tema debe ser abordado con rapidez. Alexander Zapata, de ASVAM, le cuenta a Mongabay Latam que animales como las culebras, las guacharacas (especie de ave crácida del género Ortalis), los loros y las guaguas (una especie de roedor) empezaron a migrar para las veredas más altas de los municipios y están llegando a las viviendas. “Ya se nos han presentado inconvenientes con los habitantes”, manifiesta preocupado.
Frente a esta situación, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, le dijo a Mongabay Latam que es claro que las hidroeléctricas tienen unos costos sociales y ambientales muy altos, pero que no se pueden desconocer los beneficios. “Colombia tiene una matriz de energía muy limpia, y es justamente porque tiene hidroeléctricas. No es un hecho menor. Tienen a su favor el costo de generación de energía y que no emiten gases de efecto invernadero; pero tienen en contra que hay destrucción de la biodiversidad y problemas con las comunidades, sobre todo porque son desplazadas y no las compensan adecuadamente”.
Según él, decir no a las hidroeléctricas sería un acto completamente irracional para países que tienen potencial, como Colombia. Sin embargo, puntualiza en la importancia de verificar dónde se hacen y con qué requisitos para minimizar los impactos.
Ahora solo queda esperar a que las autoridades tomen acciones que favorezcan a las comunidades que se han visto afectadas con el megaproyecto. También se está a la expectativa de un pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que envió desde el pasado 2 de mayo una comisión técnica a Hidroituango para ver cuáles han sido las fallas en el desarrollo de la que será la hidroeléctrica más importante del país. Mientras eso ocurre los líderes tienen miedo y piden que les den protección pues no pueden quedarse callados mientras presuntamente les vulneran sus derechos. El reto es muy grande, más cuando el jueves 10 de mayo se conocieron las recomendaciones que 86 países miembros de la ONU le hicieron a Colombia en tema de Derechos Humanos donde cerca de 500 organizaciones señalan que el país falla en este aspecto pues lo que ha hecho no es suficiente.
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